Contra el corporativismo: sobre las protestas en el campo y el transporte. Daniel Bernabé

28/03/2022

De repente hemos recordado que los productos requieren de materias primas para su fabricación, que necesitan de almacenaje y transporte, que la energía es un factor imprescindible en este proceso. Quizá parezca una obviedad, pero tras varias décadas donde lo único que parecía existir era el sistema financiero, lo digital y lo comunicativo —lo bien que nos contábamos las fábulas— parece que nos hemos dado cuenta de que las cosas pesan. Primero por los efectos de la parada de la producción mundial las semanas del confinamiento, después por su puesta en marcha de manera demasiado súbita. Ahora, el encarecimiento de los combustibles provocado por la guerra hace que la máquina ande sin resuello, no porque falte electricidad, gas o diésel, sino porque su encarecimiento hunde a los que estaban con el agua al cuello.

Pues sí, las cosas pesan, ahora y antes de 2020, sólo que entonces fingimos no darnos cuenta. Por ejemplo, usted pedía desde su móvil —domingo por la noche, pies sobre la mesa— algo tan útil e imprescindible como una cafetera 5G que, además de hacer la infusión, le felicitaba el santo y le daba el resultado de la quiniela. Apenas un par de días después, el maravilloso ingenio estaba en su cocina. Nos parecía todo tan mágico que olvidábamos que el cacharrito salía de una fábrica en China, a bordo de un camión, llegaba a un aeropuerto, cogía un avión, aterrizaba en suelo español y de ahí, bien en tren, bien por transporte rodado, aparecía en nuestra vivienda. Olvidábamos que sus componentes, incluidos los chips, salían de alguna parte y tenían que ser trasladados a la fábrica que los ensamblaba, el periplo del objeto recorriendo medio mundo, así como el combustible necesario para su movimiento. 

A pesar de que los ecologistas nos recordaban el proceso, todo esto se nos había olvidado no porque fuéramos imbéciles, sino porque cuando algo funciona, más allá de su utilidad, conveniencia o justicia, nadie pregunta cómo sucede. Cuando intentamos acertar con el tenedor a un tomate cherry —la ñoñería hecha verdura— no pensamos en el agua, el gasoil y la electricidad que ese simpático amigo coloradito lleva encima y, si quieren que les diga la verdad, es lo esperable. Porque ya está bien de volcar sobre el ciudadano anónimo todas las cargas de una organización económica sobre la que carece de control. Eso sí, cuando el tomate falte dos días del supermercado, al ciudadano habría que exigirle que, al menos, no entrara en pánico y, para somatizar la ausencia, se llevara cuatro kilos de nueces de macadamia y todo el papel higiénico que le quepa en el todoterreno.

Ese pánico viene de alguna parte, concretamente del mismo móvil con el que pedimos la cafetera parlanchina. A través de esa pantalla, nuestro primo Eulogio —que es un tipo listo que se sacó un curso de mecanografía por correspondencia en 1985— nos manda imágenes, desde hace dos años, que nos alertan de que “Gobierno de rojos, hambre y piojos”. También de que la tormenta de calima era una fumigación con metales pesados, de que las vacunas te dejan impotente y de que Irene Montero se va a gastar veinte mil millones de euros para volver loca a tu mujer y homosexual a tu hijo. Esos memes, esos vídeos de señores dando voces, ese sabotaje comunicacional cuesta también, como las verduras ñoñas, bastante dinero. Detrás de él está la extrema derecha.

Sin embargo convendría no engañarnos: además de manipulación, existen problemas de entidad sobre la mesa. Unos son coyunturales, como el alza de los combustibles, que ha resultado el detonante de las movilizaciones de transportistas y sector rural. Primer punto de interés: España no cuenta con el combustible más caro de la UE, el gasoleo B ya está bonificado y a los transportistas se les han puesto 500 millones de euros encima de la mesa. Si lo que se piden son aún más subvenciones, habrá que decir cómo se financian porque, como bien saben, España no tiene petróleo y los camiones y tractores no funcionan con cariño. Si la derecha y los ultras llevan en sus programas políticos constantes bajadas de impuestos, lo que nos queda entonces es montar nosotros una guerra y robarle el combustible a alguien a punta de pistola.

O no. Como en España somos gente honrada y gente de paz, la mayoría, en vez de guerra habrá que subir los impuestos, o recuperarlos, esos que la derecha ha ido eliminando. Las subvenciones, tan criticadas otras veces, hay que pagarlas con un sistema impositivo justo, como los sanitarios que nos salvaron del virus o unas Fuerzas Armadas que son requeridas en tiempos convulsos. ¿Saben qué otra cosa se puede hacer? Justo lo que las instituciones neoliberales llevan décadas considerando un anatema: intervenir desde lo público en sectores estratégicos. Es decir, si el sistema de fijación de precios eléctricos es una extorsión mensual, se cambia, primero por inútil, segundo por arbitrario y tercero porque el bien común está por encima del beneficio desmedido.

Pero, además, en protestas como las del campo o los transportes deberíamos tener claro que, al margen de los problemas reales, hay un factor que las hace susceptibles de convertirse en un arma en manos de las derechas: el corporativismo. Cuando en una protesta se juntan las patronales con autónomos y asalariados bajo un mismo paraguas, podemos deducir que hay un problema que afecta a un sector entero, en este caso el combustible, que a todos les interesa arreglar. También, y paralelamente, que las líneas de clase se han ido diluyendo, mezclando intereses divergentes en favor de los peces gordos. Como ya les advertimos por aquí a finales de noviembre, el corporativismo es la herramienta que las patronales utilizan como coartada para encubrir los problemas de precariedad, generados por su acción empresarial, en dificultades sectoriales.

La manifestación del campo, el pasado domingo, era de clara naturaleza corporativista. Primero porque juntaba a sectores cuya única vinculación era una difusa coincidencia territorial, ¿qué tiene que ver un regante del Segura o un cooperativista de Navarra con un cazador de Núñez de Balboa que se va a matar bichos los domingos?. Segundo porque los intereses de los propietarios estaban por encima de los de los trabajadores rurales. Uno de los puntos del manifiesto era reivindicar “las condiciones de contratación que permitan la temporalidad intrínseca al sector agrario”. Como lo leen, los convocantes de la protesta rural pedían derogar la reciente reforma laboral que convierte en fijos discontinuos a los trabajadores temporales, algo que sería un recorte de derechos. Una buena parte de los asistentes estaba tirando piedras contra su propio tejado.

En el caso de los transportes, el corporativismo se manifiesta como un conflicto que ha explotado por sus capas medias, aquellos que lograron comprar un camión, y hacerse autónomos o quizá montar una pequeña empresa. Sus problemas vienen precisamente de una relación con las grandes corporaciones que les subcontratan, quedándose un gran porcentaje del porte y no acordando con el cliente unas condiciones aceptables para la carga. Es decir, que los que hace unos años mejoraron y pudieron emanciparse del trabajo asalariado, ahora, pese a ser pequeños empresarios o autónomos, se ven como parte de un proceso de externalización encubierta en emprendimiento: ni les cubre el convenio colectivo, ni tienen la suficiente fuerza para tener buenos acuerdos mercantiles con las grandes empresas de transporte o clientes que requieran sus servicios. Y aquí los responsables no son el Gobierno o la guerra, sino un modelo neoliberal insostenible, justo el defendido por Vox y el PP. 

El corporativismo es un viejo conocido de la derecha y los grandes propietarios. A pesar de que surge en el siglo XIX, como una actualización de las asociaciones gremiales pre-industriales, es adaptado por los fascismos de los años 30 como el modelo perfecto para desactivar al movimiento obrero y su sindicalismo. Todos, trabajadores y patronos, bajo la unidad de destino nacional: misma bandera, diferentes derechos y beneficios. Aquel corporativismo fue el resultado de un acuerdo entre los dictadores fascistas y los grandes industriales para eliminar la lucha de clases y, a la vez, crear un marco laboral sin conflicto ni derechos.

La izquierda no puede cometer el error de criminalizar las protestas del campo o los transportistas clasificándolas de conspiración ultraderechista, ya que algunos de los problemas que las impulsan son reales: así sólo se dejará vía libre a las derechas que pretenden instrumentalizarlas. Pero tampoco, de manera pueril y bienintencionada, aceptar esas protestas como si fueran conflictos laborales entre el capital y el trabajo, porque no lo son. Bajo el corporativismo, a menudo se reivindican tratos de favor en la fiscalidad y subvenciones públicas para los gastos fijos, que nunca acaban repercutiendo en mejores condiciones laborales para los asalariados de esos sectores: el rural en España acumula miles de infracciones laborales en estos últimos años, es decir, cuando se ha puesto a los inspectores a hacer su labor.

Que estos días se hayan utilizado los paros patronales para cargar contra CCOO y UGT es una diáfana batalla de clase. Las derechas obtienen cercanía con algo que pasa por una protesta de carácter patronal para las miradas menos atentas, su “foto con el currante”, para atacar a quien no está lógicamente presente. Los sindicatos de clase no pueden tolerar que se pretendan hacer pasar los derechos de los Duques de Alba bajo el mismo epígrafe que los de los jornaleros, o los derechos del “pequeño empresario” con una decena de camiones con los de sus asalariados, con los que incumple el convenio reiteradamente. La misión de Solidaridad, el brazo corporativista de Vox, es justo esta: hacer que el señorito Iván pase por cercano a los trabajadores y hacer que los trabajadores vendan baratos sus derechos a los empresarios.

Al principio de este artículo, al describir el viaje de la cafetera parlanchina, nos acordamos de los medios de transporte, de los procesos de logística y de la energía necesaria para moverlos, pero, premeditadamente, obviamos el elemento esencial de la actividad económica a propósito: los trabajadores. Los que construyen el cacharro, los que lo transportan, los que te lo entregan en tu domicilio. Claro que el proceso nos parece mágico: como que hemos sido capaces de borrar a nuestra propia clase, la que constituye el grueso de la población. Y seamos justos, apenas nos damos cuenta: así somos, así estamos, ausentes de nuestra propia existencia.

Eso sí, qué rico el café.

https://www.infolibre.es/opinion/columnas/mala-hierba/corporativismo-protestas-campo-transporte_129_1223139.html


El Congreso español apoya declarar lugar de Memoria Democrática la carretera de La Desbandá

24/03/2022

La mayoría de los partidos del Congreso español han mostrado su apoyo a una proposición no de ley del PSOE que insta al Gobierno a honrar a las más de 5.000 víctimas de la conocida como La Desbandá, que fueron masacradas en febrero de 1937 mientras huían de la represión franquista por la carretera que une Málaga y Almería, declarando esa ruta Lugar de la Memoria Democrática, coincidiendo con el 85º aniversario de ese episodio.

El PSOE ha recibido el apoyo de Unidas Podemos y de PNV, ERC y EH Bildu, y también de Ciudadanos, JxCAT y BNG, que han anunciado que apoyan esta iniciativa para hacer justicia e impulsar la dignidad de las víctimas de la dictadura.

El texto aboga por reconocer ese lugar por «sus valores históricos intangibles y simbólicos» incluyéndolo en el Inventario Estatal de Lugares de Memoria Democrática para divulgar lo que allí sucedió a través de la información más completa posible en los soportes documentales más adecuados.

Entre otras cosas, se pide que se establezcan medios de difusión e interpretación, particularmente con recursos audiovisuales y digitales explicativos, incluyendo su identificación en la página web del Ministerio de Presidencia a través de su geolocalización y con accesos a fotografías y audiovisuales. 

El diputado del PSOE Ignacio López Cano ha aprovechado su intervención en defensa de la iniciativa para cargar contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, por poner una calle en Madrid al Crucero Baleares, que participó en la masacre de La Desbandá, lo que también ha merecido críticas por parte de la diputada de Unidas Podemos Martina Velarde. «Es una puñalada trapera a los andaluces», ha denunciado.

Velarde ha sido especialmente crítica con sus socios del PSOE, a los que ha echado en cara el retraso en la tramitación de la ley de Memoria Democrática y que no se garantice que se puedan juzgar los crímenes del franquismo. Y lo mismo han hecho Josep Pagès, de Junts, y Néstor Rego, del BNG.

Desde EH Bildu, Oskar Matute ha recordado que La Desbandá supuso el «primer sabotaje» a un corredor humanitario. 

La cuenta oficial de la asociación La Desbandá ha agradecido este discurso en este mensaje en redes sociales: «Muchas gracias @OskarMatute por tu intervención. Ayer fuiste un digno representante en el Congreso de las víctimas del fascismo de ayer y de hoy. No pasarán. Pasaremos».

Por su parte, el diputado del PNV Mikel Legarda ha mostrado su apoyo al texto si bien ha apuntado que esa carretera ya fue declarada Lugar de la Memoria por la Junta de Andalucía en 2012.

Los hechos

Los hechos ocurrieron a principios de febrero de 1937, cuando unas 200.000 personas huyeron por carretera hacia Almería (reducto aún republicano) ante la inminente ocupación de Málaga por las tropas franquistas, que tuvo lugar el día 7. Málaga se había convertido en lugar de refugio para aquellas personas que huían del avance de los militares fascistas por Andalucía y de las amenazas que el general Queipo de Llano lanzaba a través de las ondas radiofónicas.

Pero llegó un momento en el que la propia Málaga estaba amenazada por la ofensiva de los sublevados y los refugiados decidieron lanzarse a la carretera costera que unía la ciudad con Almería en un desesperado intento por huir de lo que se les venía encima.

Unas 200.000 personas se pusieron a caminar. La mayoría de ellas eran civiles que escapaban con lo puesto, pero desde ese momento se vieron acosadas por los bombardeos de la aviación de la Alemania nazi y de la Italia fascista, las tanquetas de las tropas de Mussolini y los obuses de los cruceros Baleares, Canarias y Almirante Cervera, que desde el mar abrían fuego contra los huidos.

Se calcula que entre 3.000 y 6.000 personas fueron abatidas por las tropas de Franco, en un episodio que la derecha ha hecho todo lo posible por cubrir con un manto de silencio.

Hoy mismo en el Congreso, desde Vox, Francisco José Contreras ha cuestionado la versión de la mayoría de portavoces subrayando que las víctimas de La Desbandá más que por bombardeos de las tropas fascistas lo fueron porque la «imprevisión logística del bando republicano» provocó una «gran catástrofe humanitaria». El PP también se ha mostrado en contra de la iniciativa, aunque no ha desvelado qué votará finalmente.

Marcha en febrero

Para conmemorar el 85º aniversario de esta masacre de civiles, en febrero tuvo lugar la VI Marcha que recordó La Desbandá, con presencia vasca.


Tratar de imbécil a la ciudadanía. Miquel Ramos

21/03/2022

El mundo vive hoy conmocionado por la guerra en Ucrania, justo cuando creíamos que empezábamos a recuperar poco a poco cierta normalidad en nuestras vidas tras dos años de pandemia y la situación excepcional que vivimos a nivel mundial. Cierto es que no es el único conflicto latente, pero sin duda es el más mediatizado y con el que más se ha apelado a nuestra ciudadanía con aquella empatía que, durante años, muchos venimos exigiendo también para con otros pueblos donde las bombas matan igual y cuyos refugiados y vidas deberían valer igual. Pero el enternecedor compromiso por los derechos humanos que estos días manifiestan toda clase de políticos e influencers (incluso algunos miserables fascistas que llevan años criminalizando a refugiados con tono de piel más oscuro), no es más que una mera patraña hipócrita que les está viniendo de perlas para blanquear su miseria moral y correr una cortina de humo ante muchos otros asuntos que nos van colando por debajo de la mesa.

Adriana Lastra, Vicesecretaria General del PSOE, calificó de «buena noticia» el reciente acuerdo con Marruecos que certificaba la traición al pueblo saharaui y el abandono de la legalidad internacional. Vendemos constantemente nuestro supuesto compromiso con los derechos humanos a cambio de que el sátrapa marroquí ejerza de policía de frontera para ahorrarse los disparos a los que lleguen nadando o las palizas a quienes se descuelguen de las vallas, aún con trozos de carne cortados por las concertinas. Que los abusos y las violaciones de derechos sucedan fuera del foco de nuestras cámaras, por favor.

Hay dictadores buenos y malos. Como hay abusos, guerras y bombardeos contra civiles más justificados que otros. Tan solo hay que ver qué beneficio sacamos de uno u otro caso para valorarlo. Es lo que hay. Todo es cuestión de cómo se presente a la ciudadanía. Esta semana, de hecho, nuestros aliados sauditas han ejecutado a más de 80 personas. Pero a los yates y propiedades de estos sátrapas que veranean en Marbella y riegan de millones al emérito, ni tocarlos, que nos compran muchas bombas, el AVE a la Meca y hacen buen gasto siempre que vienen. No se llaman oligarcas ni dictadores si son aliados. Son tan solo socios comerciales.

Thank you for watching

Salvador Illa, también del PSOE, tildaba la puñalada al pueblo saharaui de decisión realista, valiente y respetuosa con todas las partes. Borrell hablaba hace pocas semanas de que no se podía poner en el mismo plano al agresor y al agredido. El fuerte y al débil. Pero hablaba solo de Ucrania, claro. Hoy, la careta se les cae a cachos. Es lo que pasa cuando detrás de una bonita retórica se encuentra la más vil hipocresía que solo sus palmeros y los indolentes ante las injusticias que suelen ampararse tras un supuesto pragmatismo, son capaces de tragar

La ultraderecha, por su parte, se manifestó este fin de semana en Madrid contra el Gobierno por el aumento de los precios, como si ellos hubiesen votado en algún momento alguna medida que limitase el poder de las grandes compañías y capitales. Eso es propio de comunistas, señores. Y la hemos visto estos días también defendiendo los piquetes de la curiosa huelga espontánea de transportistas, cuando esta misma ultraderecha se ha manifestado siempre contra los piquetes y las huelgas, incluso proponía legislar para limitar los derechos de los trabajadores y de sus protestas.

Es el siguiente órdago de los posfascistas: tratar de arrebatar las banderas de lo social y lo revolucionario a la izquierda, como ya lo intentaron diez años atrás los neonazis que quisieron aprovechar la corriente del descontento y de las protestas durante la crisis de 2008 para disfrazar su chovinismo y su racismo de obrerismo y de carácter antisistema. Así los vimos tratando de colarse en el 15M, de hacer asistencia social (solo para blancos) o metiendo el hocico en las protestas estudiantiles y en todo lo que se movió hace justo diez años. Sin éxito, eso es verdad. Los movimientos sociales de entonces los calaron al instante y les hicieron un buen cordón sanitario, no como los medios y los profesionales de la política, que les han abierto la puerta creyendo que así neutralizan a quienes protestan desde la izquierda y les permite usar a la ultraderecha como espantajo para las próximas elecciones. Pedro Sánchez mencionó decenas de veces el nombre de Putin en el Congreso para contestar a la oposición sobre temas que no tenían nada que ver con la guerra en Ucrania. Ya tiene a quien echarle la culpa de todo lo que suceda en España.

El problema con la política es que nunca se dice la verdad. Siempre hay que envolver cualquier decisión con papel de regalo que apacigüe a los desafectos y despiste a los adversarios. Un juego retórico en el que a la ciudadanía se la trata de imbécil y la vuelve cada vez más escéptica, mientras la disputa política juega en el terreno de lo simbólico y la mentira. En otras palabras, la mayoría de los políticos mienten y no hablan claro. Suena a tópico pero es que es así. Tienen miedo a decir las cosas como son y aguantar el chaparrón. Y pasa con todo y con todos, también con los socios del Gobierno, que deben tener un empacho ya de tanto tragar sapos por no sabemos qué fin. Al final, los que de verdad mandan siempre acaban sometiéndolos o vendiéndolos por cuatro duros conscientes de que a ellos no les pasará factura. No se pararon los desahucios mediante ninguna ley; no se acaba con la Ley Mordaza porque no se quiere. Pues díganlo claro. Solo les pedimos eso. Llegamos hasta aquí, podemos conseguir esto, pero no más. Creemos que vale la pena (o no), pero es lo que hay. Díganlo. Y expliquen las razones y señalen a los que se lo impiden.

Pero el problema no es solo la mentira del político, sino la rendición de la crítica, de la calle, el abandono de la protesta social y de la militancia de base, para pasar a la pataleta desde el sofá en redes sociales y echar la culpa de todo a esos mismos políticos en los que ya no confiamos. El problema también es culpa de quienes podrían articular respuestas masivas y no lo hacen. De los sindicatos mayoritarios, de las organizaciones con capacidad para hacerlo y que hoy permanecen agazapadas esperando a ver si amaina el tiempo. Tan solo los movimientos sociales están dando el callo, y sin esperar nada a cambio más que jugarse algunas multas en el mejor de los casos. Estos, gobierne quien gobierne, siempre están. Y no mienten. Ponen las cartas sobre la mesa mostrando los rostros de las personas desahuciadas para quienes brindan asegurando que han acabado con los desahucios las miren a los ojos y les cueste digerir sus mentiras.


Invasiones de primera y de segunda. David Bollero

18/03/2022

Después de haber estado ignorando durante ocho años la guerra que se libraba en los vecinos de este, Europa ahora pasa de puntillas por los vecinos del sur. El conflicto que se vivió durante casi una década en el Donbás era una luz de alarma más que advertía del trágico desenlace que se vive hoy en Ucrania. Se ignoró. Desde hace casi un año y medio, en el Sáhara Occidental se libra una guerra provocada por Marruecos contra un pueblo saharaui desamparado, aunque desde la ONU a organizaciones como Amnistía Internacional o Humans Right Watch acusan al régimen de Mohamed VI de violar sistemáticamente los Derechos Humanos (DDHH).

La revisión que dice estar llevando la Unión Europa de sus políticas de vecindad y, más concretamente, de la Agenda para el Mediterráneo, queda en papel mojado. Las «10 propuestas para una nueva agenda para el Mediterráneo» que trata de impulsar Podemos en Bruselas no sirven absolutamente de nada si no se acompañan de hechos. Y no se acompañan, no al menos de hechos coherentes, pues Europa tiene las manos manchadas de sangre al obviar el mismo respeto por la vida que merece el pueblo saharaui.

Después de más de 480 días retenida ilegalmente en su domicilio por las fuerzas de ocupación marroquíes en la ciudad de Bojador, la activista saharaui Sultana Jaya recibió ayer una agradable visita. Un grupo de activistas de DDHH del Human Rights Action Center (HRAC) logró superar a los opresores con el fin de proteger a Sultana y su familia de los abusos que lleva sufriendo desde noviembre de 2020: violaciones sexuales, allanamientos de morada, envenenamiento del agua, cortes de electricidad, destrozo de propiedad, agresiones físicas… son sólo algunos de los hechos denunciados y ante los cuales España y la UE miran para otro lado.

A ninguno de los dos les parece interesar la liberación de Sultana, toda vez que es la presidenta de la Liga Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos y la Protección de los Recursos Naturales del Sáhara Occidental, algo que choca con el modo con que desde Bruselas se niegan a cumplir las sentencias judiciales que obligan a suspender los acuerdos comerciales y de pesca UE-Marruecos en el Sáhara Occidental.

Thank you for watching

Sultana, además, es miembro de la Comisión Saharaui contra la Ocupación Marroquí (ISACOM), porque lo sucedido en el Sáhara Occidental guarda muchas similitudes con lo acontecido en Ucrania. En 1975, el Marruecos de Hassan II invadió el Sáhara Occidental del mismo modo que la Rusia de Putin ha hecho con Ucrania. La diferencia es que entonces y durante los casi 47 años desde que sucedió aquello, a la Comunidad Internacional no le ha importado absolutamente nada, permitiendo que Marruecos masacre a la población saharaui.

De nada sirve que incluso el pasado mes de julio, la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los DDHH, María Lawlor, condenara las represalias contra Sultana Jaya y expresara su «preocupación por el aparente uso de la violencia y la amenaza de violencia para prevenir y obstruir a las defensoras de derechos humanos en sus actividades pacíficas».

De nada parece servir que días antes de que los activistas de HRAC burlaran las fuerzas marroquíes para reunirse con Sultana, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas (GTDA) exigiera a Marruecos la inmediata liberación de Yahya Mohamed Elhafed Iaazza, el preso político saharaui más antiguo del Sáhara Occidental, en la cárcel desde hace de 14 años.

El GTDA denuncia que Yahya Mohamed fue detenido arbitrariamente por su activismo político, habiendo sido obligado a confesar bajo tortura, juzgado y privado del derecho a un abogado defensor. Presidía en la ciudad de TanTan la asociación CODESA, que defiende a las víctimas saharauis de la tortura y a los presos políticos. Tampoco Europa o el Gobierno de España se pronuncian al respecto y desde que organizaciones como FiSahara hicieran público este pronunciamento del GTDAla ONU ha retirado de su página web el acta de la 46ª sesión del grupo en la que se denunciaba el comportamiento de Marruecos.

Son días difíciles para ser saharaui, más que nunca. A la lógica alegría por ver cómo la UE y España se comportan con los refugiados ucranianos, cómo incluso el amplio conjunto de la sociedad española lo hace, se une la desazón por no haber percibido nada de esto en  carnes propias durante casi 47 años.

Incluso en la condición de refugiados, los hay de primera, de segunda y de tercera, como hay conflictos internacionales que importan únicamente por las consecuencias directas que tienen en los Estados y no por el bienestar de las víctimas. En el caso del pueblo saharaui, no se producen esfuerzos internacionales por detener los abusos de Marruecos, y la inmensa mayoría de los medios de comunicación silencian este atropello de DDHH. Quizás algún día España y la UE se lamenten por el modo en que han fomentado la impunidad de Marruecos, al que ya teme incluso el ex Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) Fernando Alejandre, que afirma que el reino alauita es una amenaza «directa» sobre España porque pasará de hechos como asaltos a la frontera de Ceuta y Melilla a un conflicto armado más convencional.


Sobre Pablo González y la menguante libertad de prensa. Juan Teixeira-Fotoperiodista

14/03/2022

Conozco a Pablo desde hace 12 años. Estudiamos juntos el Máster de Periodismo Multimedia El Correo en el año 2010. Cuando acabamos el curso, nuestro ímpetu aventurero y las ganas de labrarnos una carrera en el reporterismo internacional nos unió, comenzando una curiosa colaboración que nos llevó a multitud de destinos durante la última década, todos en Europa del Este. Porque Pablo tiene una íntima relación con los espacios post soviéticos. Su abuelo fue uno de los niños de la guerra que fue recibido en la antigua URSS, y él siempre ha estado interesado en esa época y sus consecuencias en la geopolítica actual. Estudió filología eslava. Su padre, al que visita habitualmente, vive en Moscú. Él mismo habla ruso como un moscovita más. Por todas estas razones, al acabar el Máster su meta era clara: convertirse en periodista especializado en los espacios post soviéticos. Y al poco tiempo se produjo un golpe de Estado en Ucrania, en el año 2014. Desde entonces hemos visitado el país juntos en 6 ocasiones, y él alguna más en solitario, intentando arrojar algo de luz en un triste conflicto que para muchos es reciente, pero que ha provocado más de 13.000 muertos en los últimos 8 años.

Cabe destacar que Pablo es un periodista de la vieja escuela. Le gusta recabar información de primera mano, se reúne con todo aquel que tenga algo que decir, pregunta, escucha, analiza, intenta hacerse una idea general de las cosas y no quedarse en la superficie… Algo totalmente contrario a las tesis del periodismo actual, donde vende más lo anecdótico y el simplificar la realidad hasta el absurdo para que los espectadores puedan creer que entienden algo y puedan seguir con sus atareadas vidas. Obviamente, para un periodista es mucho más fácil ceñirse a reproducir las notas de prensa oficiales con desparpajo, que buscar la información por uno mismo e intentar comunicarla. Y, casualmente, a los grandes medios de comunicación les gusta más, así que cada vez menos periodistas se atreven a trabajar como lo hace Pablo. Mientras otros reproducen notas de prensa y buscan carnaza, Pablo busca explicaciones.

Puedes seguir leyendo el resto del artículo en la siguiente dirección:


REVISTA «ALTERNATIVAS»

12/03/2022

Os presentamos el primer número de la revista Alternativas, editada por la Agrupación Popular Republicana de Segovia – APR. Con el lanzamiento de la misma pretendemos que sea algo de todos/as vosotros/as, que sea la voz de aquellos/as que los medios de comunicación silencian. Por eso os animamos a participar en la misma con vuestras aportaciones, para ello os podéis dirigir a  la siguiente dirección de correo apr.segovia@gmail.com ¡¡Os esperamos!!

Descargar PDF


Autoridades civiles de Granada participan en la beatificación de “mártires del 36″

11/03/2022

La presencia institucional de políticos y jueces en la ceremonia religiosa “es contraria a la aconfesionalidad del Estado”, denuncia Granada Laica.

La asociación Granada Laica ha hecho público este domingo un comunicado criticando la presencia institucional de delegados de la Junta, alcaldes, concejales o jueces en la misa de beatificación de “16 mártires de la guerra civil”.

Desde Granada Laica vuelven a denunciar “la asistencia institucional a cualquier acto religioso, pues es contraria a la aconfesionalidad del Estado y al respeto a la ciudadanía”, pero también recalcan la especial gravedad de la presencia de “representantes públicos en una ceremonia de beatificación que exalta de una forma tendenciosa, de sectarismo profranquista, a ‘mártires’ del bando nacional-católico de la guerra civil”. Considera la asociación que dicha presencia “agravia de una forma especialmente ofensiva a millones de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la democracia y la justicia independientemente de sus creencias”.

El texto íntegro del comunicado es el siguiente:

“El 26 de febrero tuvo lugar en la catedral de Granada una ceremonia solemne de beatificación de 16 mártires de la guerra civil, presidida por el cardenal Marcello Semeraro, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. De ser meramente una acto interno de la Iglesia católica, poco o nada tendríamos que decir desde Granada Laica. Sin embargo, la asistencia de numerosas autoridades públicas de la capital granadina, de la provincia y de la autonomía andaluza (véase más adelante) hace que merezca la pena prestar atención a las características del evento.

Según los datos recopilados por Wikipedia actualizados por nosotros, desde 1987 se han producido 2.069 beatificaciones de “mártires” de la guerra civil y de la II República española, más de la mitad (1068) realizadas por el papa Francisco. Además, 11 de los mártires han sido canonizados, por lo que ya son santos.

Curiosamente, todas, absolutamente todas las personas beatificadas, se consideran muertas a manos de los republicanos, mientras no se dice nada de los numerosísimos crímenes del bando fascista, que fue el bando de la propia Iglesia, pues no olvidemos que respaldó y alentó la “Cruzada” contra el “ejército rojo” (recordemos a los obispos y cardenales cruzadistas Gomá, Pla y Deniel, Olaechea, etc., etc., y su Carta colectiva de 1937 en apoyo de los golpistas). Incluso olvidan que muchas de las personas asesinadas por el bando nacional-católico (digamos, no mártires de la Iglesia, sino mártires a manos de la Iglesia como corresponsable criminal) fueron creyentes católicos, incluso sacerdotes.

Recordemos también que más adelante, durante muchos años (en particular tras la derrota del nazismo) el Vaticano paralizó las beatificaciones de “mártires” por temor a aparecer como beatificadora de la dictadura de Franco, pero que esa aprensión desapareció con Juan Pablo II, que las inició en 1987. La retórica eclesial habla de no reabrir viejas heridas, pero cada beatificación es un recuerdo de las maldades del bando republicano sin que haya un reconocimiento ni petición de perdón de las de la Iglesia desde el bando golpista. Fue especialmente significativa la beatificación masiva (498 “mártires”, un récord) del 28 de octubre de 2007, precisamente unos días antes de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, tan enérgicamente rechazada por la Iglesia, que también es contraria a la condena de los crímenes franquistas. Por cierto, aquel récord lo superó el reconciliador y progre papa Francisco con la beatificación de Tarragona de 2013: 522 nuevos “mártires” beatos de una tacada. Con tanto “mártir” católico, destaquemos que, según Josep Termes, portavoz del colectivo católico Església Plural, y de acuerdo con algunos historiadores (como Hilari Raguer), no se puede considerar mártires a muchos de los nuevos beatos, pues habrían sido asesinados por razones políticas más que por proclamar su fe en Jesús.

En definitiva, la Iglesia católica española y vaticana sigue, con estas beatificaciones, identificándose o mostrando su simpatía con los golpistas del 36 que acabaron con la legalidad republicana, y continúa ignorando a las víctimas de su complicidad criminal con los fascistas.

Por todo ello, es especialmente grave e intolerable que en las ceremonias de beatificación, como la del 26 de febrero en Granada, haya representación de la Administración. Según los medios consultados, hubo participación institucional de:

La Delegación Territorial de la Junta de Andalucía en Granada de Salud (en el vídeo de la COPE distinguimos al Delegado de Salud, Indalecio Sánchez-Montesinos), la de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y la de Educación. El presidente de la Audiencia Provincial, el presidente del Consejo Social de la Ciudad, el Defensor del Ciudadano y el presidente y otros miembros representativos de la Diputación provincial. Algunos concejales del Ayuntamiento de Granada. Más los alcaldes de los municipios de Cájar, Pinos Puente, Alhama de Granada, Lanjarón, Comares, Morelábor, Motril, Loja y La Zubia. De Motril en concreto, además de la alcaldesa de la ciudad, Luisa Mª García Chamorro, asistió Inmaculada Torres, Teniente de Alcalde de Asuntos Sociales, y el Teniente de Alcalde de Urbanismo, Antonio Escámez. El arzobispo de Granada saludó simplemente a las “excelentísimas autoridades civiles y militares”.

Además, se informa que desde los municipios granadinos originarios de los nuevos beatos se organizaron numerosos “fletes de autobuses” para trasladar a los fieles al ceremonial “para congratularse públicamente de la elevación a los altares de los nuevos mártires de la iglesia”. Y que públicamente se programaron peregrinaciones desde “Almuñécar, Motril, Salobreña, Órgiva, Alfornón, Lanjarón, Loja, Alhama de Granada, Coín, Comares y Moreda, entre otras”.

Además, pedimos que se investigue si las “peregrinaciones” mediante fletes de autobuses se han organizado y costeado con fondos públicos”.


Sánchez se juega la democracia a la supuesta debilidad de Felipe VI – por Domingo Sanz

07/03/2022

Sánchez se juega la democracia a la supuesta debilidad de Felipe VI – por Domingo Sanz, politólogo *

Dicen que Sánchez nació con “una flor en el culo” y algo debe haber, pues también cuentan que de adolescente se propuso ser presidente del Gobierno y lo ha conseguido, mientras millones de otros como él solo querían ser millonarios y ahora no les queda ni un euro.

Mientras esperamos a que nos diga el nombre del presidente que le consiguió ilusionar por esa “profesión”, aprovecharemos para practicar la lógica. Descubriremos entonces que su sueño era mucho más difícil de convertir en realidad que el de enriquecerse, pues, desde que él nació, solo siete españoles, incluido él, han alcanzado La Moncloa democráticamente, mientras que son muchos más los que se han hecho millonarios, aunque solo contemos a quienes lo han conseguido “votando” a números, en lugar de a políticos, en cualquiera de las loterías que no paran de anunciarse para convencernos de que sigamos perdiendo.

Conquistó Sánchez La Moncloa capitalizando a su favor una causa a la que se opone radicalmente, la de los catalanes por su independencia. Aunque manifestó su apoyo al mismo discurso de Felipe VI que consiguió hundir el Ibex35 al día siguiente, ahora que volvemos a recordar lo muy caras que salen las guerras, e incluso votó a favor del 155, sólo ocho meses después presentó la única moción de censura ganadora, cuando el presidente que había dejado hablar al rey aquel famoso 3 de octubre no era más que un bolso de vicepresidenta abandonado en un escaño.

Mucho antes de esa primavera de 2018 toda España sabía que el padre de Felipe VI era un ladrón blindado por una Constitución cuyo texto defienden como gato panza arriba, y contra el futuro, la inmensa mayoría de una clase política que solo actúa a favor de sí misma.

Pedro Sánchez es el primero en bloquear cualquier cambio político, pues cree que el pasado que envenena la cúpula del Estado, con máquina de contar billetes en el Palacio incluida, constituye la mayor debilidad de Felipe VI y prefiere esta ventaja subjetiva a cualquier valentía reformista. Eso sí, siempre que el poder nacido de las urnas no se atreva a cuestionar la principal herencia de la dictadura: la monarquía como forma de Estado, un hecho real con el que cada día se burla tanto de los republicanos estatutos de su partido, como lo comparte al cien por cien con quienes le precedieron en la presidencia del Gobierno y hasta con la oposición más franquista de todas.

Pedro Sánchez, que se hubiera llamado Adolfo Suárez de haber nacido 40 años antes, ha tenido incluso la suerte de que el rey que le ha tocado vivir no tiene tan intacto como su padre, al menos que sepamos, el poder real y oculto heredado del dictador que restauró esta monarquía y con el que fue capaz de forzar la dimisión de un presidente del Gobierno que, por el simple hecho de ganar dos elecciones seguidas, debió pensar que podía tutear a un Borbón ocupante del trono del Reino de España. Como si fuera una democracia.

Digo “al menos que sepamos” porque la única explicación que cabe para la continuidad de una monarquía que envilece para siempre a toda la sociedad obligándola a aceptar la impunidad de comportamientos criminales como los de Juan Carlos I y Felipe VI, cómplice el segundo por conocedor y no haberlos  denunciado, consiste en la amenaza de un nuevo golpe de Estado al que estarían dispuestos unos cuantos militares que, en activo o no,  tienen incluso calculado el número de millones de “hijos de puta” que sobramos. Eran 26, imposible olvidarlo.

Por cierto, ¿dijo algo Felipe VI contra aquellas amenazas compartidas en un grupo privado que tampoco detectó ningún servicio de seguridad del Estado? ¿Algún fiscal ha iniciado actuaciones por delito de odio? ¿O es que los militares en la reserva pueden amenazar más que las personas que nunca manejaron un arma con sus manos?

Ante un peligro que, vestido de militar, nadie puede descartar y que saldrá a asesinar lo que sea necesario en defensa del rey, episodios como el del veto de Sánchez a Felipe VI en septiembre de 2020, cuando le impidió acudir a la entrega de despachos judiciales en Barcelona, o el ridículo mantra que no deja de repetir el Gobierno, eso de que lo que haga Juan Carlos I con su vida es cosa de él mismo y de la Casa Real, como si sus decisiones no nos costaran millones, solo se parecen a las excusas de un mal pagador que sabe que no tiene argumentos para justificar la continuidad de una institución sin futuro y en cuyo pasado el número de inconfesables multiplica por muchas veces a los escasos momentos de los que puede presumir. Y, además, la verdad verdadera de estos últimos, pendientes del veredicto que se deduzca cuando la ley (franquista) de Secretos Oficiales por fin desaparezca.

Demuestran, en cambio, Sánchez y su gobierno toda la cobardía del mundo, tanta que les hace coincidir en la sede de la soberanía nacional con los franquistas con o sin disfraz del PP y de Vox, cuando bloquean cada vez la constitución de una comisión de investigación en el Congreso sobre el rey emérito.

Porque, sin duda, estos socialistas democráticos solo hasta cierto punto volverán a impedirlo, a pesar de los impecables argumentos que acaba de presentar el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo a favor de una iniciativa que resulta imprescindible para comenzar a sanear la vida política en España.

Todo el mundo sabe, desde siempre, que si las revoluciones estallan es porque los que mandan se niegan a proponer y aprobar las reformas que el simple paso del tiempo convierte en necesarias. En estas circunstancias, los juegos de fortalezas y debilidades supuestas son peligrosamente temerarios.

* La casa de mi tía agradece la gentileza de Domingo Sanz

http://www.lacasademitia.es/articulo/firmas/sanchez-juega-democracia-supuesta-debilidad-felipe-vi-domingo-sanz/20220304072518122155.html


Por un feminismo organizado, antifascista y de clase

04/03/2022

Ante el próximo 8 de marzo día de la Mujer Trabajadora, nos preguntamos si hemos avanzado, a lo largo del camino para la emancipación y la igualdad de género.  

Lamentablemente observamos como el feminismo predominante hoy es el liberal (integrado por mujeres de clase media y alta, con recursos económicos y acceso a educación), propone reformas del sistema existente para garantizar la igualdad entre ambos géneros, centrándose en la inclusión de la mujer en el mercado laboral, en la esfera política y en el mundo de la cultura; pero no propone un nuevo orden social, político o económico.

Por otro lado hay un feminismo que se encuentra discriminado de toda esfera de influencia, es un feminismo radical, que busca encontrar la raíz o el origen de la situación de dominación y explotación en la que viven las mujeres; puesto que el patriarcado oprime a las mujeres principalmente en los aspectos sexuales, reproductivos, pero también en los económicos. Por ello denunciamos la subordinación histórica de la mujer, la exclusión femenina de la esfera pública y su limitación a la esfera privada. Por ello es necesario luchar por unas condiciones laborales dignas, y denunciar la organización actual de los cuidados, profundamente sexista y clasista, agrandada por la influencia de los partidos de extrema derecha en nuestra sociedad.

Desde este feminismo de clase denunciamos las trabas impuestas por las Administraciones del acceso a los servicios de aborto sin riesgos como un derecho básico,  especificando claramente que las decisiones sobre nuestro cuerpo son sólo nuestras. 

También incidimos que es necesario alcanzar una verdadera igualdad salarial para las mujeres. Pues no podemos olvidar la situación de la mujer en el mercado laboral y que la pandemia ha incrementado estas desigualdades agrando la brecha salarial. Además, son muchas las mujeres que trabajan en la economía informal o las que trabajan a tiempo parcial, por problemas de conciliación o por falta de oportunidades laborales, lo que las hace más propensas a ser víctimas de violencia.

Se necesita perspectiva de género para entender que la igualdad no es un privilegio. Por eso, aún falta mucho para lograr una verdadera emancipación e igualdad. Por todo ello el próximo 8 de marzo volveremos a las calles para exigir un feminismo organizado, de clase y antifascista.