En primer lugar, agradecer a los compañeros de la Agrupación Republicana de Móstoles, el tesón de mantener viva la gesta de los miles de hombres y mujeres que, desde diferentes puntos del mundo y encuadrados en las Brigadas Internacionales, vinieron a España a defender el gobierno legal de la República contra el golpe de Estado fascista perpetrado por parte del ejército y apoyado por la gran burguesía y por los elementos más reaccionarios de la Iglesia católica.
Pero, sobre todo, que no lo hacen desde el mero memoralismo, sino buscando vínculos de unión con otras organizaciones antifascistas, para conseguir, bajo un frente común organizado, impedir el ascenso del fascismo.
No debemos olvidar que el fascismo no surge de forma espontánea, sino aupado por los sectores más reaccionarios de la derecha y de las élites económicas, cuando ven peligrar sus derechos y prebendas y ya no les vale la débil democracia surgida tras la muerte del dictador y sustentada bajo la capa protectora de una monarquía corrupta y parasitaria.
Es por ello más necesario que nunca frenar al fascismo, pero no se puede hacer desde la ambigüedad de las ideas, sino desde posicionamientos ideológicos claros y coherentes. Tampoco podemos permitir el blanqueamiento continuo de esta ideología desde los medios de información y, lo más peligroso, darles la categoría de partidos “democráticos” en las instituciones.
Para terminar, tengamos presente la historia de Europa en los años 30 del siglo pasado: el blanqueamiento, el mirar a otro lado, junto con la desidia política llevaron al fascismo al poder, con las consecuencias que todos conocemos. Por ello, ni un paso atrás contra el fascismo y sus secuaces.
¡¡¡Viva las Brigadas Internacionales!!! ¡¡¡Viva la República!!!
er conscientes de que no olvidar el pasado te permite avanzar para no cometer los mismos errores es fundamental para que la memoria democrática se abra paso. Conviene recordar, valga la redundancia, que recordar viene del latín recordis, volver a pasar por el corazón. España –más allá de nuestras particularidades nacionales–, a diferencia de otros países como Irlanda, no ha sabido sanar las heridas del pasado. ¿El motivo? No son pocos. Pero diría que uno está por encima del resto: hay una parte importante del Régimen actual que no tiene ninguna intención ni ningún interés en afrontar determinados debates, precisamente porque se siguen beneficiando de la ausencia de los mismos. España ha querido pasar página deprisa y corriendo a asuntos complejos que requieren tiempo y voluntad para poder afrontarlos con responsabilidad.
Uno de ellos tiene que ver con cicatrizar la herida abierta provocada por la violencia de ETA. De hecho, justamente ayer y en el marco de los diez años sin ETA, Arnaldo Otegi, líder de la izquierda abertzale, reconoció públicamente, por primera vez en la historia, los errores cometidos por dicha organización armada. “Sentimos su dolor, nunca debería haberse producido”. Esta declaración de intenciones es una muestra de reconocimiento de responsabilidad, pero también una solicitud de perdón por parte de un líder que viene desde hace un tiempo demostrando que la vía para conseguir alcanzar sus ideales no es otra que el camino de la política.
Su búsqueda del perdón a algunos les parecerá insuficiente. A otros que llega tarde. Y para otros tantos todo lo que diga Otegi les resultará mal. Lo que está claro es que una democracia que aspira a sentar sus bases sobre un proceso de paz, sobre la defensa de los derechos humanos, sobre la autodeterminación de los pueblos y sobre todo poniendo énfasis en la memoria, declaraciones como esas son un impulso para seguir avanzando en esa dirección.
Es sano para la democracia poder sacudirnos de esas heridas, mirando de frente al pasado y reconociendo sus errores.
Por otro lado, estos últimos días hemos conocido también –aunque no es nada nuevo– que el Gobierno del PP gestionó “a su antojo” el conflicto con ETA. No soy yo quien afirma esto, sino el propio Jonathan Powell, mediador clave en el proceso del fin de ETA. Y cito textual: “ETA ofrecía las armas y el Gobierno del PP no las aceptaba, era una locura. Fue muy peligroso porque las armas podrían haber acabado en manos de bandas o de islamistas. Me costó mucho entender una posición tan ilógica, que solo ocurre cuando se afronta un proceso de paz como una lucha política”.
El camino hacia la reparación no es otro que involucrarse decididamente en el juego democrático asumiendo que es la propia democracia la que puede garantizar la consecución de nuestros objetivos. Y así lo han hecho en Irlanda, donde por cierto en términos electorales el Sinn Féin ha obtenido recientemente unos resultados históricos. Pues es hoy una de las fuerzas más votada con casi un 25% de los votos, y sus 37 escaños le han situado como actual segunda fuerza del Parlamento irlandés. Aquí ha costado años normalizar la voluntad de la izquierda abertzale de poder hacer política, dejando atrás los años oscuros de violencia, y sobre todo condenando ese pasado al que nadie quiere volver. Ojalá aquellos que impusieron el miedo y la tortura en los años de la dictadura franquista, y quienes practicaron el terrorismo de Estado después de1978, fueran capaces también de reconocer sus propios errores. Sólo así podremos seguir avanzando.
De momento ha tenido que ser la justicia de un país extranjero, Argentina, quien ha decidido sentar en el banquillo al exministro y presunto torturador Rodolfo Martín Villa. ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar para que la justicia española tome cartas en el asunto? Quizás si aquí no somos capaces de descifrar quien es MpuntoRajoy, nos resulte más difícil aún juzgar los crímenes de la dictadura franquista y de los años posteriores a esta.
Es curioso cómo en numerosas ocasiones, según interesa, la hipocresía es convertida en un hábil instrumento político para impedirnos ver la realidad, y sobre todo para impedir afrontar esa realidad desde la responsabilidad y el compromiso. Aquí nos sigue costando cicatrizar esa herida abierta, sobre todo porque no hay apenas voluntad política ni judicial. ¿Tendrá algo que ver que una parte de la judicatura sea heredera directa del antiguo régimen franquista? Lo que es evidente es que miles de familiares siguen teniendo a sus seres queridos en las cunetas, y ni ha habido justicia, ni verdad, ni reparación. Lo único que ha habido estos años por parte de determinados partidos políticos han sido reproches y equidistancias.
Bienvenidas las buenas declaraciones, las buenas intenciones, las buenas prácticas, bienvenida la voluntad de hacer justicia, y sobre todo la voluntad de reparar y sanar heridas. Bienvenida la buena memoria. Y ojalá más pronto que tarde se pueda abrir ese proceso de escucha y reflexión honesto dentro de nuestro sistema democrático, que sirva para que la memoria se abra paso. Sin dejar a nadie atrás. Sin equidistancias. Sin hipocresía. Sin viejas o nuevas soflamas. Yendo a la raíz del asunto. Volviendo a pasar por el corazón.
En El hombre en el castillo, tal vez la única novela con la que logró algo de notoriedad en vida, Philip K. Dick imaginó un mundo donde el fascismo había ganado la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos estaba dividido en una zona bajo dominio japonés y otra bajo dominio nazi. Uno de los momentos más perturbadores de la novela es el capítulo en que un anciano japonés, sentado en un banco en la bahía de San Francisco, pega una cabezada y al despertar ve la estructura formidable del Golden Gate, el emblema de una anomalía histórica donde el Eje ha perdido la guerra.
El problema de la ucronía de Dick es que (cuando escribió el libro, allá por los años 60 del pasado siglo, e incluso bastante tiempo después) en el mundo había, al menos, un lugar donde el fascismo había triunfado y continuaba resistiendo lo mismo que la aldea de Asterix cercada por el imperio romano. Netflix acaba de estrenar un documental de producción alemana cuyo título (La verdad sobre Franco: la dictadura olvidada de España) explica unas cuantas cosas, en especial la amnesia voluntaria e involuntaria con que las naciones occidentales obviaron el último reducto del fascismo europeo, un régimen no sólo criminal en esencia sino hijo legítimo de las dictaduras de Hitler y Mussolini, los amiguetes que le ayudaron a ganar la Guerra Civil.
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Los cuatro episodios del documental alemán-el quinto no es más que un resumen- no descubrirán nada nuevo a quien se haya molestado en informarse y leer algo más que no sean los tebeos de Pío Moa y demás propaganda franquista. Se enumeran las diversas atrocidades del régimen, los campos de concentración, el despiadado exterminio de rebeldes y opositores, la hambruna que exterminó poblaciones enteras, el secuestro generalizado de bebés bendecido por la iglesia, el saqueo prolongado de un país en beneficio de unos cuantos caciques, el atraso económico, industrial y cultural que provocó el éxodo de casi millón y medio de españoles. Historiadores del prestigio de Anthony Beevor, Ángel Viñas y Paul Preston no tienen el menor empacho en tachar a Franco de asesino y genocida. Cuando tenía ocho años y su hermana Pilar le aplicó una aguja al rojo vivo en la muñeca, el futuro Caudillo exclamó: «¡Cómo huele la carne quemada!». Ese rasgo apuntala la idea de que Franco no conocía el miedo, pero más bien lo que señala es que era un psicópata de tomo y lomo, un cacho de carne con ojos al que no le interesaba el sexo, ni la bebida, ni los placeres de la mesa, y que sólo disfrutaba con el ejercicio del poder y el asesinato de lo que le pusieran por delante, perdices, atunes o personas.
Corre por ahí la idea de que Netflix no ha querido publicitar el documental, ni siquiera lo ha doblado al castellano, no se sabe muy bien si para no molestar a ese inmenso nicho del electorado español que todavía cree que Franco era un santo que inició una cruzada para salvar a España del comunismo o bien para no molestar a ese otro montón del electorado español que cree que Franco era un botijo. El espectador poco informado descubrirá, entre otras cosas, que la intervención alemana en la Guerra Civil empezó mucho antes de la Legión Cóndor, con los contactos entre Franco y el almirante Canaris, que permitieron el traslado de las tropas desde África a la península, y que España fue un paraíso y un puerto seguro para una buena patulea de refugiados nazis hasta muchos años después de los juicios de Nuremberg.
Es extraño escuchar los testimonios de historiadores y testigos españoles doblados al alemán y con subtítulos en castellano, un efecto casi tan extraño cómo escuchar a Franco en sus peroratas en inglés del Ferrol, leyendo sin levantar los ojos del papel, donde seguramente le habrían escrito una transcripción fonética. Philip K. Dick hubiera flipado mucho con todo esto, pero a ver qué iba a escribir que superase un NODO. Sin embargo, el verdadero momento cómico del documental viene a cargo de Serrano Suñer, un hombre que no sólo se atrevió a ponerle los cuernos a la hermana de Carmen Polo sino que además hizo el papel de cuñado por antonomasia: «Calla, Paco -le decía a Franco su mujer en la mesa-, y haz caso a Ramón, que sabe más que tú de estas cosas». En cuanto a Carmen Polo, más de uno va a descubrir, igual que este año con el premio Planeta, que en realidad detrás de ella había tres tíos y ninguno de ellos era el general Mola.
Pasa siempre que gobierna un presidente progresista: cuatro fachas gritones aprovechan el desfile de la Fiesta Nacional para insultarle. Como ha dicho Alfonso Guerra, brillante en las respuestas, «hay gente que abuchea a un presidente y aplaude a una cabra, cada uno elige a quién le representa». Este 12 de octubre, se volvieron a escuchar los gritos de «okupa» a Pedro Sánchez, que es el mismo mantra que llevan años repitiendo la derecha extrema y la extrema derecha. Llaman «ilegítimo» a un Gobierno que les ha ganado en las urnas porque no respetan la democracia y creen que el poder les pertenece por cuna o por fuerza.
Es la herencia de la dictadura, sus herederos siguen pensando que el país es suyo y que todo el que les aparta de controlarlo, es un okupa, un usurpador. Pero nadie es más usurpador en una democracia que quien desprecia la soberanía popular y cree estar por encima de ella. Okupa de la Justicia es el Partido Popular que se niega a desalojar el Consejo General del Poder Judicial en contra de lo que dicta la Carta Magna. Okupas son Casado y Abascal cuando intentan conseguir con ayuda de los jueces lo que no han conseguido en las urnas. Usurpadores quieren ser el PP y Vox cuando niegan la representatividad a millones de españoles que votan a los partidos que no les gustan.
Por supuesto, Casado se ha alineado con los improperios de los ultras en el desfile. Él es más de aplaudir a la cabra. No hace más que seguir la estrategia de la crispación que Aznar, su mentor, puso en marcha. Es la doctrina del shock de la derecha española. Ninguna propuesta, sólo protestas. Pataleos y pataletas. Generar un clima irrespirable con ayuda de la maquinaria mediática para hacer que el Gobierno caiga. No importa si para eso tienen que arrastrar al país por el suelo, como hace Casado cada vez que sale a Europa. No importa si tiene que mentir, como hizo en una reciente entrevista en El Mundo, en la que se inventó que España está al borde de la quiebra. Extraño patriota que patea su patria.
Como Aznar hacía con González, Casado le dice a Sánchez cada semana que se vaya. Es un corolario del mantra del okupa. Váyase, que Moncloa es nuestra. Es muy sintomático cómo el PP llama sólo «Sánchez» al presidente del Gobierno, pero llama «presidente Casado» a uno que sólo preside su partido. Lo que no entiende la derecha extrema es que el desprecio no es a Sánchez sino a los millones de votantes a los que representa. Aplauden a una cabra y abuchean a los demócratas.
España es suya. Todo les pertenece, desde las instituciones a la bandera pasando por la fiesta. Quieren una España en la que sólo caben ellos y los demás sobran. Una España que quiere aplastar a la otra media. Una España única, uniforme, uniformada. Dicen libertad pero la detestan. Detestan también a las otras Españas. Normal que algunas quieren marcharse de una tierra tan opresiva. No reconocen la pluralidad ni la plurinacionalidad de este país. El Gobierno propone descentralizar algunas instituciones como se hace en Portugal, Alemania o la Unión Europea, y dicen que eso ataca a España. Su España. El país del que se creen los amos y patrones, dueños y señores.
Todos sabemos que al Rey Viejo siempre le ha dado pereza acercarse al confesionario fiscal. También sabemos que en dos ocasiones el mal llamado «rey emérito» ha salido de su letargo tributario y, de forma extemporánea (transcurridos los plazos legales), ha ingresado ciertas cantidades que debía al Tesoro Público y a una Hacienda autonómica.
La primera vez que Juan Carlos I reconoció que estaba en fuera de juego se remonta al mes de diciembre de 2020. Entonces el Rey Viejo ingresó 678.393,72 euros (incluidos recargos e intereses de demora), correspondientes al uso de tarjetas opacas, a través de un testaferro, con cargo a una cuenta bancaria de la que era titular su amigo Allen Sanginés-Krause, un acaudalado hombre de negocios mexicano. Los «donativos» de este capitán de empresa se habrían devengado en 2016, 2017 y 2018 (períodos todos ellos en los que Juan Carlos I ni había ganado la prescripción ni gozaba ya del privilegio de la inviolabilidad regia).
La segunda regularización se produjo el 25 de febrero de 2021, por un importe de 4.395.901,96 euros (también incluidos recargos e intereses de demora). En este caso el Rey Viejo reconoció los pagos recibidos de la Fundación Zagatka, una entidad dirigida por su primo lejano Álvaro de Orleans.
Las autoliquidaciones realizadas por el Rey Viejo fueron conocidas por la opinión pública a través de sendos comunicados de su abogado, Javier Sánchez-Junco. En los dos textos, el letrado de Juan Carlos I manifestó literalmente que las dos regularizaciones fueron «espontáneas» («sin requerimiento previo de clase alguna»). Sin embargo, en su edición del 20 de septiembre, el diario El País difundió la noticia de que el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo había comunicado formalmente al emérito (a través del letrado Sánchez-Junco) la apertura de diligencias de investigación relativas a la posible comisión de varios ilícitos criminales atribuidos al anterior Jefe del Estado.
Tres fueron las comunicaciones de la Fiscalía del Supremo. Las primeras se efectuaron antes de que el Rey Viejo ingresara, el 9 de diciembre de 2020, la cantidad de 678.393,72 euros. La tercera se produjo antes de que el emérito abonara al Tesoro 4.395.901,96 euros. En todos los casos, Sánchez-Junco acusó recibo de las notificaciones de la Fiscalía.
Los hechos difundidos por El País revelan un giro de 180º en la situación jurídica del Rey Viejo y (¡por qué no decirlo!) ponen al Rey Chico contra las cuerdas:
1.- Las dos liquidaciones del emérito no han sido espontáneas sino obligadas por tener sobre su cogote la sombra amenazadora de la Justicia. El antiguo monarca efectivo (ahora solo lo es a título formal) no puede amparar su conducta en la llamada «excusa absolutoria» (artículo 305.4 del Código Penal). Hablando en cristiano, Juan Carlos I no ha conseguido evitar una persecución penal por la posible comisión de varios delitos contra la Hacienda Pública. Aunque, al parecer, los fiscales del Supremo están dispuestos a hacer la vista gorda en un asunto tan gordo como turbio. A la espera de noticias ibéricas, el Rey Viejo no puede despistarse de la amenaza legal sobre su real persona que pende en los tribunales de Ginebra y Londres, donde nunca ha gozado de la inviolabilidad (perdón, impunidad) que le ha regalado nuestro desquiciado Estado de Derecho.
El Código Penal, siempre que la cuota defraudada resulte superior a 120.000 euros, castiga el delito contra la Hacienda Pública con una pena de prisión de uno a cinco años, y multa del tanto al séxtuplo de la cuota defraudada. Aparte, claro está, del pago de la responsabilidad civil (el importe de la deuda tributaria). No obstante, el Código establece un subtipo agravado cuando la cuota defraudada exceda de 600.000 euros o cuando, en la comisión del delito, se hubieran utilizado personas físicas o jurídicas interpuestas, negocios o instrumentos fiduciarios, o paraísos fiscales. El Código, de esta forma, castiga con una mayor severidad los intentos, a través de los métodos antes citados, de ocultar o dificultar la identidad del obligado tributario, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado tributario. En dichos casos, las penas previstas ascienden a la de prisión de dos a seis años, y multa pecuniaria del doble al séxtuplo de la cuota defraudada. Aquí aparece un riesgo más inquietante para el príncipe romano, debido a varios nombres propios: Dante Canonica, Arturo Fasana, Álvaro de Orleans, la Fundación Lucum y la Fundación Zagatka, por no hablar del militar de su Casa que hizo el canelo al utilizar a favor del emérito la tarjeta de Sanginés- Krause. Esto me parece lo peor de todo. Es inadmisible que el capitán general de las fuerzas armadas ordene recados a un sargento de cocina. ¡Cuánta prepotencia, Dios bendito!
2.- La vida privada del «piloto del cambio» me interesa menos que un comino. Otra cosa es la dimensión pública de sus actos, siempre velados por una opacidad impropia en una democracia digna de tal nombre. Ahora sabemos, además, que Juan Carlos I es un mentiroso compulsivo respecto a sus obligaciones ciudadanas con la Hacienda Pública de su país, al que ama (eso dice) como un oficial del Tercio se enrolla con la muerte. Hay amores que matan.
3.- El cazador de paquidermos africanos cree que la mejor defensa contra la Justicia es hacerse el tonto, mirar para otro lado y esperar a que los fiscales y los jueces (incluidos los de Suiza) se cansen o incluso se pudran. En sus comunicaciones formales, la Fiscalía del Supremo le invitó a personarse en las diligencias de investigación. Sin embargo, el emérito, pudiendo defenderse desde el primer minuto, ha hecho mutis por el foro. Una persona «normal» nunca habría despreciado la invitación dando un portazo. Como decían los viejos aduaneros: ¿Tiene el señor algo que declarar? –No, en la maleta solo llevo el pijama de seda, dos novelitas de pistoleros y la maquinilla de afeitar.
En esta coyuntura tan peligrosa para su progenitor (aunque la Fiscalía española ponga a su servicio una alfombra voladora para huir del Fisco español), entra en escena el Rey Chico, Felipe VI, que cuenta con la estima y el viento a favor que siempre expelen los padres de la patria: «su conducta es ejemplar», como si fuera el maître del Restaurante El Rodizio. Aunque no existe ningún rastro de que Felipe VI haya seguido el tortuoso camino tributario del Rey Viejo, su conducta respecto a las supuestas tropelías de su padre puede merecer cualquier calificativo menos el de «ejemplar».
En la actualidad, la Casa Real está compuesta por seis miembros: el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa de Asturias, la infanta Sofía, el rey Juan Carlos y, por último, la reina Sofía. En relación con el ejercicio 2021, el legislador presupuestario asignó la suma de 8.431.150 euros para el mantenimiento de la Casa Real. El pago de dicha cantidad se efectuó mediante una transferencia directa a S.M. el Rey para el sostenimiento de su Familia y Casa. El rey Felipe VI decide en régimen de monopolio sobre la distribución interna de los fondos recibidos del Estado (recordemos que «Hacienda somos todos»). Felipe VI desglosa y reparte discrecionalmente las asignaciones individuales atribuidas a los miembros de la Casa y al personal a su servicio. En dicha labor le asisten el Jefe de la Casa (un cargo que, desde el 23 de julio de 2014, desempeña Jaime Alfonsín Alfonso) y el Secretario General (actualmente, Domingo Martínez Palomo). Creo que el mejor ejemplo de la omnipotencia económica (interna) de Felipe VI ha sido, hasta la fecha, la retirada de la asignación (161.636,34 euros anuales) a su padre el 15 de marzo de 2014, coincidiendo en el tiempo con la difusión en los medios de las cuentas e inversiones que Juan Carlos I tenía en el extranjero. La cantidad señalada no se devolvió al Tesoro Público, se quedó en la Casa para atender contingencias de diverso tipo.
El dominio que ostenta Felipe VI sobre la organización de su Casa no se limita a los capítulos económicos y financieros. Su poder es absoluto e incluye las decisiones relativas a sus miembros. Todos sabemos que, en su momento, el rey expulsó de su real Casa a sus dos hermanas, las infantas Elena y Cristina. Es decir, Felipe VI puede disponer ad libitum sobre el estatuto de las personas y sobre el régimen de las cosas que le rodean.
Enfocada así la responsabilidad de Felipe VI, sorprende la pasividad y, sobre todo, la falta de transparencia del rey sobre los desmanes tributarios (y probablemente los de otra naturaleza) cometidos por su padre, antes y después de su abdicación. Parece ser que el 15 de marzo de 2014 significó el punto final en la tarea de Felipe VI de oxigenar el palacio de La Zarzuela. Las irregularidades de Juan Carlos I no son ya rumores gaseosos ni noticias periodísticas. Con sus dos regularizaciones, el Rey Viejo ha reconocido y puesto al desnudo el incumplimiento persistente de sus obligaciones legales, de su pésima ralea como ciudadano español. ¿Por qué Felipe VI (por circunstancias subjetivas de mucha menor gravedad) apartó de su Casa, como si fueran leprosas, a sus hermanas Elena y Cristina, y no ha procedido a hacer lo mismo con su padre, objeto de una investigación penal por los fiscales del Supremo?
A los 43 años de la entrada en vigor, seguimos huérfanos de una ley que regule la organización y funcionamiento de la Corona. No me parece del todo impertinente suponer (solo suponer) que dicha omisión legal se debe a la voluntad regia, que está acostumbrada a usar el teléfono en posición de manos libres. Los Borbones ejercen sus derechos históricos y se aplican a sí mismos un célebre adagio de tiempos pretéritos: «Rex legibus solutus». No obstante, tienen una serie de obligaciones con la soberanía popular que dimanan, de manera inmediata, de la Carta Magna. Por ejemplo, en mi opinión, el titular de la Corona no es ajeno al artículo 136 CE, que otorga al Tribunal de Cuentas el control de la tesorería del Estado. De acuerdo con su Ley Orgánica, el Tribunal de Cuentas debe fiscalizar las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas del sector público percibidas por personas físicas o jurídicas. Sin excepción alguna.
Juan Carlos I reside desde hace más de un año en Abu Dabi (uno de los Emiratos Árabes Unidos, que tienen la consideración de paraíso fiscal para las autoridades españolas). Al parecer vive en una mansión de lujo rodeado de escoltas y otras personas dedicadas a su servicio personal (médico, fisioterapeuta…) costeados por Patrimonio Nacional. No creo que sea impertinente preguntar la razón por la que todos los ciudadanos sufragamos con nuestros impuestos la vida muelle de una persona que, hasta hace cuatro días, no pagaba cantidad alguna a la Hacienda española. Tampoco creo que sea impertinente solicitar información sobre el coste total y su detalle por capítulos de gasto que origina la estancia del emérito en el Golfo, dicho sea sin mala intención.
Por otro lado, no estaría de más preguntar al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, las razones que le han llevado a mantener vigente el Real Decreto de 2014 aprobado por Mariano Rajoy para conceder a Juan Carlos I el privilegio vitalicio de rey después de su abdicación, con los títulos honoríficos propios de un antiguo emperador de China.
El gran Albert Camus dijo en ocasión célebre: «Entre la verdad y mi madre, elijo a mi madre». Vale, pero Camus no tenía ninguna responsabilidad institucional. El rey Felipe VI debe elegir la verdad y no a su padre. Si altera la opción se pondrá en grave peligro y, con él, pondrá en riesgo la convivencia social en España.
Hay varias versiones de la visita de Vargas Llosa a Borges, allá por los años 80, pero todas -incluida la del propio Vargas Llosa- coinciden en que hubo un momento más bien incómodo en que la entrevista terminó y la conversación pasó de la literatura al mobiliario. Vargas Llosa se mostró sorprendido por la modestia en que vivía el gran escritor argentino, en un apartamento ruinoso con las paredes desconchadas y goteras en el techo. Al parecer, esta observación molestó profundamente a Borges, que desde entonces guardó las distancias. Según Ricardo Piglia, Borges comentó al día siguiente: «Vino a verme un peruano que debe trabajar en una inmobiliaria, porque quería que yo me mudara».
Aquel microrrelato humorístico de Borges ha terminado por aterrizar en el realismo social al descubrirse esta misma semana que el Premio Nobel fue titular de una sociedad, valorada en más de un millón de dólares, en un paraíso fiscal de las Islas Vírgenes, sociedad desde la que se gestionaron los ingresos por derechos de autor y los beneficios de varios inmuebles vendidos en Madrid y Londres. Igual que muchos otros admiradores, me preguntaba yo hace unos cuantos años en qué momento se jodió Vargas Llosa, en qué momento pasó de ejercer de admirador de Fidel Castro a cheerleader de Esperanza Aguirre, en qué momento le empezaron a interesar menos las letras que el papel. En realidad, fueron varios momentos a lo largo de los años, del mismo modo que fueron varias sociedades opacas y varias resmas de papeles (Pandora, Panamá) en los que aparece su nombre junto a otro montón de evasores fiscales. Entre ellos, el inefable rey Juan Carlos, otro hombre del que cabe preguntarse dónde le cabrá tanta ansia de dinero.
En una carta de aclaraciones a la directora de El País, diario que sacó la información el lunes, Vargas Llosa dice textualmente: «Aquella compañía de las Islas Vírgenes que había sido reservada a mi nombre pero que yo nunca utilicé», una expresión en la que el asiento de un paraíso fiscal parece una plaza de un hotel en el Caribe que quedó sin ocupar o un billete premiado de lotería sin cobrar. Más adelante, la prosa del Premio Nobel se embarca en otra fascinante construcción pasiva («cambió de mano -siendo traspasada a dos rusos, lo que ya era ajeno a mi conocimiento»). El ministro Soria recurrió a un castellano mucho más de andar por casa cuando, después de salir su nombre en los Papeles de Panamá, se publicó que también había participado en otra sociedad opaca en Jersey: «No tengo ni idea de lo que está pasando».
Vargas Llosa -que llegó a comparar las burlas y chascarrillos de algunos dirigentes de Podemos hacia ciertos periodistas con las bombas y los tiros en la nuca de ETA- no podía dejar pasar la ocasión de hacer un guiño literario. Así, en esa especie de escrito de descargo, la sociedad opaca a su nombre tenía vida propia, como la nariz de de aquel relato magistral de Gogol que se independiza de su dueño y tras diversas peripecias llega a ser Consejero de Estado. El hecho de que los dos nuevos propietarios de la dichosa compañía de las Islas Vírgenes sean rusos nos alerta de la referencia novelesca. En aquella película en la que ganaba el Premio Nobel de Literatura, Paul Newman advertía de la fea costumbre que tienen los periodistas de preguntar a los escritores por cuestiones políticas y económicas, mientras que a los químicos, los físicos y los médicos ni se les ocurre. Vargas Llosa no necesita que le pregunten nada porque él va impartiendo cátedra de todo lo divino, lo humano y lo inmobiliario, aunque al final, como es lógico, siempre acaba haciendo literatura.
Berlín ha votado en referéndum a favor de la expropiación de viviendas en manos de fondos buitre para crear un parque público y abaratar los alquileres. La consulta no es vinculante pero muestra la voluntad popular y sirve de medida de presión a los políticos. Ahora los socialdemócratas, que han ganado no solo en las generales, también en las municipales de la ciudad, tendrán que plantearse la cuestión. La cuestión es que los berlineses, como en general la mayoría de habitantes de las ciudades europeas, están hartos de que un bien básico como la vivienda se haya convertido en un lujo en manos de las grandes empresas. Su respuesta ha sido clara y contundente: exprópiese.
Y mientras en España… Unidas Podemos registra este jueves una propuesta de ley de la vivienda que prevé la limitación de los alquileres para «pinchar la burbuja», evitar los desahucios, asegurar el acceso a los suministros básicos, impedir las casas vacías y crear un parque público. El proyecto cuenta con el apoyo de toda la izquierda de la Cámara, pero no con el socio de la coalición, el PSOE, pese a que regular los alquileres es uno de los acuerdos de gobierno. Los socialistas llevan meses demorando una ley por su negativa a intervenir los precios. Ábalos dejó clara su postura antes de que le cesaran como ministro: «La vivienda es un derecho pero también es un bien de mercado». Si lo hubiera dicho Rodrigo Rato, no nos hubiera extrañado.
El PSOE quiere reducir los precios con rebajas fiscales a quienes alquilen sus viviendas por debajo de la media de mercado, un modelo que en Portugal se ha demostrado fallido porque los incentivos son inferiores a los beneficios de alquilar caro. Nadia Calviño llegó a decir que la limitación de precios en Berlín o París había fracasado. Primero, no es cierto. Segundo, la intervención no basta. Si hay controles para aplicarla, la regulación de precios, que existe en lugares tan poco bolivarianos como Francia, Dinamarca, Holanda, Alemania o Nueva York, consigue detener la especulación, detener las subidas y, en algunos casos, bajar los precios. Pero además se necesitan otras medidas, sobre todo, una gran oferta pública. Viena es el mejor ejemplo. Allí el precio medio es de 9,9 euros el metro cuadrado, frente a los 18,6 de Madrid o los 19,3 de Barcelona. Lo de siempre: sí se puede, pero hay que querer.
En España se ha hecho lo contrario, vender vivienda pública a fondos buitres gracias al PP. El Gobierno de Rajoy aprobó en plena crisis sendas leyes que permitían regalarles pisos y exenciones fiscales. Los buitres se pusieron las botas, especialmente en la capital. Ahora la presidenta de la comunidad madrileña se ha ido a Estados Unidos a reunirse con los carroñeros. En Cataluña, los populares han recurrido en el Constitucional la ley que regula los precios de la vivienda. Recuérdelo cuando vote.
Vayamos pues a la Constitución. El artículo 128 permite la intervención en el mercado en favor del interés general y el artículo 33 avala la expropiación «por causa justificada de utilidad pública o interés social». Los jueces en distintas sentencias han obligado a los fondos buitres a devolver viviendas que se les malvendieron. Hay que recuperar muchos de esos pisos que se construyeron con dinero público, penalizar a quienes especulan y mantienen pisos vacíos para inflar la burbuja, usar el suelo público para asegurar una vivienda digna. Es un derecho fundamental recogido en el artículo 47 de la Constitución. El constitucionalismo es defender al ciudadano, no al mercado. Deberían recordarlo tanto PSOE como PP. Y esto nos lleva de vuelta a Berlín: exprópiese.
«La historia del sufragismo español es muy desconocida, hay una cuenta pendiente enorme con ella y sus protagonistas», asegura la autora Alicia Palmer. Con esa premisa decidió profundizar en un movimiento cuyo gran logro cumple ahora 90 años: la aprobación del voto femenino en las Cortes el jueves 1 de octubre de 1931. Palmer y la ilustradora Montse Mazorriaga han creado juntas Una mujer, un voto(Garbuix Books), una novela gráfica que repasa cómo la sociedad española llegó hasta ahí, junto a los debates que hubo alrededor del asunto, y reivindica a las figuras esenciales en la consecución de este derecho.
«Reinas, pero no electoras»
Una de las paradojas que analizan es la de que las mujeres pudieran estar representadas en el Congreso –las abogadas Clara Campoamor y Victoria Kent fueron las diputadas que protagonizaron el debate que acabó en la aprobación del voto femenino hace 90 años– pero no pudieran ser electoras. «Hemos intentado mirar atrás, buscar los otros intentos, muy limitados, que hubo de incorporar el voto femenino, como cuando se propuso que solo las viudas cabeza de familia pudieran votar [en 1877, cuando siete diputados conservadores pidieron esto para ese reducido grupo de mujeres]», explica Palmer. También hablan del precedente a favor del voto femenino de Emilio Alcalá Galiano, conde y diplomático, resumido en su frase de 1908: «Las mujeres en España pueden ser reinas pero no electoras».
Porque ese hecho, el de poder ejercer el poder pero no decidir quién lo ostentaba, fue objeto de muchos enfrentamientos dialécticos y titulares de prensa. Clara Campoamor fue la gran defensora de la aprobación del sufragio femenino ese 1 de octubre de 1931, con una intervención que estos días se recuerda en el Congreso de los Diputados con distintos homenajes. «Al preparar el cómic he descubierto la dureza del proceso para ella, que se encontró muchísimas voces en contra, y el carácter que mostró, su valentía al enfrentarse a un Congreso prácticamente en contra», subraya Mazorriaga.
«No es, pues, desde el punto de vista de la ignorancia desde el que se puede negar a la mujer la obtención de este derecho. Solo es en virtud de un derecho que habéis detentado, porque os disteis a vosotros mismos las leyes, pero no porque tengáis un derecho natural para poner al margen a la mujer», dijo Campoamor en su famoso discurso de ese 1 de octubre. Porque muchos otros políticos pedían retrasar la aprobación del voto femenino. «Los partidos republicanos, sobre todo, tenían miedo al voto de las mujeres porque pensaban que estaban muy unidas a la iglesia y que si votaban iba a arrollar la derecha. Por eso figuras como Victoria Kent querían posponer el voto», precisa Palmer.
Con nombres propios
Campoamor y Kent son dos de las figuras históricas principales de las que hablan Palmer y Mazorriaga, que hacen desfilar por sus páginas a muchas otras pioneras. «Es el momento de hablar de ello, ahora hay interés en saber qué ha pasado, la genealogía feminista de todas las mujeres que no están en los libros de texto», indica la escritora. «Hay gente a la que hablas de Clara Campoamor o Victoria Kent y les suenan los nombres», añade la ilustradora, «pero Benita Asas, que tiene mucho protagonismo en la lucha por el voto, sigue siendo una gran desconocida, muchos críos la primera vez que oyen hablar de las sufragistas es con la película de Mary Poppins, pero no tienen ni idea de la lucha sufragista española».
Asas, maestra que fundó el periódico El pensamiento femenino, es recordada en el cómic en una charla que impartió en 1930 en el Ateneo de Madrid con María Lejárraga, una de las creadoras de la Unión de Mujeres de España. «También mencionamos a la doctora Elisa Soriano, una de las primeras en estudiar en la Universidad Central de Madrid», señala Mazorriaga, y rescatan la labor de figuras como Carmen de Burgos, que en 1921 organizó la primera manifestación callejera sufragista en España, o María Cambrils, que en 1925 publicó el libro Feminismo socialista.
Las cigarreras
La lucha en la esfera pública de todos estos personajes históricos se entremezcla en el cómic con la vida de Maril Luz, una joven cigarrera que trabaja en la Real Fábrica de Tabacos de la glorieta de Embajadores. Palmer ha querido hablar así de las historias anónimas detrás del movimiento sufragista y además reivindicar a la figura de las trabajadoras de la época.
«Siempre he vivido en esa zona de Madrid y desde hace unos años hay un movimiento vecinal que quiere recuperar la figura de la cigarrera, y yo lo imaginé esta historia en paralelo, para poder hablar del tema del voto y de la lucha de estas obreras, y no solo en el tema laboral, sino explicar que las mujeres eran ciudadanas de segunda y estaban reclamando derechos civiles», concluye Palmer. Para ella, que en octubre publicará otra novela gráfica, esta vez reivindicando la figura de Emilia Pardo Bazán (con Cascaborra Ediciones), «no hay que darlo todo por hecho, hay mucha gente que se cree que los derechos conquistados los ha traído el tiempo, que no les da ninguna importancia, pero hay que poner en valor a todas las personas que se han dejado la vida en eso, en conseguir los derechos que disfrutamos ahora».
Escrito por APR_Segovia 
Colectivo Republicano Antonio Machado 