Los indultos de la discordia. David Torres

23/06/2021
Manifestación por la libertad de los políticos presos catalanes, en Barcelona, en julio de 2018. REUTERS/Albert Gea

Si los indultos, tal como dice Pedro Sánchez, pretenden normalizar la convivencia política del país y devolver las aguas a su cauce en Catalunya, no parece que la jugada esté funcionando muy bien del todo. Por supuesto, nadie esperaba que la derecha se contentara con la medida, pero tampoco que cientos de independentistas se lanzaran a las calles de Barcelona a protestar y a llamar “traidor” al presidente del Gobierno. Probablemente montar un acto este lunes en el Gran Teatre del Liceu, sin la presencia de un solo representante del Govern, no ha sido la decisión más inteligente: Sánchez cantaba su aria del reencuentro después de traspasar un arco de botes de humo y lo que se oía mayormente, fuera y dentro, eran los gritos de los manifestantes pidiendo “amnistía” y “libertad”. Es lo que ocurre con la ópera, que nunca faltan críticos.

Oriol Junqueras, líder de ERC, asegura que los indultos muestran “la debilidad de los aparatos del Estado”. Pere Aragonés, presidente de la Generalitat, los contempla como un primer paso, necesario aunque “insuficiente para resolver el conflicto político catalán”. Diversos representantes de la CUP, Junts, PDeCAT, ERC y otras organizaciones civiles acusan a Sánchez de haber ido a Cataluña a hacer teatro. Incluso Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, bromeó con su mano vendada diciendo que cuando se aprobaran los indultos, le iba a doler todo el cuerpo. El indulto en España sigue siendo una figura más taurina que jurídica y Sánchez, como buen diestro, ha olvidado que las corridas de toros están prohibidas en Cataluña. Prácticamente, después de su fiasco barcelonés, podría decir lo mismo que aquel torero que salió entre una lluvia de almohadillas de la plaza: “Hay división de opiniones, unos se cagan en mi padre y otros en mi madre”.

Da lo mismo que la vergonzosa lista de indultados en España incluya a auténticos golpistas y a terroristas de estado, entre otros muchos casos de flagrante injusticia. Alfonso Armada, general condenado a 26 años y 8 meses de cárcel por su participación en el 23-F, fue indultado en 1988. José Barrionuevo, ministro del Interior, y Rafael Vera, secretario de Estado de Seguridad, consiguieron sus indultos respectivos tres meses después de entrar en prisión, en 1998, a pesar de su implicación en diversos crímenes de los GAL. Puesto que dos errores no constituyen un acierto, tres tampoco, un argumento que puede usarse tanto en relación con los indultos fallidos como con las condenas desproporcionadas por montar un referéndum ilegal.

Por supuesto, quien está disfrutando como un loco con el tema es Pablo Casado, quien ha tronado contra los indultos, contra Sánchez y hasta contra la CEOE mediante un sinfín de exabruptos y chascarrillos, entre los que destaca el calificar una medida de gracia como un “golpe de gracia”. Más gracioso no puede ser el tío. Tal y como ha aumentado el apoyo al nacionalismo catalán en los últimos años, multiplicándose gracias a las porras de la policía y a los mazazos judiciales, el de Casado es uno de esos discursos que echan gasolina al fuego: no va a sumar ni un solo apoyo al constitucionalismo pero cada vez que abre la boca nace un nuevo independentista catalán. En ocasiones, incluso por debajo de la línea del Ebro. El catalanismo nunca se lo agradecerá bastante.

https://blogs.publico.es/davidtorres/2021/06/22/los-indultos-de-la-discordia/


Bajar la factura de la luz: ¿tocar los impuestos o algo más?

21/06/2021

Bajar el IVA o suspender de manera temporal el impuesto a la generación eléctrica como ya se hizo a finales de 2018. Son las dos principales medidas que está barajando el Gobierno para rebajar la subida de la luz. El precio de la electricidad no para de subir y puede provocar que la factura de la luz de junio sea la más cara de la historia en España.

Esta situación provoca el incumplimiento del artículo 3.2. del acuerdo firmado por PSOE y Unidas Podemos en 2019 para formar gobierno. En él, se recogía explícitamente la obligación de una “reforma del mercado eléctrico” y la “bajada de la factura” para los consumidores con el objetivo de hacer “el sistema más justo socialmente”.

Dentro de este punto se incluía la realización de los cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico “para acabar con la sobrerretribución (conocida como “beneficios caídos del cielo”) que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías”. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado esta semana que el Ejecutivo está “estudiando” aprobar por decreto este mecanismo, que supondría una reducción de los ingresos de las grandes compañías de unos 1.000 millones de euros anuales.

De manera paralela, la reducción o suspensión de algunos impuestos también está sobre la mesa. El propio Garzón se ha mostrado partidario de una “reducción posible, hipotética, del 21% al 10%” de IVA. La medida ha sido bien acogida desde la organización de consumidores Facua, que lleva proponiendo esta bajada desde hace años: “Si tomamos los datos del usuario medio en los últimos seis meses, una persona se podría ahorrar cada año algo más de 81 euros, que es un ahorro significativo”, explica el secretario general de la organización, Rubén Sánchez. Por el contrario, no cree que suspender de manera temporal el impuesto a la generación eléctrica sea una buena medida, ya que “representa en la factura poco más de lo que cuesta un café”.

Para Laura Feijoo, del departamento técnico de Ecooo Rvolución Solar, retocar el IVA debe ser parte “de una remodelación integral del sistema fiscal por uno con mayor carácter progresivo”. Por ello, pide que la medida se acompañe de otras muchas con el objetivo de que no se interprete por parte de la ciudadanía “que el problema de que el recibo de la luz es caro en España es por culpa de los impuestos”. En el caso del el impuesto a la generación eléctrica, Feijoo opina que su supresión debería acompañarse de “mecanismos que obligaran a las compañías a repercutirlo en el importe a pagar por el consumidor”.

El profesor y director de Economics for Energy Pedro Linares explica que, “evidentemente, bajar los impuestos abarata la factura, pero lo hace a costa de una pérdida de recaudación”. Un problema que, según Rubén Sánchez, se podría solucionar a través del aumento de los impuestos directos a grandes rentas y a empresas con grandes beneficios. A pesar de ello, el profesor Linares defiende que la reducción o eliminación de determinados tributos es injusta socialmente: “Los bajas para todos y quien más se beneficia es quien más consume. Para mucha gente, la factura es un tema menor en su presupuesto”, sostiene.

Álvaro del Río conoce bien el sistema desde dentro, ya que fue director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) entre 1983 y 1989. Opina que es “trágico” que la acción del Ministerio de Transición Ecológica sea reducir los ingresos del Estado mientras se apoyan los beneficios “abusivos” de las grandes empresas “ante la subida artificial de tarifas por la muy previsible manipulación oligopolista del mercado”. 

Tampoco cree que esta medida sea la solución el catedrático de Economía Aplicada de la UCM y autor de El oligopolio que domina el sistema eléctrico (Akal), Enrique Palazuelos. Aunque defiende que eliminar de manera temporal el impuesto a la generación eléctrica “es un buen remedio a corto plazo”, no ve aconsejable “improvisar sobre la marcha” con otros impuestos como el IVA:  “Reduciría bastante la previsión de los ingresos estatales y focalizaría el problema hacia donde no está la solución”, asegura. Para evitar esquilmar las arcas públicas, Álvaro del Río tiene claras las contramedidas: “Si se considera bajar el IVA, los impuestos sobre los salarios –disparatados en altos cargos– y los beneficios, debieran ser mucho mayores”, propone.

Los impuestos a nuestro alrededor

La carga impositiva en la factura de la luz es dispar en los Estados de nuestro entorno. “Países grandes como Italia o Reino Unido tienen tipos reducidos, pero lo más habitual es tener el tipo estándar como Alemania, Holanda o los países nórdicos”, explica el especialista en mercados energéticos y actual director general de Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana, Pedro Fresco. En el caso francés, por su parte, se aplica un IVA reducido a la parte fijo y el IVA estándar a la parte variable, una opción que Fresco considera “interesante” porque “no va contra las políticas de eficiencia energética pero, a la vez, convierte el suministro eléctrico en algo de baja fiscalidad”. 

Finalmente, Portugal adoptó el modelo francés hace dos años para los hogares con poca potencia contratada, llegando a conseguir que la Unión Europea le permita tener un IVA reducido para los primeros kWh consumidos y, una vez superado el límite, se aplica tasa estándar. En el acuerdo entre UP y PSOE se establece una modificación de la factura eléctrica para que “el coste a pagar por las personas consumidoras por los primeros Kw/h sea inferior a los siguientes, incentivando la eficiencia energética”. Según Rubén Sánchez, esta es una cuestión en la que también hay que “apretar”.

Más allá de la bajada de impuestos en la factura de la luz

Pero, sin tocar los impuestos, ¿es posible abaratar la factura de la luz con el marco regulatorio actual? Asume el profesor Pedro Linares que la reforma del sistema eléctrico “es complicada”, aunque defiende que desde el Ejecutivo se han ido tomando algunas medidas en esa dirección, los cuales no parecen haber dado sus frutos en el corto plazo. Cree, no obstante, que una de las formas a medio plazo de abaratar la generación es aumentar la cuota de renovables en el mix, cuyo precio es mucho menos volátil. Una opinión que también apoya Pedro Fresco: “Lo que tenemos que hacer es doblar esfuerzos en la instalación de energías renovables […]. A más renovable, electricidad más barata”.

Laura Feijoo apuesta por la “pedagogía” hacia la ciudadanía: “Una de las formas más eficientes y rápidas para bajar la factura de la luz es comprobar si nuestro término de potencia está bien contratado”, explica. Consciente de que el problema no puede dejarse únicamente de la mano del consumidor, cree que el Gobierno ya ha comenzado a dar pasos “con bastante valentía” en temas como la eliminación de los beneficios caídos del cielo” o la implementación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), “que pretende sacar de la factura de la luz el coste de las primas a las energías renovables que asumirán principalmente las grandes compañías petroleras”. Todo ello, según Feijoo, debe acompañarse del “control, análisis e investigación de las grandes compañías del oligopolio que en un sistema eléctrico como el español pueden tener capacidad de manipulación de los precios”.

El bono social es una prioridad para Facua. Piden que suponga un descuento de al menos el 50% en las facturas de luz, gas y agua para aquellas familias que sean consideradas vulnerables. Para las familias cuyos ingresos no superen un salario mínimo, Facua pide que sean consideradas en riesgo de exclusión social y que el descuento llegue al 70%, el cual se verá incrementado en función del número de hijos, dependientes, con discapacidad o mayores de 65 años que formen parte de la unidad familiar.

En el corto plazo, el catedrático Enrique Palazuelos no cree que el Gobierno disponga de más opciones que retocar los tributos y acabar con la sobrerretribución, es decir, con los beneficios caídos del cielo. En el medio plazo, apunta hacia tres principales problemas estructurales: “El pésimo funcionamiento del mercado mayorista-marginalista; las sobrerretribuciones que siguen recibiendo los peajes […] y los problemas derivados de cómo han decidido la CNMC y el Gobierno reajustar su pago entre los consumidores”. Ante ello, en el plazo máximo de un año, defiende que el Ministerio de Transición Ecológica debería negocia estos cambios con las empresas del  oligopolio “instándoles a reconocer el derecho de los poderes públicos a llevar a cabo reformas profundas en un sector estratégico”.


El fascismo español dejó a sus nietos en Lima. Gabriela Wiener

18/06/2021

Este martes se terminaron de contar las actas electorales y Pedro Castillo se convirtió así en virtual presidente del Perú, un profe rural, marrón, campesino y rondero de ideas de izquierda, la pesadilla de los fascistas y racistas de Occidente. Casi al mismo tiempo una tuitera de la ultraderecha local compartía un video de Abascal, celebrando que Vox estuviera en pie de lucha contra el comunismo y que presentara un proyecto para investigar las elecciones peruanas. “No estamos solos. Ésta la peleamos todos”, escribió aliviada.

En realidad, el video de marras no contenía ninguna alusión al Perú pero sí anunciaba el último delirio de la extrema derecha española. Le llaman “reacción europea ante la amenaza comunista en la Iberosfera” y se propone más o menos como una instancia de coordinación para lograr influencia e intervención sobre los procesos políticos de América Latina, que consideran feudos de “propaganda socialista e indigenista”.

Como cuando cabalgaban hasta Ceuta para sofocar una invasión de niños, la siguiente audacia de los ultras es la reconquista de sus viejas colonias, el retorno del imperialismo español en complicidad con las mismas élites criollas que marcharon esta semana por las calles de Lima con la bandera de la cruz de Borgoña, el estandarte virreinal de las colonias. El fascismo español dejó a sus nietos a cargo y siguen haciendo de las suyas en pos de su arcaica utopía.

El escenario dantesco que se alistan para enfrentar los barbados cruzados de la derecha en el siglo XXI es uno en que las izquierdas latinoamericanas han cosechado importantes triunfos: Bolivia, Argentina, Chile, Perú y se viene en cualquier momento Colombia. Para estos conquistadores modernos la situación no deviene de la excluyente, elitista, represiva y salvajemente corrupta gestión de los gobiernos neoliberales de las últimas décadas –líbralos señor de hacerse una autocrítica–, sino con un plan maestro de Lula, Maduro y Pablo Iglesias.

Por supuesto, lo que les preocupa es a manos de quién se van a ir ahora las riquezas minerales, porque son tan ultranacionalcatólicos como ultraliberales en lo económico. Al brazo político e ideológico de las multinacionales españolas les preocupa que un presidente como Castillo les otorgue participación real en las decisiones sobre sus territorios a las comunidades indígenas, cuyas reivindicaciones llevan años siendo reprimidas, y sus líderes encarcelados y asesinados. Castillo ha prometido “una segunda reforma agraria”.

En el cartel del ‘Foro Iberoamericano: Desafíos de la Igualdad’, un evento con motivo de la toma de mando del liberal ecuatoriano Guillermo Lasso –a la que también acudió Bolsonaro–, organizado por la Fundación Internacional para La Libertad que preside Vargas Llosa y auspiciado entre otros por Atlas Network, estaba la cara de Keiko Fujimori. Sonreía al lado de los rostros de Aznar, Ayuso, Casado y Duque. Eso nos da la medida del desplazamiento extremista de la derecha global mientras en su ofensiva usan y desdibujan nociones como ‘libertad’ y ‘democracia’. Está claro que lo harán a cualquier precio, renunciando a sus principios democráticos, tratando de hacernos pasar gato por liebre, limpiando a los peores elementos y los peores regímenes con tal de evitar un cambio de modelo económico.

La derrotada de las últimas elecciones presidenciales peruanas que a esta hora sigue gritando “fraude” se ha ganado con creces su lugar de honor en esa pléyade. La imputada por corrupción de ideario autoritario, quien hoy se pregona como la salvadora de la plaga comunista, ha incumplido todos sus juramentos democráticos y nos ha puesto al borde del golpe de Estado. Sus seguidores, en su enorme mayoría urbanos y residentes en Lima, y de las clases medias y altas, dejaron muchas imágenes en su marcha por la ciudad clamando por la nulidad del voto y la ciudadanía indígena, la causa de que hayan perdido la elección, al estilo de las elites bolivianas. Pero hay una imagen que representa a la perfección la violencia de clase y el racismo de mi país: la foto de una manifestante que vuelve de la lucha seguida de una trabajadora del hogar, su servicio doméstico, quien carga con la reivindicativa pancarta de la exhausta señora. Como escribió el periodista Marco Avilés, Castillo podrá vencer a la derecha pero no a su racismo. O a lo mejor sí.

Hablo de las élites blancas y criollas cómplices como las que representa el influencer Vargas Llosa, quien en una reciente entrevista como parte de su gesta a favor de Fujimori atribuía a Pedro Castillo una “incultura gigantesca” y menospreciaba a sus votantes comparándolos con los de la ciudad, “mucho más informados que el resto del país”.

En las redes la escindida realidad peruana ha quedado representada en una frase que da cuenta de cómo ha resuelto el ingenio popular esa polarización: “No más Vargas Llosa en un país de José María Arguedas”. El autor de ‘Los ríos profundos’, quizá la mejor novela peruana de la historia, es el amante del mundo andino y difusor de su cultura y espiritualidad, frente a Vargas Llosa, que siempre ha visto en lo indígena el atraso y la barbarie. Los nuevos tiempos reclaman otros escritores/as insignia, otros intelectuales, más justos y revolucionarios.

https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/fascismo-espanol-dejo-nietos-lima_129_8045571.html


Transición 2.0 (21), por un Proceso Constituyente. Víctor Arrogante

16/06/2021
Franco y Juan Carlos

Mucho se ha escrito sobre la Transición; también sobre las elecciones del 15 de Junio de 1977 y el referéndum de 1976, con el que comienza todo tras la muerte del dictador. Se dice de la Transición que fue el proceso que llevó a España desde la dictadura a la democracia, con ella quedaba atrás un régimen sin derechos y represión de las libertades. Comenzaba un modelo de Estado social y Democrático de Derecho, con el mercado como expresión de lo económico. Pero ni todo fue como nos decían que era ni mucho menos como ahora algunos pretenden que fuera. Después de cuarenta y cinco años, es necesario avanzar hacia otro modelo, abriendo un Proceso Constituyente. 

Con la llamada Transición se pasaba de la dictadura del general Franco −que duró treinta y seis años−, a la monarquía de Juan Carlos, capitán general de los ejércitos, que sigue vigente. Desde el derrocamiento de la República, los españoles no hemos dejado de estar gobernados por militares. Demos tiempo al tiempo, pero mucho me temo que todo seguirá siendo igual si no se abre un Proceso Constituyente, que legitime un nuevo modelo de Estado para la convivencia del futuro; libre de ataduras y controlado por la ciudadanía crítica, responsable y participativa. 

Fui testigo, y de alguna forma protagonista (fui candidato a diputado en las primeras elecciones) de la Transición que comenzaba. No puedo arrepentirme de lo que hice convencido, pero visto en perspectiva histórica y con lo visto y aprendido, soy crítico con los resultados de todo aquello. En su forma fue un pacto desde el franquismo hacia la democracia, aunque no todos los que participaron fueran demócratas. La oposición al régimen no pidió que se dirimieran responsabilidades por los crímenes cometidos, por los derechos pisoteados durante la dictadura, ni por el origen del régimen que terminaba; y no hablamos de la guerra, sino de la represión y muertes producidas durante la dictadura. Los responsables y autores, asesinos, siguieron en la calle formando parte del tejido social. Sobre esos rescoldos se fundó la democracia. 

En 1975 murió Franco y supuestamente quedaba atrás un régimen sin derechos, de represión de las libertades y de persecución de todo cuanto no fuese fidelidad a lo que llamaban principios del movimiento nacional, jurados por el entonces príncipe de España Juan Carlos de Borbón −heredero de Franco a título de rey−. El régimen dictador se estableció, después de un golpe de Estado contra la democracia, una guerra y una rígida dictadura que duró hasta 1978; después la estructura de poder quedó intacta y nunca se produjo una auténtica ruptura. La llamada oposición democrática que pedía ruptura, se conformó con la reforma; y quienes querían reforma, retornaron a sus cavernas. La policía, los jueces y militares, pilares de la represión, continuaron en sus puestos. Viendo aquellos acontecimientos, lejanos ya en la memoria, llego a pensar que los miembros de la oposición al régimen, fueron tan solo invitados en el proceso; y los propios franquistas, quienes diseñaron el cambio, para que poco o nada cambiara. Los ciudadanos fuimos espectadores de una película en blanco y negro sin subtítulos. 

En el proceso hacia la democracia la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, estuvo cerca. Podríamos afirmar que la Transición se diseñó en un despacho desde Langley, dice Alfredo Grimaldos en su libro Claves de la Transición 1973-1986 para adultos. El franquismo no es una dictadura que finaliza con el dictador, sino una estructura de poder específica que integra a la nueva monarquía. Fueron los propios franquistas quienes diseñan el cambio, repartiéndose los papeles en la obra que ellos mismos dirigen. Hoy conocemos que Juan Carlos, se hizo confidente de la Casa Blanca y se convirtió en su gran apuesta para controlar España. 

Las elecciones generales del 15J, fueron democráticas en cuanto que se desarrollaron en un nuevo clima, tras el referéndum del 15 de diciembre de 1976, en el que se preguntaba: ¿Aprueba el Proyecto de Ley para la Reforma Política?. El 94,17% de los votantes (del 77,8% de los votos contabilizados) dijo sí. El censo estaba constituido por 22.644.290 de electores. (Votantes: 17.599.562. A favor: 16.573.180. En contra 450.102. En blanco: 523.457. Nulos: 52.823). 

La Transición fue una ley de punto final. No solo impidió juzgar y castigar a los culpables, autores y defensores de la dictadura y su represión, sino que hoy sigue impidiendo investigar los casos de los miles de desaparecidos y enterrados en las cunetas de nuestros caminos y carreteras. La Transición puso como jefe de Estado a un rey, que durante veinte años apoyó voluntariamente a Franco que lo nombró como sucesor; que nunca renegó del juramento a los principios generales del movimiento, ni denunciado las penas de muerte que su protector firmó hasta el final de sus días. Fue una reforma sin ruptura, construida sobre el poder franquista intacto. Hubo un gran debate en las alturas sobre ruptura o reforma, pero al final, quienes defendían la ruptura reformaron y los reformistas retornaron al lugar de donde venían. 

Ya conocemos que Adolfo Suárez, no convocó un referéndum sobre Monarquía o República por miedo a que perdiera la monarquía, como vaticinaban los sondeos confidenciales realizados por el Gobierno. “Haciamos encuestas y perdíamos”. Suárez reconoce las presiones internacionales que recibió para realizar un referéndum sobre la Corona. La solución torticera que dio Suárez, fue colar la palabra Rey en la Ley para la Reforma Política y así demostró que había sido sometido a referéndum. 

Decir que durante este tiempo nada ha cambiado, sería cuanto menos incierto. La foto fija de la época, muestra una sociedad empobrecida y triste, en donde la miseria era lo normal entre la población que no estuviera cerca del poder. Todo quedó atado y bien atado y hoy sufrimos las consecuencias de aquel consenso que no puede durar eternamente. La falta de transparencia, la opacidad, la supuesta fortuna oculta de la monarquía, las presiones internacionales o quizás por todo, muestran que el régimen ha muerto, salvo para quienes viven de él. 

El resultado de las elecciones del 15J fue ilustrativo de lo que sucedía. Lo que no habían previsto los diseñadores del proceso, lo corrigió la ley D’hondt. Se presentaron más de ochenta partidos o agrupaciones electorales. Hubo un 21,17% de abstención y consiguieron escaño doce candidaturas. Ganó Adolfo Suárez, como heredero del régimen, con su UCD (6.310.691 votos y 166 escaños), seguido por el PSOE (5.371.866 y 118 escaños). El PCE, con Santiago Carrillo, consiguió ser la tercera fuerza política (1.709.890 y 19 diputados), seguido por el AP de Fraga (1.504771 y 16 escaños). Daba comienzo la etapa democrática y sin anunciarlo unas Cortes constituyentes. 

En 1978 nos metieron el miedo en el cuerpo, con los fantasmas de la involución, doblegando nuestras ansias de libertad: Si no votas la Constitución que proponemos, volverán a sacar los tanques a la calle y darán un golpe de Estado; lo dieron cinco años después. La mayoría, formándonos como ciudadanos, dejando de ser súbditos, votamos sí. Se nos coló la monarquía de rondón, que es lo que pretendían. Hoy, cuando algunos pedimos que se abra un Proceso Constituyente, tras tantos años de supuesta estabilidad, se nos reprocha: ¿si no queríais la monarquía, por qué la votasteis en 1978?; la pescadilla manipuladora que pretenden que nos mordamos la cola. 

En mi memoria la cita solemne del actual rey jefe del Estado: “En una España unida y diversa cabemos todos”. Y no es así. Mientras la pronunciaba, la policía del régimen, ejercía la represión contra los derechos fundamentales de libertad de expresión y manifestación y contra quienes, legítimamente, reclamaban, de forma pacífica, una Republica. Los republicanos no cabemos ni todos somos iguales. El primer acto público de los reyes, fue recibir a las asociaciones de víctimas del terrorismo y ahora lo han repetido en Vitoria, olvidando a las víctimas del franquismo, que piden justicia, reparación, reconocimiento, respeto y la consideración de las instituciones. 

El régimen que trajo la Transición ha fracasado. La Constitución está obsoleta y no resuelve ninguno de los problemas históricos de España. La mayoría social está dando la espalda a la clase política a las instituciones y a la Constitución, porque sus principios y valores se quedan en meras declaraciones sin contenido; sus preceptos no se cumplen o se interpretan de forma restrictiva, limitando derechos fundamentales, eliminando los sociales y entorpeciendo el ejercicio de las libertades públicas. 

Es hora del establecimiento de un verdadero Estado social y democrático de Derecho», que propugne como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (del artículo 1.1 CE). Un nuevo modelo más democrático y participativo, en el que la igualdad y la justicia social sean sus principales baluartes. Defiendo el derecho a decidir, por lo que hay que introducir los mecanismos que permitan realizar consultas sobre asuntos de especial trascendencia. 

La República es el mejor sistema político. Una República inspirada en los principios republicanos de igualdad ante la ley, laico, que va más allá de la separación entre la iglesia y el Estado, y la elección y movilidad de todos los cargos públicos, incluido el jefe del Estado, con ciudadanos críticos y responsables, que no se conformen con ir a votar cada cuatro años, que no vayan a remolque de lo que se les ofrece, si no que reclamen su papel soberano en una verdadera democracia participativa. 

No proceden nuevos pactos de Estado, ni consensos sagrados que nos lleven a otras transiciones, para el mantenimiento de privilegios y prebendas.. Con aquellos mimbres estamos inmersos en este cesto. Todo debe pasar por un Proceso Constituyente, que establezca un nuevo modelo, con la máxima participación social y control ciudadano. Hay que resetear el Sistema.

Víctor Arrogante, profesor y analista político, colabora en Eco Republicano desde 2013

https://www.ecorepublicano.es/2021/06/franquismo-transicion-proceso-constituyente.html


Las ‘malas mujeres’ para el franquismo: un estudio documenta al menos 800 represaliadas en Córdoba tras la Guerra Civil

14/06/2021
Mujeres rapadas en Montilla y obligadas a hacer el saludo fascista, en una imagen localidad por Arcángel Bedmar

Los perdedores de la Guerra Civil, aquellos que combatieron en el bando republicano, que se significaron políticamente durante los años anteriores o que simplemente no eran afectos al nuevo régimen, sufrieron una terrible represión física, moral y económica que está ampliamente documentada. La mayor parte de la historiografía ha centrado su trabajo en sus protagonistas, en su inmensa mayoría hombres. Pero la represión aplicó un castigo especial a las mujeres, que condicionaban una doble discriminación: “rojas” y mujeres. La historia no les ha prestado tanta atención como a los hombres. De hecho, su represión no está tan documentada. Muchas ni siquiera pasaron por consejo de guerra y otras eran abusadas o violadas, delitos que no dejaban huella penal y en la mayoría de las ocasiones ni siquiera un testimonio oral.

Una historiadora cordobesa, Carmen Jiménez Aguilera, ha documentado ampliamente cómo fue la represión hacia estas “malas mujeres” en la provincia de Córdoba, donde ha logrado identificar al menos 800 casos, pero reconoce que son “muchos más” por la falta de huella documental. Aguilera comenzó a investigar la represión económica con una beca en el departamento del profesor Antonio Barragán, en la Universidad de Córdoba. “Ahí empecé ahí a acercarme a las mujeres”, explica. “Pero esto es un atisbo. Es ingente”, detalla.

“Las mujeres como objeto de estudio en la represión no se había tratado nunca”, solo “de forma anecdótica, alguna mujer dirigente, la excepción”, relata, al tiempo que concreta que “la represión femenina es igual que la de los hombres” pero con algunas diferencias: “se juzga a mujeres en Consejos de Guerra que ni siquiera han cogido un arma, anteponiendo la jurisdicción militar por encima de la civil”.

“Es una cantidad enorme de mujeres represaliadas”, ha llegado a documentar Carmen Jiménez Aguilera, que cifra al menos en 800 de la capital y de la provincia. “Desde que se crea el Consejo de Guerra permanente de Córdoba en marzo de 1937 se juzga a hombres pero también a mujeres”, detalla. Algunas han sido destacadas militantes de la izquierda o del feminismo. Otras simplemente rompían con los esquemas de lo que para los golpistas deberían ser una buena mujer. Y otras eran familiares de republicanos, habían actuado con humanidad o simplemente prestaban ayuda a la guerrilla o a los defensores de la República.

“Se emplea sobre ellas una violencia igual en lo esencial a la de los hombres, pero distinta en su aplicación y su fin. Las técnicas propias de la represión femenina, de la violencia de género, se harán patente durante estos años del franquismo, ya sea a través del escarnio público (aceite de ricino y posterior paseo por el pueblo), o con toda una retahíla de delitos tipificados como propiamente femeninos por el nuevo Estado”, detalla Carmen Aguilera en su estudio, titulado Las pasionarias de Córdoba. Mujer y represión 1936-1945.

La “represión física” en Córdoba capital comienza prácticamente el 18 de julio de 1936. Jiménez Aguilera ha documentado la cantidad de mujeres fusiladas y enterradas en las fosas comunes de los dos cementerios de la ciudad, la Salud y San Rafael. “Se ha hablado de la eliminación de las mujeres y el fusilamiento por su relación con familiares, pero hay otras a las que se las coge por ser ellas mismas”, explica. De hecho, ha documentado el testimonio de la nieta de una mujer enterrada en la Salud. “A su abuela la cogieron por vender prensa comunista. Las cogen por lo que ellas mismas representan”, explica. 

La provincia de Córdoba estuvo partida por la mitad durante la Guerra Civil. Especialmente el norte se mantuvo dentro de la legalidad republicana. La capital, al principio, y muchos pueblos del sur fueron cayendo uno tras otro durante los primeros meses de la guerra. Eso hace que la represión sea distinta. Durante el conocido como “verano caliente”, se fusila de una manera sistemática a todas las personas no afines al nuevo régimen. Carmen Jiménez detalla que a partir de 1939, cuando cae el norte de Córdoba, las mujeres son represaliadas a través de consejos de guerra.

El origen está en muchas ocasiones en cómo la mujer, durante los años previos a la guerra pero especialmente durante la II República, empieza a ser un objeto activo de la vida pública y la política. En 1934 se aprueba el voto femenino. Aunque antes ya había muchas mujeres movilizadas políticamente y que luchaban por sus derechos, es a partir de 1934 cuando incluso la prensa comienza a dirigirse a ellas. “Es el germen, ese año, del grupo de Mujeres Antifascistas”, explica.

De hecho, “en Córdoba tenemos a la primera concejala, Antonia Fernández Serván, del Frente Popular. Formó gobierno con el alcalde socialista Manuel Sánchez Badajoz. Fue comunista”, explica Jiménez, quién ha rescatado su historia, absolutamente olvidada en el Ayuntamiento de Córdoba. En su toma de posesión, el propio Sánchez Badajoz “cambia el discurso y comienza diciendo mujeres cordobesas. La mujer ya había entrado de lleno en la política”.

Este grupo de Mujeres Antifascistas va a tener participación muy importante en la Guerra Civil. “Se consolidan como una de las principales asociaciones en el norte de Córdoba. Organizan la retaguardia. Refugiados que llegan a miles a la zona norte de Córdoba. Son ellas las que organizan con el Socorro Rojo”, explica Jiménez. Antonia Fernández no llegó a ser represaliada. Logró huir de Córdoba con su marido, el también concejal Aurelio Serván. Y no volvieron.

La primera concejala en el Ayuntamiento de Córdoba

Otra mujer muy politizada es Encarnación Juárez Ortiz, que se fue a la zona de Jaén. “Luchó durante toda la guerra. Fue detenida, pasó por Consejo de Guerra, le echaron 20 años y una vez que salió de la cárcel” volvió a militar en la clandestinidad en el PCE. Pero al final del franquismo volvió a ser detenida al caer en una redada. Eso demuestra cómo la represión a las mujeres también se alargó hasta prácticamente el final del franquismo.

El trabajo de estas mujeres en el norte de Córdoba es clave, algo que Jiménez ha estudiado con Manuel Vacas Dueñas en Mujer y represión en el norte de Córdoba. “También hubo mujeres milicianas en el norte de Córdoba. La prensa se hace eco y vemos muchas fotos de mujeres en el frente de Córdoba. En los consejos de guerra se les acusa de ser milicianas. Se le acusa de haber hecho guardias con los presos de derechas. De haberlos insultado, un delito típicamente femenino” como lo consideraba el franquismo, explica la investigadora de la Universidad de Córdoba.

Durante el “verano caliente” se documenta el fusilamiento de unas 300 mujeres. Pero Jiménez cree que son muchas más “de las que no se tiene registro”. Hay algunas que aparecen en los cementerios simplemente con su mote. El bando de guerra se aplica por igual en muchos municipios de la provincia que van cayendo en manos de los golpistas. “La orden es exterminar todo abismo de oposición”, relata.

Estas mujeres “no entraban en los cánones de los golpistas”. Eran “malas mujeres”. Muchas ejercían como comadronas. De hecho, hay un grupo importante de parteras a las que se liquida. También muchas profesoras, esa impresionante labor pedagógica que intentó la II República para alfabetizar a la población. En una aldea de Belmez por ejemplo se represalia a una profesora que había llegado de Burgos, a la que despojan de su profesión, que no puede volver a ejercer. “No perdieron la vida pero la separaron de su carrera de Magisterio”. 

“La represión no solo se quedó en la eliminación física”, explica la investigadora. “El estigma de la mujer roja que era lo peor de lo peor en el pueblo”, por ejemplo. A muchas se las rapa, se les da aceite de ricino y se les pasea por las calles para que se hagan sus necesidades encima, como la imagen que recientemente publicó el investigador Arcángel Bedmar de mujeres en Montilla. A otras se les separaba de sus hijos.

Las “mujeres rojas”

Las “mujeres rojas” de los pueblos “sufrieron doblemente, atendían a la familia y al marido preso. Esa represión no es cuantificable. ¿Cuántas mujeres de presos, o hijas de presos hubo? ¿O la violencia sexual? Las mujeres se avergonzaban de contarlo”, explica. 

“O el testimonio de una mujer de Villanueva de Córdoba, esposa del guerrillero el Perica. La cogieron presa y se la llevaron al cuartelillo. Estaba embarazada y le pegaron una paliza, la torturaron, se la llevan de madrugada al cementerio y simulan que la fusilan”, relata. 

Aunque pasó el verano caliente, los fusilamientos a mujeres llegan incluso al final de la guerra. Es el caso de Pozoblanco, un 23 de marzo de 1939. “Resiste hasta el final una mujer que antes de fusilarla es paseada” rapada y con aceite de ricino. “Su padre vendía prensa roja. Era un quiosquero”. Ese era su delito.

También hay muchas reprimidas por dar apoyo a los maquis. “Es el caso de la partida de Los Juubiles”, una famosa partida de Montoro, Bujalance y Adamuz. A las mujeres que los apoyan también las condenan e incluso reciben su apodo, “Las Jubilas”.

“Pero la mujer entró en política para quedarse”, concluye Carmen Jiménez. A pesar de la terrible represión sufrida, muchas de las que sobrevivieron se volvieron a organizar, incluso en la clandestinidad. Y poco a poco fueron recuperando derechos.

https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/malas-mujeres-franquismo-estudio-documenta-800-represaliadas-cordoba-guerra-civil_1_8032043.html



Niños como arma. La Eurocámara acusa a Marruecos de usar a los menores migrantes para ejercer presión política. Luna Izquierdo

11/06/2021

El Parlamento Europeo tiene previsto aprobar este jueves una resolución en la que eleva el tono contra el gobierno de Marruecos y le acusa abiertamente de usar a los migrantes, sobre todo a menores no acompañados, como arma de «presión política» contra un Estado miembro, España.

La «Resolución del Parlamento Europeo sobre el incumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la utilización de menores por parte de las autoridades marroquíes en la crisis migratoria de Ceuta», promovida por el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas, cuenta con el apoyo de los principales grupos políticos de la Eurocámara: populares, socialistas, liberales y verdes europeos.

El presidente de la comisión parlamentaria mixta Marruecos-UE, Chaoui Belassal, ha escrito una carta al presidente de la Eurocámara, David Sassoli, y a un gran número de parlamentarios en la que señala que «los intentos de España de implicar a la UE en un conflicto bilateral, explotando la cuestión de la migración, amenazan con poner en peligro no sólo nuestra larga tradición de cooperación, sino también nuestros compromisos comunes y la cooperación mutuamente beneficiosa de Marruecos con los países europeos y la UE».

Rabat ha amenazado a la Unión Europea de que los compromisos y la cooperación bilateral están en entredicho, si el pleno de la Eurocámara vota una resolución de condena por la utilización de menores de edad en la crisis migratoria en Ceuta como arma política para presionar y chantajer a a España.

En su carta de aviso, el representante marroquí sostiene que «el borrador de resolución es una huida de la realidad de los auténticos problemas, que tienen que ver precisamente con la acogida y hospitalización del jefe del Polisario con una identidad falsa y un falso-auténtico pasaporte diplomático argelino pretextando motivos humanitarios dudosos».

Además, la resolución de la Eurocámara «es una maniobra dirigida a ocultar la realidad de la disputa entre Marruecos y España, que ha buscado desde el principio implicar a los países de la UE en este problema», a juicio de Rabat.

La carta de Belassal finaliza: «Contamos con su comprensión y con la de todos sus colegas europeos para detener estas maniobras, que tienden a dañar la dinámica positiva que caracteriza a las relacones entre Marruecos y la UE (…) Le pedimos que no suscriba el intento de España de instrumentalizar a Europa en apoyo de una agenda bilateral y con el objetivo de persistir en su rechazo de asumir su responsabilidad histórica hacia Marruecos, incluso si eso significa jugarse su credibilidad».

Los autores del proyecto de resolución no creen en las posibilidades de Marruecos de evitar la condena de los eurodiputados. El Grupo Renew Europe tiene 98 escaños en el Parlamento Europeo de un total de 705.


80 años desde Damasco. Miguel Ángel Fernández

09/06/2021
Red República 3 🟥🟨🟪 on Twitter: "Se cumplen 80 años de la Batalla de  Damasco. Allí, miles de exiliados republicanos se entregaron en la II  Guerra Mundial a la pelea por la

A principios de junio de 1941 comienza la operación Exporter con la que las tropas franco-británicas entran en Siria y Líbano para evitar que se convierta en trampolín del ejército alemán -el gobierno colaboracionista de Vichy ha cedido a Hitler sus bases en el protectorado-.

En el contingente de las fuerzas de la Francia Libre se encuentra la 13ª Demi-Brigade de la Legión Extranjera. Está compuesta, en gran medida, por excombatientes republicanos españoles que, en medio de un combate encarnizado, intentan abrir brecha hacia Damasco. Mezclados con el ruido de las bombas, a ambos lados del frente resuenan insultos, gritos de dolor y exclamaciones en un familiar castellano; también en otras lenguas de la piel de toro. Provienen de españoles que, tan solo dos años antes, han peleado en el mismo bando durante la Guerra Civil e incluso han compartido trinchera -también ideológica-, y ahora se enfrentan a muerte en tierras de Oriente Próximo. Una maldita paradoja que solo se puede explicar volviendo al final de la contienda española:

Tras la retirada hacia la frontera francesa de principios de 1939, decenas de miles de republicanos quedan amontonados en las playas de Argèles, Barcarès y otrasque pronto se convertirán en campos de internamiento en condiciones humillantes, sometidos al hambre, y a una severísima disciplina. Ante el hacinamiento y el peligro que supone tal contingente de refugiados, las autoridades francesas optan por medidas con las que paliar una situación que se torna explosiva por momentos. Por un lado, estímulos para regresar a España; por otro, facilidades para alistarse en la Legión Extranjera y aumentar así el contingente militar ante la perspectiva de una guerra con Alemania que se intuye próxima.

Frente a la evidencia de que la vuelta a España supone indefectiblemente la represión e incluso la muerte para muchos republicanos, una cantidad nada desdeñable opta por alistarse a la Legión, especialmente quienes se encuentran sin familia en Francia, llegando a alcanzar un volumen que Joaquín Mañes, autor del libro Españoles en la Legión Extranjera, cifra en algo más de un cuarto del total de efectivos a inicio de la Segunda Guerra Mundial.

El paso que van a dar no se encuentra exento de dificultades: la mentalidad de los españoles, que viene de una experiencia militar muy diferente, -especialmente en el caso de los cenetistas, más milicianos que militares-, chocará con la brutal disciplina legionaria. Tampoco los mandos militares franceses confían demasiado en esa patulea de españoles “anarquistas y comunistas”, cuya actitud les resulta claramente indeseable.

En todo caso, pronto se organizan en Francia los 21º, 22º y 23º RMVE (Regimientos de Marcha de Voluntarios Extranjeros) con exiliados de diferente procedencia: el segundo, compuesto en su mayoría por españoles y el tercero en su totalidad, según menciona el historiador Pons Prades en su fundamental Republicanos españoles en la Segunda Guerra Mundial. Y una situación similar se da en el norte de África, donde miles de refugiados acuden al cuartel de la Legión en Sidi Bel-Abbes, de los cuales cerca de 2.000 son españoles, que entrarán a formar parte de los RMVE 10º al 15º.

De ellos, el 11º, compuesto básicamente por españoles al mando del general Noker, embarcará en abril de 1940 y, previo paso por Francia, acabará destinado a la base de Baalbek en el Líbano, a escasos kilómetros de la frontera con Siria y a unos 80 km al norte de Damasco. Entre ellos va José Millán Vicente con el afán de poner tierra por medio de una Europa que “intuía acabaría sumida en el desastre”… pero a quien el conflicto alcanzará de manera inexorable pocos meses después.

Los “noruegos”

En paralelo, y ya comenzada la contienda, se organiza urgentemente la 13.ª Media Brigada de la Legión Extranjera (13.ª DBLE) con unos efectivos de 2.300 hombres. Según distintas fuentes, entre el 25 y el 45% de ellos son españoles. La unidad pronto marchará hacia Noruega como parte de una expedición aliada con el objetivo de desembarcar en el puerto de Narvik, ocupado ya por los nazis, y cortar el suministro del esencial hierro sueco que llega a través de la línea férrea conocida como “ruta del hierro”, antes de ser enviado a Alemania.

A mediados de abril de 1940 el contingente aliado batalla ya en una cruda campaña militar que va a hacer cambiar la concepción que los mandos franceses tienen hasta ese momento de los voluntarios republicanos. En palabras del capitán sanitario Lapie, recogidas por Pons Prades: “Los españoles encontraron sobre esas abruptas pendientes la dureza de sus sierras. Saltaban como gatos salvajes y no se fatigaban jamás. Los oficiales, que habían estado reticentes sobre la acogida de la Legión a los republicanos (…), estaban felices de reconocer su valor en combate”.

Pese a los encarnizados enfrentamientos, las fuerzas aliadas van progresando sobre la complicada orografía de los fiordos noruegos, y después de haber liberado el puerto y sus alrededores, empujan a los nazis hasta la frontera con Suecia. Pero, cuando todo parece decidido, las preocupantes noticias que llegan de Francia, siendo aplastada por la maquinaria bélica de Hitler, provoca la retirada urgente del cuerpo expedicionario el 2 de junio, dejando atrás la que puede considerarse la única victoria aliada en el aciago periodo 1939-1940.

La llegada de los legionarios a suelo francés se produce con el gobierno a punto de capitular, por lo que, embarcados nuevamente hacia Gran Bretaña, quedan acantonados en Trentham Park, donde se dará una rocambolesca situación que ofrece  pistas de lo que va a suceder más tarde en Siria: por allí aparece un general casi desconocido hasta entonces, Charles De Gaulle, que hace un llamamiento a los legionarios para sumarse a las Fuerzas Francesas Libres que está reorganizando con el fin de proseguir el combate contra los nazis. La situación es confusa, Gran Bretaña está noqueada y Churchill todavía no ha dado apoyo al francés, así que no es extraño que, días después de la alocución, también visiten el campamento dos coroneles de la War Office que les advierten de que, en caso de que opten por luchar al lado de De Gaulle, ello significaría un grave acto de rebeldía contra el actual gobierno de Francia.

En esa tesitura, se produce una fuerte controversia y unos 600 oficiales y legionarios, fieles al gobierno colaboracionista francés, son embarcados rumbo a suelo galo. Mientras, otros 900 legionarios, de los que 600 son españoles, deciden seguir a las fuerzas de la Francia Libre de De Gaulle. Por si la situación no fuera lo suficientemente caótica, un grupo de 300 legionarios españoles se amotina ante los rumores de que podrían ser devueltos a las autoridades franquistas una vez disuelta la Legión. Más tarde, estos españoles formarían una compañía de pioneros del ejército británico, la Number One Spanish Companypero eso forma parte ya de otra historia.

Siria y Líbano, lucha fraticida entre compañeros

Al otro lado del canal de La Mancha, los españoles que se encuentran enrolados en el ejército francés son desmovilizados tras el armisticio, pasando a formar Compañías de Trabajadores -destinadas básicamente a trabajos de fortificación y obras públicas- que, junto a los legionarios de los regimientos de marcha que han vuelto a Francia, son reorganizados con el 6º Regimiento de la Legión Extranjera, y destinados a los protectorados franceses del Levante en Siria y Líbano, donde acabarán atrapados en una tela de araña al servicio del gobierno colaboracionista de Vichy. Es el caso de Enrique Marco Nadal, que tras haber escapado clandestinamente de España a finales de 1939, y tras su paso por la Legión, acabará dando con sus huesos en Siria trabajando en la construcción de fortines.

Por su parte, los que han decidido seguir a De Gaulle en Inglaterra integran el cuerpo expedicionario de la Francia Libre en el que se encuentra una reorganizada 13.ª DBLE que, tras un agitado periplo africano en el que combatirán por la liberación de Eritrea de la ocupación fascista italiana, es finalmente acantonada en Qastina. Cerca de Gaza, esperan una campaña con la que el ejército aliado busca evitar la apertura de un segundo frente contra las tropas que se encuentran peleando contra Rommel desde Egipto, o incluso taponar una posible intervención alemana hacia el Cáucaso Sur y el peligro que ello supondría para las vitales instalaciones petrolíferas.

La ofensiva comienza el 8 de junio y se divide en varias columnas: una que avanza por la costa desde Sour hasta Lataquia, pasando por Beirut y Tartús; una segunda que va desde Marjayún hasta Homs pasando por Baalbek y una tercera que avanza por la gran carretera interior Deraa-Damasco-Homs. Es en esta última donde está integrada la 1ª División en la que combaten los españoles de la 13ª, denominados popularmente “los noruegos”. Les acompaña la 5ª Brigada de la India, con la que ya han peleado en Eritrea.

Más tarde, un destacamento anglo-árabe penetrará desde Irak con el objetivo de ocupar la zona este de Siria y en particular los aeródromos de Deir ez-Zor y Palmira. Amilakvari, teniente coronel de origen georgiano que comanda la 13.ª DBLE, es consciente de la importante presencia de españoles en 6º Regimiento Extranjero de Infantería de Vichy contra el que se dirigen, e intenta evitar el enfrentamiento entre compatriotas, pero la guerra impone sus propias reglas: la 1º División toma Izra el 10 de junio y ataca Al Kunaitra y la 13.ª DBLE se adentra en las colinas que circundan Al-Kiswa, puerta de entrada a la capital siria por el sur. En esos momentos, una de sus patrullas es capturada muy cerca de la avanzadilla del 6º apostado en la zona, extendiéndose la noticia de que a ambos lados del frente se encuentran soldados españoles, pero el enfrentamiento es ya inevitable, y las armas reparten fuego y muerte a discreción entre viejos compañeros de ideal.

Pese a la férrea disciplina militar y los peligros que acarrea la desobediencia, la intención de muchos de los españoles enrolados en las tropas de Vichy es la de pasarse a los aliados en cuanto ello sea posible. Es el caso del cabo José Millán Vicente quien, después de durísimos combates en Izra, será destinado junto con su compañía, la 1ª antitanques, al macizo de Suwaida, desde donde desertarán todos los compatriotas que la componen, para ser apresados por los australianos y trasladados a un campo de concentración cerca de Jerusalén a la espera de acontecimientos.

Más suerte tendrán otros como Enrique Marco Nadal que, según el testimonio recogido por Antonio Vilanova en Los olvidados. Exiliados españoles en la segunda guerra mundial, hace tiempo que anda buscando la manera de pasarse a los aliados y hace propaganda clandestina de ello entre los más cercanos. La ocasión aparecerá pronto: trasladado a Nabk, al norte de Damasco, aprovecha un bombardeo británico sobre sus posiciones que obliga a la fuerza en la que están enrolados a retroceder a Homs, para avanzar al mando de otros 41 españoles en sentido inverso, hasta encontrarse con las posiciones guardadas por compatriotas de la 1ª División de la Francia Libre, siendo interrogado por el propio general Cazaud, cuyo chófer y ordenanza son también españoles.

Pese a la feroz resistencia del ejército de Vichy, las fuerzas aliadas van imponiendo su supremacía militar, y la rendición definitiva se firma el 13 de julio en San Juan de Acre. Finaliza así una campaña que permanecerá prácticamente olvidada de las crónicas sobre la II Guerra Mundial debido, en buena medida, a la preocupación del alto mando aliado por la reacción que pudieran suscitar las noticias de un enfrentamiento entre “franceses”, lo que fuerza a reducir -incluso suprimir- en sus informes, detalles de la lucha que acaba de tener lugar.

Desde ese momento, el resto de los españoles del 11 Batallón de Marcha de Ultramar y los alistados en los regimientos de marcha del norte de África se incorporan definitivamente a la 1.ª División de Infantería de la Francia Libre (1.ª DFL), donde se encuentra la 13ª de “los noruegos” y los combatientes españoles comparten nuevamente destino en el mismo bando. De hecho, su división, ya rearmada, será pronto enviada a las arenas del norte de África para distinguirse en la épica batalla de Bir Hakeim, con la que retrasan el avance de Rommel y posibilitan el contraataque británico en El Alamein. El resto, será ya una sucesión de victorias en África, Italia y Francia… hasta la entrada en Alemania y la derrota final del nazismo.

Peripecias de leyenda, Enrique Marco Nadal

La experiencia vital de los republicanos españoles durante la Guerra Mundial y la posterior activación de la lucha antifranquista, forma parte de ese material con el que se forjan las leyendas. Paradigmático es el caso de Enrique Marco Nadal, cuya vida da para una frenética película de aventuras: fundador de la subsección de Valencia de la Federación Nacional de la Industria Ferroviaria de CNT, de la que sería el secretario general entre 1931 y 1936, se alista durante la guerra en la mítica Columna de Hierro como responsable de la información y la cartografía de la 215º Brigada Mixta.

Capturado en Alicante al final de la contienda, es internado en el campo de Albatera, de donde escapará con una orden de libertad falsa proporcionada por la CNT clandestina. Huye a Francia, es arrestado por la Gendarmerie e internado en el campo de Saint Cyprien, donde se alista en la Legión Extranjera para acabar, después del armisticio, sometido al régimen de Vichy y enviado al protectorado sirio.

Tras pasarse a las fuerzas de De Gaulle, es incorporado a la 1ª División de la Francia Libre, participando en los combates del norte de África, donde alcanzará el grado de sargento y, más tarde, en las campañas de Italia, Francia y Alemania, siendo prisionero de los alemanes en enero de 1945 y posteriormente internado en el campo de concentración de Langwasser hasta su liberación. Sus hazañas en la II Guerra Mundial le llevarán a ser condecorado varias veces por De Gaulle.

Acabado el conflicto mundial, retoma su actividad en la CNT y es nombrado secretario de propaganda del Comité Nacional. A mediados de 1946, se ofrece voluntario para introducirse en España y en mayo llega a Madrid, donde es nombrado secretario del Comité Nacional de Interior, reemplazando a Lorenzo Íñigo, detenido poco antes. Se verá envuelto en un intento de asesinar a Franco y destaca en el reforzamiento de la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, ANFD y la unión de todos los antifranquistas -llegando a contactar incluso, con algunos monárquicos antifranquistas-.

Capturado en mayo de 1947, comparece ante un consejo de guerra y es condenado a muerte, aunque finalmente la pena le es conmutada por 30 años de prisión después de que de Gaulle interceda por él. Durante su encarcelamiento el régimen le ofrece la libertad a condición de integrarse en la dirección del sindicato vertical, a lo que se niega. En 1964 es finalmente liberado y poco después se verá implicado en el Cincopuntismo. Tras la muerte del dictador, participa en la reorganización de la CNT hasta su fallecimiento el 13 de noviembre 1994 en El Vedat del Torrent (Valencia).

Su historia es una más entre las miles de exiliados republicanos que se entregaron a la pelea por la libertad -la real, no la banalizada con cañitas en tiempos de pandemia-, y que una sociedad sana y democrática debería estar obligada a rescatar para evitar así que queden sepultadas por el paso del tiempo y el peso de una narrativa franquista que se resiste a desaparecer.


La cárcel de la Trinitat de Barcelona: memoria de la represión franquista contra las mujeres catalanas. Sandra Vicente

07/06/2021
Autoridades franquistas visitan la cárcel de Trinitat Vella en su inauguración. - Pérez de Rosas / Arxiu Fotográfic de Barcelona

Nueve de julio de 1963. El ministro de Justicia, Antonio Iturmendi, acude a Barcelona a inaugurar la nueva cárcel de mujeres, en el barrio de la Trinitat Vella. “Sus características se acomodan al carácter cristiano y progresivo del régimen penitenciario español, que pone por norma la rehabilitación del individuo y la redención del delincuente mediante el trabajo alegre en un ambiente agradable”. Con estas palabras se presentaba la prisión en el NoDo, acompañandas de música enérgica y festiva e imágenes de la sala de maternidad, las grandes celdas compartidas o los patios. Pero la realidad de la cárcel de mujeres de la Trini –como se la conoce popularmente– es muy distinta a la que se mostró en el noticiario.

Por la cárcel pasaron centenares de mujeres, presas comunes y políticas, represaliadas por el franquismo por sus prácticas e ideologías o por el simple hecho de haber sido infieles, haber abortado o haber ejercido la prostitución. Siguió funcionando hasta 1983, cuando el recinto pasó a acoger a jóvenes de entre 16 y 21 años, siendo escenario de grandes manifestaciones y protestas por el encarcelamiento de quienes se negaban a ir a la mili, los insumisos.

No fue hasta 2009 cuando se derribó parte del edificio, quedando de él solo una zona que ahora se usa como centro penitenciario abierto para presos con el tercer grado. A pesar de sus casi 60 años de historia convulsa, esta enorme prisión –ocupa una cuarta parte de la Trinitat Vella–, es una desconocida para sus vecinos. “El barrio da la espalda a la cárcel. Tener un centro penitenciario cerca es estigmatizador: desde que se inauguró, la zona ha sufrido un proceso de decadencia y aún hoy cuenta con infravivienda, servicios públicos deteriorados y falta de inversión, que se traduce en mucha fluctuación de población”, explica Julia Montilla. Esta artista visual, nacida en la Trinitat, acaba de estrenar el documental Veïnatges forçats, que explica la historia de la cárcel y recupera su memoria.

La Trinitat Vella es el cuarto barrio de Barcelona con la renda familiar más baja. “Tus condiciones socioeconómicas determinan tu capital cultural y la importancia que le das a la memoria histórica“, argumenta Montilla. Por eso el documental busca explicar qué significa la cárcel para el barrio, así como reivindicar la figura y la lucha de las mujeres represaliadas. “La memoria histórica nos ayuda a empoderar y generar dinámicas de transformación”, asegura Xavi Camino, jefe de proyectos del Pla de Barris, un plan de choque municipal que busca reducir desigualdades en los barrios más vulnerabilizados. El Pla de Barris ha participado de la producción del documental junto con la Associació de la Recerca i Divulgació de la Memòria Històrica de Trinitat Vella y el Observatori per una Vida Digna.

El empoderamiento del barrio a través de la conexión con la cárcel es importante, sobretodo ahora que las relaciones con lo que queda del centro penitenciario son más que complicadas. Este descomunal edificio ha dividido la Trinitat Vella en dos. “Cuando llegas a la zona norte hay mucha más infravivienda y las calles están más deterioradas”, explica Camino, que añade que el vecindario espera la reforma de la prisión desde hace más de 20 años. La promesa del derribo y de la construcción de vivienda social se va alargando en el tiempo. Por la zona se siguen viendo placas con nombres de destacados miembros del régimen engastadas en paredes que se desconchan por el paso del tiempo. “La Trinitat está alejada de todo, pero los vecinos y vecinas sufrimos estas afrentas; sigue habiendo hijos y nietos de represaliados”, lamenta Montilla.

“La prisión fue una imposición para un barrio con una fuerte identidad anarquista. La cárcel se colocó allí para castigar esta esencia, recordando que el régimen estaba vigilante”, opina Camino. Centenares de mujeres pasaron por esas celdas, en las que dormían hasta 24 reclusas, colocadas en una disposición que recordaba a la de un hospital de campaña. El NoDo no hacía justicia a la represión que sufrían quienes eran encarceladas. Magda Oranich, abogada, visitó decenas de veces la prisión como letrada. Y, al final, ella misma fue encarcelada en 1973, después de la detención de 113 miembros de la Assemblea de Catalunya en la iglesia de Santa Maria Mitjancera.

“A mí la prisión no me impresionó tanto porque ya la conocía, pero era un lugar atroz“, recuerda Oranich, a quien se le dio a escoger entre pagar una multa o ir a la cárcel. “Jamás hubiera dado ni un céntimo a los fascistas”, añade. La prisión de la Trini era la única que no estaba regentada por funcionarios, sino por las Cruzadas de Cristo Rey, una congregación de monjas que “hacían lo que les daba la gana”, asegura la abogada, y añade que “no había una represión física, sino religiosa, psicológica, moral y política”. Las monjas obligaban a las reclusas a ir a misa y prohibían a las presas comunes relacionarse con las políticas. A estas, a pesar de lo beneficioso que era el “trabajo alegre” para los reclusos, no se les tenía permitido trabajar ni casi leer. “Ninguno de los libros que nos traían pasaba los filtros de moralidad. Incluso La Vanguardia llegaba recortada”, recuerda Oranich.

Las comunicaciones con el exterior estaban altamente restringidas. “Yo tenía un compañero y, para que le dejaran venir, tuvimos que hacer unos votos de precompromiso estando yo en la cárcel, con la ayuda de un cura que era amigo”, recuerda Mercè Garriga, que entró en prisión en julio de 1973. La sala de visitas dejaba fuera de la ecuación el contacto y la proximidad: era una estancia con verjas y cristales, dividida por un pasillo que era atravesado por una monja que vigilaba que las conversaciones fueran “adecuadas” y siempre en castellano. “Una vez vino mi abuela y cuando nos dijeron que estaba prohibido el catalán nos pusimos a llorar, porque mi abuela casi no sabía hablar castellano y porque era un castigo, para nosotras y para nuestras familias. Una humillación”, explica Garriga en una de las escenas del documental.

Las Cruzadas de Cristo Rey abandonaron la prisión dejando paso a las funcionarias en 1978. No sin antes asegurar que “no estaban dispuestas a cumplir con las normas de la democracia”. La pequeña dictadura de las religiosas llevó consigo malos tratos a muchas presas y negligencias graves. Se suspendió a un médico que no atendió un parto y que se negaba a visitar a las prostitutas. “Muchas de ellas padecían de sífilis y no eran atendidas. Yo llegué a meter antibióticos a escondidas, gracias a la ayuda del Colegio de Médicos”, asegura Oranich.

La prisión se convirtió en reclusorio de jóvenes en 1983. Pero las mujeres siguen siendo ninguneadas y maltratadas en los centros penitenciarios, que, aún hoy, están pensados para hombres. “Tenemos una deuda con las represaliadas políticas, y también debemos reflexionar sobre la utilidad que tiene la cárcel hoy y cómo sufren las mujeres”, apunta Montilla. Ese es el trasfondo de su documental, que, con una mirada al pasado, recuerda que hay cosas que hemos superado, pero otras que no quedan tan lejos. “Todavía hay muchas victorias que se nos escapan, y no podemos permitirnos el lujo de dejar de defender lo que hemos ganado”, añade.

https://www.publico.es/sociedad/represion-trinitat-barcelona-carcel-trinitat-barcelona-memoria-represion-franquista-mujeres-catalanas.html


Razonable para el Estado: indultos, a falta de amnistía. José Antonio Pérez Tapias

04/06/2021

Hay que decirlo alto y claro: se trata del Estado. Y es necesario subrayarlo con precisión: se trata del Estado español como Estado social y democrático de derecho. Y es el Estado que alberga realidades nacionales diversas –“nacionalidades y regiones”, en términos de la Constitución vigente–, estructurado como Estado autonómico, hoy en grave crisis institucional y en su articulación territorial, debido especialmente al conflicto que se vive en Cataluña, proyectado al conjunto de España, a causa de las reivindicaciones independentistas, planteadas desde el mismo Govern, y todo ello agravado por la interferencia de la situación de los líderes que condujeron el “procés” hasta la convocatoria de un referéndum no reglado el 1 de octubre de 2017 y que por ello fueron condenados a penas de cárcel que siguen cumpliendo al día de hoy. Es esta última situación la que objetivamente constituye un serio obstáculo –cabe decir que insalvable en tanto no se remueva– para que fluya el necesario diálogo político que permita trazar una vía de salida a dicho conflicto y, con ella, delinear para el mismo Estado español un horizonte de futuro en condiciones de convivencia democrática adecuada para ciudadanas y ciudadanos, así como para las naciones de las que forman parte –hecho político insoslayable. 

Estando en el punto en que nos hallamos, el gobierno de España presidido por Pedro Sánchez ha manifestado su voluntad de proceder a tramitar los indultos para los independentistas catalanes presos. Explicitada tal intención, se ha desencadenado una tormenta política en la que los vientos huracanados de ácidas críticas, máxime si son expresadas con palabras gruesas con pretensiones de descalificación total –así se hace desde las derechas–, pueden poner en difícil aprieto al ejecutivo y a los partidos que lo sostienen –recordemos que también a Unidas Podemos y no sólo al PSOE. Además, dado que es tema espinoso, se convierte en una propuesta sobre la que amplios sectores de la sociedad española, incluyendo parte de electorados de izquierda, pueden decantarse hacia su rechazo…, si a esta cuestión ciertamente delicada no se le da un tratamiento adecuado en sede parlamentaria y en el ámbito de la opinión pública. 

Contando con los inconvenientes que presenta una decisión como la avanzada por el presidente Sánchez, hay que poner al lado sus ventajas de cara al aludido encauzamiento del conflicto catalán –sus antecedentes históricos se remontan muy atrás; su activación más próxima arranca, como bien sabemos, de la resolución del Tribunal Constitucional en 2010 recortando el Estatut a la sazón ya aprobado, al pronunciarse a consecuencia del recurso interpuesto por el PP. En ese sentido, es obligado reconocer la importancia de los pasos dados hasta llegar a la posición en la que ahora se sitúa el gobierno de España, empezando por el recorrido hecho por su mismo presidente, el cual, de apoyar el cumplimiento íntegro de las condenas por parte de los líderes presos, ha pasado a ser adalid del indulto a los mismos, acogiendo al cabo del tiempo la tesis en el campo socialista muy en solitario defendida por Miquel Iceta, hoy ministro de Política Territorial de dicho gobierno, cuando era primer secretario del PSC. Como la ciudadanía tiene memoria y las hemerotecas están disponibles –incluso para el uso torticero que puedan hacer de ellas unas derechas dispuestas a ir a degüello–, es imprescindible que el mismo presidente haga al respecto un discurso lo más claro y bien argumentado posible para dar cuenta del porqué de la decisión a la que aquí y ahora se muestra dispuesto. 

Necesidad de argumentación política en torno a indultos

Son las buenas razones que se pueden y deben esgrimir para desbloquear la crisis de Cataluña las que han de llevarse al debate político, haciendo ver su solidez y pertinencia, a la vista de todo lo que está en juego. No se trata de hacer pedagogías infantilizadoras, sino de construir buenos argumentos, susceptibles de ser compartidos –si pensamos que para ellos aún hay lugar en la vida política–, o, al menos, capaces de resistir los intentos de las derechas por echarlos abajo, demasiadas veces a base de aquellas embestidas de cabezas que se niegan a pensar y que hace casi un siglo Antonio Machado encontraba que en España se daban en demasía. Tales buenas razones han de ser, obviamente, razones políticas, pues éstas son las que los asuntos en juego reclaman. No basta, por ello, hacer apelaciones moralistas a la generosidad o a la necesidad de eliminar sentimientos de venganza o revancha, ya que se trata de exonerar del cumplimiento de una pena establecida en sentencia firme y conforme a derecho, por más que se está en desacuerdo con ella –algo, por otra parte, que el hoy presidente del gobierno no manifestó en ningún momento anterior. En este caso, los sentimientos morales más nobles hay que filtrarlos por un código ético que obliga a manejarse correctamente conforme a la legalidad. Es a este respecto que desde el gobierno, del cual no cabe poner en duda su capacidad legal para indultar, ha de observarse una especial habilidad para afrontar el informe negativo sobre los indultos en cuestión emitido por la sala correspondiente del Tribunal Supremo, informe no vinculante, por más que deba considerarse relevante –y en algún punto decisivo, como es en lo tocante a recusar un indulto total y en todo caso dejar la posibilidad de indultos parciales. A los argumentos jurídicos del Supremo hay que contraponer los argumentos políticos del gobierno, dejando en claro que no se promueve conflicto alguno entre los poderes del Estado y evitando, por consiguiente, entrar en lo que sería nefasta dinámica de descalificaciones mutuas, con efectos deslegitimadores para ambas partes. 

Es verdad que en la decimonónica ley que regula el indulto aparecen requisitos que obligarían a una extraña, si no impertinente, comprobación, tales como la exigencia de arrepentimiento… ¿Cómo se traduce eso en relación a hechos tipificados como delitos sin que ello les quite la condición de ser hechos que responden a actuaciones políticas? A la complejidad que supone este interrogante –complejidad que ampara el silencio de los independentistas encarcelados en lo tocante a dicha cláusula–, se añade el recuerdo de indultos relativos a muy diferentes delitos –incluyendo indulto a militares implicados en el golpe del 23 de febrero de 198– concedidos por diferentes gobiernos con notable laxitud sobre tal extremo. Es eso lo que hace pensar que cuando ahora esa condición se pone enfáticamente sobre la mesa es por la índole política de los hechos juzgados y condenados, con lo cual, al obligarnos a reparar en ello, volvemos a lo inicialmente acentuado: se trata del Estado, aunque es necesario hacer ver que ese tratarse del Estado se tiene en cuenta desde izquierdas y derechas, centralistas y periféricos, bajo diferentes perspectivas. 

Precisamente, por estar todos ante una cuestión que afecta al futuro del Estado español, es eso lo que debe transmitirse al conjunto de la sociedad española y es ante la grave problemática que afrontamos que hay que poner a las derechas ante el espejo, de manera tal que no puedan quedarse en el ruido interesado por mor de réditos electorales ni refugiarse en el patrioterismo inane de un españolismo hueco, ajeno a lo que es cuestión crucial que en verdad afecta a España y a los españoles, que demanda una salida política dentro de las posibilidades que contempla nuestro ordenamiento jurídico. No estamos en momento para soflamas, sino para razones favorables al interés general –hasta podemos retomar la noción de “bien común”–, las cuales convocan a un ejercicio de responsabilidad política que no es incumbencia solamente del gobierno.  

Es razonable para el Estado proceder a los indultos o, mejor, acometer una amnistía, si fuera el caso

Llegados a este punto, sin compartir todos los supuestos desde los que el recién investido president del Govern, Pere Aragonès, insiste en que sería necesaria una amnistía para los independentistas presos por más que no le haga ascos a la vía del indulto, no me ahorraré decir que considero preferible ese camino de la amnistía al ya anunciado por el gobierno de España. Aparte de que la tramitación de los indultos va a ser una vía dolorosa con múltiples crucifixiones –Sánchez tampoco se librará de verse crucificado por destacados miembros del PSOE que ya han mostrado sus clavos–, partiendo de la evidencia de que los mismos indultos se deben a una motivación política se puede concluir que no dejaría de tener ventajas, sino todo lo contrario, promover una amnistía. Como ha señalado el constitucionalista Pérez Royo, plantear una amnistía es algo que responde a una “cuestión de Estado” –es justamente lo que tenemos entre manos–, mientras que un indulto es “asunto de gobierno” circunscrito a hechos determinados e individualizados. Desde tales consideraciones, llevar al parlamento una proposición de ley de amnistía en esta coyuntura no hubiera sido –¡cualquiera sabe lo que aún nos queda por ver!– ningún desacierto, sino una decisión de plena consistencia democrática, evitándose de camino las tensiones entre ejecutivo y judicial –no tendrían por qué darse, pero es de temer que no dejaremos de verlas, con mangoneos de la derecha política por medio. 

Cualquiera puede traer a colación el rechazo hace unos meses de la Mesa del Congreso de los Diputados a tramitar una proposición de ley de amnistía, con la excepción de los representantes en ella de Unidas Podemos. No extrañó tal decisión ni a los que la consideramos desafortunada, pues se debe más a los temores políticos tan  presentes en nuestra democracia a abordar de frente cuestiones cruciales que a una argumentación jurídica sólida. Me remito en este punto, una vez más, a la fuerza de los argumentos y conclusiones del jurista José Antonio Martín Pallín en su escrito “La amnistía es compatible con la Constitución”. En dicho artículo encontramos unas líneas de claridad meridiana que condensan perfectamente las razones que al respecto pueden traerse a colación: “No se debe confundir la naturaleza jurídica de la amnistía con la del indulto. Este se otorga por razones de justicia, equidad o de interés público que justifiquen la reducción, total o parcial, de la pena impuesta a una persona determinada, en un concreto proceso criminal. La amnistía tiene un carácter eminentemente político y normalmente abarca los hechos considerados como delictivos, cometidos durante un determinado periodo de tiempo y con unas determinadas connotaciones políticas, que afectan a una pluralidad de personas involucradas en procesos penales”.

Desde argumentos como los brindados por Martín Pallín es de lamentar que el tribunal sentenciador del Supremo, que se ha pronunciado sobre indultar a los líderes del procés, remache su negativa diciendo que “en no pocos casos, las leyes de amnistía han sido el medio hecho valer por regímenes dictatoriales para borrar gravísimos delitos”. Es afirmación falaz por generalización abusiva y por descaradamente tendenciosa, encaminada a cerrar la puerta de antemano a una posible ley de amnistía, entrando en colisión con lo que pudiera decidir el legislativo, que es lo que se trata de impedir. Tal impertinente y extralimitada declaración del Supremo pone en bandeja recordarle, invirtiendo su lamentable argumento, cuántas veces los indultos han sacado de las prisiones a corruptos, golpistas y terroristas de Estado, por ejemplo. Por lo demás, el Supremo, con tal estrambote final en su declaración, hace flaco favor a una memoria histórica que reivindica el papel de la Ley de Amnistía que acompañó a la instauración de la democracia en España, atendiendo justamente a razones políticas impostergables. La dinámica de reconciliación política que impulsó aquella ley de 1977 es la que ahora vuelve a ser necesaria ante un conflicto político que da lugar no sólo a un problema de convivencia en Cataluña, sino a un enquistamiento del mismo que bloquea las posibles soluciones.

Por motivos políticos insoslayables será razonable, mediando una correcta tramitación, apoyar los indultos a los presos del procés. Va en la lógica política esperar que a tal medida le corresponda por el lado del independentismo una puesta en juego leal de la voluntad de diálogo necesaria por todas las partes, aun considerando que una amnistía sería lo procedente. La razón política convoca a aproximar posiciones, contando con el debate en torno a proyectos políticos distintos que han de confrontarse según una “gramática democrática”, lo que implica que cuentan con un grado suficiente de claridad programática –esto es algo que al día de hoy está por verificarse en ambos lados. Si desde el independentismo pueden presentar razones para dialogar y buscar un acuerdo que les permita algunos logros en función de sus objetivos, también desde posiciones no independentistas hay motivos sobrados para abrir camino a una negociación sin trampas, sabiendo que al facilitarla con medidas de gracia respecto a los presos nos movemos en el terreno de lo razonable para el Estado –de ahí el plus teórico de la amnistía. 

No estamos para invocar la razón de Estado al dar cobertura justificativa a indultos o amnistía si fuera el caso, pues son conocidas las historias de abusos que han acompañado a tal invocación, desencadenantes en nuestro tiempo de muchas prácticas aberrantes en las que la supuesta razón de Estado ha dejado atrás razones democráticas y de derechos humanos. En cambio, recordando incluso a aquellos clásicos del barroco hispano como Gracián o Saavedra Fajardo, que marcaban sus distancias críticas respecto a la razón de Estado que teorizaban Jean Bodin o Giovanni Botero tras la estela de Maquiavelo, bien podemos alejarnos de apelaciones grandilocuentes a una razón de Estado cargada de connotaciones excesivas para invitar prudentemente a considerar lo razonable para el Estado. De camino, si la noción de razón de Estado siempre, desde el mencionado Bodin, arrastra implicaciones relativas a una soberanía entendida en términos muy maximalistas no libres de connotaciones criptoteológicas, hablando de lo razonable independentistas y no independentistas podremos hallar puntos de encuentro incluso para en el futuro replantear cuestiones de soberanía en términos efectivamente laicos y radicalmente democráticos. Por lo pronto, lo razonable para el Estado, por lo que afecta a éste, si no se pretende desde una amnistía que ahora mismo no parece viable, sí se busca mediante indultos que han de hacerse factibles. A ello convoca, a pesar del vocerío que apunta en sentido contrario, una prudencia política, aliada de una audacia con la que no es incompatible, que bien puede entenderse poniendo en juego aquellas tres dimensiones que el mismo Saavedra Fajardo, metido hasta las cejas en el quehacer político de la España del XVII, ponía de relieve respecto a esa virtud que es “senda del ánimo en virtud de la cual, por la memoria de lo pasado, disponemos de lo presente y prevenimos el futuro”. Una prudencia temerosa se inclina por la escabrosa senda de los indultos. ¡Vale! Una prudencia audaz, para nada imbuida de una temeridad que acabaría con ella, habría elegido amnistía. Pero estamos donde estamos. 

https://ctxt.es/es/20210501/Firmas/36152/Jose-Antonio-Perez-Tapias-amnistia-indultos-Catalunya-presos.htm


¿Por qué se puede indultar a una dictadura que duró 38 años y no a una declaración de independencia que duró 38 segundos? Benjamín Prado

02/06/2021
Sobre la democracia representativa y el voto en blanco

Los indultos siempre son discutibles, aunque unas veces lo sean más que otras –poca gente entendió en Estados Unidos el de Ford a Nixon y mucha más el de Carter a los desertores de la guerra de Vietnam– y a menudo resultan sospechosos, porque es inevitable que se puedan entender como una injerencia descarada del poder ejecutivo en el judicial, un ángulo muerto de la ley que permite al Gobierno de turno enmendar una sentencia de los tribunales y que los políticos saquen de la cárcel a quienes han metido en ella los magistrados. En España han recurrido a ese instrumento la derecha y la izquierda de forma alterna, y tal vez ese hoy por ti y mañana por mí sea uno de los puntos en contra del bipartidismo que vuelve.

Al Partido Popular le toca ahora el papel del indignado, aunque en tiempos de AP y Fraga no se opusiera al perdón a los golpistas no arrepentidos del 23F, Aznar le otorgara la medida de gracia a terroristas de Terra Lliure e ideólogos de la guerra sucia del Estado contra la ETA y su partido tengan el récord de concedérsela dos veces a los mismos condenados, que eran cuatro mossos de Esquadra a quienes el Tribunal Supremo sentenció por torturas, el Gobierno mandó liberar y, tras oponerse a ello la Audiencia de Barcelona, volvió a hacerlo, a reducir sus penas y darles así la oportunidad de evitar la prisión. Hay muchos más ejemplos, pero estos tres valen como muestra.

Al PSOE le corresponde en este caso defender lo contrario de lo que el presidente Sánchez defendía en el año 2014, cuando estaba en la oposición: que “los indultos políticos deben acabar en nuestro país”. Por no hablar de sus enemigos íntimos de su propia formación, dirigentes históricos como Felipe González, que en el pasado reclamó sin descanso y puerta a puerta el indulto a Barrionuevo y Vera, encarcelados por el macabro asunto de los GAL, y que si hace poco se mostraba favorable al perdón a los reclusos del procés, en una entrevista con Jordi Évole, en estos momentos sostiene lo contrario. Naturalmente, tiene su derecho a pensar y decir lo que quiera y también a cambiar de opinión según las circunstancias, pero las hemerotecas también lo tienen a recordarle sus equilibrios morales y saltos mortales ideológicos.

El PP de Pablo Casado basa su clamor en una falsedad, que es la de seguir llamando golpe de Estado a lo que el Tribunal Supremo dejó en menos que sedición y pese a los continuos reveses que los jueces de Europa han ido dando a los de nuestro país cuando han solicitado la extradición de los fugados Puigdemont y compañía. Tampoco es cierto que a los implicados en aquella flagrante infracción de nuestras normas legales y de convivencia les haya salido barata la gamberrada, hay que recordar que llevan más de cuatro años de cumplimento de su pena, entre la cautividad y el tercer grado, y tampoco sobraría poner sobre la mesa lo discutido que fue aquel veredicto dentro y fuera, ni que prestigiosos analistas y medios de comunicación internacionales lo consideraron “draconiano” –The Guardian–; “extremadamente severo” –Frankfurter Allgemeine–; “muy duro y con penas muy altas” –La Stampa– o “castigo sin piedad y de tal dureza que no había sido aplicado en España desde el retorno de la democracia”, según Libération. Recordemos que estamos hablando de un castigo de entre nueve y trece años de reclusión.

Es verdad que el abanico de la derecha que componen el PP, Cs y Vox puede volver a abrirse en la plaza de Colón, en Madrid, para manifestarse contra esta iniciativa, pero también es cierto que la medida viene avalada con determinación por el Congreso, dado que la votaron ciento noventa de sus trescientos cincuenta diputados, y que, por poco que les guste a sus críticos, los acuerdos que suman mayorías sirven para esto de la misma forma que sirven para que Díaz Ayuso gobierne en Madrid o Moreno Bonilla en Andalucía. El argumento de que Pedro Sánchez compra con esto su permanencia en la Moncloa otros dos años no se sostiene, porque no resulta muy verosímil un pacto de los independentistas, los nacionalistas y los conservadores que pudiera relevarlo mediante una moción de censura. Y también es verdad que existe una gran diferencia sobre Cataluña entre el PSOE y el PP: este último es allí un partido residual y aquel, primero ha ganado las últimas elecciones con Salvador Illa, que fue el más votado, y segundo tiene esa autonomía y en la andaluza sus dos puntos fuertes electorales, sin los cuales es muy difícil que alcance el poder.

Sin duda, el Gobierno y quienes lo secundan en este caso tendrán que explicar sus motivos y motivaciones y por qué este indulto se ampara según su criterio, como marca la ley, en “razones de justicia, equidad o utilidad pública.” El indulto, por otro lado, tendrá que ser parcial, es decir, que sus beneficiarios no van a ser rehabilitados y no podrán ocupar cargos oficiales, más aún mientras sigan con su cantinela “lo volveremos a hacer”, y no es descabellado, incluso, que se supedite el mantenimiento de la clemencia a que quienes la reciban cumplan la ley. También se sopesa una reforma del Código Penal para modificar el delito de sedición, y no sólo para atenuar su gravedad, como sostienen algunos, sino también para impedir con ello los referéndums ilegales como el del 1 de octubre de 2017.

En cuanto a la oposición, tal vez lo más importante sería que dejase claro por qué ahora y para esto no cabe la reconciliación entre españoles que tanto alaban de la Transición y el poder analgésico del olvido. ¿Se puede ser tan generoso con una dictadura sanguinaria que duró treinta y ocho y tan poco con una independencia que duró treinta y ocho segundos, los que tardó el huído Puigdemont en declararla y dejarla en suspenso? Igual si lo piensan así no les salen las cuentas.

https://www.infolibre.es/noticias/opinion/columnas/2021/05/31/por_que_puede_indultar_una_dictadura_que_duro_anos_no_una_declaracion_independencia_que_duro_segundos_121155_1023.html