Juan Carlos de Borbón: el heredero de Franco que impidió una democracia plena en España (II). José Antonio Gómez

13/09/2019

En la primera entrega de este análisis de la trayectoria no oficial de Juan Carlos de Borbón pudimos ver cómo, durante la Transición, se diseñó una democracia a la carta de los intereses del monarca.

Otro de los aspectos turbios del reinado de Juan Carlos fue el 23F, una operación que muchos autores y periodistas han catalogado como un golpe a favor del rey, no con la intención de que cambiar el modelo de Estado. El 23 de febrero no se salvó a la democracia, sino que se rescató a la monarquía. Hay demasiadas evidencias sobre la presunta implicación de Zarzuela en el intento de golpe, pero, de momento y hasta que se desclasifiquen los documentos, seguirán siendo evidencias. Cuando se intenta dar un golpe de Estado, uno de los objetivos principales de los conspiradores es el aislamiento del Jefe de Estado al que se pretende derrocar. Sin embargo, ese día desde Zarzuela se tuvo contacto con el exterior sin ningún problema. Hay que tener en cuenta que la situación política de aquel año 1981 era crítica y la ciudadanía podría rebelarse contra el monarca. Existía una crisis económica ante la que el gobierno de Suárez no podía hacer frente. A esto se sumaba la enorme división en la UCD y la desconfianza entre Juan Carlos de Borbón y el presidente. Para el Jefe del Estado, Suárez era ya una figura amortizada que había cumplido su función en la Transición. La propuesta realizada por el general Armada a Juan Carlos de Borbón en enero de 1981 de un gobierno de concentración encabezado por un general no pareció disgustar a Zarzuela. El que fue durante años uno de los mentores del rey mantuvo reuniones con los diferentes líderes políticos de la época y, evidentemente, Juan Carlos de Borbón era consciente de ello.

Sin embargo, a los españoles se les vendió otra versión: Juan Carlos de Borbón como salvador de la patria, un hecho que le reforzó en su posición. Hay que recordar que, durante el juicio de los golpistas, las defensas de éstos exigieron que el Jefe del Estado compareciera como testigo para que respondiera a las preguntas sobre su implicación en el golpe. Todo el aparato del Estado se movilizó para impedir que Juan Carlos de Borbón acudiera al tribunal. Además, Armada pidió permiso para exponer en el juicio el contenido de una reunión que mantuvieron ambos diez días antes del golpe. El Jefe del Estado no lo permitió. ¿Qué tenía que ocultar?

https://diario16.com/juan-carlos-de-borbon-el-heredero-de-franco-que-impidio-una-democracia-plena-en-espana-ii/

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REUNIÓN DE VOLUNTARI@S SEGOVIA DECIDE.

11/09/2019

VOLUNTARIOS


CONSULTA REPUBLICANA. SEGOVIA 5 DE OCTUBRE DE 2019 ¿MONARQUÍA O REPÚBLICA?

09/09/2019

Este el cartel de nuestra consulta del 5 octubre en Segovia #ConsultaRepublicana5oct
La historia romana de nuestra ciudad nos ha inspirado en la imagen elegida, la Loba Capitolina con Rómulo y Remo.
Roma fue monarquía, república e imperio, el pueblo, como aquí, no pudo decidir.
Ahora, puedes hacerlo.

SEGOVIA_DECIDE_DEFINITIVO


Vuelta al cole republicana: Segovia próxima parada de las consultas populares

05/09/2019

SEGOVIA DECIDE


Sin techo y sin comida en la capital del mundo: los niños de Washington son los más desfavorecidos del país

04/09/2019

Una persona sin techo duerme afuera de la biblioteca pública dedicada a Martin Luther King Jr..

Existe un refrán que se suele decir en la capital de Estados Unidos: una cosa es Washington y otra cosa el Distrito de Columbia. Washington es ese lugar al que van los turistas para visitar la Casa Blanca, donde el Congreso aprueba las leyes y donde Donald Trump protagoniza a diario una telenovela política.

Pero el Distrito de Columbia (DC), al que pertenece la ciudad, es un lugar donde viven más de 700.000 personas y donde la gente va a trabajar, las familias comen juntas y los niños van al colegio. Y muchos de esos niños, que viven a pocas millas de la sede del Congreso en el Capitolio, enfrentan la amenaza diaria de no tener techo ni comida suficiente.

Los niños del DC son los más desfavorecidos del país, de acuerdo con un informe que el sitio online de finanzas personales WalletHub elaboró a partir de varios factores, desde la población infantil en orfanatos hasta el porcentaje de los que terminan la secundaria. Según el estudio, las condiciones que enfrentan los niños del DC son peores que las de los que viven en Virginia Occidental (el tercer peor estado para los niños), Luisiana (el quinto) y Oklahoma (el séptimo).

En opinión de Judith Sandalow, directora ejecutiva de Children’s Law Center [una organización benéfica para los niños del DC], los resultados demuestran la “enorme disparidad” que hay entre la percepción de Washington como la sede del gobierno más poderoso del mundo y la dolorosa realidad que a menudo viven muchos niños de la ciudad. “A tres kilómetros de la Casa Blanca hay niños que se acuestan con hambre y sin saber dónde dormirán la noche siguiente”, afirma Sandalow.

Según Jill González, analista de WalletHub, el DC tiene los mayores porcentajes de niños en familias monoparentales, de niños en hogares de bajos ingresos donde no trabaja ninguno de los adultos y de niños con padres sin empleo estable. González mantiene que la clasificación del DC como el peor lugar para los niños también se debe a las altas tasas de inseguridad alimentaria, mortalidad y depresión infantil.

“Incluso en uno de los países más ricos y poderosos del mundo, existe una gran necesidad”, mantiene Radha Muthiah, directora del Banco de Alimentos de la Zona Capital. De las 400.000 personas que su organización atiende en la región del DC, un tercio está formado por niños. Su equipo ha visto de primera mano los efectos de la creciente inequidad en la ciudad. Según el DC Policy Center, el 20 por ciento de los que ganan más dinero en la ciudad se llevan a casa unas 29 veces más que el 20 por ciento de los que menos ganan.

La noche antes de la evacuación de un campamento de personas sin techo en NoMa, vecindario en el noreste del DC.

Según los expertos, la falta de una vivienda accesible es uno de los principales factores detrás de la inequidad. De acuerdo con los datos publicados en junio por la Jefatura Financiera del DC, en un año el precio medio de una vivienda unifamiliar creció un 10,9 por ciento para llegar hasta los 809.500 dólares. La Asociación de Agentes Inmobiliarios del Área Capital también ha informado que el precio promedio de las casas en la ciudad ha alcanzado nuevos récords en 2019.

Según Michael L. Ferrell, director ejecutivo de la DC Coalition for the Homeless [Coalición del DC para las personas sin techo], los precios en la ciudad han subido tanto que muchas familias del DC consideradas como “trabajadoras pobres” ya no pueden permitirse una vivienda: “La razón número uno es la falta de vivienda accesible, no sólo en el DC, sino en todo el país”.

Ferrell sabe que el porcentaje de personas sin techo en el DC ha disminuido en los últimos años pero con una reducción paralela en la cantidad de casas accesibles. “Yo diría que es atribuible, en gran medida, a las familias de mayores ingresos que están mudándose al DC y a otros grandes centros urbanos”, mantiene Ferrell. “Se puede considerar como uno de los efectos secundarios, no creo que fuera el plan, pero no hay dudas de que es una de las derivadas”.

El estudio de WalletHub confirma esta paradoja. Según la analista Jill González, como la ciudad puntúa bien en movilidad económica, los investigadores se sorprendieron cuando vieron las altas tasas de niños en hogares bajo el umbral de la pobreza.

En la opinión de Judith Sandalow, “la creciente desigualdad en la ciudad es de hecho parte del problema” y agrega: “Aunque la ciudad está queriendo transformarse en un lugar deseable para los más ricos y esté construyendo para ese grupo de gente, no ha habido ninguna planificación de ciudad para las familias que hoy están viviendo en ella”.

La organización de Sandalow, el Children’s Law Center trabaja con uno de cada nueve niños en los barrios más pobres del DC, dando asistencia jurídica y haciendo lobby por los cambios sistémicos necesarios para solucionar los problemas que encuentran. Según ella, el efecto dominó que sufren muchas familias de la ciudad con ingresos bajos a menudo comienza con la incapacidad de acceder a una vivienda. “Hay una reacción en cadena tremenda”, sostiene Sandalow, y añade: “Para las familias de bajos y medianos ingresos en el DC, las fichas de dominó están demasiado juntas. Cuando se cae una ficha, se puede ver cómo caen todas en cascada, desmoronándose la estabilidad familiar, la salud, la educación y la vivienda del niño”.

En vez de aliviar esos problemas acumulativos, las propuestas del Gobierno de Trump podrían exacerbar los riesgos. Como explica Radha Muthiah, hasta 12.000 familias del DC podrían verse afectadas por la propuesta del Gobierno de Trump de revisar los criterios de elegibilidad para recibir cupones de alimentos. 

A escasos kilómetros de la Casa Blanca, miles de familias trabajadoras están preocupadas por los malabarismos financieros que van a tener que hacer si Trump se sale con la suya. “Estas familias ahora están tratando de no hundirse y nos preocupa que cualquier tipo de recorte al Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria las empuje por debajo de la superficie, incluso cuando están trabajando increíblemente duro”, afirma Muthiah.

Sandlow prefiere no caer en la desesperación por la cantidad de problemas que enfrentan las familias trabajadoras de la ciudad. En su opinión, es mejor fijarse en las soluciones al alcance para mejorar sus circunstancias. Se refirió en concreto al proyecto de ley aprobado en 2018 por el Consejo del DC para limitar los castigos que consisten en suspender la asistencia de los alumnos al colegio. Gracias a esa ley, solo las faltas más graves podrán tener como consecuencia ese tipo de suspensiones.

De aprobarse antes, la legislación habría ayudado a algunos de los usuarios del Children’s Law Center, como un niño de orfanato que en cuarto grado fue suspendido por robar un bocadillo del armario de su clase. “Son problemas absolutamente solucionables”, dijo Sandlow. “Todos los días vemos que podemos resolver los problemas, darle estabilidad a esa familia y mejorar el bienestar de ese niño si… nos ocupamos de las preocupaciones muy concretas que a menudo se derivan de la falta de recursos financieros”.

https://www.eldiario.es/theguardian/sin-techo-hambre-dolorosa-realidad-pobres-ninos_0_938256425.html


La Iglesia recauda 335 millones de euros anuales en donativos sin control fiscal, el 36% de su financiación. Jesús Bastante

03/09/2019

El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez / EFE

335 millones de euros. Esta es la cifra oficial del dinero que la Iglesia española recibe como donativos de parte de los fieles cada año, lo que supone el 36% de la financiación de las diócesis, según la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia en España. Una cantidad sin control fiscal alguno -el dato ofrecido es de parte-, a la que hay que sumar otros 193 millones (el 20% de su financiación) en concepto de ‘Otros Ingresos Corrientes’, como por ejemplo pagos de expedientes matrimoniales, de bautismos o misas. Este dinero también está a salvo de impuestos y de investigación tributaria, en virtud de los Acuerdos Iglesia-Estado. Es decir, más de la mitad (el 56%) de los 933 millones de euros que supone el ‘presupuesto’ de la Iglesia española, está fuera del control del fisco.

¿Qué es un donativo? Es toda “aportación directa voluntaria de los fieles a las diócesis”, según explican desde la Conferencia Episcopal, que añaden que se trata “del modelo más deseable de autofinanciación de la Iglesia” y “la principal fuente de financiación de las diócesis, más de un tercio de los recursos disponibles”. Bastante más, en todo caso, que lo recibido en la polémica casilla de la Renta, y que en 2018 supuso 270 millones de euros.

Colectas, cepillos o herencias sin control

¿Qué se incluye en ese concepto? En primer lugar, las clásicas colectas en las misas, cada domingo o siempre que la Iglesia lo decida, ya sea para financiar unas obras, un proyecto solidario o un regalo para el seminarista que va a ordenarse sacerdote.

También las aportaciones a los cepillos de las parroquias. En este sentido, la Iglesia se está profesionalizando, y el clásico cajón con llave que sólo tenía el párroco está siendo sustituido, en decenas de templos, por ‘cepillos digitales’ promocionados por distintas entidades bancarias y que permiten cierto control del importe real, así como la posibilidad de aportar con tarjeta de crédito.

Legados, herencias y similares también forman parte del concepto ‘donativo’, al que hay que sumar la suscripción periódica (mensual, trimestral, semestral o anual), que permite a los gerentes de las diócesis “administrar el presupuesto de forma más eficaz para ir afrontando los distintos problemas que día a día van surgiendo en las distintas diócesis de nuestro país”.

“Una ayudita” para el sacristán o para el cura

Sin embargo, la cifra aportada por la Conferencia Episcopal -335 millones de euros- dista de ser la real. “El importe es mucho mayor”, admite un eclesiástico consultado por eldiario.es. “Nunca sabremos qué cantidad de lo que se recoge en todos los cepillos de todos los templos se envía a las diócesis, o se consigna en los libros de cuentas de las parroquias”.

Al menos una parte no cuantificable va para “pagar una ayudita” al sacristán o a la señora que abre y cierra la puerta, o a las mujeres que barren y limpian los templos de forma voluntaria. Y, admite, “todos los curas nos quedamos con alguna cantidad para imprevistos: desde el pobre que llega a tu puerta de noche, a la familia que no tiene con qué pagar la luz o qué llevarse a la boca”. O para que los párrocos -que cobran de media en España unos 900 euros- “lleguemos a fin de mes”.

Pese a que desde la Conferencia Episcopal se está trabajando desde hace años para sistematizar el modelo de recuento de donativos, todas las partes consultadas admiten que es “casi imposible” saber cuánto dinero se queda en el camino. Una cantidad que ni la Iglesia controla, y que se suma a los millones que sí reconoce, pero que tampoco pasan ningún control fiscal.

El Papa: “La misa no se paga”

A los donativos se unen los 193 millones que la Iglesia recibe de los fieles en concepto de pago por expedientes de bautismo, matrimonio, misas exequiales (de difuntos), etc… Una cantidad que sí está controlada por cada diócesis, que publica sus tasas administrativas, pero que cuestionan instituciones como Redes Cristianas y, en algunos casos, hasta el mismísimo Papa Francisco. ¿Se debe pagar por recibir los sacramentos, por casar a unos fieles, darles la primera comunión o bautizarles? ¿Debe costar dinero un funeral católico?

Durante una audiencia, en marzo del año pasado, Bergoglio era sumamente crítico con la costumbre, extendida en todo el mundo, de cobrar por las misas de difuntos, en las que se nombra al fallecido y se pide por su alma. “Nadie debe cobrarte por nombrar a tu familiar”, aseguraba Francisco. “Nada. ¿Lo habéis entendido? ¡Nada! La misa no se paga. La misa es el sacrificio de Cristo, que es gratuito. La redención es gratuita. Si quieres hacer una oferta, hazla, pero no se paga. Es importante entender esto”.

Sin embargo, la realidad es bien distinta, y varía según la diócesis. Así, la diócesis de Málaga publica en su web las ‘Tasas y estipendios’ de todos los obispados de Andalucía, con cifras concretas, basadas en una normativa de la Congregación para la Doctrina de la Fe de 1991. Así, los estipendios de las ‘misas manuales’ (normales) es de 10 euros, mientras que el de las ‘misas gregorianas’ asciende a 330 euros. Una “cifra indicativa para la aportación de los fieles como signo de su gratitud a Dios y a la Iglesia”, apunta el decreto, vigente desde 2012.

Una boda, 150 euros; un bautizo, 40; un funeral, 90

Todos los decretos a los que ha tenido acceso este diario (Andalucía, Madrid, Barcelona, Santander, Zaragoza o las diócesis vascas) prohíben al sacerdote quedarse con más de un estipendio por cada misa, aunque se nombre a varios fieles.

En el de Madrid (que cobra 8 euros por misa, y 300 en el caso de las gregorianas), se deja claro que “la acumulación de intenciones y estipendios en una única celebración de la Eucaristía constituye una excepción, que sólo está permitida si los fieles han sido advertidos y consienten en ello, y está limitada a un máximo de dos veces por semana en cada lugar de culto; en estos casos, el sacerdote sólo puede hacer suyo el estipendio fijado en la diócesis, debiendo entregar la cantidad restante a los fines determinados por las normas diocesanas”. Una norma que se hizo para evitar que algunos curas se dedicaran a las misas de difuntos, ganando mucho más dinero que el párroco que se dedica a las misas del día a día, que son gratuitas.

En cuanto a los sacramentos, las tasas medias de las diócesis (sin control alguno por parte de las autoridades públicas) son las siguientes. Los bautismos son 40 euros; los matrimonios, 150 euros; 70 euros por misa en fiestas especiales, 90 euros por las exequias; y los funerales de primer aniversario, 30 euros. Los ‘devocionales’ (misas que se dan antes o durante las fiestas), tienen otro coste. Así, los triduos o quinarios cuestan 35 euros por día, mientras que las procesiones se pagan a 100 euros.

A ello hay que sumar otros costes que, si bien no están regulados como obligatorios, en la práctica sí lo están. Casarse por la Iglesia no sólo cuesta los 150 euros de media por ‘sacramento’. A ello se suele sumar la decoración del templo o el fotógrafo oficial, que tiene un acuerdo con cada parroquia. En muchos casos, especialmente en los templos históricos, los párrocos prohíben a los fieles aportar la decoración de las flores y plantas, o contratar un equipo fotográfico para la ocasión.

https://www.eldiario.es/sociedad/Cepillos-colectas-donativos-Iglesia-centenares_0_936506605.html


La antigua prisión de Cáceres: un lugar de la memoria que agoniza tras una década en desuso. Jesús Conde

02/09/2019

Antigua prisión de Cáceres / Foto: José Luis Gibello

Hoy pocos lo saben, pero el penal cacereño, tras el de Burgos, fue uno de los mayores referentes de la resistencia antifranquisa. Sus paredes albergaron una agitada vida cultural y de militancia. Habitada por políticos, intelectuales y una amalgama de republicanos llegados desde todas partes de España, en su interior los presos se siguieron formando y eran frecuentes los debates políticos.

También fue un lugar de represión. Comenzó a construirse a comienzos del 34 y terminó acogiendo seis años más tarde –ya en manos de los franquistas– hasta a 2.500 internos, cuando el proyecto inicial en la época de la República estaba pensado para 350.

Se da la circunstancia de que fue proyectada por Antonio Canales, el alcalde republicano de Cáceres, que más tarde fue apresado en su interior antes de ser fusilado por el régimen.

Se cumple una década desde el cierre definitivo de las instalaciones y de nuevo reclaman la recuperación del edificio y su conversión en un lugar de la memoria antes de que se deteriore más y sea demasiado tarde.

Las instalaciones, propiedad del Gobierno, presentan un estado ruinoso y la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa) insta a la Junta a que las declare como Bien de Interés Cultural.

Entienden que debe pasar a ser propiedad de todos los cacereños y convertirse en un espacio sociocultural, pero también un lugar de recuerdo de los presos franquistas, al igual que ya se ha hecho con otros penales como el de A Coruña.

La cárcel

Empezó a construirse en 1934 conforme al empeño de la ministra Victoria Kent de ‘humanizar’ los centros penitenciarios. Supuso un avance social sacar a los presos y presas de la miseria y el hacinamiento. De hecho se concibió como un edificio higiénico, sin oscuridades ni humedades, con agua corriente y luz eléctrica, de mayor capacidad y seguridad…. lo que suponía un importante cambio.

Cuando la ciudad pasa a manos de los golpistas en el 36 se convierte en un penal de presos políticos, llegando a albergar hasta 10 veces más reclusos de lo proyectado, explica desde Amececa José Hinojosa.

Existe muy poca información sobre la cárcel y hoy continúan las investigaciones que han liderado historiadores como Candela Chaves para aportar un poco más de luz.

Hasta el momento se sabe que a mediados de los 40 tuvo cautivos a presos políticos procedentes de las guerrillas que operaban en las montañas, o que allá por la década de los 60 retuvo a un grupo de 200 presos políticos traídos de otras comunidades como Andalucía o Canarias, relacionados con el PC y Comisiones Obreras.

“Una figura de protección esencial”

Tras años de espera siguen pendientes de lograr la protección como bien de interés. Es un paso esencial para evitar que sea derruido y que se convierta en un solar para nuevas construcciones y pisos, como llegó a plantearse décadas atrás, en la década de los 90.

El pleno del Ayuntamiento de Cáceres aprobó una moción que señalaba a la necesidad de salvar la cárcel, y desde 2010 así consta en el Plan General Municipal de Urbanismo, que lo incluyó en el Catálogo de Bienes. Sin embargo Amececa critica que se trata de una medida insuficiente, porque puede variar y verse de nuevo desprotegido.

“Queremos que sea un espacio protegido como BIC, que muestre la memoria, que recuerde los hechos que ocurrieron y que se relacione con la represión franquista, los derechos humanos y la paz. Lo primero es lograr que no se caiga el edificio”.

Reclaman que se abra un proceso de participación ciudadana, y que sean los propios vecinos y vecinas de Cáceres quienes decidan cuál será el uso que tendrán las instalaciones.

“Las diferentes administraciones se han ido tirando la pelota unas a otras mientras el edificio se sigue deteriorando”, critica José Hinojosa. Señala que, si el objetivo es la búsqueda de financiación, es necesaria una cooperación entre administraciones para abordar la rehabilitación, también contando, por qué no, con dinero de Europa.

Un lugar para la memoria

El tiempo y el abandono no despoja a este espacio de su valor. Los colectivos de memoria histórica subrayan que nadie pone en duda que Mauthausen debe permanecer en pie para recordar el holocausto, porque es parte de la historia, y lo mismo debe ocurrir con uno de los pocos penales del Franquismo que sigue en pie.

En estos momentos el acceso está restringido porque es propiedad del Estado, aunque desde Amececa tienen constancia de su estado ruinoso, que aumenta a medida que pasa el tiempo. Años atrás uno de sus socios, ya fallecido, solicitó sin éxito el acceso porque era el último recuerdo que tenía de su padre vivo apresado antes de que le dieran el ‘paseillo’ los franquistas.

“No solo hablamos de recuperar la cárcel, sino de todo lo que hay alrededor. Se trata de reconstruir la memoria. También entrevistar a los familiares de presos que pasaron por allí. A ello se suma la memoria reciente de todas aquellas personas que en los años 90 lucharon para que las paredes de la cárcel no fueran derrumbadas”.

https://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/antigua-prision-Caceres-memoria-agoniza_0_934756600.html