ASAMBLEA ABIERTA COMITÉ-PRO CONSULTA

18/09/2018

 

CONSULTA POPULAR

MAÑANA MIÉRCOLES 19 DE SEPTIEMBRE SE REÚNE EL COMITÉ PRO-CONSULTA A LAS 18:30 HORAS EN LA SALA 5 DEL CENTRO CULTURAL SAN JOSÉ, C/ TOMASA DE LA IGLESIA S/N, PARA AVANZAR Y TRABAJAR HACIA UNA CONSULTA POPULAR. ACUDE. NO DEJES QUE OTROS DECIDAN POR TI.

Comité Pro-Consulta.

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UGT pide medidas a Sánchez para cortar la sangría de la emigración juvenil

17/09/2018

 

7-1europapressLa directiva regional de UGT urge al Gobierno de Pedro Sánchez el desarrollo de políticas eficaces de inserción laboral que corten la emigración juvenil, “una sangría” que afecta a Castilla y León y de forma especialmente alarmante a la provincia de Segovia.

La petición hecha con tono de alarma ha sido lanzada por Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT CEC; Faustino Temprano, secretario general de UGTCyL; Manuel Sanz, secretario general de UGT Segovia y Ana Isabel Martín, secretaria de Igualdad y Juventud de UGTCyL en la jornada de apertura de su IX Escuela Participativa de Jóvenes. El encuentro que organiza UGTCyL con el lema ‘Nuestras líneas, nuestro trabajo, nuestras luchas’, reúne este fin de semana en el Real Sitio de San Ildefonso a cerca de 60 jóvenes de distintas comunidades para debatir sobre su situación sociolaboral.

Ana Isabel Martín asegura que han elegido Segovia como sede de esta reunión anual porque es una de las provincias de España que sufre de forma “más agresiva la fuga de jóvenes perfectamente formados” y tiene en juego la revitalización de su economía, de tejido industrial y de su masa investigadora. “Por cada 1000 habitantes de la provincia hay 20 jóvenes que tienen que emigrar. Es una sangría para una población ya envejecida”, lamenta la secretaria de Igualdad y Juventud de UGTCyL. Más aún Ana Isabel Martín sostiene que los últimos datos de empleo dan una imagen preocupante. En los datos negativos que hacen referencia al paro, a la temporalidad y a la parcialidad “Segovia está por encima de la media de Castilla y León, y esta región ya está mal”, ha comentado la portavoz sindical.

En la presentación de la Escuela Participativa, Ana Isabel Martín ha explicado que en agosto el 96% de los jóvenes contratados en Segovia lo han sido de forma temporal, y el 30% parcial. “Esta parcialidad —añadía— es vista desde la Administración como una forma de compatibilizar estudios y trabajo. Pero la realidad es otra: la parcialidad no es elegida por los jóvenes, sino que es la única opción que se les ofrece”.

La vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, ha reclamado al Gobierno presidido por Pedro Sánchez que ponga en marcha un plan de choque de empleo juvenil, porque “no puede esperar más”. Según declaraciones recogidas por Europa Press, Cristina Antoñanza sostiene que el Ejecutivo socialista debe abordar la derogación de la reforma laboral, la regulación de los becarios y la dotación presupuestaria para las iniciativas de Garantía Juvenil.

Despoblación

Para el secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano, los jóvenes han sido el colectivo peor parado por la crisis. Sostiene que desempleo y despoblación van relacionados y son dos graves problemas para Castilla y León. Según explicó Temprano ayer en Segovia, Castilla y León tiene el nada envidiable récord de ser la primera comunidad en pérdida de población y se está cebando en los jóvenes. Y lamentó que los jóvenes de “la generación más preparada” tengan que marcharse de Castilla y León para tener un proyecto de vida.

Faustino Temprano asegura que en UGT tienen “muy claro que los jóvenes son el presente de nuestra organización, y queremos que esto sea así también para todas las instituciones y para el conjunto de la sociedad”. En su argumentación el dirigente ugetista remarca que “una sociedad moderna no puede avanzar sin la presencia activa de los jóvenes”. Así explican fuentes de UGT la importancia que dan al encuentro que se celebra en La Granja y Valsaín con el nombre “Escuela Participativa” y recuerdan al papel que las Casas del Pueblo tuvieron, en sus orígenes, como “escuelas” para formar a los trabajadores.

http://www.eladelantado.com/segovia/ugt-pide-medidas-sanchez-cortar-la-sangria-la-emigracion-juvenil/


«El Centro de Salud de Nueva Segovia no supondrá más profesionales ni más recursos»

17/09/2018

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La Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública en Castilla y León volvió a pedir ayer la dimisión del consejero de Sanidad de la Junta, Antonio María Sáez Aguado, «por incapacidad y por faltar a las promesas que ha hecho», declaró Enrique Arrieta, médico de Atención Primaria en Segovia. Una treintena de miembros de la plataforma debatieron la situación actual de la sanidad en la región, además de analizar el resultado de las últimas movilizaciones y plantear las líneas de actuación para los próximos meses.

La plataforma lamenta que «cada vez hay más recortes y menos recursos humanos en la región», circunstancia que «afecta a la atención que reciben los pacientes». Conscientes de la situación de una comunidad como Castilla y León, con una baja densidad de población, instan a la consejería de Sanidad a realizar «una planificación que tenga en cuenta que hay muchos grupos de población que están aislados y que hay poco personal». María Ángeles Raquejo, médico de familia en el Centro de Salud Segovia III, lamentó la marcha de profesionales a otras comunidades«debido a que encuentran mejores condiciones» fuera de Castilla y León. «Los contratos que se hacen aquí son de esclavitud. Se hacen día a día y no tienen derecho a bajas ni a vacaciones», afirmó, además de recordar que en cinco años «el 50% de los profesionales se va a jubilar y no hay reposición».

La plataforma apuesta por los consejos de salud como instrumentos que sirvan, en contacto permanente con otras asociaciones, para hacer un seguimiento de las promesas de la Consejería de Sanidad. «Con el paso de los meses estamos viendo que aquello que se prometió se queda en nada», afirmó Arrieta, quien se refirió a los anuncios de mejoras en la sanidad segoviana que Sáez Aguado realizó la pasada primavera. «Los aparatos que ha prometido no están todos en funcionamiento. Las nuevas unidades que promete, como la del ictus, no está funcionando a pleno rendimiento. La de cuidados paliativos en pediatría tampoco», dijo Arrieta, quien subrayó que la situación «no ha mejorado, ha empeorado».

Encuestas

Tampoco comparten los miembros de la plataforma los resultados de las encuestas e informes en los que se basa la Consejería de Sanidad para destacar su buen funcionamiento. «Se trata de indicadores muy concretos. La percepción que tienen los usuarios y los profesionales es de una escasa calidad de la sanidad», afirman. A ello contribuye en buena medida la falta de médicos en provincias como la de Segovia. «El problema es que las plantillas están bien diseñadas para una situación ideal en la que no surgen imprevistos», explica Arrieta, con un cupo que supera los 1.700 pacientes.«Los profesionales pasamos más tiempo en la carretera que atendiendo a los pacientes, lo que se traduce en que la atención no es la mejor», indicó. También incidió en problemas como la falta de relación con los propios pacientes o la ausencia de conexión a la red en una buena parte de los consultorios de la provincia.

Arrieta tampoco confía en que la futura construcción del Centro de Salud Segovia IV, en el barrio de Nueva Segovia, vaya a suponer una mejora sustancial. «No supone nuevos recursos ni la llegada de nuevos profesionales. Posiblemente se reduzcan los que hay en el centro de Segovia II. Es una reubicación», augura Arrieta, quien también puso de manifiesto que durante el verano, en la residencia asistida de Segovia, «ha habido un único fisioterapeuta para más de 350 pacientes».

La plataforma reivindica también la necesidad de no descuidar la atención primaria y reforzarla. «El 86% de los problemas de salud se resuelven con atención primaria, pero nos estamos olvidando de la atención integral del los pacientes porque no tenemos tiempo. Cada paciente necesita una atención y un tiempo, pero para eso necesitamos recursos», señaló Raquejo.

https://www.elnortedecastilla.es/segovia/centro-salud-nueva-20180916120531-nt.html


Uno de cada cuatro trabajadores del Ayuntamiento es interino

14/09/2018

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El Ayuntamiento de Segovia y la Diputación han convocado este año un total de 28 empleos públicos. En el caso de la institución provincial, la oferta de empleo público que ha logrado sacar adelante los últimos tres años ya que ha permitido recuperar gran parte de la estabilidad previa a la crisis. Sin embargo, para el Ayuntamiento de la capital esta oferta sigue siendo insuficiente y con muchas limitaciones. Aunque el Consistorio ha logrado recuperar el 100% de la tasa de reposición, la actual Ley de Contratos del Sector Público impide que esta administración pueda cubrir las plazas del personal que dejó su puesto o se jubiló entre 2012 y 2016, por lo que la tasa de interinidad ronda el 25%. Este lastre hace que la oferta de empleo público municipal sea escasa, según explica la concejala de Gobierno Interior y Personal y Patrimonio Municipal y Contratación, Marisa Delgado, quien lamenta que sigan sin poder cubrir las vacantes de hace seis años.

«Esta ley ha atado de manos y pies a los ayuntamientos, en especial a los pequeños», lamenta la edil. Además, recuerda que en un principio la tasa de reposición era de tan solo el 10%, el otro 90% quedó vacante. El porcentaje fue subiendo progresivamente hasta el 100%, una mejora que, sin embargo, no resuelve el problema. El Ayuntamiento tiene 530 empleados públicos y en la actualidad existen 131 vacantes de personal funcionario y 11 de personal laboral, es decir, hay cerca de un 25% de interinidad.

Este año el Consistorio sacará a concurso público dos plazas de bombero, dos de Policía Local y seis de auxiliar administrativo, ya que tan solo puede sacar las que han quedado vacantes en 2017. Por eso, además, de permitir de forma inmediata que se repongan todas las vacantes y no solo las del año anterior, Delgado aboga por una remodelación de esta ley para que se adapte a las peculiaridades de cada cuerpo y que permita anticiparse a las necesidades de los años consecutivos.

Esto supondría que las plazas del personal que prevé que pueda marcharse durante los años siguientes por jubilación o por cualquier otro motivo se puedan sacar a concurso con antelación y así evitar retrasos para su ocupación. Este sistema resultaría especialmente útil en cuerpos como el de la Policía Local donde el proceso, desde que sale a concurso la plaza hasta que empleado se incorpora al puesto, suele prolongarse durante más dos años, matiza la edil. En primer lugar, porque el procedimiento de selección es complejo, pero también porque es personal que antes de ejercer tiene que realizar la formación y un periodo de prácticas. Por eso, en estos casos solo sería posible cubrir las plazas casi de inmediato si se implantaran medidas más flexibles que dieran la opción de prever las bajas y convocar plazas con anticipación.

Además, la responsable del área recuerda que esta situación podría agravarse si el Gobierno aprobase la anticipación de la jubilación de los policías locales a los 60 años, en vez de a los 65. En Segovia, aproximadamente el 15% de la plantilla se encuentra en esta franja, por lo que en caso de implementarse para todos los agentes el mismo año en lugar de mediante un sistema paulatino, tal, y como se hizo en el caso de los bomberos, habría escasez de personal durante los dos años que conlleva la selección del nuevo personal.

Los sindicatos piden más empleo público en la provincia

Los sindicatos consideran que se tiene que seguir apostando de forma decisiva por el empleo público en la provincia. El secretario general de CC OO en Segovia, Álex Blázquez, indica que son pocas las plazas que ofertan cada año ambas instituciones e insiste en la importancia de remunicipalizar la gestión de servicios públicos como el abastecimiento de agua, el alumbrado, las basuras o la limpieza. «Los intermediarios encarecen el producto y disminuyen la calidad», sentencia. Sin embargo, advierten de que la implicación no tiene que ser únicamente con los empleados públicos, sino que tiene que ir un paso más allá y apostar también por los colectivos en riesgo de la ciudad y la provincia. Por esto, tanto Comisiones Obreras como UGT abogan por poner en marcha, lo antes posible, un plan de empleo local. «La clave es intentar paliar el desempleo en la provincia con contrataciones a parados de larga duración y personas en riesgo de exclusión social, como jóvenes o mayores de 55 años, con medidas que lleguen al máximo número de personas posible», explica el secretario provincial de UGT, Manuel Sanz.

Aunque las negociaciones llevan meses encima de la mesa, la Diputación «no ha mostrado buena disposición», según los sindicatos, que confirman que todavía no han recibido el borrador de esta institución. Más avanzado está el proceso con el Ayuntamiento de la capital, con el que esperan poder ultimar los detalles a lo largo de este mes de septiembre con el fin de poner en marcha este proyecto que aúna a patronal sindicatos y administración. Además, el Consistorio ya ha aportado las cifras anuales destinadas a empleo que, tal y como ha indicado Blázquez, con las ayudas de la Junta de Castilla y León superan el millón de euros.

Blázquez lamenta que Segovia sea la última provincia de la Comunidad en poner en marcha estos acuerdos que, a su juicio, beneficiarían enormemente a los más de 6.000 parados que hay en la provincia. Asimismo, explica que los sindicatos tan solo ponen dos condiciones: que el plan de empleo tenga una vigencia de dos años, para evitar la campaña electoral, y que el presupuesto que destinen ambas instituciones a la lucha por el progreso y la creación de empleo sea lo más elevado posible.

 

Delgado confía en que el nuevo Gobierno analice estas necesidades, escuche a los ayuntamientos y flexibilice esta ley de contratos que, a su juicio, está pensada para grandes administraciones como ministerios o comunidades autónomas, pero no para ayuntamientos pequeños con serias limitaciones de presupuestos y de recursos.

Las contrataciones y las condiciones laborales de los 530 funcionarios e interinos, así como de los cerca de 50 trabajadores temporales que cada año pasan por esta administración para hacer sustituciones o para servicios concretos como parte de las ayudas y subvenciones de diferentes administraciones, depende de esta concejalía. Por eso, otra de las máximas que defiende la edil es la modernización.

En 2008 comenzó el proceso de mejora de la valoración de los puestos de trabajo hasta el nivel 17, lo que incluye a operarios, ayudantes, auxiliares, oficiales y administrativos, estos últimos hasta el punto de que este 2018 han logrado una equiparación de nivel con la policía local. «Está bien que los puestos con peor valoración y retribución mejoren sus condiciones, pero estos avances tienen que trasladarse de forma progresiva a categorías superiores para evitar la desigualdad», sentencia. Por eso, a pesar de la oposición de los sindicatos considera justo que los próximos años se sigan revisando las condiciones y los complementos a partir del nivel 18, correspondiente a la PolicíaLocal porque «el objetivo es que todos los empleados públicos tengas las mismas oportunidades de mejorar sus condiciones laborales».

Plantilla estable

La Diputación de Segovia también ha sufrido las importantes restricciones de la ley de Contratos del Sector Público, aunque el diputado de de Administración y Personal, José Luis Sanz Merino, insiste en que los puestos «han estado cubiertos en todo momento con personal interino o temporal». Reconoce que la situación de esta institución se resintió durante los años de la crisis porque no pudo sacar oferta de empleo público y cubrir las vacantes. Sin embargo, recalca que la flexibilidad que el Gobierno otorgó en el área de servicios sociales, donde se permitió reponer el 100% de las plazas, ha facilitado la situación.

Además, desde 2016 han logrado sacar un número de puestos muy considerable, según el diputado. En concreto, este 2018 han convocado un total de quince plazas. De ellas, once son de auxiliar de administración general, una de ingeniero superior en telecomunicaciones, un técnico auxiliar de gestión tributaria, otro técnico jurídico de servicios sociales y un encargado de obras.

En este caso predominan las de auxiliar administrativo y es que, al igual que los dos últimos años, la Diputación prima la cobertura de las plazas con mayor interinidad, es decir, las que llevan en torno a cinco años ocupadas por personal interino. No obstante, Sanz Merino, confirma que la situación de la institución provincial no se puede considerar preocupante, ya que de los en torno a 725 empleados que trabajan en las diferentes áreas hay unas 25 vacantes que en estos momentos están cubiertas por interinos, es decir, en torno al 3,4%. El objetivo es reducirlas al máximo y recuperar los años en los que no existían vacantes, pero para la rigidez que ha supuesto la ley de contrataciones las condiciones son razonablemente buenas, comenta. Asimismo, confía en que esta administración logre estabilizar su plantilla prácticamente por completo con la oferta de 2019.

Estas nuevas convocatorias también están suponiendo una reducción de la edad media de los empleados, que oscila entre los 45 y los 50 años. Eso sí, las cifras varían en función del colectivo. Por ejemplo, en el caso de las auxiliares de clínica predomina la gente más joven, mientras que en puestos de ingenieros o arquitectos hay personal más veterano.

Petición al nuevo Gobierno

Sanz merino espera que el nuevo Gobierno socialista mantenga la senda de flexibilizar cada vez más las contrataciones del sector público. Además, le transmite la petición que ya realizó al anterior Ejecutivo el pasado mes de mayo de convocar de forma urgente oposiciones a la escala de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional en todas sus categorías. A su juicio, existen importantes problemas generacionales en los ayuntamientos de los municipios de la provincia con la renovación de secretarios e interventores. «En dos o tres años se jubilarán la gran mayoría, por lo que el Estado debería de plantearse sacar más plazas de forma urgente», detalla.

En este ámbito la interinidad se sitúa en torno al 50% de los cerca cien empleados públicos que hay en los diferentes consistorios de la provincia y podría llegar hasta el 75% en los próximos años, según las estimaciones del diputado. Una situación, en su opinión, «muy preocupante».

Con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores tanto la Diputación de Segovia como el Ayuntamiento han aprobado en pleno, en el primer caso en el mes de julio y en el segundo el pasado viernes, la aplicación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos. Además, ambas han aplicado las subidas salariales estipuladas para este colectivo y se han comprometido a retribuir los atrasos a lo largo de este 2018. La institución provincial también ha aprobado el cobro del 100% de la retribución de las bajas laborales desde el primer día.

https://www.elnortedecastilla.es/segovia/cuatro-trabajadores-ayuntamiento-20180913190255-nt.html


El honor en un grano de arena. Antonio Maira

14/09/2018

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Según informa el periódico digital eldiario.es Defensa ha abierto un expediente disciplinario y ha acusado por falta grave al cabo profesional en activo Marco Antonio Santos.

Santos no es un “tapado”, tal como ocurre con los generales y coroneles que la edad ha arrojado y va arrojando al heroico archivo público de los centenares (algunas fuentes hablan de 600), militares de alta graduación que han reivindicado y hecho la apología la figura militar y política de Francisco Franco, genocida reconocido. Da la cara en nombre de las clases populares.

El cabo profesional es un hombre de honor. El suyo condensa el de los millones de españoles ejecutados, encarcelados, exiliados y torturados por un general al que los militares que le ensalzan tachan de militar y político ejemplar. Condensa además el honor y la gloria de los militares y civiles que fueron ejecutados en los campos de concentración nazis, a donde les llevó el dedo acusador de ese “Caudillo por la Gracia de Dios”, de estremecedor recuerdo.

El honor del cabo profesional Marcos Antonio Santos es, frente los centenares de militares franquistas, y frente a los que se atreven a someterlo a un procedimiento semijudicial que recuerda a los juicios sumarísimos del franquismo (¡que importan los formalismos de “expediente disciplinario”! y de “falta grave” en un caso como este, tan dramático y valiente, como el enfrentamiento de un militar profesional con la cúpula fascista de las Fuerzas Armadas).

¿Qué haría el admirado por esos centenares de apologistas del “Generalísimo Franco”, si se aplicase ahora a Marcos Antonio Santos, cabo profesional del Ejército de Tierra, las leyes o los “tribunales sumarísimos”? ¿Le fusilarían? ¿Cuál Ley de represión o pronunciamiento les serviría para hacerlo?

Marcos Antonio Santos es, sin duda alguna, un granito de arena de ese inmenso pueblo español, aterrorizado por una declaración militar de altos mandos, que no tiene otro objetivo que servir de instrumento disuasorio contra ese pueblo que observa con terror la proclama de espadones, y el terror y la irresponsabilidad de los partidos políticos que se dicen “democráticos”, especialmente los que se proclaman “de izquierda”.

Marcos concentra un grito de resistencia y una desesperada, pero serena, llamada a los militares que deberían tener un honor tan grande como el suyo.

Santos, según testifica él mismo, es, dentro de los cuarteles, un “rojillo de mierda”, sistemáticamente perseguido, insultado pero no doblado por sus superiores. ¿Qué lugar ocupa en esta barbarie, la Constitución, y las Leyes?

¿Cuándo va defensa a expulsar inmediatamente a esos centenares de militares de alta graduación que están apoyando al fascismo interno y externo a las fuerzas armadas?

¿No hay acaso en las normas constitucionales, en las Leyes y en los acuerdos y convenios internacionales que prohíban expresamente el delito de coacción al pueblo y las declaraciones de apoyo al franquismo-nazismo-fascismo que supone esta declaración?

Todo parece señalar, que el Gobierno ha colocado una cortina de humo para bloquear su obligación ineludible de procesar penalmente a los firmantes de una declaración, que proclama la apología de Franco, general y dictador ejemplar, según la propia declaración dice.

Ejemplar asesino y genocida, que apoyó y entregó la soberanía a la Alemania nazi y a la Italia fascista según todas las evidencias históricas. Esa declaración –lo sabe perfectamente el gobierno-, desdeña y humilla al pueblo español, no solo a las víctimas del franquismo. Lo amenaza.

¿Qué importa pues que los militares implicados estén en situación de retiro o en actividad? ¿Acaso aceptará el Gobierno y los partidos que forman parte del Parlamento, esa línea de impunidad que han marcado los propios franquistas?

¿Ignora el propio Gobierno que esa hidra crece día a día a medida que nuevos coroneles o generales y almirantes se incorporan a la situación de impunidad? ¿A medida que incorporan a la declaración a los nuevos lobos, que han crecido bajo su mando y sus enseñanzas?

¿Qué lugar ocupa en esa amenaza al pueblo, el propio Rey, heredero de uno de los productos más acabados de Franco, que hizo realidad lo de “quedó todo atado, y bien atado, y que, además, es responsable como Jefe supremo de las Fuerzas Armadas”?.

¿Cuál ha sido la responsabilidad de los partidos que han “transicionado” del franquismo al franquismo en un desleal negocio que se ha realizado a espaldas o mediante engaño del pueblo?

¿Acaso comete falta alguna el honorable cabo profesional Marcos Antonio Santos por “emitir expresiones contrarias hacia la Constitución, la corona franquista y los demás órganos colaboradores del estado”?

Acaso no saben los miembros del gobierno que aceptan el castigo de un militar honorable, entregan su cabeza, lo intentan humillan a él y a su familia, por el solo hecho de abrirle “expediente disciplinario por falta grave”; con penas que pueden ir desde una multa económica (a la familia de un trabajador especializado que cumple su tarea dentro de las FAR), un arresto de quince a treinta días o un gravísimo “cambio de destino”. Alguien ha pensado en el sufrimiento de la familia de un militar ejemplar, como es el caso del cabo Marco Antonio Santos.

¿Qué pasa aquí, se va a convertir en precedente general, y en anotación y precedente judicial personal para una posible expulsión de las Fuerzas Armadas, un caso indiscutible de honorabilidad ejemplar?

¿Es posible que, con excepciones, no haya surgido un clamor en los medios de comunicación y en las organizaciones sociales que denuncien este hecho y hagan absolutamente imposible su repetición?

¿No es evidente que los partidos realmente democráticos tienen que reclamar una depuración profunda e inmediata de las Fuerzas Armadas, empezando por el Rey y el hecho mismo de la existencia de una monarquía fuente de corrupción y ejemplar en la generalización de la corrupción generalizada?

¿Cuál es y, sobre todo, como se rompe la “neutralidad política” en la firma de un Manifiesto en el que “se hacen peticiones, reclamaciones, quejas o manifestaciones contrarias a la disciplina, así como formularlas con carácter colectivo”, cuando esas declaraciones consisten en la denuncia de un fascismo arraigado en las Fuerzas Armadas?

Como en Suecia, en muchos países de Europa, o en la misma Dinamarca “algo empieza a oler a podrido”.

Amigo Marco Antonio, pongo mi grano de arena al lado del tuyo y declaro estar en activo en la lucha contra el franquismo.

Antonio Maira es Capitán de Fragata de la Armada (r)

Fuente: Rebelión


Las cifras que rebaten la imagen idílica de la Transición

12/09/2018

1536407739_283790_1536408682_sumario_normal_recorte1“En la Transición ni hubo ocultación, ni sometimiento, ni miedo. Hubo grandeza moral, sentido de la historia, reconciliación y concordia”. El nuevo líder del PP, Pablo Casado, describió así el periodo posterior a la muerte del dictador Francisco Franco en un tuit el pasado 2 de septiembre, el mismo día en el que anunció que impulsaría la “ley de la concordia” para “derogar la sectaria relectura de la Historia” impuesta, según considera, por la Ley de la Memoria Histórica. Sin embargo, los cientos de vidas que se cobró la violencia política en aquel periodo, que a falta de un registro oficial los investigadores calculan entre 600 y 700, rebaten esa imagen idílica de la Transición.

De sobra son conocidos acontecimientos como la matanza de Atocha, cuando el 24 de enero de 1977 un comando ultraderechista asesinó en Madrid a cinco abogados laboralistas, o los cientos de crímenes de ETA. Sin embargo, hubo muchas más víctimas. “¿Quién se acuerda hoy, con la excepción de quienes las vivieron en propia carne, de las incursiones, extremadamente violentas, e incluso letales, de los grupos de extrema derecha? ¿De las manifestaciones que degeneraron en disturbios? ¿De los asesinatos de refugiados vascos que perpetró el Batallón Vasco Español? ¿De los guardias civiles que mataron los GRAPO? ¿De los civiles segados por los disparos de la policía?”, se pregunta la investigadora Sophie Baby en el recién publicado El mito de la transición pacífica: violencia y política en España 1975-1982 (Akal, 2018).

Sin la existencia de un registro oficial de víctimas, el primer problema para determinar el número de muertos como consecuencia de la violencia política durante la Transición es, precisamente, el tiempo durante el cual se extendió este periodo. Aunque existe un cierto consenso en situar su comienzo en la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, no existe un acuerdo que especifique cuándo concluyó: algunos historiadores consideran que fue un periodo corto que se extendió hasta las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977 o la aprobación de la Constitución (el 6 de diciembre de 1978), mientras que otros lo prolongan hasta el intento de golpe de Estado (el 23 de febrero de 1981) o incluso la primera victoria del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en 1982.

El escritor y periodista Mariano Sánchez Soler calcula en una investigación publicada en el libro La Transición sangrienta (Península, 2010), que entre 1975 y 1983 “la violencia política” se cobró la vida de 591 personas. De ellas, ETA y el terrorismo de izquierdas fueron los responsables de 344 muertes (58,2%) y el GRAPO de 51 (8,6%). Además, según Sánchez Soler, otras 51 murieron en enfrentamientos policiales, 49 fueron asesinadas a manos de grupos de extrema derecha y 54 perdieron la vida a causa de la represión policial.

Sophie Baby, en El mito de la transición pacífica, eleva el número de víctimas mortales a 714, ocurridas entre las “más de 3.000 acciones violentas” que se produjeron en un periodo comprendido entre 1975 y 1982. De ellas, lo que la investigadora denomina “violencia contestataria”, es decir, los actores “que protestaban” fueron responsables de 536 muertes, mientras que la “violencia del Estado” causó la muerte de 178 personas. Dentro de la “violencia contestataria” figuran ETA, con 376 muertos, Terra Lliure (1), GRAPO (66), y la extrema derecha (67), de acuerdo con la investigación de Baby.

“La violencia política ocurrida a lo largo de la Transición constituye un fenómeno generalizado. Estas cifras, que no representan más que un volumen mínimo, aquel del que tenemos constancia fehaciente, son lo suficientemente abultadas para afirmarlo”, estima Baby. Según la investigadora, es preciso desterrar la idea preconcebida de que “la violencia terrorista vasca monopoliza la cuestión de la violencia durante la Transición”. Aunque fue el grupo más mortífero, es preciso tener también en cuenta “la violencia antiterrorista perpetrada por la extrema derecha y la violencia imputable a las fuerzas del orden”, considera.

¿Fue por tanto la Transición, como afirma Pablo Casado, un periodo en el que “no hubo ni ocultación, ni sometimiento, ni miedo”? Según Sophie Baby, “la violencia estatal es la que más se oculta” y, en el caso de la Transición, “una vez consolidado el marco democrático, no pareció ya pertinente centrarse en unos gestos que venían a poner en peligro los esfuerzos realizados en pro de la legitimación del nuevo régimen”. De este modo, “la violencia estatal se convirtió en un espacio de silencio”. En cuanto al sometimiento, solo en 1977 hubo cargas policiales en 788 manifestaciones en España, de acuerdo con los cálculos de Mariano Sánchez Soler. Medir el miedo no es posible. Pero la muerte de entre 600 y 700 personas como consecuencia de la violencia política, según los estudios de Sánchez y Baby, descarta la existencia de una sociedad libre de temores.

https://elpais.com/elpais/2018/09/08/hechos/1536407739_283790.html

 


El gasto por estudiante en España es un 14% menor que la media de la Unión Europea

12/09/2018

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En 2015, el gasto total por alumno en instituciones educativas españolas fue de alrededor de 7.300 euros (8.432 dólares), una cuantía inferior al promedio de los países de la OCDE y al de la UE22, en un 14% y 12%, respectivamente.

Estos son algunos de los datos que recoge el informe anual ‘Panorama de la Educación 2018: Indicadores de la OCDE’ elaborado por esta organización con datos de 2015 a 2017 dados a conocer este martes por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

El menor gasto en educación por alumno en España queda reflejado en el porcentaje del presupuesto público dedicado a la educación, un 8,4%, por debajo de la media de la OCDE (11,1%) y de la UE22 (9,5%).

La necesidad de que la educación en España gane en equidad y en recursos también se pone de manifiesto en la Formación Profesional, un área que el Gobierno quiere impulsar tal y como transmitió a los agentes sociales en una reunión celebrada este lunes en La Moncloa.

En un comunicado, el Ministerio que dirige Isabel Celaá, hace hincapié en que España se sitúa entre los 35 países de la OCDE con menor proporción de alumnos entre 16 y 18 años que eligen la Formación Profesional, un 35% frente a un 44% de la OCDE y un 48% de la UE22.

En los primeros puestos de la lista, se colocan Finlandia, Países Bajos, Italia y Reino Unido. Alemania lidera el ranking de la Formación Profesional Dual (modalidad que combina la formación teórica práctica recibida en un centro educativo con la actividad práctica en un centro de trabajo) con el 31% de alumnos matriculados en 2016, frente al 1% de España.

De entre los jóvenes españoles de 15 a 29 años, el 51,2% está estudiando, el 28,9% no estudia pero trabaja, y el 19,9% ni estudia ni trabaja, según datos de 2017.

En comparación con el promedio de los países de la OCDE, el porcentaje en España es superior en el caso de los jóvenes que están estudiando (OCDE 47,4%), inferior en aquellos que no estudian y están ocupados (OCDE 39,1%) y mayor en el caso de los jóvenes que ni estudian ni trabajan (OCDE 13,4%).

Un dato positivo para España es respecto a las tasas de escolarización, de las más elevadas, principalmente en educación infantil. En 2015, la escolarización en España era ya prácticamente total a los 3 años ya que alcanzó el 96%, mientras que la media de los países de la OCDE se situó en el 76%, y la de la UE22, en el 82%.

https://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/presupuesto-educacion-espana-ue/20180911164950155564.html