Tribunal Supremo: estas son mis sentencias, si no les gustan (a los bancos) tengo otras. Josefina L. Martínez

22/10/2018

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El Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) de las escrituras de las hipotecas hasta ahora lo pagaban los clientes. Pero el Tribunal Supremo emitió una sentencia este jueves que trasladaba esa carga impositiva a los bancos. El diario Público aseguraba que “una hipoteca media de 150.000 euros conllevaría un importe próximo a 1.500 euros”. La agencia de calificación financiera Moody’s calculaba que debido a este fallo los bancos deberían desembolsar hasta 4.000 millones de euros.
Cuando todavía estaba fresca la tinta de la sentencia, y aún no se confirmaba si iba a tener efectos retroactivos sobre las hipotecas de los últimos años, el Supremo emitió este viernes una rectificación.

En una nota informativa, el presidente de la Sala Tercera de dicho organismo sostiene que la sentencia “supone un giro radical en el criterio jurisprudencial” y que causará una “enorme repercusión económica y social”. Por ese motivo, el tribunal ha decidido “dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objeto similar” y pasar la decisión al Pleno de la Sala para que decida “si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado”.

¿Qué sucedió en estas 24 horas para que se tomara la inédita decisión de dejar en el aire una sentencia de este tipo? La banca y el establishment pusieron el grito en el cielo y presionaron para que se reviera, alegando que iba a generar grandes pérdidas a la “economía”.

Tan solo minutos después de conocerse la sentencia, los mercados del Ibex35 se hacían escuchar provocando fuertes caídas en los valores accionarios de la banca: “La lista de bajadas la encabezó el Sabadell, que perdió el 6,7%. Le siguieron Bankinter (cayó el 6,27%), Bankia (5,11%), CaixaBank (4,54%), BBVA (2,70%) y Santander (2,05%). Entre todas, perdieron casi 5.900 millones de euros de valor en Bolsa en una sola sesión.” (El País, 19 de octubre).

Los bancos ya habían hecho saber que, si aceptaban cumplir con esta nueva normativa, trasladarían a los clientes los costes con intereses crediticios más altos. Un mensaje “mafioso” que dejaba claro algo: en este sistema, la banca siempre gana.

La noticia cobra una dimensión particular al conocerse esta misma semana más detalles de la escandalosa estafa global que protagonizaron entidades financieras como el Banco Santander, Bank of America, Deutsche Bank, Macquarie Group, BNP Paribas y grandes millonarios. En esta trama mundial, las entidades, brokers y fondos de inversión se ponían de acuerdo para hacer operaciones de venta y compra de acciones en plazos muy cortos, emitir certificados fiscales y reclamar al fisco la devolución de impuestos por miles de millones de dólares. Se estima que tan solo en Alemania, se apropiaron 10.000 millones de euros de los contribuyentes, por “devoluciones de impuestos” que nunca habían pagado.

Son las mismas entidades financieras que durante la crisis se beneficiaron de los fondos de rescate de los estados, una cifra nada despreciable que aquí ascendió hasta 77.000 millones de euros, de los cuales el Estado español ya dio por “perdidos” nada menos que 60.000 millones.

Y es la misma “casta judicial” que mientras envía a la cárcel a periodistas, tuiteros, activistas, actores y políticos independentistas, cubre de impunidad a los corruptos y salva a los grandes bancos cuando hay fallos en su contra.

http://www.izquierdadiario.es/Tribunal-Supremo-estas-son-mis-sentencias-sino-les-gustan-a-los-bancos-tengo-otras?id_rubrique=2653&fbclid=IwAR0KgBQRG134J5vQTNCWDdD6rM2GNHjHa3iwKkT0oQ2AsKo4i_lMOt6ug1s

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Ana Botín y el feminismo del 1% Por más feministas que seamos, la sororidad tiene un claro límite de clase. Nuria Alabao

19/10/2018

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Hace poco Ana Botín, presidenta del Banco Santander, y miembro del consejo de administración de Coca-Cola se declaró públicamente feminista. La revista Forbes la ha reconocido hace poco como la novena mujer más poderosa del mundo y no es raro, el Santander es uno de los mayores bancos del mundo. Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola O’Shea forma parte de un saga familiar al frente de la entidad financiera, de una, podríamos decir, monarquía hereditaria, que inauguró su bisabuelo Emilio Botín I. Esta presidencia acabaría recayendo en su hijo, Emilio Botín II, que –adivinen– tuvo un hijo que también fue presidente y sí, también se llamaba Emilio Botín (III). Su hija, Ana Patricia, mujer “hecha a sí misma” no se llama Emilio, pero también acabó asumiendo el cargo y la fortuna que viene con el apellido de la familia que –dicen– es la más rica de España.

Ana Botín se ha declarado feminista y el Santander acaba de publicitar un nuevo fondo de inversión “por la igualdad de género”. El propósito es que si usted lectora ahorradora tiene unos dinerillos y quiere pintar el mundo de violeta puede invertir en este atractivo fondo que le genera beneficios y además financia empresas que “promueven” la igualdad de género. Porque como dice Ana Botín, “una proporción más alta de mujeres en puestos directivos, además de ser justo, es bueno para el negocio.”

Su feminismo, dice, “es un feminismo autosuficiente, en el que te puedes valer por ti misma. No requiere una organización colectiva… Por esa misma razón no es estrictamente político y, quizá por eso, es algo que a muchas profesionales como yo nos resulta atractivo de forma natural”. Esta es una perfecta definición del feminismo liberal: individualista –no hace falta organizarse, organizarse es de pobres que luchan, entre otras cosas, por sus condiciones laborales o por el desmantelamiento del Estado del bienestar– y meritocrático, de esa extraña mezcla algo paradójica que sale del “valerse por sí misma” y ser heredera de una de las familias más poderosas de Europa.

Botín no se declara a favor de las cuotas. Sin embargo, la ministra de Igualdad, Carmen Calvo está impulsando una norma que podría encajar perfectamente en este feminismo-Botín o feminismo liberal: imponer por ley cierta representación de mujeres en la dirección de las empresas. (Ese 30% del infierno, del que nos hablaba la feminista mexicana Raquel Gutiérrez). ¿Es esta una política feminista?

Cuotas en las direcciones empresariales

Hay un sentido común de politóloga que dice que las políticas de techo de cristal acaban generando más igualdad en las empresas porque las mujeres son más “sensibles” a la conciliación o a la promoción femenina. Rosa Luxemburgo se arrancaría los pelos de la cabeza con sus propias manos si oyese que las conquistas de las trabajadoras tienen que depender de la buena voluntad de las directivas y no de la organización y de la reclamación colectiva de derechos. Por no hablar de ejemplos como estas declaraciones –del 2014– de la entonces presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, que dijo que prefería contratar “a mujeres menores de 25 y mayores de 45” para evitar embarazos. En fin, ni el feminismo, ni la conciencia social vienen con el género, mucho menos con el género de las empresarias.

Varias décadas de políticas de “discriminación positiva”, en EE.UU. –el término es de 1961– demuestran que estas han sido efectivas para aumentar la igualdad entre hombres y mujeres en las capas profesionales del 15% más alto. Para la gran mayoría de ingresos medios –60% de los trabajadores–, la brecha de género se ha reducido pero por abajo, por un descenso del salario y un empeoramiento las condiciones de trabajo de los hombres cuyas condiciones se van equiparando a las de las mujeres. En las posiciones más bajas, estas políticas apenas se han notado. ¿Quién reclama ser igual a un inmigrante varón en un invernadero de Almería?, por poner un ejemplo.

Por tanto, se da la paradoja de que a medida que se reduce desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, aumentan la desigualdad social y la precariedad en todos los ámbitos. Desde el feminismo, ¿qué queremos? ¿Estamos pidiendo igualdad en la precariedad o queremos arañar más beneficios al capital y redistribuir? Porque nos podemos encontrar que consigamos igualdad, en condiciones de existencia cada vez más degradadas o que igualdad en cuidados, signifique que ninguno, ni hombres ni mujeres puedan ocuparse de los suyos en condiciones.

En el feminismo también hay intereses distintos de clase, así como una disputa por utilizar el capital político y la legitimidad que de él se derivan. Por tanto, las políticas destinadas a romper los techos de cristal son políticas para el 1% porque solo afectan a una pequeña élite de mujeres. Muchas veces, los destinos de esas mismas mujeres –como en el caso de Botín– están estrechamente relacionados con la banca o el capitalismo financiero; es decir, con los intereses –bien materiales y reales– que hay detrás de las políticas de austeridad y de recortes de la Troika y con los más de 40.000 millones de todas que perdimos al rescatar a esos mismos bancos. El FMI –sorpresa– también está encabezado por una feminista.

A estas alturas ya sabemos que cuando se desmantela el Estado del bienestar las que salimos más perjudicadas somos las mujeres. En el sector público es donde se dan los empleos en mejores condiciones, pero también es el que proporciona apoyo material y prestaciones para ocuparse de las tareas de cuidados (excedencias laborales, subsidios, casas-refugio para mujeres maltratadas, cuidado de niños gratuito, etc.) que consiguen rebajar un poco la opresión que se produce en los hogares. Los sectores públicos vaciados y degradados por las mismas autoridades que esgrimen sus credenciales feministas están devolviendo las responsabilidades del trabajo reproductivo al hogar, es decir, a las mujeres.

El mantra del feminismo liberal

Como explica Susan Watkins (New Left Review 109), el empoderamiento de las mujeres es, desde hace mucho tiempo, un mantra del establishment global que ha sido impulsado por poderosos intereses empresariales. La Fundación Ford, por ejemplo, estuvo invirtiendo a partir de la década de 1970 hasta 200 millones de dólares anuales en financiar organizaciones feministas cuyas acciones eran compatibles con el reforzamiento del modelo empresarial. De hecho, Este feminismo del 1%, en realidad, es el que ha dado forma a las políticas oficiales del feminismo mundial durante los últimos veinte años. Como por ejemplo la concesión de microcréditos a las mujeres más pobres en lugares como India, que sentó las bases de la financiarización del Sur Global y endeudó a cientos de miles de mujeres.

“¿Por qué son tan decepcionantes los resultados de tanto esfuerzo y tan sesgados los beneficios hacia la clase media-alta? Las limitaciones del proyecto feminista global están inscritas en parte en su modelo estratégico: “incorporar a las mujeres a la corriente principal” del orden existente, sobre todo a los estratos empresariales y profesionales”, dice Susan Watkins. Esta autora, además, señala que unas de las principales contradicciones de este feminismo es que las reglas antidiscriminatorias nunca se han aplicado a la propiedad, donde las cuotas de género son impensables.

Entonces, frente a los intereses del feminismo liberal nos toca decir: las cuotas en los consejos de administración no son las políticas que necesitamos. Política feminista es subir el salario mínimo, derogar las últimas reformas laborales, educación universal y gratuita de 0 a 3, más Estado del bienestar y, aunque haya debate, yo diría que la Renta Básica Universal porque las mujeres somos las más pobres y las más precarias. Estas –y muchas otras– son las medidas feministas que necesitamos, las que afectan a la mayoría de las mujeres y no al 1% y que además, están claramente confrontadas con los intereses de las del feminismo-Botín. Por más feministas que seamos, la sororidad tiene un claro límite de clase. No, en muchas cosas, no estamos en el mismo bando. Como dice Bell Hooks, la sororidad, es poderosa pero seremos hermanas en la lucha únicamente si nos enfrentamos juntas a las formas en las que también las mujeres –aprovechando las desigualdades de clase, de raza o de identidad sexual– dominan y explotan a otras mujeres.

https://ctxt.es/es/20181017/Firmas/22362/feminismo-ana-botin-cuotas-igualdad-discriminacion-techo-de-cristal.htm


Religión fuera de la escuela. Enrique Díez

17/10/2018

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Vaya por delante que, como católico practicante y cristiano convencido, defiendo una educación pública, inclusiva y laica, porque considero que la laicidad de las instituciones públicas es la mejor garantía para una convivencia plural en la que todas las personas sean acogidas en igualdad de condiciones, sin privilegios ni discriminaciones. Tanto las católicas como las musulmanas, las ateas, las agnósticas o las protestantes, etc.

La actitud laica tiene dos componentes: libertad de conciencia y neutralidad del Estado en materia religiosa. Cada persona es libre de ser o no religiosa y de abrazar la religión que quiera, mientras que el Estado debe abstenerse y mantenerse al margen de estas creencias y prácticas personales. En este sentido, el laicismo busca separar esferas (el saber de la fe, la política de la religión, el estado de las iglesias), para garantizar la libertad de conciencia y posibilitar la convivencia entre quienes no tienen los mismos credos.

Todas las religiones, incluida la católica, deben ocupar el lugar que les corresponde en democracia: la sociedad civil, no la escuela; que debe quedar libre de cualquier proselitismo religioso. El espacio adecuado para cultivar la fe en una sociedad en la que hay libertad religiosa son los lugares de culto: parroquias, mezquitas, sinagogas u otros.

Pero esta separación iglesia-estado no se resolvió adecuadamente durante la Transición. El paso de la escuela nacional-católica de la dictadura franquista a una escuela laica o aconfesional, como la que propicia la Constitución, se impidió manteniendo unos Acuerdos con el Vaticano, heredados de las postrimerías de esa dictadura franquista, que “obligan” a que se oferte la asignatura de religión en todos los colegios y facultades de formación del profesorado de todo el Estado. El PSOE perdió una oportunidad de oro para derogarlos cuando era posible y deseado por la mayor parte de la sociedad.

No obstante, actualmente, en un Estado aconfesional como el que hemos acordado en la Constitución española, con libertad de culto, se debería impulsar y fortalecer una escuela laica, como instrumento plural, defensor de los derechos humanos y libertades, inclusiva, no sexista.

Por eso, la Escuela Pública ha de ser laica para ser de todos y todas, para que en ella todas las personas nos reconozcamos, al margen de cuáles sean nuestras creencias. Creencias personales que son un asunto privado. Por eso, la religión no debe formar parte del currículo. No por motivos antirreligiosos, sino desde un planteamiento pedagógico y social beneficioso para el desarrollo de la racionalidad del menor de edad, de su independencia y autonomía personal, para la que debe ser educado libremente.

La finalidad de la escuela no puede ser inculcar dogmas, muchos de los cuales además entran en contradicción con la razón, la ciencia y los derechos humanos, como la subordinación de la mujer o el origen mágico de la vida y el universo. Ni la escuela es lugar de exclusión y discriminación en el que niños y niñas sean separados en función de las creencias o convicciones de sus familiares, lo cual es una afrenta a la libertad de conciencia y una grave vulneración de los Derechos de la Infancia, como recoge la Declaración de los Derechos del Niño y de la Niña de 1959 y la Convención de 1989, que rechazan el adoctrinamiento y el proselitismo religioso. Separar al alumnado que comparte toda la jornada escolar, a la hora de las clases de religión, dificulta su convivencia y entendimiento, que es de donde nace el afecto y la solidaridad.

Pero es más grave aún si analizamos la normativa que establece el currículum de la enseñanza de la religión católica en la educación primaria y secundaria actualmente. Ésta convierte la clase de religión en catequesis, pese a que explícitamente afirme que huye de “la finalidad catequética o del adoctrinamiento”. La jerarquía católica, que es quien decide los contenidos de la materia de religión, no acepta la realidad de los nuevos modelos familiares y se empecina en su retrógrada concepción de la sexualidad humana, negando la diversidad sexual reconocida ya por la legislación, el derecho al propio cuerpo, a la libertad sexual y a la anticoncepción. La concepción y la práctica del catolicismo, en donde la mujer es subordinada, que mantiene y justifica un modelo sociedad patriarcal, no es compatible con la educación en igualdad que es un principio pedagógico básico. Hasta el teólogo Juan José Tamayo afirma que “los contenidos son en su totalidad catequéticos con tendencia al fundamentalismo; el pensamiento que se transmite es androcéntrico; el lenguaje, patriarcal; la concepción del cristianismo, mítica; el planteamiento de la fe, dogmático; la exposición, anacrónica”.

La religión católica actualmente tiene una carga horaria superior a la de contenidos tan importantes como la educación física o la educación artística. Es más, las clases de religión restan muchísimas horas lectivas a las demás asignaturas, que sí son importantes y acordadas por toda la comunidad educativa y social. Pero es que la religión católica ya se imparte en la mayor parte de las materias que se estudian a lo largo de la escolaridad. Para analizar el estilo arquitectónico de un templo, para explicar el Camino de Santiago o un cuadro de Velázquez o una partitura de Bach, para adentrarse en la literatura del siglo de oro o el origen de la lengua castellana y, sobre todo, para comprender la mayor parte de la historia de este país, se acude y se explica en clase la religión católica. Es incomprensible, por tanto, este empeño de la jerarquía católica, en exigir, además de los púlpitos los domingos en misa, una asignatura específica en todas las escuelas dedicada a catequesis.

Sumemos a todo ello que, el acuerdo con el Vaticano, heredado del franquismo, impone que en la Escuela Pública haya “profesores y profesoras de religión” pagados por el Estado (es decir, con los impuestos de todos y todas) pero nombrados a dedo por los obispos, que los seleccionan en función de sus creencias, de su fe, sin haber pasado, como todos los demás docentes, por una oposición en igualdad, mérito y capacidad. Más de quince mil de estos verdaderos “delegados diocesanos” figuran como personal laboral (debido a la ley educativa LOE aprobada por el PSOE) en los centros escolares de titularidad pública. Además, los obispos pueden despedirles sin tener que explicar el cese (cosa que suelen hacer en función de avatares de la vida privada de esas personas). De hecho, mientras en las demás asignaturas fomentamos el respeto a todas las personas al margen de su estado civil, la jerarquía católica despide a profesoras de religión porque se divorcian.

En definitiva, la Escuela debe ser lugar para educar en conocimientos científicos universales, en valores cívicos, no para el proselitismo o el adoctrinamiento. La Escuela debe ser neutral en el respeto a la pluralidad de opciones morales e ideológicas. La religión, que es una creencia entre otras muchas, debe difundirse en el ámbito privado de la familia y los lugares de culto.

Por eso debemos negarnos a que con el dinero público se financie ningún tipo de adoctrinamiento religioso. El art. 27.3 de nuestra Constitución recoge el derecho de las familias a que sus hijas e hijos «reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Pero no a que ésta formación sea impartida en los centros educativos, y menos financiada por el Estado. Las familias que quieran que sus hijas e hijos reciban formación de religiosa son muy libres de hacerlo, pero evidentemente al margen del sistema educativo.

La presencia de una religión en la escuela, sea la que sea, de su enseñanza y sus símbolos, constituye un obstáculo para construir solidaridad en la diversidad, el mestizaje y la multiculturalidad. Y no se trata sólo de favorecer las buenas relaciones entre la diversidad ahora existente, sino de garantizar el respeto y la pluralidad también con las personas que no tienen religión, que no creen en ningún dios. Es como si ateos y agnósticos se empeñaran en que hubiera una asignatura evaluable de ateísmo desde infantil, y que como alternativa para quienes no quisieran cursar “ateísmo científico” se impartiera agnosticismo. Por eso, lo que sí pedimos es que las personas creyentes, las ateas y las agnósticas, que optan por vivir en la privacidad sus propias creencias, sean respetadas en la escuela para favorecer la convivencia social.

No podemos seguir anclados en un nacional catolicismo rancio y obsoleto. Ni seguir educando con dogmas y creencias del siglo XIX a una ciudadanía del siglo XXI. Hasta un país como Irlanda, marcado por una secular tradición católica, va a sacar la religión del horario escolar. Necesitamos una escuela laica que eduque sin dogmas, en valores humanistas y universales, en la pluralidad y en el respeto a los derechos humanos, en la asunción de la diferencia y de la diversidad y en los valores éticos, no sexistas y democráticos. Queremos una escuela donde se sientan cómodos tanto las personas no creyentes, como las creyentes. La escuela un lugar para razonar y no para creer. Debemos abandonar ya la época de la superstición y avanzar definitivamente hacia la racionalidad y la ciencia. Por justicia, por convivencia en igualdad y por respeto a los derechos humanos.

Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León, Coordinador del Área Federal de Educación de IU y miembro del Foro de Sevilla

http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/09/29/religion-fuera-de-la-escuela/


1-O: Aniversario de la represión. David Bollero

01/10/2018

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Hoy es el aniversario de aquel fatídico 1 de octubre, el día que el régimen de Rajoy se descubrió ante el mundo y buena parte de los medios de comunicación internacionales vieron la represión de los conservadores. Aquel día, la mala noticia no fue la celebración de un referéndum ilegal; la mala noticia fue que un gobierno democrático avalara y fomentara el abuso policial de la fuerza.

Afortunadamente para la democracia, no quedan hoy en el poder quienes hace un año marcaron una de las páginas más negras de las Historia reciente de España. Por muy incorrecto que fuera aquel referéndum, la violencia desmedida que desplegó la Policía Nacional, convirtiendo a sus antidisturbios en matones de pacotilla, es injustificable.

El Gobierno de Rajoy quiso aplastar un acto de desobediencia civil por la fuerza y, al hacerlo, provocó el efecto contrario al buscado. Buena parte del Ejecutivo, desde el ministro de Interior, al de Exteriores o Justicia defendieron la actuación de la Policía Nacional, negando cualquier tipo de violencia a pesar de que los vídeos de sus cargas injustificadas inundaron las redes sociales. Un año después, las imágenes grabadas por las cámaras que la misma policía portaba salen a la luz de la mano de eldiario.es y no hacen más que ratificar que aquel día Gobierno y Fuerzas del Orden perdieron el norte enfrentándose, incluso, con la prensa.

 

No podemos obviar que los antidisturbios no tenían una labor sencilla aquel día, pero casi el millar de heridos que provocaron era perfectamente evitable. Más allá de lo que he venido denunciando en muchas de mis columnas -la necesaria depuración de los antidisturbios, donde hay agentes ‘de porra fácil’-, el ambiente de tensión de aquellos días, como lo es de hoy, estuvo espoleado por la derecha. Tanto PP como Ciudadanos fueron los grandes responsables de que aquel 1 de octubre España fuera una vergüenza internacional.

Un año después, ambos partidos continúan fomentando la violencia en Catalunya, echando gasolina a una pira que ya arde por sí sola y supone todo un reto extinguirla. Ambos partidos han activado sus ramas más ultraconservadoras y, bien queriendo imponer otro artículo 155, bien negando el diálogo o, incluso, vulnerando el derecho constitucional de libertad de expresión están contribuyendo a meter más palos en las ruedas.

¿Es esta columna una defensa incondicional del modo en que actuaron los independentistas catalanes? En absoluto, entre otras cosas y esto es algo que ni Rajoy, ni Casado ni Rivera o Arrimadas han sabido ver, muchas de las personas apaleadas por la Policía Nacional aquel día ni siquiera eran independentistas; tan sólo querían ejercer su derecho a decidir: se les apalizó por querer votar. Esa es la vergüenza de PP y C’s.

https://blogs.publico.es/david-bollero/2018/10/01/1-o-aniversario-de-la-represion/


¿POR QUÉ EN ESTE PAÍS NADIE OSA TOCAR A LA “CASTA JUDICIAL” FRANQUISTA?POR SANTIAGO LUPE (*)

28/09/2018

Según escribe Santiago Lupe en el digital La Izquierda Diario  que

        “la  salida a la luz del chat corporativo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que magistrados de juzgados catalanes y de otras zonas del Estado se despachaban sin contención alguna, recuerda mucho al grupo de whatsapp de la policía local madrileña en la que se vertían amenazas e insultos de todo tipo contra miembros de“Ahora Madrid”, activistas sociales o inmigrantes. Cuando las cloacas del Estado hablan “off the record”, el tufo de “Estado made in Franquismo” echa “p’atrás”.

“Los magistrados que así se pronuncian – continua argumentando Lupe- son parte de los “imparciales jueces” que deben juzgar a los más de 1.000 investigados por hechos relacionados con el 1-O y el otoño catalán de 2017. Los más de 700 alcaldes imputados, los docentes acusados de adoctrinamiento o las decenas de activistas que han participado en cortes de carretera, concentraciones contra la represión, colgado carteles o abierto alguna web molesta, pueden verse sentados delante de algunos de ellos.

Anonymus, escribe Lupeha hecho públicas hasta el momento tres de las identidades de esos jueces. Jose Carlos Martín, ahora destinado en Asturias, Carlos Peinado Domínguez, juez en Girona muy preocupado por “la gripe separatista” y Agustín Vigo Morancho. Este último merece especial atención. Es nada menos que el presidente de la sección 14 de la Audiencia de Barcelona y el pasado mes de marzo absolvió  al ultraderechista Jiménez Losantos del delito de atentado al honor por haber tratado de nazis a los participantes de la Diada de 2012. Hoy se entiende mejor su sentencia: él mismo comparaba la actual situación en Catalunya con el ascenso del nazismo en Alemania en el citado chat.

“El golpe de Estado se salda con vencedores y vencidos”. Esta es una se las sentencias más explícitas del espíritu que reina en la Judicatura española. Definitivamente ni en los juzgados catalanes, ni aún menos en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, habrá juicios con las mínimas garantías democráticas. Y lo que es seguro es que en esta ocasión el CGPJ no actuará con la celeridad y contundencia que hizo contra el juez Federico Vidal, que se atrevió a cuestionar lascargas policiales del 1-O y acabó multado y denunciado por la Fiscalía.”

“Ni siquiera las Judicaturas de otros países de Europa respaldan el accionar del Poder Judicial español. Lo cual no quita que si atravesaran crisis de régimen como la del Estado español estos togados garantistas se parecerían más a sus colegas ibéricos. Pero a día de hoy ni la alemana, ni la sueca, ni la escocesa ni la belga respaldan el juicio por rebelión y sedición contra los dirigentes independentistas. Tampoco que un rapero tenga que entrar en prisión por hacer una canción contra el Rey” .

Para Lupe, “el Poder Judicial se encuentra realmente desatado. El gobierno del PP, con el apoyo de la Corona, Cs y el PSOE, decidieron ponerle al frente de la “resolución” de la crisis catalana. Había que aplastar y vencer al independentismo, y quien mejor que esa parte del Estado que no tiene más contrapeso que sí misma, es decir ninguno. Lo único que les puede llamar al orden sería un llamada desde Zarzuela. Pero dudo mucho que les dijera algo diferente que “a por ellos”.

” En los hombros de la “casta” judicial se puso la responsabilidad de imprimir una actualización en clave autoritaria y centralizadora del Régimen del 78. Un rol otorgado que no es una excepcionalidad ibérica. Lo hemos visto y vemos en otras latitudes. Como el golpe contra Dilma en Brasil, que ha tenido su penúltimo episodio en la prohibición al pueblo brasileño de poder elegir a su presidente por parte de la Judicatura con la proscripción de Lula “.

“Así pues Rajoy y Felipe VI no erraron en su elección. Si hay una“casta” del Estado conservadora y reaccionaria digna de este cometido esta es la de la toga. Emparentada por uno y mil lazos con políticos, empresarios y altos mandos de los cuerpos de seguridad, paniaguada con caviar y Moët Chandon (el salario de los magistrados de los altos tribunales puede llegar a los 150.000 al año) y que ha sabido mantener perfectamente -solo comparable a la policía- sus hilos de continuidad con la Judicatura Franquista”.

“Hay  que recordar, -continúa escribiendo Lupe-,  que todos los jueces de la dictadura mantuvieron su cargo en la democracia y la mayor parte fueron promocionados. Los más beneficiados fueron los delTribunal de Orden Público, el encargado de dictar sentencias contras obreros, estudiantes y militantes de la oposición desde 1963. Muchos pasaron en bloque en 1977 a un tribunal de nueva creación: la Audiencia Nacional.

Expresa Lupe en su artículo que pesar de que han pasado ya más de 40 años, la herencia biológica aún perdura. Por ejemplo, el juez Ismael Moreno,que comenzó su carrera como inspector de la policía franquista hasta dar el salto en 1985 a la Audiencia Nacional. Él fue el que recibió el caso de los“Jordis” hasta pasarselo a la jueza Lamela. Una magistrada más jóven, pero no menos inspirada en la etapa en que se forjó su compañero. Así lo demostró con su sentencia contra los jóvenes de Altsasu -condenados a prisión de entre 2 y 13 años por una pelea de bar con dos guardias civiles- o cuando quiso hacer uso de la ley penal de la dictadura para conservar en su juzgado las querellas de rebelión contra Puigdemont y el resto de consellers” .

     “Este es el “pedigrí” de la “casta” judicial del Régimen del 78. Que los partidos del régimen lo toleren y hasta aplaudan, como ha hecho Cs saludando los mensajes del chat en uno de sus arranques de “¡pa’ facha yo!”, es natural. Los partidos independentistas han señalado lo evidente, que los juicios del 1-O no tienen las mínimas garantías, y han pedido la dimisión del presidente del Supremo y el CGPJ, Carlos Lesmes”.

     “Unidos Podemos no se ha atrevido a ir tan lejos y se han limitado a pedir que el CGPJ abra un expediente de investigación. Una leal y cortés petición en rueda de prensa que es aún más indolora que la petición de una comisión de investigación parlamentaria sobre elcaso Corinna que sabían no iba a salir”.

“Frente a esta “casta” reaccionaria,  dice Lupe, es necesariooponer un programa democrático que plantee medidas elementales como el fin de la elitista carrera judicial, que la elección de jueces sea por sufragio universal, que ninguno pueda cobrar más que el salario medio de un trabajador y que todos los juicios sean por medio de jurados populares”, concluye Santiago Lupe.

(*) SANTIAGO LUPE es un comentarista politico del digital “La izquierda Diario”

http://canarias-semanal.org/not/23593/-por-que-en-este-pais-nadie-osa-tocar-a-la-casta-judicial-franquista-/


La estupidez o provocación de Felipe VI. David Bollero

26/09/2018

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Felipe VI se ha subido el sueldo un 1,5%. Ha escogido para ello el momento en el que más cuestionado está su papel en democracia y PP, PSOE y Ciudadanos cierran filas en torno a su figura para blindarlo. ¿Era realmente necesario subirse el sueldo para aumentar los 239.908 euros que se embolsó en 2017? Claro que no lo era; parece, más bien, un acto de provocación o una estupidez.

Quienes defienden a la institución obsoleta e inútil que es la monarquía en democracia, se aferran a la idea de que no se trata más que de la subida del 1,5% que tienen asignado todo el funcionariado público. La diferencia respecto a 2017 no es una cantidad demasiado elevada, si bien es cierto que para muchas personas es el sueldo de cinco meses, dada la precariedad del mercado laboral.

Personalmente, me parece un gesto mezquino por parte del Borbón, más aún considerando que, incluso, se aplica hasta el 0,25% que entró en julio, con lo que la subida en el total anual es, en realidad, de un 1,62%. La guinda del pastel a tamaña desfachatez es que Juan Carlos I, sin oficio pero con beneficio, también tiene subida de sueldo. El rey emérito pasa de ganar 191.124 euros el año pasado a 194.232 en 2018.

El mismo tipo para el que se ha tendido un blindaje jurídico con objeto de ni siquiera investigar unas grabaciones con las que, presumiblemente, cualquier polític@ tendría que dimitir (como poco), ganará este año 264 veces el Salario Mínimo Interprofesional. El mismo día que se exige la dimisión de la ministra de Justicia por una conversación de 2009 en la que supuestamente insulta a otro ministro, conocemos la subida de sueldo de quien, también en otras grabaciones, indiciariamente cobró comisiones por proyectos en Arabia Saudí. Viva la monarquía.

El gesto de Felipe VI, o es una estupidez o es una provocación… o ambas. Sea como fuere, a buena parte de la ciudadanía española se le está atragantando ya una Casa Real que nos sobra, que no queremos, que cual garrapata se atenaza a nuestra democracia y chupa todo cuanto puede. Sin embargo, el hartazgo de los Borbones y todo lo que representan es creciente, imparable, como prueban actos como el Encuentro Estatal por la República el próximo 10 de noviembre en Madrid.

Quisiera pensar que asistimos a los últimos coletazos de la monarquía en España, pero es preciso ser conscientes de que sus tentáculos están muy extendidos, como prueba el modo en que se impermeabiliza ante las manchas de corrupción con que está cubierta. Por eso, como solicitaba hace varias semanas, es importante continuar la movilización ciudadana contra esta institución, exigiendo la celebración de un referéndum que dé al traste con ella. Cuando lo hagamos, incluso quienes nunca han movido por un dedo por ello, se sentirán aliviad@s como cuando cesa ese ruido molesto de la campana extractora al que nos habíamos acostumbrado. Se acabaron sus provocaciones, sus estupideces y su impunidad.

https://blogs.publico.es/david-bollero/2018/09/25/sueldo-rey/


La inviolabilidad monárquica será derrotada por la realidad. Por Domingo Sanz

26/09/2018

joan-carles

Comprendo que al PSOE le interese proteger al rey, pues sus dirigentes actuales aún recuerdan que, sin la intervención del coronado por el dictador Franco Bahamonde unos años antes, Felipe González no le habría ganado las elecciones del 82 a un Suárez que previamente no hubiera sido desalojado de La Moncloa. Fue Juan Carlos I quien, con intrigas y amenazas antidemocráticas, acabó con quien había sido elegido libre y legalmente en las elecciones de 1977 y 1979. Incluso la aventura se le fue de las manos al monarca, y Tejero y los suyos se atrevieron a entrar a base de tiros en el Congreso de los Diputados en la tarde noche del 23 de febrero de 1981. Querían pescar en el río revuelto por las penúltimas borbonadas de la historia de España.

Además, ambas partes, tan interesadas en una inviolabilidad real que más se parece a un negocio de interés compartido, han sido pilladas en delitos muy graves. Un PSOE con sus antiguos AVE y Filesa y sus modernos ERE’s y un ex rey acusado por su amante Corinna de robarnos a todos mediante el cobro de comisiones ilegales. Vinculadas, eso sí, a la venta de productos y servicios de empresas privadas españolas a dictaduras peligrosas para la estabilidad mundial. ¡¡Casi nada lo que les conviene ocultar!!

Pero este país, siempre dispuesto a encontrar miligramos de aire libre hasta en las cloacas más putrefactas, conseguirá romper también el blindaje real. Veamos cómo.

Dado que tanta protección convierte al rey de España en alguien, en realidad “algo”, que no necesita defenderse de nada, la contrapartida necesaria es que nadie puede ni podrá jamás ofenderlo, pues ya se sabe que “no ofende quien quiere…”. Abre así, el propio gobierno y sin saberlo, la veda, quedando autorizada toda clase de munición verbal durante las partidas de caza imaginaria a la busca de chistes buenos y malos, insultos, improperios y cualquier cosa que moleste a la Monarquía entera, la pasada, la presente y la futura, si esta última se atreviera a nacer, que hasta el cronista Peñafiel lo duda. Se trata, para el pueblo llano, de poder respirar sin miedo, pues siempre será mejor sobrevivir como sea que morir podridos de cursilería y cinismo. Además, ahora nos sentimos más seguros, pues sabemos que es Europa, y no nuestro “bunker judicial”, quien protege la libertad de expresión en España. Con este panorama por delante, más les vale pensarse, a Felipe VI y su familia, abandonar para siempre La Zarzuela. O tendrán que aguantar todos los improperios sin mover un dedo, hasta que de repente uno, el más ingenioso y oportuno, los descomponga por dentro y terminen convertidos en juguetes rotos.

Siguiendo con los mismos protagonistas, hay ocasiones en las que se escribe por impulso. Como la de hoy. Paseas y te sientes ofendido por el nombre de una plaza. Siempre he respetado el valor de la memoria y, por eso, soy contrario a denominar lugares con los nombres de personas que sigan vivitas y coleando, esto último con cualquiera de los múltiples sentidos que usted le quiera conceder al comportamiento de nuestro emérito, todos procedentes si son inconfesables. Resulta que la vida que nos queda por delante es siempre tan larga, y tantas, tan inmensas y tan peligrosas las tentaciones que nos esperan a la vuelta de cada esquina, que hasta el héroe más templado puede terminar cubierto de caca de la mala y enmerdándonos a todos. “Sensu contrario”, soy partidario de borrar de cualquier lugar público los nombres de los criminales muertos, entre otros los franquistas, pues ya no tienen oportunidad de blanquear su currículum ni con mil montañas de caridades y cinismos que quisieran levantar. Que los coloquen en su sitio, los libros de historia, no vaya a ocurrir que algún paseante incauto pueda pensar que los admiramos.

Este quiebro discursivo ha venido a cuenta de un paseo, ayer domingo, por la plaza más concurrida de Palma de Mallorca.

Encontré, junto a otros también terrenales, el cartel municipal que le da nombre: PL. JOAN CARLES I.

Lo imaginé boca abajo y me sentí reconciliado.