El “experimento Stuka” y la verdad imposible. Domingo Sanz

31/07/2019

Acabo de ver en la 2 de TVE el documental “Experimento Stuka” sobre el bombardeo llevado a cabo por la Legión Cóndor contra cuatro pueblos de Castellón en 1938. Murieron 38 personas y hubo mucha destrucción.

El franquismo divulgó la falsedad de que los aviones eran republicanos. Y que a nadie se le ocurriera decir lo contrario. En cambio, Jiménez Losantos, en Libertad Digital gracias a la libertad de verdad incluso para personas como él, puede seguir sosteniendo la misma versión que impuso Franco sin que nadie le acuse de nada.

Después, durante la monarquía, aún vigente, los dos partidos gobernantes, PSOE y PP, instalaron la desmemoria como fórmula rentable de coexistencia, se supone que para que el poder que compartían no se desestabilizara con los trapos sucios de tanta sangre antigua que a muchos políticos de ambos partidos mancharía. Ahí siguen las cunetas, y lo que no son cunetas, como los secretos oficiales guardados bajo siete llaves.

Y hoy, 81 años después, el relator del documental, o mejor narrador para no molestar a los susceptibles más peligrosos, nos cuenta que, por fin, gracias a que se ha demostrado que fueron los alemanes, se han conseguido reconciliar los habitantes de los pueblos bombardeados. Ni republicanos ni franquistas. Incluso se saca una orden escrita por Franco contra el bombardeo de núcleos urbanos. Lo que nos faltaba. Como si Franco no firmara una cosa porque convenía pero ordenara otra en voz baja, precisamente la de ejecutar crímenes contra la humanidad.

Deduzco que, tras 40 años de silencio a la fuerza y otros 40 de olvido cómplice, nos esperan ahora 40 más en los que se buscarán culpables no españoles hasta para el golpe de estado del 18 de julio de 1936. Es probable que dentro de 200 años los libros digan que Franco fue un portugués que intentó conquistar España. Si hoy se insinúa que los alemanes habrían bombardeado igualmente una España sin el gallego golpista en guerra declarada contra la democracia republicana y, como es lógico, mañana se habrán instalado toda clase de mentiras.

Siempre dispuestos a proporcionar soluciones realistas, pido que se forme una coalición entre PSOE y PP para exigir a Merkel que repare los daños ocasionados en España por los nazis de su pasado y, de paso, que nos pague también la factura de la División Azul. Si no lo hacen, comenzaré a divulgar que los de Sánchez y los de Casado son mucho más franquistas de lo que lo disimulan.

El “experimento Stuka” y la verdad imposible


@DECIDESEGOVIA OCTUBRE 2019

30/07/2019

SEGOVIADECIDE


Sillones, sillones, sillones. David Bollero

29/07/2019

El lunes amanecimos con la esperanza de un gobierno de izquierdas. Avanzó el espectáculo de investidura y cualquier con dos dedos de frente se figuró que ni en la votación del martes y, seguramente, tampoco en la de hoy, se conformaría un nuevo Ejecutivo. El día decisivo de negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos (UP), por ayer, las conversaciones saltaron  por los aires y pensar a estas horas en un pacto es tan realista como creer que los de la foto de Colón se abstendrán.

No voy a entrar en repartir culpas entre  PSOE y UP del fracaso -si finalmente éste se produce-, porque lo que es evidente es que ninguno de los dos partidos ha estado a la altura. Lo cierto es que todo lo filtrado a la ciudadanía acerca de las negociaciones se ha concretado en el reparto de sillones. Aquel mantra ‘anguitiano’ de «programa, programa, programa» ni ha estado ni se le espera.

Si se hubiera negociado desde el principio un acuerdo programático, y eso son casi tres meses de plazo, todo hubiera resultado mucho más sencillo. A la ciudadanía le deberían importar un carajo las filtraciones de propuestas y demandas de ministerios y prestar mucha más atención a lo que harán esos ministerios independientemente de quién lo lidere.

Ese acuerdo programático es lo que debería haberse hecho público y, en caso de posterior incumplimiento, identificar quién era responsable. No se ha hecho de esta manera, como si el hecho de que un determinado liderazgo sea garantía de nada. Aunque se hubieran repartido los sillones, ¿alguien cree que los partidos poseedores son dueños y señores de esas carteras? En absoluto, debe existir un acuerdo programático, pero PSOE y UP han optado por empezar la casa por el tejado… y no han estado a la altura.

El acuerdo programático es básico para limar la mutua desconfianza que existe entre ambos partidos, pero también es cierto que es mucho más complejo que repartir ministerios. Los dos equipos negociadores deberían rendir cuentas a la ciudadanía explicando por qué no se ha puesto el programa encima de la mesa. De haber actuado de ese modo, se atajarían incertidumbres varias: las suyas propias, las de la oposición, las de la ciudadanía, las de la CEOE… Programa, programa, programa y no sillones, sillones, sillones.

https://blogs.publico.es/david-bollero/2019/07/25/investidura/


Comunicado de CONASADH sobre la represión y las persistentes violaciones de los DD.HH en las ZZ.OO

22/07/2019

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Bir Lehlu, 21 de julio de 2019(SPS)-. La Comisión Nacional Saharaui de Derechos Humanos (CONASADH) ha expresado su condena a los actos  de violencia y a las continuas violaciones de los derechos humanos en las zonas ocupadas saharauis en un comunicado que reproducimos de forma integra a continuación:

La Comisión Nacional Saharaui de Derechos Humanos (CONASADH), sigue con profunda preocupación el grave deterioro de los derechos humanos y de los pueblos en los territorios ocupados de la República Saharaui, en vista del creciente ritmo de represión sistemática, prácticas inhumanas y ejecuciones extrajudiciales contrarias a todas las normas y convenios internacionales por parte de las autoridades coloniales marroquíes.

En efecto, la Comisión  ha registrado esta grave escalada del régimen marroquí y sus diversos aparatos de seguridad a través de una política represiva y hostil contra el pueblo saharaui, quien participó en marchas pacíficas, expresando su alegría por la victoria de la hermana de Argelia, como país campión de  la Copa Africana de Naciones.

En este contexto, los diversos servicios de seguridad marroquíes, compuestos por policías, fuerzas de intervención, fuerzas auxiliares y elementos de seguridad vestidos con uniformes civiles, intervinieron la noche del 19 al 20 de julio de 2019, inmediatamente después del final del juego, con una violencia brutal contra los saharauis celebrando pacíficamente la victoria de Argelia. Resultando heridas y detenidas arbitrariamente decenas de personas.

Una de las víctimas, Sabah AzmanAhmida, de 24 años, fue intencionalmente golpeado por dos vehículos 4×4 de las fuerzas auxiliares cerca de la Escuela Morabitun, en la Avenida Smara (El Aaiun Ocupada).. La joven saharaui sufrió lesiones graves  provocando su muerte ante la falta  de atención médica y la negligencia de los servicios de salud quien tardaron varias horas antes de su traslado al hospital.

Varias organizaciones de derechos humanos y bloggers saharauis han documentado muchas lesiones graves entre los ciudadanos saharauis enla ciudad ocupada de El Aaiun como resultado de las palizas y golpizas de los manifestantes por parte de miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes, quien utilizaron porras, palos y pirotecnia, lanzando piedras a los manifestantes y abandonando en situ numerosas víctimas.  Según el balance provisional en poder de la CONASADH, y como consecuencia de estas intervenciones sistemáticas y violentas, más de 200 ciudadanos saharauis resultaron heridos en diversos grados de peligro. Varios testigos y víctimas afirmaron que habían sido atacados indiscretamente  por elementos de la seguridad marroquí en uniformes civiles y militares y por elementos de las fuerzas auxiliares, quien golpearon a los manifestantes, los insultaron, y les lanzaron piedras contra los manifestantes quienes repetían eslóganes de hermanas entre los pueblos argelino y saharaui   asi como la exigencia del pleno ejercicio del derecho a la libre determinación y la independencia del pueblo saharaui así como su soberanía sobre sus recursos naturales.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos saharaui, que sigue con profunda preocupación la persistencia  de estos crímenes de lesa humanidad cometidos por el estado marroquí contra los civiles saharauis desarmados, declara:

• Su absoluta solidaridad y cálidas condolencias a la familia de la joven estudiante saharaui fallecida  Sabah AzmanAhmida y al pueblo saharaui por esta gran perdida..

• Condena enérgicamente este crimen atroz cometido por las autoridades marroquíes, que se suma a la serie de asesinatos extrajudiciales contra el pueblo saharaui.  .

• Exige a las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad de la ONU que asuman su responsabilidad  en llevar a cabo una investigación justa e imparcial por una comisión independiente para investigar la muerte del ciudadano saharaui Sabah AzmanAhmida y llevar a los responsables ante la justicia.

• Exhorta al Secretario General de las Naciones Unidas y al organismo de las Naciones Unidas de su misión MINURSO originalmente encargada de organizar el referéndum sobre la autodeterminación del pueblo saharaui de velar por la protección de la población civil saharaui,  recordarles sus responsabilidades con el Sahara Occidental como ultima colonia pendiente de descolonización. Exigendo de la comunidad internacional poner fin de las políticas de la ocupación marroquí y sus prácticas represivas y agresivas a través de la seguridad marroquí y los servicios militares, y exige que tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad de los ciudadanos saharauis y el envió de una misión de las Naciones Unidas para llevar a cabo una investigación independiente sobre el asesinato de Sabah AzmanAhmida y la graves violaciones que se cometen contra la población saharaui. La CONASADH insta igualmente por la creación de un mecanismo internacional independiente y permanente para la protección, monitoreo y reporte de los derechos humanos en el Sahara Occidental.

. La Comisión exhorta al Consejo de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a establecer el mandato de un Relator Especial sobre las violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental y pide a todas las organizaciones y organismos nacionales e internacionales que realicen campañas internacionales de sensibilización para presionar al régimen marroquí para que libere a todos los detenidos políticos encarcelados en prisiones marroquíes, debido a sus posiciones políticas y la exigencia  del derecho del pueblo saharaui a la libre determinación y la independencia.

• Al final, es hora de que el Consejo de Seguridad de la ONU ponga fin a la falta de respeto de Marruecos por las resoluciones internacionales pertinentes sobre el Sahara Occidental. Para lograr este noble objetivo, la Comisión  Nacional Saharaui de Derechos Humanos insta al Consejo de Seguridad a que condene las prácticas de Marruecos que violan sus obligaciones internacionales y ponga fin a su agresión contra el pueblo saharaui.  No condenar tal cobardía e intransigencia en los términos y acciones más firmes será una señal peligrosa para alentar al régimen marroquí a cometer nuevas violaciones, que inevitablemente quedarán impunes.

BirLahlou, 20 de julio de 2019.


18 de julio. Julián Casanova

18/07/2019

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Desde febrero de 1936 la prensa católica y de extrema derecha incitaban a la rebelión frente al desorden que atribuían al “Gobierno tiránico del Frente Popular”, “enemigo de Dios y de la Iglesia”. La CEDA inició un proceso de acercamiento definitivo a las posiciones autoritarias, que era muy visible desde hacía ya meses en sus juventudes, en el lenguaje y saludo fascista que utilizaban y en los uniformes que vestían.

A partir de la derrota electoral de febrero de 1936, todos captaron el mensaje: había que abandonar las urnas y tomar las armas. El lenguaje integrista, el del “derecho a la rebeldía” al que había apelado ya en un libro de 1934 el canónigo magistral de Salamanca Aniceto Castro Albarrán, el de una rebelión en forma de cruzada patriótica y religiosa contra la República atea, ganó adeptos. Las Juventudes de Acción Popular engrosaban las filas de Falange, alrededor de quince mil afiliados se pasaron de una organización a otra, y Gil Robles secundaba en las Cortes la violencia verbal y antisistema de José Calvo Sotelo.

Pero toda esa ofensiva de las viejas oligarquías servidoras de la Monarquía y de las masas católicas de la CEDA no habría dado los frutos deseados, echar abajo la República y extirpar la amenaza socialista y libertaria, si no hubiera podido contar con las armas de un sector importante del Ejército.

De la organización de la conspiración se encargaron algunos militares de extrema derecha y la Unión Militar Española (UME), una organización semisecreta, antiizquierdista, que incluía a unos cuantos centenares de jefes y oficiales. El 8 de marzo de 1936, Francisco Franco, los generales Mola, Orgaz, Villegas, Fanjul, Rodríguez del Barrio, García de Herrán, Varela, González Carrasco, Ponte, Saliquet y el teniente coronel Valentín Galarza se reunieron en Madrid, en casa de José Delgado, corredor de bolsa y amigo de Gil Robles, “para acordar un alzamiento que restableciera el orden en el interior y el prestigio internacional de España”, según consta en los documentos conservados sobre “la preparación y desarrollo del Alzamiento Nacional”. Y los asistentes mostraron también su acuerdo en que el general Sanjurjo, que vivía entonces en Portugal, encabezara la sublevación.

Los generales que habían de tomar el mando de las fuerzas sublevadas sabían que una buena parte de los oficiales eran partidarios de la rebelión. Pensaban que sólo unos pocos se opondrían. Y la resistencia de los obreros organizados en los sindicatos, que la preveían fuerte en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Barcelona, podría ser dominada “enseguida”. Ése era el plan: una sublevación, con toda la violencia necesaria, y un rápido triunfo. Las cosas no salieron así y lo que resultó de esa sublevación fue una larga guerra civil de casi tres años.

A finales de julio, la suerte del golpe militar estaba echada. Había triunfado en casi todo el norte y noroeste de España: en Galicia, León, la vieja Castilla, Oviedo, Álava, Navarra, y en las tres capitales de Aragón; en las Islas Canarias y Baleares, excepto en Menorca; y en amplias zonas de Extremadura y Andalucía, incluidas las ciudades de Cáceres, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Granada y, desde el 29 de julio, Huelva. El triunfo obligó a regar con sangre las calles y barrios de la mayoría de esas capitales. Para cortar de raíz las resistencias, los militares sublevados tuvieron que emplearse a fondo. En primer lugar, con sus propios compañeros militares fieles a la República o que se mostraron indecisos ante la sublevación. Aquel movimiento patriótico no podía permitir ninguna oposición. Y los que lo intentaron, lo pagaron, empezando por varios oficiales y jefes pasados por las armas sin dilación ni juicio en Tetuán y Melilla.

No era, por supuesto, la primera vez que los militares intentaban “salvar a la Patria”. Pero la sublevación que en la tarde de aquel 17 de julio iniciaron en Melilla fuerzas del Tercio y Regulares no iba a ser una cualquiera, un mero pronunciamiento como había sucedido tantas veces en la historia contemporánea de España. Después de cinco años de República, de posibilidades de solucionar problemas irresueltos, de tiempos de inestabilidad y movilización política y social, se necesitaba una nueva versión, violenta y definitiva, puesta en marcha ya por los fascismos en otros lugares de Europa, que cerrara la crisis y restaurara, tapándolas de verdad, todas las fracturas abiertas –o agrandadas– por la experiencia republicana.

Si de salvadores se trataba, ahí estaba el general Francisco Franco, que creía, efectivamente, que ésa era su misión, salvar una Patria de la que no deberían formar parte los liberales, los republicanos, los militantes de las organizaciones obreras o los votantes del Frente Popular. Todos ellos eran izquierdistas, rojos, enemigos despreciables, ni más ni menos que las tribus contra las que tantas veces había combatido en África. “Sembrar el terror (…) eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”, declaraba el 19 de julio el general Mola, otro salvador.

Y ahí residía una de las claves de lo que se avecinaba: aniquilar a quien no pensara igual, “echar al carajo toda esa monserga de derechos del hombre, humanitarismo y filantropía”, según proclamaba ese mismo día uno de sus subordinados, el coronel Marcelino Gavilán, al hacerse cargo por las armas del Gobierno Civil de Burgos. Borrar, en suma, del diccionario de la Lengua las palabras piedad y amnistía, que diría el general Gonzalo Queipo de LLano, el tercero en importancia, muerto Sanjurjo, de ese escalafón de salvadores. Frases para la historia, incitadoras de la violencia, y que Franco le repitió al periodista norteamericano Jay Allen el 28 de julio de 1936, quien, sorprendido por la estatura del general, “asombrosamente pequeña”, sentenció: “Otro enano que quiere ser dictador”.

La sublevación militar de julio de 1936 y la guerra civil que provocó se convirtieron en acontecimientos fundamentales de la dictadura de Franco, de su cultura excluyente, ultranacionalista y represiva.

Ninguna faceta de la vida política y social quedó al margen de esa construcción simbólica de la dictadura. El calendario de fiestas, instaurado oficialmente por una orden de Ramón Serrano Suñer de 9 de marzo de 1940, aunque algunas de ellas habían comenzado a celebrarse desde el comienzo de la guerra civil en el territorio ocupado por los militares rebeldes, resumía la voluntad y universo conmemorativos de los vencedores.

Se restauraron, en primer lugar, las fiestas religiosas suprimidas por la República, desde la Epifanía a la Navidad. Junto a las religiosas, se subrayaban las de carácter tradicional de “la verdadera España” –el Dos de Mayo y el 12 de octubre-. Pero las que definían ese nuevo universo simbólico de la dictadura eran las creadas para celebrar los nuevos valores e ideas puestos en marcha con el golpe de Estado y la guerra: el 1 de abril, “Día de la Victoria”; el 1 de octubre, “Día del Caudillo”; el 20 de noviembre, para recordar el fusilamiento del líder falangista José Antonio Primo de Rivera; y sobre todas las demás, el 18 de julio, “Día del Alzamiento”.

El 18 de julio fue el origen de la versión maniquea y manipuladora que la dictadura de Franco, apoyada por la Iglesia, transmitió de la guerra, del “plebiscito armado”: que el “Movimiento Nacional” encarnaba las virtudes de la mejor tradición cristina y el Gobierno republicano todos los vicios inherentes al comunismo ruso. Además de insistir en el bulo de que el “alzamiento militar” había frenado una revolución comunista planeada a fecha fija y de ofrecer la típica apología del orden, la tranquilidad y la justicia.

Fue la fiesta nacional durante casi cuarenta años. La conmemoración de un golpe de Estado que provocó una guerra civil como fiesta nacional. Con ese pasado, no es extraño que no haya un acuerdo sobre qué fiesta nacional celebrar en la democracia. Para unos, el 6 de diciembre, día de la Constitución; para otros, el 12 de octubre, que recuerda a Ramiro de Maeztu, la Hispanidad, la Raza Española, la Guardia Civil, la Virgen del Pilar. Y después están las fiestas autonómicas y regionales: unos celebrando viejos levantamientos comuneros o contra los Austrias, otros la opresión borbónica, otros con sus recuerdos patrióticos. Y todos inventando fiestas y tradiciones.Cosas de nuestra historia.

https://www.infolibre.es/noticias/opinion/columnas/2019/07/18/18_julio_97032_1023.html


PSOE, PP y Cs unen sus votos para impedir que el Gobierno explique por qué se ha gastado medio millón en un nuevo coche blindado para el rey

15/07/2019

El rey Felipe VI tras ser investido nuevo caballero de la Orden de la Jarretera.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha denunciado el veto de la Mesa del Congreso a parte de la batería de preguntas que dirigió al Gobierno para saber por qué el Ministerio de Hacienda ha adquirido un vehículo valorado en casi medio millón de euros para uso exclusivo de la Casa del Rey.

Según relata Garzón, PSOE, PP y Ciudadanos han unido sus votos en la Mesa del Congreso para no tramitar varias de las cuestiones que él había registrado para descubrir los motivos por los que el Ejecutivo ha hecho este gasto si la Casa del Rey ya cuenta con un presupuesto anual de ocho millones de euros.

“¿Considera que es un presupuesto insuficiente y, por eso, tiene que acudir el Estado en su ayuda con la compra de tal vehículo”?, reza una de las preguntas que se ha topado con el veto del órgano de gobierno de la Cámara. La inadmisión a trámite de estas cuestiones se fundamenta en que se trata de una materia “no sometida por tanto al control parlamentario de la Cámara” puesto que son de aplicación los artículos 56.3 y 65 de la Constitución. El primero de ellos establece que la persona del Rey “es inviolable y no está sujeta a responsabilidad” y el segundo que él distribuye “libremente” la partidapresupuestaria que recibe.

“La pregunta no puede considerarse ejercicio de la facultad de control por parte de los diputados” sino que “supondría, de facto, un control indirecto sobre terceros no sometidos a aquel“, añade el escrito que la Mesa ha enviado a Garzón. Tampoco ha pasado el filtro de la Mesa otra pregunta en la Garzón tiró de ironía y que, según el órgano de gobierno, no respeta la debida “cortesía parlamentaria”. “El vehículo blindado adquirido está a prueba de disparos y explosiones, y con su incorporación al Parque Móvil del Estado se va a convertir en uno de sus vehículos insignia, ¿ha valorado el Gobierno bautizarlo como el mataelefantes para ensalzar su robustez?”, rezaba la cuestión.

Por contra, el Gobierno sí deberá contestar al resto de preguntas planteadas por Garzón para saber si el coche se compró porque lo pidió la Casa Real o fue iniciativa de Hacienda, cuántos vehículos son sus características tiene el Parque Móvil del Estado y cuántos vehículos blindados y sin blindar del Parque Móvil del Estado están para uso y a disposición de la Casa Real.

El también portavoz adjunto de Unidas Podemos confía en que el Ejecutivo le explique también la razón por la que el coche se adquirió “por la vía del procedimientonegociado sin publicidad declarándolo secreto o reservado” y por la “vía de urgencia, aprovechando la máxima confidencialidad que permite la ley”.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/07/15/psoe_unen_sus_votos_para_impedir_que_gobierno_explique_por_que_gastado_medio_millon_nuevo_coche_blindado_para_rey_97030_1012.html


Un superviviente del Valle de los Caídos desmonta las mentiras del prior Cantera. José Antequera

01/07/2019

A Nicolás Sánchez-Albornoz nadie le preguntó si quería ir a trabajar voluntariamente al Valle de los Caídos. Simplemente lo juzgaron en un consejo de guerra por sus actividades subversivas, lo metieron en un camión y lo llevaron a rastras a aquel infierno. Solo el testimonio espeluznante de este superviviente de 92 años debería servir para rebatir las patrañas del prior Santiago Cantera, que en los últimos días, y llevado por una fiebre nostálgica difícil de comprender, ha iniciado una campaña revisionista de la historia para tratar de negar las atrocidades y abusos que allí se cometieron con el fin último de dulcificar la imagen del franquismo. En su disparatado relato, Cantera ha llegado a decir cosas como que a Cuelgamuros iban trabajadores voluntarios que eran bien retribuidos y que hasta llevaban una excelente alimentación (incluso comían carne de cerdo, muy preciada en aquellos años de escasez y posguerra, según el actual responsable del Valle de los Caídos nombrado por la Iglesia).

No hay más que sentarse y dejar hablar a Sánchez-Albornoz para que queden en evidencia las incongruencias del prior, que no resisten un mínimo análisis historiográfico. “Tuve suerte, de todos los trabajos forzados el mío fue el más ligero”, recuerda el superviviente en una entrevista en exclusiva para Diario16 que fue publicada en nuestra edición en papel. Hoy el hombre que logró escapar de Cuelgamuros es uno de aquellos pocos obreros forzosos que aún viven, y su testimonio sirve para rebatir la versión del prior Cantera.

De entrada, ningún historiador serio y riguroso, ni español ni extranjero, niega que el Valle de los Caídos fuese un establecimiento penal para presos políticos. En realidad era un “tres en uno”, ya que se trataba de tres campos de concentración en un mismo lugar: el dedicado a la construcción del monasterio; el destinado a horadar la cripta que daría sepulcro al dictador; y el desplegado en la obra para abrir la carretera y los accesos al mausoleo. Todo ello tenía un único objetivo que no era dar trabajo a los españoles, sino ensalzar la memoria de Franco y servir como homenaje a la cruzada nacional. Para tal fin se trasladaron allí los restos de 34.000 combatientes de ambos bandos (también los del dictador y los de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange) bajo una inmensa cruz de 150 metros de altura.

Los presos trabajaban en condiciones infrahumanas y muchos de ellos contrajeron graves enfermedades respiratorias de las que nunca más volvieron a recuperarse. Desde el año 1942, cuando Franco cayó en la cuenta de que además de albañiles profesionales iba a necesitar mano de obra barata, algo así como un ejército de esclavos, fueron destinados a los diferentes campos de trabajo presos procedentes de todos los rincones de España, como los que conformaron la Compañía del Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores Penados número 95. A estos reclusos se les identificaba perfectamente porque llevaban un gorro a rayas azules y blancas con una “P” en la parte frontal que les clasificaba como presos sometidos a trabajos forzosos. Nada de obreros contratados, como dice el prior. Reos, condenados, penados.

Sánchez-Albornoz asegura que tuvo la suerte de ser destinado a tareas de oficina, lo que le permitió llevar “una vida algo menos dura” que la del resto de sus compañeros que picaban piedra en las canteras. No obstante, compartió las penurias del barracón como un preso político más.

En Cuelgamuros nadie lo tenía fácil para sobrevivir. En el destacamento penal del monasterio, en cuya oficina trabajaba el joven Sánchez-Albornoz, convivían alrededor de 118 internos. “En el campamento encargado de horadar la cripta había algunos menos, unos sesenta hombres. Estos tenían a su cargo uno de los trabajos más pesados y peligrosos: volar la piedra y acarrear los escombros”, asegura. Trabajar allí era como jugar a una funesta lotería. En cualquier momento podía estallar un cartucho de explosivo, haciendo saltar a todos por los aires. El más numeroso de los tres campos era el destinado a la construcción de la carretera, la explanada y los accesos: unos 300 internos. Entre los meses de marzo y agosto de 1948 habitaron en Cuelgamuros entre 500 y 600 presos sometidos a régimen disciplinario de penosos trabajos forzados. Saber con exactitud cuántos españoles pasaron por allí entre 1940 y 1958, cuando finalizaron las obras, es otra cuestión; muchos cumplieron condena y fueron puestos en libertad; otros fueron trasladados a otros campos; algunos enfermaron, otros murieron.

Las instalaciones del complejo eran austeras, espartanas. Los presos se amontonaban en sórdidos barracones de apenas cincuenta metros de largo. Se dormía en literas de madera, incómodos jergones de paja que le dejaban a uno los huesos molidos. En un barracón anexo estaba el comedor, donde se repartía el rancho diario. El protocolo de seguridad se cumplía a rajatabla. Cada tres horas los funcionarios hacían recuento de presos para ver si estaban todos y prevenir posibles fugas. Los vigilantes eran como sombras que no se despegaban de los reclusos ni por un momento. Siempre encima de ellos, siempre echándoles el aliento en el cogote. Incluso de madrugada realizaban una ronda nocturna para controlar que estaban todos en sus camas, según Sánchez-Albornoz. La vigilancia en Cuelgamuros era una gran obsesión y llegaba a convertirse en asfixiante para los internos. Solo ese dato demuestra que la versión que da hoy el prior del Valle no se sostiene.

Por la mañana tocaban a diana, como en cualquier campo de concentración, lo cual vuelve a demostrar que aquello no era una obra al uso, sino un recinto carcelario. Solo había una ducha de la que manaba el agua fría y lacerante de la sierra madrileña y un retrete para todo el destacamento. El frío que calaba los huesos y el reuma eran fieles compañeros de los presos de Cuelgamuros. Según la versión de Sánchez-Albornoz, como desayuno les daban la achicoria de cada día que sabía a mil demonios (el café en aquel lugar era un producto de lujo). Luego al tajo de nuevo. A trabajar las horas que ordenaran los capataces para levantar el mausoleo megalómano del Generalísimo. El dictador se había empeñado en ver concluida cuanto antes su gran obra faraónica para la posteridad. No obstante, a Franco se le veía poco por allí. No le debía gustar demasiado asomarse a la que sería su última morada.

Esclavismo y corrupción

Nicolás Sánchez-Albornoz recuerda que pasaba la mayor parte del tiempo en la oficina rellenando impresos oficiales. Los jefes del campo de concentración enviaban informes constantemente a la Dirección General de Prisiones para que no se pasara nada por alto. La sala era un torbellino de papeleo. La maquinaria burocrática fascista echando humo y a pleno rendimiento. La mayoría de los dosieres que salían de allí eran los tediosos partes de recuento de presos que los vigilantes elaboraban cada tres horas. Si aquello era una obra civil, como mantiene el prior Cantera, ¿qué sentido tenía observar tantas medidas de seguridad?

A diferencia del trabajo en el despacho, las tareas en los diferentes destacamentos de la obra resultaban realmente duras. Los presos, cada vez más fatigados, apenas tenían tiempo para el descanso. Los trabajos de construcción del monasterio consistían en poner ladrillos, colocar maderos y tablones, volar piedras con explosivos y acarrear sacos de escombros sin parar. Era habitual ver a los castigados presos republicanos levantando pesadas moles y talegas repletas de pedruscos.

El régimen cuasiesclavista y la corrupción endémica imperaban en el lugar, según Sánchez-Albornoz. La Dirección General de Prisiones cobraba a la empresa Molán, la constructora del monasterio, 10 pesetas y 50 céntimos diarios por cada preso que le proporcionaba en régimen de alquiler. De ese dinero, el Estado asignaba cinco pesetas a la alimentación de los reclusos. El resto, otras cinco pesetas, era beneficio limpio para el Gobierno de Franco. Un negocio redondo. “Se puede decir que el Estado alquilaba los presos a las compañías encargadas de construir el Valle de los Caídos; el precio era barato: 10 pesetas y 50 céntimos por persona, sin duda un jornal bastante más bajo que el que las empresas hubieran tenido que abonar a trabajadores libres, limpios de condena”, asegura Nicolás Sánchez-Albornoz. De nuevo, la versión del prior Cantera de que todos cobraban un buen sueldo queda en entredicho.

Del dinero recaudado por la Dirección General, solo 50 céntimos se ingresaban supuestamente en la cartilla de ahorro de cada preso, que cuando era puesto en libertad recibía la cantidad correspondiente acumulada durante los años de condena. Cincuenta céntimos por día multiplicados por unos 300 días trabajados al año (los domingos no eran laborables en el Valle y algunos festivos tampoco), suponían unas 150 pesetas por año. Ese era el jornal tan extraordinario y jugoso con el que, según dice ahora el prior Cantera, se retribuía a los presos políticos de Cuelgamuros.

A la explotación inhumana en los tres campos de trabajo del Valle de los Caídos se unía la corrupción galopante, pese a que los historiadores franquistas se empeñan en tratar de demostrar que durante los años de la dictadura esa palabra no existía en el diccionario. Las 5 pesetas diarias asignadas a la alimentación de cada uno de los presos servían para llenar los bolsillos de algunos aprovechados. Cada día el Gobierno de Franco enviaba camiones cargados con lotes de comida para que los presos pudieran alimentarse y seguir trabajando a pleno rendimiento. Sin embargo, cuando llegaban los vehículos sucedía algo muy curioso que no pasaba desapercibido al joven Nicolás Sánchez-Albornoz, según cuenta él mismo en sus memorias. El joven escribiente pudo comprobar con sus propios ojos toda la corrupción contenida en aquellos documentos oficiales y albaranes. Efectivamente los camiones descargaban una parte de la comida destinada a los presos, pero no toda, ya que algunos contenedores regresaban a Madrid bien cargados. ¿Qué significaba eso? Que el jefe del destacamento de turno había firmado un recibo de entrega por la totalidad de la comida que supuestamente había llegado a Cuelgamuros cuando en realidad una porción importante de los alimentos retornaba de nuevo a la ciudad. “¿Qué sucedía con aquella comida? ¿Para qué se utilizaba? Estaba claro: para revender parte de esos alimentos en el estraperlo, en el mercado negro de la época”, relata Sánchez-Albornoz.

“Es decir, que sisar la comida a los presos era un buen negocio. Y otra cosa que se comentaba ya en aquellos años es que esta práctica también se llevaba a cabo en los cuarteles del Ejército, porque a los soldados no les daban la ración total de comida establecida”, cuenta el superviviente de Cuelgamuros. “Llegaban tantos kilos de garbanzos y de aceite y había que distribuirlos entre un número de presos y días para que al final del período el resultado fuese cero. Pero eso no guardaba ninguna relación con la realidad de la alimentación en el campo, es decir, la oficina, la jefatura del destacamento estaba engañando a la Dirección General de Prisiones. Esto no quiere decir que los funcionarios de Cuelgamuros fueran inocentes. Si podían hacer trampas, seguramente era porque los de arriba les dejaban hacer”, afirma Sánchez-Albornoz. En resumen: de aquellas 10,50 pesetas que recibía el Estado por el alquiler del preso, una vez descontadas las 5 pesetas para sufragar la alimentación y los 50 céntimos de la cartilla de ahorro, quedaban otras 5 que nunca se llegó a saber a dónde iban a parar.

El estraperlo, el contrabando, la picaresca y las corruptelas formaban parte del tenebroso paisaje de los años 40 en España, un país arruinado por la guerra, el hambre y el analfabetismo. La trama parecía perfectamente planificada por los de arriba, por los jerarcas del franquismo, pero evidentemente los funcionarios, cómo no, entraban en el juego. Ellos también sacaban su parte del pastel en esa cadena engrasada de la corrupción franquista. “Lo sé porque yo lo he visto”, insiste el superviviente del Valle de los Caídos. “Todo esto me consta a mí que se hacía porque yo lo veía en los partes que se tenían que enviar a la Dirección General de Prisiones. La documentación que debía justificar la entrada y salida de alimentos sencillamente se inventaba; esos partes los tenía que fabricar yo por orden de los jefes sin tener que pasar por el almacén ni por la cocina. Todo era un juego teórico”, explica el historiador.

La sisa de alimentos revela que la corrupción era algo generalizado en todo el sistema penitenciario de los campos de concentración de Franco. Grandes fortunas se amasaron durante esos años, como la que consigue acumular José Banús ‒el empresario que más tarde construirá el famoso Puerto Banús‒, San Román y otras oligarquías económicas franquistas que levantaron auténticos emporios a la sombra de Franco. Hoy, en plena democracia, esas mismas sagas familiares perpetuadas a través de los tiempos continúan manejando los hilos del poder financiero en España, sin que nadie les haya pedido explicación alguna sobre su complicidad con el régimen. De modo que junto a la severa represión política, tras las rocas de Cuelgamuros se esconde toda una trama corrupta conjuntamente organizada entre empresarios afines al régimen y altos cargos del Estado. El periodista Rafael Torres, autor de Los esclavos de Franco, ha cifrado en 20.000 el número de presos republicanos que fueron puestos a trabajar como mano de obra barata en la construcción del gran sueño del dictador.

Cada uno de los presos políticos soportó la agonía de picar piedra en interminables jornadas laborales. El horario de trabajo era inflexible, sin concesiones. El alquiler de presos se hacía por turnos de ocho horas pero había días que las empresas exprimían aún más a los reclusos con horas extraordinarias. Ese tiempo adicional se pagaba “bajo mano” a los obreros y con jornales miserables, pero al menos el complemento servía para que algunos presos pudieran aliviar la escasez de comida comprando bocadillos, un poco de vino y tabaco. En Cuelgamuros los presos sobrevivían en buena medida gracias a esas horas extra que de vez en cuando se hacían cuando lo exigía el capataz.

La gestión sanitaria también dejaba mucho que desear, ya que solo había un médico para los tres campos de trabajo, según cuenta Sánchez-Albornoz. Si algún preso resultaba herido mientras picaba piedra en la cantera, lo metían en un camión y lo llevaban a la prisión. Si alguien cometía una falta o indisciplina se le ponía a disposición del cuartelillo de la Guardia Civil, que poseía jurisdicción en los tres destacamentos. Los funcionarios no se manchaban las manos, no estaban a cargo de la represión ni de la imposición de castigos; eran los agentes de la Benemérita los que se encargaban de dar su merecido a los rojos republicanos. Una paliza y de ahí al centro penitenciario.

Nadie sabe con exactitud el número de personas que fallecieron en el Valle de los Caídos durante los primeros años de su construcción, sin duda los más duros. Circula una cifra estimativa que incluso ha reconocido la Fundación Francisco Franco: 14 muertos por accidentes en la cripta. Sin embargo, a ese dato corto e impreciso a todas luces, habría que añadir otro más importante del que no se suele hablar: las muertes indirectas, es decir, aquellas que se producirán tiempo después como consecuencia de las deplorables condiciones de vida que los presos soportaron durante sus años de estancia en el Valle. Así, las explosiones de dinamita que a diario se realizaban en las obras de la cripta levantaban una espesa humareda que los presos respiraban constantemente. Un veneno letal para los pulmones. Ninguno de los obreros era provisto de mascarillas, como sí suelen tener los mineros, ni tampoco de cascos de protección. En el mejor de los casos se les proporciona una boina para el sol. Finalmente, a fuerza de respirar toda esa polvareda tóxica los trabajadores terminaron contrayendo la temida silicosis. Los historiadores sospechan que la mortalidad en los años duros de la construcción del mausoleo debió ser elevada a causa de enfermedades respiratorias graves. Se sabe que muchos de los presos que estuvieron excavando en la cripta, tras ser puestos en libertad y ya en sus casas, murieron a edades tempranas como consecuencia de afecciones cardiopulmonares.

No obstante, el Cuelgamuros de los primeros años del franquismo no es el lugar más infernal que se puede encontrar en la desgarrada España de posguerra. Los hay mucho peores. Como las obras de construcción del Canal del Guadalquivir, donde llegan a trabajar hasta 5.000 presos políticos empleados en trabajos durísimos. O las terribles obras del ferrocarril Madrid-Burgos. O los famosos pantanos de Franco, donde los presos las pasaban canutas. Bajo el cemento de esos embalses se cree que puede haber más de un cadáver sepultado, como también lo hay en el Valle de los Caídos. Ese lugar de terror que poco tiene que ver con el balneario de paz y prosperidad que pretende pintarnos el singular prior Cantera.

Un superviviente del Valle de los Caídos desmonta las mentiras del prior Cantera