Somos Conscientes. Informar sobre el Sáhara Occidental

26/02/2021
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La historia del Sáhara Occidental está intrínsecamente relacionada con la del Estado español y las personas que lo habitan. Por un lado, la colonización de este territorio durante casi un siglo ha dejado a la antigua metrópolis un legado de responsabilidad por su situación irresuelta. Por otro, la posición de subalternidad a la que quedaba relegada la población saharaui por este hecho no evitó que se crearan vínculos sentimentales y emocionales, culturales, sociales, económicos, familiares… con personas españolas. La historia reciente del pueblo saharaui está ligada a la nuestra en esa doble dimensión.

Como periodistas, narradores y narradoras de lo que acontece en el mundo, somos conscientes del marco en el que se inscribe esa relación, y de que sigue condicionando lo que ocurre en el Sáhara Occidental, también ahora.

El Estado español tiene una responsabilidad con el pueblo saharaui. Los Acuerdos Tripartitos de Madrid en ningún momento transfirieron la soberanía ni a Marruecos ni a Mauritania. Como reconocen los organismos internacionales y la propia Justicia española, el Estado español sigue siendo la potencia administradora del proceso de descolonización del Sáhara Occidental, un territorio no autónomo según la definición de Naciones Unidas. En este sentido, la Audiencia Nacional declaró en 2014 en un auto de la Sala de lo Penal presidida por Fernando Grande-Marlaska Gómez que:

España al ingresar en las NN.UU., y firmar la Carta de las Naciones, San Francisco, 26 junio 1945 -publicado en BOE el 16 de noviembre 1990- reconoció el hecho colonial del Sahara español, contrayendo una serie de obligaciones, y convirtiéndose en Potencia administradora. En esta dirección, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 2072, de 16 de diciembre de 1965, por la que se considera a España potencia administradora sobre el Sahara español. Como potencia administradora se obliga según el apartado a) del artículo 73: «a asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos, su adelanto político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo abuso…”

Pero España ha dejado caer en la desmemoria su relación con las colonias que durante siglos ocupó de una forma extractiva, un pasado oscuro que sigue sin abordarse. La cuestión saharaui es el caso en el que las consecuencias de ese pasado irresuelto se muestran de un modo más paradigmático y más claro. Al no resolverla, el Estado español sigue instalado en una página negra de la historia de la humanidad, la colonización, que todavía no ha sido capaz de cerrar.

España abocó a los saharauis a la guerra en 1975, al vender el territorio del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania. La guerra duró hasta 1991, cuando se firmó el alto el fuego bajo la promesa de Naciones Unidas de celebrar un referéndum de autodeterminación para que el pueblo saharaui decidiera su futuro político. Una consulta que nunca se llegó a celebrar por el bloqueo de Marruecos.

Ahora, la guerra ha vuelto al Sáhara Occidental. Fue Marruecos quien violó el alto el fuego el pasado 13 de noviembre, cuando soldados marroquíes entraron a zona neutral para disolver una manifestación pacífica de civiles saharauis. El regreso a las armas del Frente Polisario, tras 29 años apostando por una solución pacífica y diplomática, es un fracaso de la humanidad, más concretamente de Naciones Unidas y de la gobernanza global basada en el multilateralismo; así como de España, que sigue siendo legalmente la potencia administradora del territorio.

El Sáhara Occidental es un territorio no autónomo según la definición de las Naciones Unidas, y su derecho de autodeterminación está refrendado por los tribunales internacionales. Por ello, el reciente anuncio en que el presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmaba la soberanía marroquí sobre el Sáhara está fuera de derecho y no puede ser considerado como aceptable por las propias Naciones Unidas —organización responsable de encontrar una solución aceptable por las partes basada en el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui—. Trump ha actuado contra el multilateralismo, contra una forma de gobernanza y de convivencia global que nos hace partícipes a todas las personas del mundo en el que vivimos.

Durante cuarenta y cinco añosel pueblo saharaui ha sido sometido a las duras condiciones del exilio y el refugio o de la ocupación. Las zonas ocupadas por Marruecos son “una cárcel a cielo abierto” para la población saharaui. Se han violado sistemáticamente sus derechos más elementales: reunión, expresión, identidad, culturales, sociales, económicos, a la integridad física, a la propia vida. Desapariciones, encarcelamientos arbitrarios, juicios sin garantías procesales…

Desde la ruptura del alto el fuego, la situación en los territorios ocupados se ha hecho más peligrosa y dura para la población saharaui, en especial para activistas que defienden los Derechos Humanos y para periodistas. Informes de organizaciones como la Organización Mundial Contra la Tortura o Reporteros Sin Fronteras han dado a conocer los recientes asedios a las casas de periodistas saharauis de colectivos como Equipe Media o la Fundación Nushatta, así como intentos de secuestros de estos periodistas saharauis, residentes en las zonas ocupadas. También la Instancia Saharaui contra la Ocupación Marroquí, de la que forman parte activistas de reconocido prestigio internacional como Aminatou Haidar o El Ghalia Djimi, se ha hecho eco de esta situación. Las amenazas y coacciones a través de redes sociales contra estas personas que se dedican a la información y la comunicación son habituales.

Tampoco debe olvidarse, en este sentido, que siete periodistas saharauis se ven privados de su libertad, dispersos en prisiones marroquíes. Cuatro de ellos forman parte del conocido grupo de Gdeim Izik: Bachir Khada (Equipe Media, 20 años de cárcel), Hassan Dah (TV RASD y Equipe Media, 25 años de cárcel), Mohamed Lamine Haddi (RASD Radio, 25 años de cárcel) y Abdalahi Lechfauni (colaborador de Equipe Media, cadena perpetua). Los otros tres son Mohamed Bambari (6 años de cárcel), Oualid El Batal (2 años de cárcel) y Faraji Khatri Dadda (20 años de cárcel). Esta situación también contraviene la legislación internacional. El derecho a la información, libertad de expresión y comunicación están reconocidos en diversos tratados y compromisos, especialmente cuando se trata de una zona en conflicto, como el Sáhara. Así lo indican la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 19; y la norma 34 del Derecho Internacional Humanitario.

Todo el sufrimiento generado al pueblo saharaui desde hace décadas es consecuencia de los deberes y obligaciones incumplidas por España. Por ello, el Estado español tiene la posibilidad y la responsabilidad de tomar y liderar la iniciativa que dé una solución acorde al Derecho Internacional. Una postura valiente, que devuelva a España a una política exterior activa que cumpla con la Carta Universal de los Derechos Humanos y con lo indicado por el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas. Una política responsable con su papel en el mundo y con su historia.

Más allá de la responsabilidad jurídica, el vínculo entre la sociedad española y la saharaui se revela en muchos ámbitos. Culturalmente, se trata de un pueblo hermano con el que compartimos lengua, arte e imaginario colectivo. Iniciativas como el FiSahara, Artifariti, ArTifariti y Un micro por el Sáhara han unido a la cultura española con la saharaui durante años. Esos lazos también tienen que ver con la memoria histórica y democrática: es necesario recordar que, igual que tenemos la responsabilidad de abrir las cunetas para resolver nuestro pasado en la Península, también hay cunetas en el desierto. También hay cuerpos con DNI español enterrados bajo aquella arena.

Los lazos solidarios duran hasta hoy. El programa Vacaciones en Paz ha hecho que decenas de miles de familias españolas hayan acogido a menores saharauis durante décadas. Familias que ahora ven cómo esos jóvenes se visten de soldados, van al frente, ante la carencia de perspectivas de futuro y de posibilidades

En cuanto a los vínculos económicos, el Sáhara es un territorio rico en recursos naturales. Estos están siendo explotados por Marruecos y por empresas multinacionales (muchas de ellas españolas), sin que la población saharaui se beneficie, en contra de lo que establece la legislación sobre territorios no autónomos. Es un expolio constante. La política exterior española no solo puede servir a grandes empresas: tiene que tener en cuenta los derechos humanos.

Es curioso observar que en el momento en que se cerraba el régimen franquista y se iniciaba la Transición democrática el Sáhara estaba en el centro del momento político; y que también ahora, cuando la historia política española vive un nuevo punto de inflexión, el Sáhara vuelve a estar presente. En aquel momento, la solución no fue tal y el problema y el sufrimiento de todo un pueblo se mantuvo durante décadas. Hoy, aunque tarde, puede ser el momento para empezar a buscar soluciones acordes a la legalidad internacional.

Si el problema es político, la solución es política. El Estado español ha de asumir la responsabilidad y ser un agente activo en la solución de este problema; y la sociedad civil y la opinión pública son elementos fundamentales para conseguir ese objetivo. Si no se actúa hoy, el conflicto del Sáhara Occidental seguirá siendo un bochorno, una hipoteca para la dignidad de España.

Somos conscientes de los lazos históricos y de los lazos presentes. Somos conscientes de la responsabilidad con la memoria y con el futuro. Y porque somos conscientes, lo hemos de reflejar a la hora de informar y narrar lo que acontece. No podemos permitir que un silencio informativo arroje más olvido sobre este pueblo.


Manifiesto: ‘Somos Conscientes. Informar sobre el Sáhara Occidental


Lista de firmantes

Rosa Montero, Javier Gallego, Virginia P. Alonso, Antonio Maestre, Andrea Momoitio, Pascual Serrano, Olga Rodríguez, Daniel Bernabé, Ana Pardo de Vera, Pedro Vallín, Edurne Portela, Miguel Mora, Yolanda Sobero, Gerardo Tecé, Pepa Blanes, Raimundo Castro, Alejandro Torrús, Ana Camacho Urtiaga, Pablo Elorduy, Miquel Ramos, Anita Botwin, Guillem Pujol, Fabiola Barranco, Sato Díaz, Carmen Domingo Soriano, Manu Tomillo, Teresa Villaverde Martínez, Aitor Albizua, Ebbabba Hameida, Pablo Morán Martínez, Leila Nachawati, Ignacio Pato, Ary Suárez, David Bollero, Isabel García Caballero, Miguel Muñoz, Laura Casielles, Xosé Manuel Pereiro, Mónica Santos Carrillo, Manuel Martorell, Beatriz Asuar Gallego, José Antonio Bautista García, Sarah Babiker, Rafa Panadero, Sara Montero, Jalil Mohamed, María F. Sánchez, Fernando Íñiguez, Esther Ferrero, Luis Díez Álvarez, Tato Puerto, Mª Ángeles Fernández González, José Ovejero, Violeta Muñoz, Santiago Escribano López, Clara Asín, Gorka Andraka, Kristina Berasain Tristan, Santi Donaire, Isabel Cadenas Cañón, Marcelo Ortega Picazo, Silvia Casado Arenas, Emilio Martínez, Naciu Varillas, Manolo Ballesteros, María José Fal Miyar, Pedro Menéndez González, David Artime Coto, Marisol Flórez Borges, Iván G. Fernández, Cristina Natal, Francisco Álvarez González, Xicu Ariza Fernández, Javier Cuevas Domínguez, Miguel Ángel Pérez Suárez, Germán Rodríguez Lourenço, Diego Díaz, Raúl Álvarez Rodríguez, Pablo Zariquiegui, José Pérez, Míguel Fernandi García, Fernando García de Dios, Alfonso Suárez Rodríguez, Luis Ordóñez, David Orihuela Sancho, Isidoro Vegue García, Esther Rebollo y Daniel Domínguez

https://www.nuevatribuna.es/articulo/global/informar-saharaoccidental-somosconscientes-marruecos/20210224203250184963.html


XII Semana republicana de Segovia Ni Borbones, ni ladrones. Construyendo República frente al fascismo. Colectivo Republicano Antonio Machado, Juventudes Socialista de Segovia, RPS, IU Segovia, PCE Segovia, Izquierda Castellana, PCE(ml), Yesca Segovia, Segovia Decide-Comité por la República.

12/04/2020

 

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La irrupción del coronavirus ha puesto en evidencia con claridad la precariedad de nuestro sistema de Salud Público y las condiciones draconianas en las que deben trabajar sus profesionales.

En nuestra comunidad autónoma y provincia, Segovia, esa situación se ve agravada aún más, por el desmantelamiento de servicios sanitarios provocados en los últimos años, tal y como han denunciado diferentes colectivos, además, vemos cómo esta parte de la España vaciadasufre en sus carnes las décadas de abandono y olvido de las instituciones tanto públicas como privadas, loque demuestra que, si un territorio se vacía, no es por casualidad.

En el estado español, los años de gobiernos monárquicos, con sus políticas de recortes desmantelaron y privatizaron lo público y a empresas y sectores económicos estratégicos con el fin de enriquecer a unos pocos, en detrimento de la inmensa mayoría de la población. Con el pretexto de la crisis,las derechas recortaron los presupuestos a la sanidad, educación, servicios sociales, etc. Ahora vemos que esas políticas ponen en peligro el bienestar e, incluso, la vida de una mayoría, cuyos valedores, no olvidemos, son los gobiernos centrales y autonómicos y el resto de las instituciones del Estado.

Esas políticas son las responsables de las deficiencias de la sanidad pública, de que lxs profesionales sanitarios estén trabajando en condiciones lamentables, con plantillas insuficientes, sin apenas descanso y sin materiales de protección adecuados e insuficientes, poniendo en riesgo su salud y su vida, y la de todxs. También faltan camas, UCIs y medios técnicos como respiradores.

Ahora, lxstrabajadorxs ven peligrar sus puestos de trabajo con los ERTEs y viven confinadxs con la angustia de perderlos porque lxsempresarixs, finalizado el estado de alarma, pueden despedirlxs. Además, muchxs de ellxs han estado trabajando sin medidas adecuadas de seguridad y protección y ven peligrar su salud. La CEOE se arrima a la derecha más franquista que hemos conocido, pensando en más mano de obra barata, precariedad e inestabilidad en el empleo y en nuestros hogares. ¡¡¡No lo vamos a permitir!!!”

Mientras todo esto ocurre, la Monarquía muestra, una vez más, su carácter corrupto y antidemocrático. El mismo día en que se iniciaba el estado de alarma, la Casa Real, aprovechando la tormenta para pasar inadvertidos, sacó un comunicado que confirmaba que, desde hacía un año, Felipe VI sabía que era titular de una cuenta con 100 millones, que la dictadura teocrática saudí entregó a su padre, en el paraíso fiscal de Suiza. ElPreparao nunca lo hizo público, sólo cuando se vio obligado por las informaciones periodísticas, ni lo puso en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Todo un ejemplo de “conducta íntegra, honesta y transparente”.

Solo este escándalo era motivo suficiente para que el Rey abdicara, pero sin la más mínima vergüenza, cinco días después, para lavarse la cara aprovechando vilmente la desgracia de la crisis sanitaria, hizo una aparición pública con un discurso vacío, que no decía ni aportaba nada, ni condenaba tales hechos. El mismo día y a la misma hora, decenas de miles de cacerolas en todo el Estado retumbaban desde balcones y ventanas en señal de rechazo a la monarquía; pitidos y gritos exigiendo que Felipe VI se fuera.

Esta situación de emergencia sanitaria, social y económica se va a agravar aún más si las fuerzas republicanas, populares, de izquierdas, no somos capaces de, unidas, darle una salida, de trazar y luchar por una alternativa, que palie los efectos negativos que va a sufrir especialmente la clase trabajadora, luchando por medidas de protección de los derechos laborales, de generación de oportunidades, así como de protección social para las personas más desfavorecidas y en riesgo de exclusión. De no ser así, corremos el riesgo de que sea encauzada y manipulada por reaccionarios y fascistas.

La crisis sanitaria y la situación de miedo, desesperación e inseguridad la están utilizando las fuerzas de extrema derecha para lanzar su sucia y demagógica propaganda, llegando a proponer y defender abiertamente un Golpe de Estado: que los militares tomen el poder.

También, debemos estar atentos a que el propio Régimen se pueda ver tentado de, aprovechando el rebufo del estado de alarma y una vez que termine este, iniciar una deriva antidemocrática, de recorte de libertades y derechos fundamentales. En tal caso, debemos estar prestos a denunciarla y combatirla. Sabemos que esa situación solo alimentaría al fascismo.
No debemos caer en los cantos de sirena de la “unidad nacional”. No podemos unirnos a aquellxs que nos explotan, recortan salarios y pensiones, a aquellxs que son un peligro para nuestra salud y vidas,aquellxs que quieren quitarnos libertades. A esxs se les combate.

Ahora es más necesaria que nunca la unidad, pero una unidad ideológica, de identidad, de proyecto común, para dar solución, en clave popular y trabajadora, a las crisis sanitaria, económica, social y del sistema monárquico.

Una República para la clase trabajadora quegarantice la salud y el bienestar de nuestros pueblos y un futuro nuevo y mejor, en el que todas las naciones que conforman el Estado encuentren su sitio,así como su derecho a decidir.

Una nueva República como aquella que vio nacer nuestro compañero Nicolás Berzal, desaparecido recientemente, ejemplo de republicanismo, tenacidad, compañerismo y lucha, y cuya memoria tendremos presente muy especialmente en esta XII Semana Republicana de Segovia.

Llamamos a lxsciudadanxs de Segovia a participar en la campaña del 14 de abrilllenando sus balcones de banderas republicanas y en defensa de la sanidad pública y universal, y queeste día, a las 21 h, salgan a sus balcones o ventanas a lanzar un grito contrala corrupta Monarquía y por la República, por un futuro nuevo y mejor.

¡Ni Corona, ni Virus! ¡Fuera los Borbones, corruptos y ladrones!
Ahora, más que nunca: ¡Salud y República!


CONTRA LAS POLÍTICAS DE EXTREMA DERECHA, iNI UN PASO ATRÁS! #NiUnPasoAtras

18/03/2019

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Las organizaciones democráticas y los colectivos sociales no podemos permanecer indiferentes a la situación política que se está dando en nuestro país en la que algunos de los partidos que se denominan constitucionalistas, amparados por el sistema democrático que garantiza los derechos de representación de todas las ideologías políticas, no tienen ningún pudor para pactar acuerdos de gobierno con fuerzas políticas de extrema derecha, cuyos postulados representan un peligro evidente para el mantenimiento de los derechos  colectivos e individuales.

Rechazamos de plano el pacto político con quienes defienden en su programa, la limitación o eliminación de distintos logros sociales, conseguidos tras años de luchas y de compromiso de generaciones enteras de hombres y mujeres, que han defendido, desde todos los ámbitos sociales, sus libertades y sus derechos como ciudadanos libres y responsables.

No consentimos que se pongan en peligro principios básicos de una sociedad justa e integradora, donde los poderes públicos han de estar al servicio de la ciudadanía, sin exclusiones,  garantizando todos sus derechos, pero protegiendo de forma muy especial a los sectores que son más vulnerables, los cuales no pueden ser abandonados a su suerte, mediante la implantación de políticas llamadas neoliberales que ya han demostrado, en el pasado y en diferentes lugares, quiénes son los que acusan y sufren sus consecuencias.

No podemos admitir que sean cuestionadas las leyes implementadas para intentar combatir el machismo, como un mal intrínseco a nuestra sociedad, y proteger a las mujeres de una violencia de género que día tras día se evidencia no sólo en los casos más dolorosos y mediáticos, sino en otros muchos aspectos de la vida social, laboral y familiar en nuestro entorno más inmediato. Reivindicamos una sociedad sin roles preestablecidos y donde la igualdad de género sea un objetivo permanente en todos los ámbitos de la vida pública, con la implementación de políticas activas por parte de todas las administraciones.

No consentimos lo discursos de odio contra la población LGTBI y la amenaza a los derechos adquiridos. Condenamos la proliferación de los discursos de odio en nuestras instituciones públicas y exigimos blindar las normativas ya existentes que garantizan los derechos adquiridos del colectivo LGTBI,  así como promover la aprobación de nuevos marcos normativos que persigan la igualdad de derechos y el fin de la LGTBIfobia.

Denunciamos los discursos xenófobos y discriminatorios del que hacen uso algunos partidos políticos que buscan criminalizar a la población migrante y desviar la atención de los verdaderos problemas que afectan a la población. Partidos cuyas prioridades políticas distan mucho de la preocupación por la situación y el nivel de vida de las personas trabajadoras, haciendo gala de un discurso incendiario que busca el conflicto entre los trabajadores autóctonos y los migrantes y ocultando las causas y verdaderos responsables de la creciente precariedad que afecta a todos. Denunciamos la normalización de esta clase de discursos, esta peligrosa forma de hacer política que ha sido asumida por fuerzas políticas que hasta hace poco no se habrían atrevido a hacer gala de semejante nivel de demagogia.

Muchas de las entidades que firmamos este manifiesto – convocatoria, pertenecemos al movimiento social de la memoria histórica y de lucha contra la impunidad de los crímenes del franquismo, y comprobamos que en los acuerdos políticos que fuerzas pretendidamente democráticas han establecido con la extrema derecha para permitir el acceso de la misma al gobierno de las instituciones, aparece como una de las prioridades abrir un nuevo un periodo de ocultación de lo que significó el franquismo inicial y la larga Dictadura posterior, para consolidar el denominado “Modelo Español de Impunidad”. Nuestro país, que no ha sido capaz de enfrentarse abiertamente a su pasado, corre el riesgo de cometer una nueva afrenta con los diversos colectivos que de una forma u otra fueron víctimas, directas o indirectas, de la acción impune de la Dictadura y sus esbirros. No se puede igualar la memoria de las víctimas con la de los verdugos, la de los que defendieron la legalidad de la República con la de los que provocaron un golpe de Estado que costó miles de víctimas durante la larga dictadura franquista.

Conocemos de dónde venimos y qué circunstancias nos han abocado a la situación actual. Nos preocupan enormemente los discursos y las actitudes que recuerdan a las épocas más oscuras de la historia de Europa, en la que también se culpabilizó a los débiles y se acusó al extranjero y al diferente como los primeros culpables de las crisis económicas y de sus consecuencias ¿Tendremos que recordar cuál fue su trágico resultado?.

Hacemos un llamamiento a los representantes políticos e institucionales para que se comprometan con la defensa de valores democráticos y antifascistas, y de los derechos que nos asisten como ciudadanos y ciudadanas libres, garantizando los avances sociales que se han conseguido –aunque sea de forma limitada– con el esfuerzo de tantos hombres y mujeres.

Por todo ello, reiteramos nuestro compromiso, de una forma inequívoca, en la defensa de la Memoria Democrática y de la preservación de los Derechos Humanos y apelamos de forma unitaria a la responsabilidad de toda la sociedad para estar alerta y no convertirnos en espectadores pasivos o cómplices de los agravios y del desastre.

En consecuencia, invitamos a todos los colectivos sociales (colectivos de mujeres, de migrantes, LGTBI, asociaciones, ateneos, sindicatos, organizaciones de derechos humanos o culturales, asociaciones de vecinos …) que compartan los principios expuestos en esta carta a suscribir el presente manifiesto, a divulgarlo y a participar en la concentración (pendiente de confirmación) convocada en Madrid para el domingo 7 de abril de 2019, a las 12 horas, en el Congreso de los Diputados, en las que mostraremos nuestro rechazo a las políticas de extrema derecha, que se están divulgando, aprobando o se puedan aprobar en el futuro por parte de las Instituciones del Estado. De igual modo, defenderemos que las organizaciones de extrema derecha no deben entrar en las instituciones y exigiremos a las formaciones políticas que concurren a los próximos comicios electorales, y que se autodenominan democráticas, que se comprometan a no pactar con organizaciones que defienden esta ideología.

¡Por un mundo más justo, igualitario y solidario, no permitamos la presencia de la extrema derecha en nuestras instituciones democráticas!

Madrid, 12 de marzo de 2019.

Colectivos que suscriben este manifiesto y convocan a la movilización:

  • Plataforma contra la Impunidad del Franquismo.

  • Todos los Niños Robados son también mis Niños.

  • Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid.

  • Mayores de izquierdas.

  • Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo.

  • Federación de Republicanos (RPS).

  • Asociación Memoria Histórica.

  • Europa Laica.

  • AVICES, Asociación de Víctimas del Estado.

  • Mesa de Memoria Histórica de la Latina.

  • Federación Estatal de Foros por la Memoria.

  • Federación de Asociaciones de  Mujeres Separadas y Divorciadas (FAMSD).

  • Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Madrid (AMSD).

  • Empoderarte. Asociación Internacional de Mujeres Artistas.

  • Asociación Hispano-Alemana “El Puente Regensburg”.

  • Asociación DidacARTE – Arte Didáctico.

  • Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB).

  • Unión de Asociaciones Familiares (UNAF).

  • Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas del País Valencià (AMSDPV).

  • Red Roja.

  • Izquierda Latinoamericana.

  • Asociación “Consuelo Berges” de Mujeres Separadas y/o Divorciadas de Cantabria.

  • Acción y Resistencia Antipatriarcal” de Pinto.


MANIFIESTO UNITARIO LEÍDO AL FINALIZAR LA MANIFESTACIÓN DEL 14 DE ABRIL.

16/04/2018

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MANIFIESTO

De las organizaciones: PCE (m-l), Federación Republicanos, Colectivo

Republicano “Antonio Machado”, IU, PCE, UJCE, Segoentiende, Foro por

la Memoria y Equo

 

Segovia, a 14 de abril de 2018

 

Hace 87 años, un esperanzador 14 de abril de 1931 cerraba largos años

de opresión, abusos y oscurantismo, protagonizados por los Borbones y

su séquito de oligarcas, corruptos y espadones. Aquel día, se abrió un

período de avances democráticos, sociales y culturales.

La actual situación política muestra, una vez más, tanto la incapacidad

del régimen del 78 para resolver los problemas de nuestro país, como

sus vínculos con el fascismo del cual es directo heredero, a través de la

monarquía impuesta por el dictador Franco. Un régimen, por tanto,

doblemente falto de legitimidad democrática. Nuestros pueblos jamás

pudieron expresar su voluntad sobre la forma de Estado, Monarquía o

República.

 

El Estado monárquico, verdadera dictadura coronada al servicio del

capital (“los mercados”), muestra hoy su verdadera cara en medio de una

larga agonía de años. La abdicación exprés de Juan Carlos I, lejos de

resolver sus problemas como se pretendía, ha venido a demostrar que la

Corona es parte del problema. Así se puso de manifiesto en particular el

pasado 1 de octubre, cuando Felipe VI se alineó abiertamente, como era

de esperar, con la reacción, respaldando la violencia del Estado en

Cataluña contra un ejercicio de democracia que atacaba directamente a

las bases de su trono y del sistema oligárquico al que representa.

 

Pero el 1 de octubre fue tan solo un hito en el ya largo recorrido del

Estado (donde la ausencia de división de poderes es flagrante) por la

senda del autoritarismo y la fascistización: la implantación de las leyes

mordaza y su cada vez más asfixiante aplicación, en contra de artistas y

militantes de la izquierda, así como el papel cada vez más abiertamente

represivo de los tribunales –especialmente agresivos contra los derechos

de las mujeres trabajadoras-, junto a una creciente permisividad hacia las

bandas fascistas, muestran a las claras que el régimen monárquico es

irreformable y que la podredumbre afecta ya a todas sus instituciones. El

reciente acuerdo de los partidos del Régimen para hacer caso omiso de

la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la

libertad de expresión es todo un símbolo de esta realidad y delimita los

campos entre demócratas y reaccionarios.

 

Esta deriva autoritaria no se explica solo por el origen franquista del

régimen del 78, sino también porque responde a los intereses de la capa

de oligarcas que han venido utilizando al Estado para proteger sus

intereses y descargar el peso de la crisis económica sobre la población

trabajadora. A su dominio se deben la penuria de las pensiones, la

aplicación de las sucesivas reformas laborales, el desmantelamiento de

los servicios públicos como la sanidad y la educación, los salarios cada

vez más míseros, los desahucios de familias trabajadoras, un modelo

productivo basado en la especulación y el beneficio a corto plazo, la

emigración de centenares de miles de nuestros jóvenes, el

mantenimiento de un enorme fraude fiscal, etc. Mientras tanto, sí parece

haber dinero suficiente para rescatar bancos y autopistas, mantener

curas –pedófilos incluidos-, comprar armamento y enviar tropas a

colaborar en el asesinato de poblaciones inocentes. Una situación tan

terrible que solo pueden mantener incrementando la represión contra

cualquier voz disidente: huelguistas, tuiteros, cantantes o barrios enteros.

 

El régimen monárquico del 78 no tiene nada que ofrecer a los millones de

trabajadores y trabajadoras que padecemos su opresión económica,

política, de género, cultural o de cualquier otro tipo.

 

Sin embargo, todos sabemos que nadie nos va a regalar nada, que el

bloque de poder que sostiene al régimen no va a dejar paso

voluntariamente a un orden de cosas más democrático e igualitario. Es

necesario salir a la calle y plantarle cara en todos los ámbitos de la

sociedad y la política: en el barrio, en la fábrica, en las aulas, en los

ayuntamientos, en el ocio y en la cultura, en los polígonos, debemos

alzar la voz y organizarnos en torno al programa de 9 puntos:

 

  1. Plan de choque contra la crisis.
  2. Restablecimiento de la soberanía popular.
  3. Derecho de autodeterminación de los pueblos.
  4. Independencia Nacional.
  5. Apertura de un proceso constituyente.
  6. Recuperación de la memoria histórica.
  7. Rechazo a la UE de los mercados.
  8. Por la República una República de mujeres y hombres libres e iguales

en derechos, de ciudadanos y pueblos soberanos, que favorezca la

extensión de la cultura y haga retroceder el oscurantismo religioso. Una

República que dé respuestas efectivas a los graves problemas que están

atravesando millones de familias trabajadoras.

  1. Defensa de la lucha de liberación de la mujer, que hacemos nuestra.

 

Es necesario romper con este régimen podrido para construir esa

República sobre nuevas bases. Y un primer paso para ello, y para

desarrollar la organización y la lucha de las clases trabajadoras, puede

ser movilizarse en torno a una demanda básica: dar voz al sentir de

nuestros pueblos en contra de lo existente, organizar una consulta

popular sobre la opción entre monarquía o República.

Llamamos a todas las gentes que viven de su trabajo, mujeres y

hombres, jóvenes y mayores, obreros y estudiantes, a movilizarse para

poder darles voz en una consulta popular y a organizarse para seguir

peleando por construir un nuevo país, para hacer realidad la Tercera

República.

 

¡Viva la República!


NO A LA CONSTITUCIÓN MONÁRQUICA. POR LA REPÚBLICA. MANIFIESTO 6-D

29/11/2017

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¡Abajo la monarquía, queremos República! ¡Derecho a decidir!

Los acontecimientos acaecidos en Cataluña evidencian, con más fuerza, la herencia del franquismo en la Mo­narquía y su Constitución. Con ella de la mano, se han pisoteado derechos democráticos fundamentales, como las libertades de expresión, opinión, reunión, manifestación,… En su nombre, el estado ha hecho uso de la represión y violencia contra ciudadanos indefensos, para amordazar y acallar la voz de un pueblo; han llevado a la cárcel a personas por hacer uso de aquellos derechos. En su nombre se ha aplicado su artículo 155, brutal atentado anti­democrático, que elimina de un plumazo la representación política del pueblo de Cataluña y condenará a parte de la misma a la condición de presos políticos.

La monarquía, su constitución, sus leyes, no solo han manifestado su incapacidad para dar una solución de­mocrática a las demandas del pueblo catalán y, en general, a los problemas políticos y demandas populares (co­rrupción, participación,…), sino también han sido incapaces de impedir y/o eliminar las penurias y sufrimientos de millones de personas. ¡¿Acaso su Constitución y leyes han hecho algo contra la pobreza y desigualdad crecientes?! ¡¿Contra el paro y la precariedad?! ¿Contra el exilio forzoso de centenares de miles de nuestros jóvenes? ¡¿Acaso han solucionado el problema de la vivienda?! ¡¿El problema de la vergonzosa corrupción?!

El Estado, sus instituciones, sus partidos,…, al cometer todas estas tropelías antidemocráticas, antipopulares, apelan siempre a la Constitución, a la legalidad, a la ley. ¡Pero es SU Constitución, SU legalidad, SU ley! Son ellos quienes las han hecho y quienes las aplican y utilizan (o se la saltan) en su propio provecho e interés, y en contra de las clases populares, de los pueblos. Ellos cambiaron la constitución en 15 días en beneficio de la usurera banca y en perjuicio de los servicios públicos y los ciudadanos poniendo toda la soberanía a los pies de la Unión Europea; ellos impidieron la aprobación de una ley de dación en pago; ellos aprobaron las reformas laborales que no han eliminado el paro y han condenado a cada vez más trabajadores a salarios de hambre; la reforma de las pensiones que obliga a nuestros mayores a trabajar más tiempo y cobrar menos; ellos hacen leyes fiscales que obligan a pagar más impuestos a los trabajadores, al pueblo, y menos a los ricos y grandes empresas; ellos aprueban el CETA; ellos son los que aun mantienen en las fosas a decenas de miles de republicanos que defendieron la legalidad republica­na que esperan verdad, justicia y reparación… ¡Ellos y sus leyes! ¿Y qué decir de la división de poderes? Una farsa. ¡Son SUS tribunales, SU Audiencia Nacional (herencia del TOP), SU Fiscalía!

La monarquía, su constitución y legalidad son la antítesis de la democracia, el dogal de los pueblos y la condena y asfixia de las clases trabajadoras, de la mayoría social.

La cuestión catalana y la crisis de la Monarquía ha cohesionado un bloque monárquico, capitaneado por sus agentes políticos (PP, PSOE y C,s), que está imprimiendo al régimen una deriva reaccionaria, filofascista, con todas las reformas legales que ellos llaman antiterroristas (ley Mordaza, etc.) y que aplican con saña a quienes luchan por sus derechos. Su papel y actuación en Cataluña sienta un precedente y alecciona sobre la puesta en marcha de una Segunda Transición que intentarán llevar a término con una reforma constitucional, pero en un sentido regresivo, autoritario, para que el conjunto de los pueblos y clases trabajadoras sean derrotados durante años.

Debemos tener claro que solo se podrá hacer frente a ese bloque monárquico-reaccionario desde la unidad, desde la conformación de un bloque popular. En esta excepcional situación hacemos un llamamiento a todas las fuerzas democráticas, progresistas, de izquierdas, a trabajar por ese objetivo; a preparar la manifes­tación del 6 de diciembre “Contra la Constitución del 78 y por la República” para que sea un éxito y aldabonazo político; a promover y organizar, para agrupar fuerzas políticas y sociales, una consulta sobre la forma de Estado: ¿Monarquía o República?

¡Contra la constitución del 78 y su monarquía franquista!

Por el derecho de autodeterminación de los pueblos – Por la plena garantía de derechos sociales y laborales.

Verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo ¡¡Por la República!!

 

Organizaciones firmantes: Asamblea Republicana de la Comunidad de Madrid, Federación de Republicanos(RPS), Agrupación Republicana de Coslada, Agrupación Republicana de Móstoles, Partido Comunista de España (marxista-leni­nista), Socialismo Mostoleño, Junta Republicana de Moratalaz, Iniciativa Comunista, Partido Comunista de España, Izquier­da Unida, Red Roja, Junta Estatal Republicana, Partido Comunista de los Pueblos de España, Juventud Comunista de Es­paña (marxista-leninista), Plataforma contra la impunidad de los crímenes del franquismo, Unión Integral y Democrática, Coordinadora 25-S, Unidad Cívica por la República, Club de Amigos de Unesco de Madrid (CAUM), Izquierda Republicana, Agrupación Republicana de Torrelodones, Coordinadora Memoria Histórica y Democrática de Madrid, Tertulia Republicana de Ciempozuelos, Madres contra la Represión, Partido Marxista Leninista (Reconstrucción Comunista), Frente Republicano, Izquierda Castellana.


Manifiesto Republicano 19 de junio

12/06/2016

Hace dos años, tuvo lugar una de las mayores agresiones antidemocráticas de nuestra historia reciente: el 2 de junio, Juan Carlos I de Borbón, hijo político del dictador Franco, más interesado en sus juergas y caprichos que en el servicio público, abdicaba y, tal día como hoy, su hijo Felipe VI, a quien nadie había elegido, era nombrado rey sin consulta, de espaldas a la mayoría social.

Hace dos años, decenas de miles de ciudadanos llenaban esta plaza para expresar su protesta y exigir la apertura de un proceso constituyente que devolviera la soberanía al pueblo y una República que siente las bases de un verdadero y real cambio.

Aquel atentado antidemocrático se perpetraba en un momento político de lucha, con las calles desbordadas de mareas de dignidad que exigían el fin de los recortes y la recuperación de lo que el pueblo ha conquistado con su esfuerzo y estaba amenazado por un gobierno de corruptos.

Hoy, volvemos a esta Puerta del Sol, donde en su día se abrió un alba de esperanza agostada por los precursores políticos de la casta que nos gobierna, para expresar nuestro compromiso con la lucha, conscientes de que nadie nos va a regalar nada, de que para que nazca algo nuevo es condición indispensable que lo viejo muera.

Conscientes del momento histórico que vivimos, sabiendo que el futuro seguirá siendo de lucha, las organizaciones que suscribimos este manifiesto proponemos este programa que, por encima de las lógicas diferencias que nos puedan separar, es la síntesis de los anhelos comunes. Pedimos a las organizaciones de izquierda que lo asuman y difundan y sea guía de su práctica política, para lograr la unidad de acción:

1.Aprobación inmediata de un programa de choque para impulsar el desarrollo económico y social, apoyar y proteger a las personas y familias más afectadas por la crisis.

Cambiar el modelo productivo, fomentando la industria y los sectores con mayor valor añadido, promocionando los servicios y el empleo públicos y garantizando un mayor control social de la economía mediante la intervención del Estado.

Aumentar los recursos públicos, mediante una política fiscal progresiva que grave más a quien más tiene y reduzca la carga fiscal de las clases populares. Combatir con decisión el fraude fiscal, particularmente el de las grandes empresas y rentas.

Derogación de las reformas laborales de 1994, 2.010 y 2012, recuperando la causalidad en los contratos, evitando y controlando con firmeza la subcontratación de servicios, recuperando para las instituciones públicas la prestación de los servicios hoy privatizados y adoptando aquellas medidas (aumento del salario mínimo, derogación de la Reforma de las Pensiones de 2012, mejora del subsidio de paro, etc.) que sirvan para aumentar las rentas más bajas y mejorar la actividad económica.

Adopción de aquellas medidas sociales (prohibición de desahucios, creación de un parque de viviendas públicas en alquiler, fijación de precios por el estado y garantía de prestación de los servicios de energía transporte y alimentos de primera necesidad para las familias, que garanticen unas prestaciones mínimas y unos servicios adecuados a todos los ciudadanos.

2.Restablecer la soberanía popular y recuperar la democracia, sin ataduras ni atajos. Proponemos para ello, la anulación inmediata de las leyes de excepción, las de ahora y las de antes, que son utilizadas para acallar la indignación de nuestros pueblos: la Ley de Partidos, la Ley Mordaza, la reforma del Código Penal y ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local que es un atentado a la democracia y a la autonomía de las entidades locales y que abre la puerta a la “privatización” o “desaparición” de los servicios sociales que prestan los ayuntamientos.

Plena garantía, hoy negada por la Constitución, de que las grandes decisiones que afecten a la Nación sean consultadas en referéndum vinculante.

Hasta ahora no ha sido así, ni la forma de Estado, ni la estructura territorial y las relaciones entre los diversos pueblos y nacionalidades, ni los Tratados europeos: Maastricht, Amsterdam, Niza, Lisboa, ni la adopción del euro como moneda única, han contado con la preceptiva consulta vinculante.

3.Defendemos el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Solo Pueblos libres que así lo decidan libremente pueden construir juntos un futuro común. El derecho a decidir es el armazón de su unidad. El problema de las nacionalidades en el Estado español existe, e ignorarlo como ha hecho el poder todos estos años, únicamente ha servido para enfrentar a los pueblos entre ellos.

4.Ganar la independencia frente a los grandes poderes que dictan la política internacional. Nos encontramos dentro de la OTAN, en condiciones que violan los compromisos del Gobierno en 1986: las bases militares extranjeras continúan siendo utilizadas como plataformas estratégicas para las agresiones a otros pueblos con el consentimiento del gobierno de turno; participamos en la estructura militar integrada y no existe ningún control ni garantía sobre la presencia de armamento nuclear en territorio español.

Es ahora, cuando la violencia domina las relaciones internacionales, cuando debemos romper de una vez esta anomalía política. Es preciso abandonar la OTAN, erigida en brazo armado de un imperialismo cada vez más agresivo. Un bloque militar que prepara su “fuerza de intervención rápida” para actuar en conflictos como el de Libia que han provocado la diáspora de millones de personas a las que ahora Europa da la espalda; un bloque agresivo que amenaza la paz y nos compromete en conflictos.

5.Luchamos por la apertura de un periodo constituyente.- La Constitución de 1.978 es un texto limitado, superado por la historia. Una norma que establece los límites de un modelo de estado y de una estructura institucional y política que da soporte a un régimen hoy en día cuestionado, dominado por una minoría de parásitos, grandes empresarios y financieros.

La única modificación desde su promulgación, el artículo 135 que limita la capacidad de endeudamiento del Estado, fue impuesto de espaldas a la mayoría social hace 5 años, en apenas diez días, y ha servido desde entonces para justificar una política de recortes tan brutal que amenaza el desarrollo de nuestra economía y ha condenado a la pobreza a un tercio de los ciudadanos.

Hora es ya de abrir un periodo constituyente que devuelva la voz al pueblo para determinar la forma de Estado y garantizar la democracia, el derecho a la autodeterminación, el control democrático de las instituciones, la reforma agraria aún pendiente, el control público y la nacionalización de los sectores económicos estratégicos, el control efectivo y la participación de la ciudadanía en las cuestiones que le afectan. Una constitución que sirva de base para un futuro de progreso.

6.Exigimos recuperar la Memoria Histórica, que reivindique como inalienable patrimonio colectivo la lucha y el sacrificio de todos los luchadores asesinados, perseguidos y damnificados por la dictadura franquista y abra una investigación independientes de las barbaries cometidas por la dictadura contra el pueblo, para situar en la Historia a cada cual en el lugar que le corresponde.

Se debe poner fin a la impunidad del franquismo, derogar la ley de amnistía, declarar

nulas las sentencias de los consejos de guerra ilegales y tribunales franquistas relacionadas con delitos políticos y cumplir de inmediato los acuerdos y resoluciones internacionales relacionados con la persecución de los crímenes franquistas y el resarcimiento de los afectados por ellos.

7. Rechazamos la Europea de los Mercados. La Europa del capital, que desprecia a los refugiados que piden asilo huyendo de la guerra y la miseria, nos impone el dogal
de una deuda que impide el desarrollo independiente de la economía de nuestro país y nos ata a las imposiciones de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo

8. Defendemos la República, con carácter laico, democrático, popular y federal, resultado de ese proceso constituyente y como único marco posible para el desarrollo de la democracia y de las libertades públicas, individuales y colectivas.


21/11/2014

Sin título


MANIFIESTO 7 DE JUNIO 2014

17/06/2014

Segovia, 7 de junio de 2014.

Las organizaciones: Colectivo Republicano “Antonio Machado, CCOO, Comunistas de Castilla, Coordinadora Antifascista de Segovia, Equo, Grupo Estudiantes Revolucionarios de Segovia, Izquierda Unida, Juventudes Socialistas, PCAS, PCE, Podemos, Republicanos, Segoentiende, Segovia de Izquierdas y Yesca, queremos manifestar lo siguiente:

Primero: saludamos las importantes movilizaciones que el pasado lunes se extendieron por todo el Estado español. Docenas de miles de personas salieron a las calles y plazas de pueblos y ciudades contra la sucesión, la monarquía y por la República. La tricolor y las banderas de muchos pueblos del Estado ondearon en muchos edificios oficiales, en muchos ayuntamientos.

Segundo: la abdicación de Juan Carlos I en su hijo muestra la descomposición y crisis del régimen, no sólo de la Corona, y responde a una maniobra política para perpetuar la monarquía y el poder de las clases dominantes; empujadas a ello por el desprestigio creciente de la monarquía, la presunta corrupción de la Familia Real, las importantes movilizaciones populares y los resultados de las Elecciones al Parlamento Europeo, donde el bipartidismo PP-PSOE se empieza a hundir y donde diferentes fuerzas de izquierda han tenido un importante respaldo popular. Los ciudadanos y ciudadanas han expresado que quieren un cambio político en profundidad.

Tercero: entendemos, pues, que los resultados de dichas elecciones hacen que el actual Parlamento sea ilegítimo para articular una Ley de Sucesión. Además, la legitimidad bascula ahora, en parte, del lado de fuerzas políticas y ciudadan@s que no están representados en las Cortes.

Cuarto: rechazamos el proceso sucesorio, que se quiere realizar deprisa y corriendo. Rechazamos cambiar un rey por otro y que siga la Monarquía como forma de Estado impuesta. Son los pueblos los que tienen que decidir sobre el modelo de Estado, y de tal modo abrir un nuevo proceso constituyente, decisión que se nos quiere negar. Abogamos, pues, por un referéndum. Pero también decimos que dicho referéndum, para gozar de validez y legitimidad, se tiene que dar en condiciones y con garantías democráticas, con plena libertad de expresión para todas las fuerzas políticas y sociales, con unos medios de comunicación democráticos al servicio de todos y todas y no de una minoría como sucede ahora.

Quinto: la sucesión de Felipe VI no resuelve en modo alguno la difícil situación que viven los trabajadores, trabajadoras y sectores populares. Para resolverla tenemos que avanzar y superar el actual marco monárquico a través de un proceso constituyente republicano, con el que nos dotemos de una nueva constitución que establezca la República como marco político realmente democrático en el que se articulen todos las medidas y mecanismos necesarios para solucionar los principales problemas que padecemos: paro, pobreza, corrupción,…; una República al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, de la mayoría social. Hemos hecho una brecha en el muro de la Monarquía; ahora toca meter una potente cuña y golpear todos a una.

Sexto: entendemos que para ello, para avanzar en ese sentido, para salir de la crisis en clave progresista, para salvar todos los obstáculos que nos vamos a encontrar, es necesario estar unidos; es necesaria la unidad de todas las fuerzas de izquierda y progresistas, políticas, sociales, sindicales, culturales, etc., en un frente común; la unidad de todos los sectores sociales golpeados por la crisis.

Desde aquí nos comprometemos a trabajar por esa unidad y hacemos un llamamiento a todas las organizaciones, a nivel estatal, a impulsar la misma. Estamos ante un momento histórico y todas las organizaciones que se reclaman de la izquierda tenemos una transcendental responsabilidad con nuestro pueblo; tenemos que estar a la altura.

Segovianos y segovianas, estamos en una situación favorable; las cosas están cambiando; nada es inmutable; todos y todas unidos tenemos que empujar para hacer realidad un cambio profundo en lo político, en lo económico y lo social. ¡Es el momento! ¡Ahora o nunca!

Hacemos un llamamiento a los ciudadanos y ciudadanas y al conjunto de la sociedad segoviana a organizarse, a apostar por esa unidad y a participar en las próximas movilizaciones que se van a convocar contra una sucesión impuesta, por la República y los procesos constituyentes.

¡El pueblo decide! ¡Referéndum ya! ¡Viva la República!


MANIFIESTO 1º DE MAYO 2014

05/05/2014

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(Colectivo Republicano “Antonio Machado”, Comisiones Obreras, Equo, Foro Social Segovia, Izquierda Unida, Juventudes Comunistas, Partido Comunista de España, Republicanos, Segoentiende, Segovia De Izquierdas, Unión de Campesinos de Castilla y León, Unión General De Trabajadores, Unión Sindical Obrera, Partido Castellano, Yesca)

Trabajadores y trabajadoras: por nuestros derechos, nuestras libertades y por un empleo digno para todos y para todas.
Este primero de Mayo, día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, se celebra en un marco caracterizado por los efectos de las políticas de austeridad y recortes que han impuesto de forma autoritaria la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) y los gobiernos del PP y del PSOE. Lo único que han provocado estas medidas han sido: paro, desigualdad, pobreza y recorte de los derechos sociales y laborales, junto con el deterioro del sistema de protección social.

La situación económica y social en Europa es alarmante, especialmente en los Estados del sur. Junto al aumento del paro, de la pobreza y de las desigualdades, se está produciendo la privatización y deterioro de los servicios públicos y el recorte de salarios, pensiones y prestaciones sociales.

El camino iniciado por Zapatero y mantenido por Rajoy sólo nos conduce al fracaso, necesitamos un cambio real en lo económico, en lo social y en lo político.

Es repugnante que después de 7 años de la denominada “crisis económica” sigamos escuchando las mismas recomendaciones de los defensores del capitalismo internacional con su contención y reducción de salarios, recorte de derechos, desmantelamiento del estado social y privatización de lo público.

La realidad expresa la brutalidad del ajuste que durante estos años se ha estado aplicando: el paro se sitúa en el 26,2%, el más alto de la Unión Europa. Aquellos quienes mantienen el empleo han perdido un 10% de su poder adquisitivo y la mayor parte de los nuevos contratos son temporales y precarios, es decir, contratos basura.

En Segovia hoy tenemos 12.731 parados y paradas registrados, esto es, 9.094 parados y paradas más que al inicio de su crisis. Nuestra tasa de desempleo ha pasado del 6,11% al 16,7 % y las perspectivas de encontrar un empleo que tienen nuestros jóvenes son prácticamente nulas. Una de cada cinco personas se encuentra en situación de pobreza.

Sobran argumentos para negarnos a seguir aceptando ajustes.

Las únicas reformas que hay que hacer son las encaminadas a la recuperación y mejora de los derechos laborales, sociales, políticos y civiles, el reforzamiento, el mantenimiento y la mejora de los servicios públicos, la creación de empleo, el reparto de la riqueza, la igualdad de oportunidades; Un cambio radical, por un sistema social, político y económico que garantice una participación verdaderamente democrática y el derecho a una vivienda digna, al trabajo o a una renta básica, a la cultura, a la educación plural y laica y a la sanidad universal.

Ni nos resignamos, ni nos resignaremos, la movilización social y ciudadana es la única garantía para un auténtico cambio político, económico, social y cultural. Por nuestros derechos, por nuestras libertades, por un empleo digno para todos y para todas.

¡Viva el 1º de Mayo!
¡Viva la lucha de la clase obrera!
¡Gobierno dimisión!


ADHESIONES AL MANIFIESTO

26/02/2014

INTELECTUALES POR LA III REPÚBLICA

Han transcurrido treinta y seis años desde que se instauró en España la democracia con una monarquía constitucional como forma de Estado, con un Rey impuesto por el dictador y nunca sujeto a un referéndum de la ciudadanía. Éste fue el principal precio que se pagó en el proceso de Transición de la dictadura a la democracia, al no tener lugar la ruptura democrática y articularse una reforma pactada, bajo la presión ejercida por el Ejército surgido del golpe de Estado de 1936 contra la II República, los poderes económicos y la larga mano de los EE.UU.

La instauración de esta forma de la Monarquía de Juan Carlos de Borbón fue acompañada, además, por la introducción en la Constitución de 1978 de toda una serie de preceptos que configuran a dicha institución con perfiles claramente antidemocráticos. La clave de bóveda de esta grave contradicción constitucional ra­dica en que el artículo 1.2 proclama que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, y por otro lado el artículo 56, apar­tado 3, establece que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabili­dad”. Flagrante vulneración del principio de igualdad entre todos los españoles que proclama la misma Constitución.

Treinta y cinco años después de aprobada la Constitución que ha regido desde entonces la vida de nuestra sociedad, tenemos la firme convicción de que ha llegado el momento de poner fin a tamaña anomalía. Es evidente que los escándalos de todo orden que han salpicado últimamente a la Casa Real han contribuido a acre­centar la desafección entre la ciudadanía hacia la persona del rey y su familia.
Para nosotros, no es una cuestión de personas, sino de la institución monárquica en sí, a la que consideramos obsoleta, anacrónica y contraria a los principios de la democracia, conforme a la cual todos los que nos representan han de ser libremente elegidos por el pueblo, incluido el jefe del Estado.

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