Pasa siempre que gobierna un presidente progresista: cuatro fachas gritones aprovechan el desfile de la Fiesta Nacional para insultarle. Como ha dicho Alfonso Guerra, brillante en las respuestas, “hay gente que abuchea a un presidente y aplaude a una cabra, cada uno elige a quién le representa”. Este 12 de octubre, se volvieron a escuchar los gritos de “okupa” a Pedro Sánchez, que es el mismo mantra que llevan años repitiendo la derecha extrema y la extrema derecha. Llaman “ilegítimo” a un Gobierno que les ha ganado en las urnas porque no respetan la democracia y creen que el poder les pertenece por cuna o por fuerza.
Es la herencia de la dictadura, sus herederos siguen pensando que el país es suyo y que todo el que les aparta de controlarlo, es un okupa, un usurpador. Pero nadie es más usurpador en una democracia que quien desprecia la soberanía popular y cree estar por encima de ella. Okupa de la Justicia es el Partido Popular que se niega a desalojar el Consejo General del Poder Judicial en contra de lo que dicta la Carta Magna. Okupas son Casado y Abascal cuando intentan conseguir con ayuda de los jueces lo que no han conseguido en las urnas. Usurpadores quieren ser el PP y Vox cuando niegan la representatividad a millones de españoles que votan a los partidos que no les gustan.
Por supuesto, Casado se ha alineado con los improperios de los ultras en el desfile. Él es más de aplaudir a la cabra. No hace más que seguir la estrategia de la crispación que Aznar, su mentor, puso en marcha. Es la doctrina del shock de la derecha española. Ninguna propuesta, sólo protestas. Pataleos y pataletas. Generar un clima irrespirable con ayuda de la maquinaria mediática para hacer que el Gobierno caiga. No importa si para eso tienen que arrastrar al país por el suelo, como hace Casado cada vez que sale a Europa. No importa si tiene que mentir, como hizo en una reciente entrevista en El Mundo, en la que se inventó que España está al borde de la quiebra. Extraño patriota que patea su patria.
Como Aznar hacía con González, Casado le dice a Sánchez cada semana que se vaya. Es un corolario del mantra del okupa. Váyase, que Moncloa es nuestra. Es muy sintomático cómo el PP llama sólo “Sánchez” al presidente del Gobierno, pero llama “presidente Casado” a uno que sólo preside su partido. Lo que no entiende la derecha extrema es que el desprecio no es a Sánchez sino a los millones de votantes a los que representa. Aplauden a una cabra y abuchean a los demócratas.
España es suya. Todo les pertenece, desde las instituciones a la bandera pasando por la fiesta. Quieren una España en la que sólo caben ellos y los demás sobran. Una España que quiere aplastar a la otra media. Una España única, uniforme, uniformada. Dicen libertad pero la detestan. Detestan también a las otras Españas. Normal que algunas quieren marcharse de una tierra tan opresiva. No reconocen la pluralidad ni la plurinacionalidad de este país. El Gobierno propone descentralizar algunas instituciones como se hace en Portugal, Alemania o la Unión Europea, y dicen que eso ataca a España. Su España. El país del que se creen los amos y patrones, dueños y señores.
Todos sabemos que al Rey Viejo siempre le ha dado pereza acercarse al confesionario fiscal. También sabemos que en dos ocasiones el mal llamado “rey emérito” ha salido de su letargo tributario y, de forma extemporánea (transcurridos los plazos legales), ha ingresado ciertas cantidades que debía al Tesoro Público y a una Hacienda autonómica.
La primera vez que Juan Carlos I reconoció que estaba en fuera de juego se remonta al mes de diciembre de 2020. Entonces el Rey Viejo ingresó 678.393,72 euros (incluidos recargos e intereses de demora), correspondientes al uso de tarjetas opacas, a través de un testaferro, con cargo a una cuenta bancaria de la que era titular su amigo Allen Sanginés-Krause, un acaudalado hombre de negocios mexicano. Los “donativos” de este capitán de empresa se habrían devengado en 2016, 2017 y 2018 (períodos todos ellos en los que Juan Carlos I ni había ganado la prescripción ni gozaba ya del privilegio de la inviolabilidad regia).
La segunda regularización se produjo el 25 de febrero de 2021, por un importe de 4.395.901,96 euros (también incluidos recargos e intereses de demora). En este caso el Rey Viejo reconoció los pagos recibidos de la Fundación Zagatka, una entidad dirigida por su primo lejano Álvaro de Orleans.
Las autoliquidaciones realizadas por el Rey Viejo fueron conocidas por la opinión pública a través de sendos comunicados de su abogado, Javier Sánchez-Junco. En los dos textos, el letrado de Juan Carlos I manifestó literalmente que las dos regularizaciones fueron “espontáneas” (“sin requerimiento previo de clase alguna”). Sin embargo, en su edición del 20 de septiembre, el diario El País difundió la noticia de que el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo había comunicado formalmente al emérito (a través del letrado Sánchez-Junco) la apertura de diligencias de investigación relativas a la posible comisión de varios ilícitos criminales atribuidos al anterior Jefe del Estado.
Tres fueron las comunicaciones de la Fiscalía del Supremo. Las primeras se efectuaron antes de que el Rey Viejo ingresara, el 9 de diciembre de 2020, la cantidad de 678.393,72 euros. La tercera se produjo antes de que el emérito abonara al Tesoro 4.395.901,96 euros. En todos los casos, Sánchez-Junco acusó recibo de las notificaciones de la Fiscalía.
Los hechos difundidos por El País revelan un giro de 180º en la situación jurídica del Rey Viejo y (¡por qué no decirlo!) ponen al Rey Chico contra las cuerdas:
1.- Las dos liquidaciones del emérito no han sido espontáneas sino obligadas por tener sobre su cogote la sombra amenazadora de la Justicia. El antiguo monarca efectivo (ahora solo lo es a título formal) no puede amparar su conducta en la llamada “excusa absolutoria” (artículo 305.4 del Código Penal). Hablando en cristiano, Juan Carlos I no ha conseguido evitar una persecución penal por la posible comisión de varios delitos contra la Hacienda Pública. Aunque, al parecer, los fiscales del Supremo están dispuestos a hacer la vista gorda en un asunto tan gordo como turbio. A la espera de noticias ibéricas, el Rey Viejo no puede despistarse de la amenaza legal sobre su real persona que pende en los tribunales de Ginebra y Londres, donde nunca ha gozado de la inviolabilidad (perdón, impunidad) que le ha regalado nuestro desquiciado Estado de Derecho.
El Código Penal, siempre que la cuota defraudada resulte superior a 120.000 euros, castiga el delito contra la Hacienda Pública con una pena de prisión de uno a cinco años, y multa del tanto al séxtuplo de la cuota defraudada. Aparte, claro está, del pago de la responsabilidad civil (el importe de la deuda tributaria). No obstante, el Código establece un subtipo agravado cuando la cuota defraudada exceda de 600.000 euros o cuando, en la comisión del delito, se hubieran utilizado personas físicas o jurídicas interpuestas, negocios o instrumentos fiduciarios, o paraísos fiscales. El Código, de esta forma, castiga con una mayor severidad los intentos, a través de los métodos antes citados, de ocultar o dificultar la identidad del obligado tributario, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado tributario. En dichos casos, las penas previstas ascienden a la de prisión de dos a seis años, y multa pecuniaria del doble al séxtuplo de la cuota defraudada. Aquí aparece un riesgo más inquietante para el príncipe romano, debido a varios nombres propios: Dante Canonica, Arturo Fasana, Álvaro de Orleans, la Fundación Lucum y la Fundación Zagatka, por no hablar del militar de su Casa que hizo el canelo al utilizar a favor del emérito la tarjeta de Sanginés- Krause. Esto me parece lo peor de todo. Es inadmisible que el capitán general de las fuerzas armadas ordene recados a un sargento de cocina. ¡Cuánta prepotencia, Dios bendito!
2.- La vida privada del “piloto del cambio” me interesa menos que un comino. Otra cosa es la dimensión pública de sus actos, siempre velados por una opacidad impropia en una democracia digna de tal nombre. Ahora sabemos, además, que Juan Carlos I es un mentiroso compulsivo respecto a sus obligaciones ciudadanas con la Hacienda Pública de su país, al que ama (eso dice) como un oficial del Tercio se enrolla con la muerte. Hay amores que matan.
3.- El cazador de paquidermos africanos cree que la mejor defensa contra la Justicia es hacerse el tonto, mirar para otro lado y esperar a que los fiscales y los jueces (incluidos los de Suiza) se cansen o incluso se pudran. En sus comunicaciones formales, la Fiscalía del Supremo le invitó a personarse en las diligencias de investigación. Sin embargo, el emérito, pudiendo defenderse desde el primer minuto, ha hecho mutis por el foro. Una persona “normal” nunca habría despreciado la invitación dando un portazo. Como decían los viejos aduaneros: ¿Tiene el señor algo que declarar? –No, en la maleta solo llevo el pijama de seda, dos novelitas de pistoleros y la maquinilla de afeitar.
En esta coyuntura tan peligrosa para su progenitor (aunque la Fiscalía española ponga a su servicio una alfombra voladora para huir del Fisco español), entra en escena el Rey Chico, Felipe VI, que cuenta con la estima y el viento a favor que siempre expelen los padres de la patria: “su conducta es ejemplar”, como si fuera el maître del Restaurante El Rodizio. Aunque no existe ningún rastro de que Felipe VI haya seguido el tortuoso camino tributario del Rey Viejo, su conducta respecto a las supuestas tropelías de su padre puede merecer cualquier calificativo menos el de “ejemplar”.
En la actualidad, la Casa Real está compuesta por seis miembros: el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa de Asturias, la infanta Sofía, el rey Juan Carlos y, por último, la reina Sofía. En relación con el ejercicio 2021, el legislador presupuestario asignó la suma de 8.431.150 euros para el mantenimiento de la Casa Real. El pago de dicha cantidad se efectuó mediante una transferencia directa a S.M. el Rey para el sostenimiento de su Familia y Casa. El rey Felipe VI decide en régimen de monopolio sobre la distribución interna de los fondos recibidos del Estado (recordemos que “Hacienda somos todos”). Felipe VI desglosa y reparte discrecionalmente las asignaciones individuales atribuidas a los miembros de la Casa y al personal a su servicio. En dicha labor le asisten el Jefe de la Casa (un cargo que, desde el 23 de julio de 2014, desempeña Jaime Alfonsín Alfonso) y el Secretario General (actualmente, Domingo Martínez Palomo). Creo que el mejor ejemplo de la omnipotencia económica (interna) de Felipe VI ha sido, hasta la fecha, la retirada de la asignación (161.636,34 euros anuales) a su padre el 15 de marzo de 2014, coincidiendo en el tiempo con la difusión en los medios de las cuentas e inversiones que Juan Carlos I tenía en el extranjero. La cantidad señalada no se devolvió al Tesoro Público, se quedó en la Casa para atender contingencias de diverso tipo.
El dominio que ostenta Felipe VI sobre la organización de su Casa no se limita a los capítulos económicos y financieros. Su poder es absoluto e incluye las decisiones relativas a sus miembros. Todos sabemos que, en su momento, el rey expulsó de su real Casa a sus dos hermanas, las infantas Elena y Cristina. Es decir, Felipe VI puede disponer ad libitum sobre el estatuto de las personas y sobre el régimen de las cosas que le rodean.
Enfocada así la responsabilidad de Felipe VI, sorprende la pasividad y, sobre todo, la falta de transparencia del rey sobre los desmanes tributarios (y probablemente los de otra naturaleza) cometidos por su padre, antes y después de su abdicación. Parece ser que el 15 de marzo de 2014 significó el punto final en la tarea de Felipe VI de oxigenar el palacio de La Zarzuela. Las irregularidades de Juan Carlos I no son ya rumores gaseosos ni noticias periodísticas. Con sus dos regularizaciones, el Rey Viejo ha reconocido y puesto al desnudo el incumplimiento persistente de sus obligaciones legales, de su pésima ralea como ciudadano español. ¿Por qué Felipe VI (por circunstancias subjetivas de mucha menor gravedad) apartó de su Casa, como si fueran leprosas, a sus hermanas Elena y Cristina, y no ha procedido a hacer lo mismo con su padre, objeto de una investigación penal por los fiscales del Supremo?
A los 43 años de la entrada en vigor, seguimos huérfanos de una ley que regule la organización y funcionamiento de la Corona. No me parece del todo impertinente suponer (solo suponer) que dicha omisión legal se debe a la voluntad regia, que está acostumbrada a usar el teléfono en posición de manos libres. Los Borbones ejercen sus derechos históricos y se aplican a sí mismos un célebre adagio de tiempos pretéritos: “Rex legibus solutus”. No obstante, tienen una serie de obligaciones con la soberanía popular que dimanan, de manera inmediata, de la Carta Magna. Por ejemplo, en mi opinión, el titular de la Corona no es ajeno al artículo 136 CE, que otorga al Tribunal de Cuentas el control de la tesorería del Estado. De acuerdo con su Ley Orgánica, el Tribunal de Cuentas debe fiscalizar las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas del sector público percibidas por personas físicas o jurídicas. Sin excepción alguna.
Juan Carlos I reside desde hace más de un año en Abu Dabi (uno de los Emiratos Árabes Unidos, que tienen la consideración de paraíso fiscal para las autoridades españolas). Al parecer vive en una mansión de lujo rodeado de escoltas y otras personas dedicadas a su servicio personal (médico, fisioterapeuta…) costeados por Patrimonio Nacional. No creo que sea impertinente preguntar la razón por la que todos los ciudadanos sufragamos con nuestros impuestos la vida muelle de una persona que, hasta hace cuatro días, no pagaba cantidad alguna a la Hacienda española. Tampoco creo que sea impertinente solicitar información sobre el coste total y su detalle por capítulos de gasto que origina la estancia del emérito en el Golfo, dicho sea sin mala intención.
Por otro lado, no estaría de más preguntar al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, las razones que le han llevado a mantener vigente el Real Decreto de 2014 aprobado por Mariano Rajoy para conceder a Juan Carlos I el privilegio vitalicio de rey después de su abdicación, con los títulos honoríficos propios de un antiguo emperador de China.
El gran Albert Camus dijo en ocasión célebre: “Entre la verdad y mi madre, elijo a mi madre”. Vale, pero Camus no tenía ninguna responsabilidad institucional. El rey Felipe VI debe elegir la verdad y no a su padre. Si altera la opción se pondrá en grave peligro y, con él, pondrá en riesgo la convivencia social en España.
Hay varias versiones de la visita de Vargas Llosa a Borges, allá por los años 80, pero todas -incluida la del propio Vargas Llosa- coinciden en que hubo un momento más bien incómodo en que la entrevista terminó y la conversación pasó de la literatura al mobiliario. Vargas Llosa se mostró sorprendido por la modestia en que vivía el gran escritor argentino, en un apartamento ruinoso con las paredes desconchadas y goteras en el techo. Al parecer, esta observación molestó profundamente a Borges, que desde entonces guardó las distancias. Según Ricardo Piglia, Borges comentó al día siguiente: “Vino a verme un peruano que debe trabajar en una inmobiliaria, porque quería que yo me mudara”.
Aquel microrrelato humorístico de Borges ha terminado por aterrizar en el realismo social al descubrirse esta misma semana que el Premio Nobel fue titular de una sociedad, valorada en más de un millón de dólares, en un paraíso fiscal de las Islas Vírgenes, sociedad desde la que se gestionaron los ingresos por derechos de autor y los beneficios de varios inmuebles vendidos en Madrid y Londres. Igual que muchos otros admiradores, me preguntaba yo hace unos cuantos años en qué momento se jodió Vargas Llosa, en qué momento pasó de ejercer de admirador de Fidel Castro a cheerleader de Esperanza Aguirre, en qué momento le empezaron a interesar menos las letras que el papel. En realidad, fueron varios momentos a lo largo de los años, del mismo modo que fueron varias sociedades opacas y varias resmas de papeles (Pandora, Panamá) en los que aparece su nombre junto a otro montón de evasores fiscales. Entre ellos, el inefable rey Juan Carlos, otro hombre del que cabe preguntarse dónde le cabrá tanta ansia de dinero.
En una carta de aclaraciones a la directora de El País, diario que sacó la información el lunes, Vargas Llosa dice textualmente: “Aquella compañía de las Islas Vírgenes que había sido reservada a mi nombre pero que yo nunca utilicé”, una expresión en la que el asiento de un paraíso fiscal parece una plaza de un hotel en el Caribe que quedó sin ocupar o un billete premiado de lotería sin cobrar. Más adelante, la prosa del Premio Nobel se embarca en otra fascinante construcción pasiva (“cambió de mano -siendo traspasada a dos rusos, lo que ya era ajeno a mi conocimiento”). El ministro Soria recurrió a un castellano mucho más de andar por casa cuando, después de salir su nombre en los Papeles de Panamá, se publicó que también había participado en otra sociedad opaca en Jersey: “No tengo ni idea de lo que está pasando”.
Vargas Llosa -que llegó a comparar las burlas y chascarrillos de algunos dirigentes de Podemos hacia ciertos periodistas con las bombas y los tiros en la nuca de ETA- no podía dejar pasar la ocasión de hacer un guiño literario. Así, en esa especie de escrito de descargo, la sociedad opaca a su nombre tenía vida propia, como la nariz de de aquel relato magistral de Gogol que se independiza de su dueño y tras diversas peripecias llega a ser Consejero de Estado. El hecho de que los dos nuevos propietarios de la dichosa compañía de las Islas Vírgenes sean rusos nos alerta de la referencia novelesca. En aquella película en la que ganaba el Premio Nobel de Literatura, Paul Newman advertía de la fea costumbre que tienen los periodistas de preguntar a los escritores por cuestiones políticas y económicas, mientras que a los químicos, los físicos y los médicos ni se les ocurre. Vargas Llosa no necesita que le pregunten nada porque él va impartiendo cátedra de todo lo divino, lo humano y lo inmobiliario, aunque al final, como es lógico, siempre acaba haciendo literatura.
Nuestros periódicos de derechas ya no saben cómo abordar el delicado asunto de la corrupción borbónica. Cuando, no ha tanto, la revista Forbes y otros medios extranjeros calcularon la fortuna oculta de Juan Carlos I en unos 2.000 millones de euros, la horda mediática vasalla salió clamando que los periodistas extranjeros no tienen ni puta idea. ¿Quién quiere a Woodward y Bernstein teniendo aquí a Eduardo Inda y a Paco Marhuenda? Los prebostes mediáticos de esta triste matria dieron una explicación delirante a aquellas informaciones: Forbes había confundido los bienes de Patrimonio Nacional de los que goza la manada borbonesca con la fortuna privada, informaron al crédulo populacho. Pero al poco tiempo aparecieron los millones suizos de Corinna y el cuento de la inepcia periodística foránea se derrumbó.
Nuestra prensa más carpetovetónica pasó entonces al plan B: presentar a Corinna como una amante despechada y a Juancar como víctima de sus pérfidos encantos. Muy feminista, como habréis apreciado.
Yo creo que no coló, pero al aparecer otras gavillas de billetes negros veraneando en paraísos fiscales, fue necesario activar el plan C: el cadáver viviente de Juan Carlos fue depositado en el moridero mediático y el coro borbónico entonó el canto gregoriano de la ejemplaridad del nuevo rey frente a su padre. Poco dura la alegría en casa del borbón, y al rato se supo que Felipe VI era beneficiario de alguna de esas siniestras cartillas de ahorro suizas.
La estrategia comunicativa borbónica se volvió entonces estupefaciente: básicamente, consistió en exculpar a Felipe VI señalando que no se enteraba, pues, si no, no se explica que un tipo con todo el aparato del Estado a su servicio no tenga información sobre sus propias cuentas suizas y las andanzas de su padre. La estrategia había funcionado muy bien con la infanta Cristina, cuando se la exculpó de cualquier responsabilidad en el caso Urdangarin aduciendo que no se enteraba de dónde salía la fortuna que dilapidaba junto a su marido. De nada nos había servido a los españoles pagarle a la señora la licenciatura en Ciencias Políticas, el máster en Nueva York y las prácticas en la Unesco. Lo que Natura no da, Salamanca no lo presta (salvo a Cristina Cifuentes y Pablo Casado, of course).
Y ahora, después de la exitosa estrategia del tonto del haba, ABC ha emprendido un nuevo camino, lleno de fantasía y aventuras, en defensa de la dinastía borbónica: Juan Carlos I es un perseguido judicial, cual vulgar titiritero o raperillo. Es el Julian Assange de las monarquías europeas.
“Que Don Juan Carlos cometiera ilegalidades no justifica que se le prive de garantías procesales elementales”, editorializa el torcuatiano diario. “Don Juan Carlos es uno más ante la ley, debe ser tratado como uno más ante la justicia. No está siendo así”, sentencia. El editorial se titula Si es uno más, como a uno más, y si te lo lees entero te acaba entrando una penita muy honda y española por los trágicos destinos que está sufriendo el pobre Juancar en su castillo de If de Abu Dhabi. Dentro de poco nos sacan una colecta en internet para pagarle un abogado de oficio.
El implacable perseguidor de nuestro arquitecto transicional es el pérfido fiscal suizo Ives Bertossa. En toda buena fábula ha de haber un buen malo.
Viene a decir ABC que Bertossa maneja en la sombra los hilos de nuestra Fiscalía cuando califica a Juan Carlos de “comisionista internacional”. “La Fiscalía transmite la imagen de que realmente no es más que una sucursal del fiscal suizo Bertossa, quien dosifica a su conveniencia informaciones de personas cercanas a Don Juan Carlos”. Bertossa es el Lex Luthor de la judicatura europea, nos sugiere el honorable diario madrileño.
Titular de portada de hoy mismo: Juan Carlos I culpa a la fiscalía de acusarle sin pruebas. En la persona de un solo rey, los españoles hemos gozado en pocos años de un monarca ejemplar, un soberano presuntamente pilluelo y faldero, un rey presuntamente comisionista y, ahora, un rey proscrito. La leyenda continúa.
Le propongo a nuestra prensa borbónica que ahora nos cuente que Juancar no es comisionista, sino que lleva años trabajando en la sombra para devolver a España el oro de Moscú, robado por los rojos. De ahí las abultadas cuentas suizas y paradisiacas de origen inexplicable, que no podía hacer públicas pues eso pondría en peligro la arriesgada misión. Yo creo que esto, los españoles, también nos lo tragábamos. Estamos acostumbrados a leer cuentos de realismo mágico borbónico. Solo nos falta un personaje al que le salgan mariposas amarillas por el coño. Aparecerá.
A menudo ser pionero te reporta poco reconocimiento y muchos problemas. Miren a Cayetana Álvarez de Toledo, la apuesta de Pablo Casado como martillo de herejes en la portavocía del Congreso, que fue defenestrada cuando el inconsistente líder popular decidió fingir centrismo al inicio del anterior curso político. Luego, entre las prisas y el miedo al fin de una carrera llena de derrotas, presión de Vox y Ayuso mediante, Casado volvió a la línea del hostigamiento macarra: no importa si lo que se dice del Gobierno es cierto o falso, lo que importa es buscar su ilegitimidad. Por eso tienen ustedes a Cuca Gamarra, sustituta en la portavocía del PP, tan perdida como su propio partido. Con tanto giro de libreto la función resulta poco creíble: no puedes poner a María Reiner, la monjita de Sonrisas y lágrimas, a actuar en Salvar al soldado Ryan.
Imagino que Álvarez de Toledo, en la umbría de su escaño, debe de estar pasándolo mal, revolviéndose, pensando que no se puede poner a un caniche a hacer el trabajo de un bulldog. Llegas la primera, abres una senda a machetazos para que al final otras acaben en primera línea mediática, que en política es lo que marca tu importancia o tu intrascendencia. Por eso, de vez en cuando, Álvarez de Toledo necesita reivindicarse, por encima de advenedizas como Ayuso o de despistadas como Gamarra. De ahí que el lunes registrara en el Congreso una importante pregunta para el desarrollo de la actualidad nacional: “¿Cómo justifica la vicepresidenta segunda su apología de una consigna política que ha justificado millones de muertos?”.
La vicepresidenta segunda es Yolanda Díaz; la apología, el prólogo que ha realizado para una reciente edición del Manifiesto Comunista. Quizá ustedes se pregunten para qué dedicar unas palabras a un número de promoción de Álvarez de Toledo. Puede que no les falte razón. Quizá es hora, por contra, de recoger el guante y de dejar unas cuantas cosas claras. Un día te acuestas en un país donde el Partido Comunista fue uno de los protagonistas de la Transición y redactor de su Constitución, al siguiente te levantas y el macartismo campa a sus anchas, hay comisiones de actividades antiespañolas y los delatores esperan su turno a ver si les cae un estanco o una portería. Una estrategia desenfadadamente mezquina ha sido más de una vez la antesala del desastre.
Primero vayamos con los millones de muertos. Sí, bajo el comunismo se han practicado atrocidades contra los derechos humanos, eso es innegable. Tanto como bajo el fascismo pero también el liberalismo, ideología de la que la Unión Europea y las democracias occidentales hacen gala, algo que incomoda mucho reconocer. La explicación es histórica: las tres ideologías de la modernidad tenían un fuerte componente de nueva ordenación social y no dudaron en utilizar la violencia para imponerlo. El siglo XIX y el XX carburaron con sangre, dinero y lucha de clases, como el XXI, salvo que ahora ponemos un filtro de Instagram o hacemos un bailecito en TikTok y se nos olvida.
A nadie que prologue a Adam Smith se le acusaría de hacer “apología de una consigna política que ha justificado millones de muertos”. Si por muertos es, nos ponemos a contar los desmanes del imperialismo británico, cuna liberal por excelencia. Las justificaciones atroces, a menudo racistas, que el Reino Unido empleaba para asegurar que sus intereses estaban por encima de los países invadidos, fueron votadas por diputados liberales y aplicadas por Gobiernos liberales. También podemos recordar las excelentes relaciones de Churchill con Musolini, al que calificó de la mejor vacuna contra el socialismo. No les gusta leerlo, pero detrás de cada soldado de las SS hubo antes un casaca roja practicando las mismas fechorías.
Sería ridículo, por otro lado, culpar de determinados crímenes a Adam Smith –su estudio económico fue clave para hacer avanzar esta ciencia–, tanto como culpar a Marx de los perpetrados en su nombre. Liberales hubo muchos, también los que se oponían al absolutismo, como en España: contra Riego se levantaron los mismos que lo hicieron contra la II República. El marxismo se aupó sobre el liberalismo para introducir un nuevo concepto, el de clase, o cómo los derechos no eran iguales para todos dependiendo del dinero. Gracias al socialismo se pasó del sufragio censitario, al que los liberales no ponían objeción, al universal. Gracias al socialismo existe el derecho a la educación, a la salud, al descanso o a unas condiciones laborales dignas. Fue lo que tuvo organizar a las masas de trabajadores en un objetivo común. También que la URSS y sus aliados ganaran la guerra contra la Alemania nazi. Cuando el fascismo machacaba España, unos años antes, desde el liberal Londres se miraba a otro lado: luego soportaron el blitz.
Todo esto, Álvarez de Toledo –sin duda una mujer de amplia formación– lo sabe. Tanto como que desde los años 50, en la Europa occidental, se desarrolló un comunismo que pretendió jugar bajo las reglas de la democracia liberal. En Italia, donde se inició la idea, la CIA y sus secuaces manipularon elecciones, perpetraron atentados y organizaron secuestros para evitar que el eurocomunismo cuajase. En Francia se llegó al autogolpe de Estado. En Chile se masacró a los marxistas que llegaron al Gobierno por las urnas. En España la ultraderecha asesinó a centenares de personas, entre ellas a los Abogados de Atocha, para intentar que el PCE y CCOO cayeran en la provocación y así eliminarlos como actores en la construcción de la democracia. Los comunistas, en este país, dieron su vida y su libertad para que la señora Álvarez de Toledo pueda decir, liberalmente, lo que quiera desde la tribuna del Congreso. Que no se nos olvide.
Pero el problema, como advertía, no es sólo de memoria, de honradez con el pasado o de ruptura del consenso constitucional para invalidar a uno de los actores de nuestro juego político. Es de presente. Uno donde la derecha parece haberse conjurado con los ultras para provocar en España una restauración reaccionaria: lo que perdieron en 1979 lo quieren recuperar en nuestros días. Ahora saben que los comunistas son menos, que los sindicatos no son tan fuertes y que la clase trabajadora, aun existiendo, no se percibe a sí misma y, por tanto, no hace valer sus intereses. Y por eso arengan a los suyos, la liberal clase media, para meterles el miedo en el cuerpo: no hay nada más peligroso que un pequeño-burgués asustado.
Saben –y esto no es una opinión, es un hecho– que Yolanda Díaz aplica políticas socialdemócratas, las que puede o le dejan, bastante menos ambiciosas que las que se aplicaban en toda Europa en las décadas que transcurrieron desde 1945 a 1990. Que su intervencionismo es, incluso, menos profundo del que llevó a cabo la democracia cristiana cuando su única posibilidad de gobernar era competir con la izquierda en medidas sociales. ¿Saben quién provocó ese cambio de centro de gravedad? Millones de comunistas en toda Europa occidental y unos cuantos tanques en la Europa oriental. También convendría no olvidarlo.
En este país que buscan los radicales de derecha, los comunistas son, como siempre, los primeros en ser señalados. Se necesita la vuelta del concepto de los “malos españoles”, la herramienta para situar fuera del juego político, incluso de la sociedad, a aquellos que no comulguen con este aterrante proyecto. Seguramente muchos de ustedes no se identifiquen dentro del epígrafe del comunismo, incluso puede que alguno sea liberal, en la encomiable tradición española contra absolutismos y concentraciones de poder. No se equivoquen: la pregunta de Álvarez de Toledo, el populismo de Ayuso, la mirada lúgubre de Abascal, también van contra ustedes.
Activos como siempre, los catalanes que luchan desde abajo por el derecho a decidir se organizan en grupos varios a través de las redes sociales. Me consta que algunos han compartido este 18 de agosto una foto y un texto en recuerdo de un poeta.
La imagen, inolvidable, es esa en la que él nos está mirando intenso y joven como no pudo dejar de serlo, inteligente como lo hubiera sido siempre, con los dedos de la mano como si recitaran uno de sus versos y el pelo brillante, rebelde y negro.
“Avui fa 85 anys de l’assassinat de Federico García Lorca.
IN MEMORIAM
Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Voces antiguas que cercan voz de clavel varonil.”
Es el texto que han elegido para acompañar la imagen del poeta granadino.
No habría comenzado en Catalunya y Granada un artículo sobre Afganistán si este miércoles Rafael Torres no hubiera elegido el recuerdo de nuestro drama para abrir su columna, en esta ocasión titulada “Kabul, en capilla”.
“Los mensajes tranquilizadores de los talibanes en su entrada en Kabul recuerdan los de Franco instando a los republicanos a rendirse o al retorno a España.Pese a que la barbarie franquista, como la talibán, precedía a su victoria militar, muchos quisieron creer el mensaje, y lo pagaron con la vida, con el trabajo esclavo, o con años de prisión.”
¿Correrán las afganas y los afganos no talibanes la misma suerte que corrieron las españolas y los españoles no franquistas? ¿Se prolongará también en aquel país, durante décadas, una dictadura? ¿Tendrán que esperar a que una muerte natural sea la circunstancia que les permita iniciar un periodo de corrupción democratizada, con urnas y monarquía incluidas?
(Afganistán consiguió la independencia en 1919 y fue monarquía hasta 1973).
¿Habrá políticos afganos en la oposición de aquel parlamento, dentro de 80 años, acusando a un posible gobierno no talibán de ser el peor de los últimos 80 años?
Es imposible responder hoy a unas preguntas cuyas duras respuestas, las que sí conocemos, siguen marcando la realidad de España. Por lo demás, la frase que la prensa ha elegido, para resumir, de entre las pronunciadas por Joe Biden intentando justificar la evacuación de sus tropas tampoco ayuda a imaginar el futuro de aquel país. “Estados Unidos no podía seguir en una guerra que los afganos no están dispuestos a librar”, ha dicho.
Si hacemos caso al presidente Biden coincidiremos en lo muy distintos que, comparados con los afganos de hoy, eran aquellos españoles de 1936 que, sin ayuda militar de ninguna democracia, resistieron casi tres años contra unos franquistas que sí recibieron, de los nazis y fascistas, toda la que necesitaron para matar y matar hasta conseguir la victoria.
En cambio, qué paradoja, si seguimos haciendo caso al mismo presidente encontraremos más parecidos que diferencias entre los Estados Unidos de hoy abandonando a los afganos que no quieren defenderse de sus talibanes, y los países democráticos post crack del 29 que, además de no mover un dedo para evitar que un golpe de Estado triunfara en Europa, tampoco vieron que se trataba del ensayo con fuego real de la Segunda Guerra Mundial.
Defienden algunos, y cabría, que la retirada USA corresponde en realidad a un pacto oculto entre las grandes potencias, una vez que han decidido creerse, o ponerse de acuerdo para decir que se han creído, ciertas promesas de los talibanes.
Por ejemplo, no deja de sorprender que, tras tantos años de guerra, no se haya llegado a la clásica solución de dividir el país en dos partes mediante un acuerdo que tendría que ser respetado y que garantizaría la vida y el futuro de la población que no quisiera someterse a los talibanes. ¿Es tan fuerte entre los afganos el sentimiento de unidad de la patria que antes muertos que divididos? Ni que aquello fuera…, mejor me callo.
Nos dejaríamos de comparaciones, siempre tan odiosas, si no fuera porque, además, la actualidad afgana ha traído a la memoria de algunos lo que dijo Bill Clinton, otro ex presidente USA, cuando en octubre de 2001 visitó Barcelona: “El futuro será catalán o talibán” afirmó, y lo traía escrito. No fue una respuesta improvisada ante la pregunta de un periodista.
Ahora que el presente de un país ya es talibán, ¿no debería Clinton regresar a Barcelona para explicar aquella afirmación tan críptica?
¿No debería, incluso, don Bill, ofrecerse a mediar en un conflicto político que ha llevado a tantos franquistas a romper las costuras de ese disfraz de demócratas con el que nunca han estado cómodos del todo?
Sería conveniente que lo hiciera, incluso a sabiendas de que el españolismo, herido en su orgullo, le dirá que no. Como haría cualquier talibán.
Cuanta vida y cuanta poesía nos robó el franquismo. Tantas guerras, tanta ONU y tanta democracia después, no debería ocurrir lo mismo en Talibania.
Ayer tuvimos pan, hoy solo podemos luz, se dijeron entre ellos, un día más, los dos.
Una realidad alarmante, quizás para millones.
Quizás por situaciones como esa, el 12 de agosto le preguntaron a Teresa Ribera en la SER y, como estoy harto de que la Constitución sirva de muletilla, un día en boca de la oposición y otro en la del gobierno, decidí buscar luz, o algo parecido, entre los 169 artículos de esa ley.
Pero antes llegó el día siguiente, y la prensa de papel estaba llena de noticias sobre lo mismo, incluidas referencias a la entrevista de Ribera, aunque no he leído ninguna que se hiciera eco de la mención constitucional.
Leí en una portada a las asociaciones empresariales afirmando que “el elevado precio de la luz pondrá en aprietos a muchas empresas” y en la editorial que “España tiene los precios más elevados de la factura eléctrica de toda la UE”, dato al que es obligado añadir que en PIB per cápita ocupamos el puesto 14 de los 27 de la UE, algo gravísimo teniendo en cuenta lo de nuestra luz, pero además dramático, pues también somos el tercer país más desigual.
También decían que “la UE ha tenido que recordar al Gobierno español que sí dispone de mecanismos legales que pueden atemperar esos precios”. Y que lo de la rebaja temporal del IVA no ha sido suficiente.
En páginas interiores titulaba que “el Gobierno abre la puerta a una empresa pública para gestionar la hidroeléctricas” pero El Diario, de Escolar, advierte que “Casado se burla del plan del Gobierno para crear una eléctrica pública obviando que la mayoría de países la tienen”.
Por si usted quiere vender el coche eléctrico que ha comprado, pues ya sabe que no tendrá dinero para recargarlo, leí en otra página que “el precio de la gasolina vuelve a subir en su mes de agosto más caro desde 2013”.
Los de las páginas de sucesos no iban a ser menos, y G. Esteban informaba de un “detenido por amenazar a su compañero de piso por el consumo de luz” tras una discusión por dejar la luz encendida. ¿Le suena? Pues peligro.
Y, por fin, los humoristas. “Tueldús”, en la última página, dibujó a uno encendiendo un ventilador y, detrás de él otro le pregunta: “Cuando enchufas algo, ¿te dan energía o te la quitan?”. Elija usted la respuesta que menos gracia le haga.
En el de “PEPE” aparece el clásico prepotente marca de la casa, ocupando tres cuartas partes de la viñeta, mientras le dice al también habitual pequeño y asustado que “El problema es que los pobres queréis tener aire acondicionado por encima de vuestras posibilidades”.
Pido la cuenta y le pregunto al dueño del bar y del periódico leído y aquí contado, el Última Hora de Mallorca. Me dice que pagaban 1.400 y ahora son 2.200 € lo que les cuesta cada mes el recibo de la luz.
De regreso a casa me pongo a revisar los 169 artículos de la Constitución. No me puedo quitar a Ribera de la cabeza.
No encuentro la palabra “luz” porque, como el aire que respiramos, supongo que dieron por descontada. En cambio, los artículos 38, 47 y 51 sí que hablan de la planificación económica del gobierno en el marco de la economía de mercado, del derecho a disfrutar de una vivienda digna en la que las del sol, la luna y las estrellas no serían las únicas luces disponibles, y de la obligación del gobierno de regular el comercio interior.
Es evidente que esos artículos no se cumplen en los términos previstos en la Constitución, por lo que el Gobierno tiene trabajo por delante para mejorar mucho en lo que se refiere al “comercio” de la luz artificial.
No obstante, conviene recordarles, a la ministra y al Gobierno, que también hay otros artículos en la Constitución, tan en vano mencionada.
Por ejemplo, el artículo 76 dice que “el Congreso y el Senado podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público”. Resulta que en enero de 2017 UP exigió la creación de una comisión de investigación sobre el precio de la luz, que subía, pero ahora, que sube mucho más, el Gobierno en el que la misma UP tiene ministros se niega a crear una comisión sobre el mismo problema. Parece una actitud muy poco inteligente pues, aunque quien la pida ahora sea el mismo PP que la negó en 2017, esa comisión parlamentaria siempre investigaría a las grandes eléctricas. Y resulta mucho más difícil de aceptar por su electorado si quien impide esa investigación es un gobierno de coalición progresista.
Y también podría el Gobierno aplicar un 116 que, como únicamente suspendería, temporalmente, la libertad de los dueños de las grandes eléctricas para poner unos precios que obligan a millones a elegir entre luz y pan, no es probable que, dentro de un año, aparezca un Tribunal Constitucional con el mandato caducado diciéndole al Gobierno y al Congreso que mejor hubieran declarado es el Estado de Excepción. Pero si tienen miedo a esos jueces, que apliquen directamente el 55.
¿No le parece, señor Sánchez, que esta pandemia de abuso de posición dominante se merece, al menos, una respuesta urgente y a la misma misma altura que contra cualquier otro virus?
El anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática llegará al Consejo de Ministros “en pocos días” y servirá para que España “se homologue” a otros Estados que han sabido “reconciliarse con su pasado y cerrar heridas”, y es que España “no puede construir su futuro basado en el silencio y el olvido”. Al menos así lo aseguraba este martes Carmen Calvo (PSOE), vicepresidenta primera del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
No obstante, todo apunta a que ese anteproyecto de ley no contemplará la derogación de ningún apartado de la Ley de Amnistía de 1977, que constituye uno de los pilares de la Transición del franquismo al régimen del 78, pues fue la que ha permitido y garantizado la impunidad de todos los criminales franquistas. Los responsables de Memoria de Podemos, Paco Gracia, e IU, Esther López Barceló, preferirían que sí la contemplara. “No abandonamos la posición de defender la necesidad de que se garantice la justicia a las víctimas del franquismo y seguimos considerando necesario que España se sitúe en el marco del Derecho Internacional y dejemos de ser una anomalía; para ello pedimos que eliminen los apartados de la Ley de Amnistía que para los tribunales suponen el obstáculo para investigar penalmente los crímenes franquistas”, ha declarado este miércoles, consultada por LUH, López Barceló. Unas declaraciones compartidas por Gracia, que ha destacado que “hoy en día sigue habiendo decenas de miles de familias buscando los cuerpos de sus padres, madres, abuelos y abuelas, víctimas de ese régimen criminal, en cunetas y fosas comunes”.
Por otro lado, sigue en el aire si la ley fialmente permitirá cerrar las fundaciones y asociaciones que hacen apología del franquismo –régimen de terror instaurado en España tras el golpe de Estado de 1936 y la posterior guerra civil, que ganó con el apoyo de los nazis de Hitler y los fascistas de Mussolini–, fundaciones y asociaciones de las que el Consejo General del Poder Judicial –órgano de gobierno del poder judicial en España– salió en defensa el pasado mes de junio al considerar en un informe que la apología del franquismo no constituye en sí misma un menosprecio ni una humillación a las víctimas de ese régimen de terror. Ese informe es necesario –es decir que la ley precisa que sea emitido–, pero no es vinculante, es decir que la ley no está obligada a asumir su contenido.
En cualquier caso, el CGPJ y su presidente, Carlos Lesmes, llevan ya dos años y medio en interinidad porque el PP –partido fundado a mediados de los setenta por siete capitostes franquistas y refundado a finales de los ochenta por el líder de todos ellos, Manuel Fraga, uno de los principales beneficios por la Ley de Amnistía– sigue bloqueando su renovación, a pesar de que la Ley Orgánica del Poder Judicial y la propia Constitución establecen que el presidente y los otros 20 miembros del órgano de gobierno del poder judicial serán nombrados por un período de cinco años y renovados cada cinco años.
Desde 1996 hasta 2004 –es decir durante los ocho años de gobierno del PP de José María Aznar, sucesor de Fraga al frente del partido–, Lesmes fue alto cargo del Ministerio de Justicia: de 1996 a 2004 –siendo ministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante–, director general de Objeción de Conciencia, y de 2000 a 2004 –siendo titulares del ministerio primero Ángel Acebes y después José María Michavila–, director general de Relaciones con la Administración de Justicia.
“Libertad ideológica”
El borrador de Ley de Memoria Democrática de Calvo preveía el cierre de las entidades que hagan “apología del franquismo” o inciten directa o indirectamente “al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo por su condición de tales”, pero el informe del GGPJ considera que ello “invade claramente el derecho a la libertad ideológica consagrada en la Constitución”, pues considera que la apología del franquismo, “sin el requisito adicional de menosprecio o humillación de las víctimas”, está amparada por la libertad de expresión.
La principal de esas entidades es la Fundación Nacional Francisco Franco, constituida un año después de la muerte de Franco y dos años antes de la entrada en vigor de la Constitución. Según la web de la FNFF, una de las finalidades de la fundación es “difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política, así como sobre las realizaciones de los años de su mandato como Jefe del Estado Español, Capitán General y Generalísimo de los Ejércitos” y una de sus actividades es la “participación en el debate cultural y político de la España actual, con el objetivo de poner de manifiesto la grandeza de la vida y obra de Francisco Franco y de la España que creó”.
El informe del CGPJ ha sido criticado duramente por el Grupo de Memoria Histórica del Parlamento Europeo –que asegura que su contenido vulnera la normativa europea– y por las entidades de memoria histórica, que agrupan a víctimas del franquismo y a familiares de estas. Entre las principales críticas, que una fundación como la Fundación Nacional Francisco Franco sería “inconcebible” en Estados como Alemania. O que el Estado español siga diferenciando entre “víctimas de primera”, las de ETA, y “víctimas de tercera”, las del franquismo; si para el CGPJ la apología de ETA sí constituye en sí misma un menosprecio y una humillación a sus víctimas, ¿por qué la apología del franquismo no?, se preguntan. O que no se asuma que las víctimas del franquismo no lo son sólo de sus familias sino “de toda la sociedad”. O, por supuesto, que a las víctimas del franquismo e incluso a sus familiares directos se les acabe el tiempo sin ver juzgados los crímenes de lesa humanidad del franquismo.
“En pocos días” podrá comprobarse hasta qué punto el informe del interino CGPJ presidido por el interino Lesmes informa el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que redacta el ministerio de Calvo.
El 22 de junio de 1981 se aprobó en España la ley del divorcio, un hito histórico en una sociedad conservadora que salía de una larga dictadura y que supuso “el primer paso para caminar hacia la igualdad”, recuerda cuarenta años después una de sus principales impulsoras.
A sus 86 años, Ana María Pérez del Campo sigue presidiendo la Federación de Asociaciones de mujeres separadas y divorciadas y, en una entrevista con Efe, rememora por qué en pleno franquismo comenzó una lucha para conseguir una ley del divorcio y avanzar en la igualdad. “Éramos menores para todo. Se necesitaba la autorización marital para abrir una cuenta de banco, para trabajar, viajar e incluso contratar un colegio”, explica.
LAS ASOCIACIONES EN LA DICTADURA
A pesar de que la ley llegó en los primeros años de la democracia española, su lucha comenzó mucho antes, bajo una dictadura que obligó a muchas mujeres a actuar con discreción y secretismo para no ser perseguidas por sus ideales.
Pérez del Campo y su compañera Mabel Pérez Serrano consiguieron que su organización fuera autorizada en el año 1974 manteniendo oculto el verdadero fin que perseguían ante la Dirección General de Seguridad.
Las mujeres eran un cero a la izquierda, y ante eso puedes conformarte o dar la batalla para cambiarlo
“En ningún momento les dijimos el objetivo de nuestra organización -que era conseguir la aprobación de la ley del divorcio-; les explicamos que iba a ser una asociación para que las mujeres abandonadas por sus maridos tuvieran alguien con quien estar y donde ir. Si no, no nos habrían hecho caso”, detalla.
Al no poder trabajar fuera de casa sin la previa autorización del marido, eran muchas las que no se atrevían a dar el paso de acudir a los tribunales para pedir la separación, porque no tenían recursos económicos, ni una pensión que les garantizara que iban a poder hacerse cargo de sus hijos, recuerda. “Las mujeres eran un cero a la izquierda, y ante eso puedes conformarte o dar la batalla para cambiarlo; y eso último fue lo que hicimos Mabel y yo, aunque con muchos miramientos porque todavía vivía Franco”, relata.
LO QUE DIOS HA UNIDO
Pérez del Campo cuenta su propia experiencia, cómo tuvo que esperar nueve años desde que presentó la demanda de separación ante los tribunales eclesiásticos hasta que se la concedieron. “Pensaban que en ese periodo la pareja volvería a unirse (…) Fue entonces cuando decidimos que teníamos que pelear por devolver al fuero civil la competencia que tenía la Iglesia… ahí empezó la lucha por la ley del divorcio”, manifiesta.
Recuerda también una de las protestas que encabezaron en los primeros años de la democracia, cuando una docena de mujeres se encadenó a los barrotes de los tribunales eclesiásticos de Madrid. Al no darles las llaves a los policías, los agentes cortaron las cadenas, las llevaron al calabozo y les pusieron una multa de 25.000 pesetas a cada una. “No la pagamos porque llevamos la causa a los tribunales y nos dijeron que teníamos todo el derecho del mundo a manifestarnos. Hay que tener el valor y la certeza de que lo que tú estás haciendo no es ningún delito, sino una lucha por tus derechos”, remarca.
El objetivo era no solo legalizar la ruptura del matrimonio, sino poder formar una nueva familia y poder reconocer a los nuevos hijos. “Antes había diferentes tipos de hijos: los naturales, aquellos de madres solteras; los legítimos, los que se contraían en el matrimonio; los adulterinos, los que se tenían cuando una de las partes estaba casada; y los sacrílegos, cuando era hijo de un cura”, detalla la presidenta de la Federación.
La ley del divorcio llegó de la mano del entonces ministro de justicia de la Unión de Centro Democrático (UCD), Francisco Fernández Ordóñez, con quien Pérez del Campo y sus compañeras negociaron un borrador.
Uno de los hitos, destaca Pérez del Campo, que la ley recogiera una pensión compensatoria que permitiera a las mujeres dejar de sentirse dependientes de su marido. “La ley del divorcio fue el primer paso para caminar hacia la igualdad. Nuestros siguientes objetivos eran la aprobación del aborto y el derecho de contraer matrimonio entre personas del mismo sexo”, destaca.
1981: PRIMER DIVORCIO EN ESPAÑA
Antonio Sarabia fue el abogado del primer divorcio que se formalizó en España, el 7 de septiembre de 1981, encabezado por Julia Ibars y Vidal Gutiérrez.
Como ha contado a Efe, esta pareja acudió a él por la relación de amistad que compartieron durante el bachillerato y al ser un divorcio de mutuo acuerdo y no tener hijos, los trámites fueron sencillos y la decisión del tribunal rápida. “Aún así lo tuve que estudiar. Era algo novedoso que hasta entonces nunca habíamos hecho”, recuerda.
Para Sarabia, “el divorcio supuso abrir una etapa histórica en lo social y en lo jurídico y permitió la extinción del vínculo entre dos personas y no únicamente la separación conyugal. La sociedad estaba demandando una ley así”.
El miedo de muchas personas, remarca, era que el divorcio podría facilitar la ruptura de muchos matrimonios y familias, pero no era otra cosa que “la legalización de una ruptura ya realizada. Quienes se oponían eran los que vivían de espaldas a la realidad social”.
Para el abogado, conseguir la aprobación de la ley del divorcio ha aportado normalidad, sensatez y libertad, además de favorecer la liberación de las mujeres en gran medida, al dejar de estar sometidas a la autoridad del marido. Aún así, lamenta la lentitud con la que se aplica la ley a día de hoy, porque “no hay justicia más injusta que la lenta”, ha declarado.
Si los indultos, tal como dice Pedro Sánchez, pretenden normalizar la convivencia política del país y devolver las aguas a su cauce en Catalunya, no parece que la jugada esté funcionando muy bien del todo. Por supuesto, nadie esperaba que la derecha se contentara con la medida, pero tampoco que cientos de independentistas se lanzaran a las calles de Barcelona a protestar y a llamar “traidor” al presidente del Gobierno. Probablemente montar un acto este lunes en el Gran Teatre del Liceu, sin la presencia de un solo representante del Govern, no ha sido la decisión más inteligente: Sánchez cantaba su aria del reencuentro después de traspasar un arco de botes de humo y lo que se oía mayormente, fuera y dentro, eran los gritos de los manifestantes pidiendo “amnistía” y “libertad”. Es lo que ocurre con la ópera, que nunca faltan críticos.
Oriol Junqueras, líder de ERC, asegura que los indultos muestran “la debilidad de los aparatos del Estado”. Pere Aragonés, presidente de la Generalitat, los contempla como un primer paso, necesario aunque “insuficiente para resolver el conflicto político catalán”. Diversos representantes de la CUP, Junts, PDeCAT, ERC y otras organizaciones civiles acusan a Sánchez de haber ido a Cataluña a hacer teatro. Incluso Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, bromeó con su mano vendada diciendo que cuando se aprobaran los indultos, le iba a doler todo el cuerpo. El indulto en España sigue siendo una figura más taurina que jurídica y Sánchez, como buen diestro, ha olvidado que las corridas de toros están prohibidas en Cataluña. Prácticamente, después de su fiasco barcelonés, podría decir lo mismo que aquel torero que salió entre una lluvia de almohadillas de la plaza: “Hay división de opiniones, unos se cagan en mi padre y otros en mi madre”.
Da lo mismo que la vergonzosa lista de indultados en España incluya a auténticos golpistas y a terroristas de estado, entre otros muchos casos de flagrante injusticia. Alfonso Armada, general condenado a 26 años y 8 meses de cárcel por su participación en el 23-F, fue indultado en 1988. José Barrionuevo, ministro del Interior, y Rafael Vera, secretario de Estado de Seguridad, consiguieron sus indultos respectivos tres meses después de entrar en prisión, en 1998, a pesar de su implicación en diversos crímenes de los GAL. Puesto que dos errores no constituyen un acierto, tres tampoco, un argumento que puede usarse tanto en relación con los indultos fallidos como con las condenas desproporcionadas por montar un referéndum ilegal.
Por supuesto, quien está disfrutando como un loco con el tema es Pablo Casado, quien ha tronado contra los indultos, contra Sánchez y hasta contra la CEOE mediante un sinfín de exabruptos y chascarrillos, entre los que destaca el calificar una medida de gracia como un “golpe de gracia”. Más gracioso no puede ser el tío. Tal y como ha aumentado el apoyo al nacionalismo catalán en los últimos años, multiplicándose gracias a las porras de la policía y a los mazazos judiciales, el de Casado es uno de esos discursos que echan gasolina al fuego: no va a sumar ni un solo apoyo al constitucionalismo pero cada vez que abre la boca nace un nuevo independentista catalán. En ocasiones, incluso por debajo de la línea del Ebro. El catalanismo nunca se lo agradecerá bastante.
Escrito por rpssg 
