18 de julio. Julián Casanova

Desde febrero de 1936 la prensa católica y de extrema derecha incitaban a la rebelión frente al desorden que atribuían al “Gobierno tiránico del Frente Popular”, “enemigo de Dios y de la Iglesia”. La CEDA inició un proceso de acercamiento definitivo a las posiciones autoritarias, que era muy visible desde hacía ya meses en sus juventudes, en el lenguaje y saludo fascista que utilizaban y en los uniformes que vestían.

A partir de la derrota electoral de febrero de 1936, todos captaron el mensaje: había que abandonar las urnas y tomar las armas. El lenguaje integrista, el del “derecho a la rebeldía” al que había apelado ya en un libro de 1934 el canónigo magistral de Salamanca Aniceto Castro Albarrán, el de una rebelión en forma de cruzada patriótica y religiosa contra la República atea, ganó adeptos. Las Juventudes de Acción Popular engrosaban las filas de Falange, alrededor de quince mil afiliados se pasaron de una organización a otra, y Gil Robles secundaba en las Cortes la violencia verbal y antisistema de José Calvo Sotelo.

Pero toda esa ofensiva de las viejas oligarquías servidoras de la Monarquía y de las masas católicas de la CEDA no habría dado los frutos deseados, echar abajo la República y extirpar la amenaza socialista y libertaria, si no hubiera podido contar con las armas de un sector importante del Ejército.

De la organización de la conspiración se encargaron algunos militares de extrema derecha y la Unión Militar Española (UME), una organización semisecreta, antiizquierdista, que incluía a unos cuantos centenares de jefes y oficiales. El 8 de marzo de 1936, Francisco Franco, los generales Mola, Orgaz, Villegas, Fanjul, Rodríguez del Barrio, García de Herrán, Varela, González Carrasco, Ponte, Saliquet y el teniente coronel Valentín Galarza se reunieron en Madrid, en casa de José Delgado, corredor de bolsa y amigo de Gil Robles, “para acordar un alzamiento que restableciera el orden en el interior y el prestigio internacional de España”, según consta en los documentos conservados sobre “la preparación y desarrollo del Alzamiento Nacional”. Y los asistentes mostraron también su acuerdo en que el general Sanjurjo, que vivía entonces en Portugal, encabezara la sublevación.

Los generales que habían de tomar el mando de las fuerzas sublevadas sabían que una buena parte de los oficiales eran partidarios de la rebelión. Pensaban que sólo unos pocos se opondrían. Y la resistencia de los obreros organizados en los sindicatos, que la preveían fuerte en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Barcelona, podría ser dominada “enseguida”. Ése era el plan: una sublevación, con toda la violencia necesaria, y un rápido triunfo. Las cosas no salieron así y lo que resultó de esa sublevación fue una larga guerra civil de casi tres años.

A finales de julio, la suerte del golpe militar estaba echada. Había triunfado en casi todo el norte y noroeste de España: en Galicia, León, la vieja Castilla, Oviedo, Álava, Navarra, y en las tres capitales de Aragón; en las Islas Canarias y Baleares, excepto en Menorca; y en amplias zonas de Extremadura y Andalucía, incluidas las ciudades de Cáceres, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Granada y, desde el 29 de julio, Huelva. El triunfo obligó a regar con sangre las calles y barrios de la mayoría de esas capitales. Para cortar de raíz las resistencias, los militares sublevados tuvieron que emplearse a fondo. En primer lugar, con sus propios compañeros militares fieles a la República o que se mostraron indecisos ante la sublevación. Aquel movimiento patriótico no podía permitir ninguna oposición. Y los que lo intentaron, lo pagaron, empezando por varios oficiales y jefes pasados por las armas sin dilación ni juicio en Tetuán y Melilla.

No era, por supuesto, la primera vez que los militares intentaban “salvar a la Patria”. Pero la sublevación que en la tarde de aquel 17 de julio iniciaron en Melilla fuerzas del Tercio y Regulares no iba a ser una cualquiera, un mero pronunciamiento como había sucedido tantas veces en la historia contemporánea de España. Después de cinco años de República, de posibilidades de solucionar problemas irresueltos, de tiempos de inestabilidad y movilización política y social, se necesitaba una nueva versión, violenta y definitiva, puesta en marcha ya por los fascismos en otros lugares de Europa, que cerrara la crisis y restaurara, tapándolas de verdad, todas las fracturas abiertas –o agrandadas– por la experiencia republicana.

Si de salvadores se trataba, ahí estaba el general Francisco Franco, que creía, efectivamente, que ésa era su misión, salvar una Patria de la que no deberían formar parte los liberales, los republicanos, los militantes de las organizaciones obreras o los votantes del Frente Popular. Todos ellos eran izquierdistas, rojos, enemigos despreciables, ni más ni menos que las tribus contra las que tantas veces había combatido en África. “Sembrar el terror (…) eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”, declaraba el 19 de julio el general Mola, otro salvador.

Y ahí residía una de las claves de lo que se avecinaba: aniquilar a quien no pensara igual, “echar al carajo toda esa monserga de derechos del hombre, humanitarismo y filantropía”, según proclamaba ese mismo día uno de sus subordinados, el coronel Marcelino Gavilán, al hacerse cargo por las armas del Gobierno Civil de Burgos. Borrar, en suma, del diccionario de la Lengua las palabras piedad y amnistía, que diría el general Gonzalo Queipo de LLano, el tercero en importancia, muerto Sanjurjo, de ese escalafón de salvadores. Frases para la historia, incitadoras de la violencia, y que Franco le repitió al periodista norteamericano Jay Allen el 28 de julio de 1936, quien, sorprendido por la estatura del general, “asombrosamente pequeña”, sentenció: “Otro enano que quiere ser dictador”.

La sublevación militar de julio de 1936 y la guerra civil que provocó se convirtieron en acontecimientos fundamentales de la dictadura de Franco, de su cultura excluyente, ultranacionalista y represiva.

Ninguna faceta de la vida política y social quedó al margen de esa construcción simbólica de la dictadura. El calendario de fiestas, instaurado oficialmente por una orden de Ramón Serrano Suñer de 9 de marzo de 1940, aunque algunas de ellas habían comenzado a celebrarse desde el comienzo de la guerra civil en el territorio ocupado por los militares rebeldes, resumía la voluntad y universo conmemorativos de los vencedores.

Se restauraron, en primer lugar, las fiestas religiosas suprimidas por la República, desde la Epifanía a la Navidad. Junto a las religiosas, se subrayaban las de carácter tradicional de “la verdadera España” –el Dos de Mayo y el 12 de octubre-. Pero las que definían ese nuevo universo simbólico de la dictadura eran las creadas para celebrar los nuevos valores e ideas puestos en marcha con el golpe de Estado y la guerra: el 1 de abril, “Día de la Victoria”; el 1 de octubre, “Día del Caudillo”; el 20 de noviembre, para recordar el fusilamiento del líder falangista José Antonio Primo de Rivera; y sobre todas las demás, el 18 de julio, “Día del Alzamiento”.

El 18 de julio fue el origen de la versión maniquea y manipuladora que la dictadura de Franco, apoyada por la Iglesia, transmitió de la guerra, del “plebiscito armado”: que el “Movimiento Nacional” encarnaba las virtudes de la mejor tradición cristina y el Gobierno republicano todos los vicios inherentes al comunismo ruso. Además de insistir en el bulo de que el “alzamiento militar” había frenado una revolución comunista planeada a fecha fija y de ofrecer la típica apología del orden, la tranquilidad y la justicia.

Fue la fiesta nacional durante casi cuarenta años. La conmemoración de un golpe de Estado que provocó una guerra civil como fiesta nacional. Con ese pasado, no es extraño que no haya un acuerdo sobre qué fiesta nacional celebrar en la democracia. Para unos, el 6 de diciembre, día de la Constitución; para otros, el 12 de octubre, que recuerda a Ramiro de Maeztu, la Hispanidad, la Raza Española, la Guardia Civil, la Virgen del Pilar. Y después están las fiestas autonómicas y regionales: unos celebrando viejos levantamientos comuneros o contra los Austrias, otros la opresión borbónica, otros con sus recuerdos patrióticos. Y todos inventando fiestas y tradiciones.Cosas de nuestra historia.

https://www.infolibre.es/noticias/opinion/columnas/2019/07/18/18_julio_97032_1023.html

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PSOE, PP y Cs unen sus votos para impedir que el Gobierno explique por qué se ha gastado medio millón en un nuevo coche blindado para el rey

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha denunciado el veto de la Mesa del Congreso a parte de la batería de preguntas que dirigió al Gobierno para saber por qué el Ministerio de Hacienda ha adquirido un vehículo valorado en casi medio millón de euros para uso exclusivo de la Casa del Rey.

Según relata Garzón, PSOE, PP y Ciudadanos han unido sus votos en la Mesa del Congreso para no tramitar varias de las cuestiones que él había registrado para descubrir los motivos por los que el Ejecutivo ha hecho este gasto si la Casa del Rey ya cuenta con un presupuesto anual de ocho millones de euros.

“¿Considera que es un presupuesto insuficiente y, por eso, tiene que acudir el Estado en su ayuda con la compra de tal vehículo”?, reza una de las preguntas que se ha topado con el veto del órgano de gobierno de la Cámara. La inadmisión a trámite de estas cuestiones se fundamenta en que se trata de una materia “no sometida por tanto al control parlamentario de la Cámara” puesto que son de aplicación los artículos 56.3 y 65 de la Constitución. El primero de ellos establece que la persona del Rey “es inviolable y no está sujeta a responsabilidad” y el segundo que él distribuye “libremente” la partidapresupuestaria que recibe.

“La pregunta no puede considerarse ejercicio de la facultad de control por parte de los diputados” sino que “supondría, de facto, un control indirecto sobre terceros no sometidos a aquel“, añade el escrito que la Mesa ha enviado a Garzón. Tampoco ha pasado el filtro de la Mesa otra pregunta en la Garzón tiró de ironía y que, según el órgano de gobierno, no respeta la debida “cortesía parlamentaria”. “El vehículo blindado adquirido está a prueba de disparos y explosiones, y con su incorporación al Parque Móvil del Estado se va a convertir en uno de sus vehículos insignia, ¿ha valorado el Gobierno bautizarlo como el mataelefantes para ensalzar su robustez?”, rezaba la cuestión.

Por contra, el Gobierno sí deberá contestar al resto de preguntas planteadas por Garzón para saber si el coche se compró porque lo pidió la Casa Real o fue iniciativa de Hacienda, cuántos vehículos son sus características tiene el Parque Móvil del Estado y cuántos vehículos blindados y sin blindar del Parque Móvil del Estado están para uso y a disposición de la Casa Real.

El también portavoz adjunto de Unidas Podemos confía en que el Ejecutivo le explique también la razón por la que el coche se adquirió “por la vía del procedimientonegociado sin publicidad declarándolo secreto o reservado” y por la “vía de urgencia, aprovechando la máxima confidencialidad que permite la ley”.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/07/15/psoe_unen_sus_votos_para_impedir_que_gobierno_explique_por_que_gastado_medio_millon_nuevo_coche_blindado_para_rey_97030_1012.html

Un superviviente del Valle de los Caídos desmonta las mentiras del prior Cantera. José Antequera

A Nicolás Sánchez-Albornoz nadie le preguntó si quería ir a trabajar voluntariamente al Valle de los Caídos. Simplemente lo juzgaron en un consejo de guerra por sus actividades subversivas, lo metieron en un camión y lo llevaron a rastras a aquel infierno. Solo el testimonio espeluznante de este superviviente de 92 años debería servir para rebatir las patrañas del prior Santiago Cantera, que en los últimos días, y llevado por una fiebre nostálgica difícil de comprender, ha iniciado una campaña revisionista de la historia para tratar de negar las atrocidades y abusos que allí se cometieron con el fin último de dulcificar la imagen del franquismo. En su disparatado relato, Cantera ha llegado a decir cosas como que a Cuelgamuros iban trabajadores voluntarios que eran bien retribuidos y que hasta llevaban una excelente alimentación (incluso comían carne de cerdo, muy preciada en aquellos años de escasez y posguerra, según el actual responsable del Valle de los Caídos nombrado por la Iglesia).

No hay más que sentarse y dejar hablar a Sánchez-Albornoz para que queden en evidencia las incongruencias del prior, que no resisten un mínimo análisis historiográfico. “Tuve suerte, de todos los trabajos forzados el mío fue el más ligero”, recuerda el superviviente en una entrevista en exclusiva para Diario16 que fue publicada en nuestra edición en papel. Hoy el hombre que logró escapar de Cuelgamuros es uno de aquellos pocos obreros forzosos que aún viven, y su testimonio sirve para rebatir la versión del prior Cantera.

De entrada, ningún historiador serio y riguroso, ni español ni extranjero, niega que el Valle de los Caídos fuese un establecimiento penal para presos políticos. En realidad era un “tres en uno”, ya que se trataba de tres campos de concentración en un mismo lugar: el dedicado a la construcción del monasterio; el destinado a horadar la cripta que daría sepulcro al dictador; y el desplegado en la obra para abrir la carretera y los accesos al mausoleo. Todo ello tenía un único objetivo que no era dar trabajo a los españoles, sino ensalzar la memoria de Franco y servir como homenaje a la cruzada nacional. Para tal fin se trasladaron allí los restos de 34.000 combatientes de ambos bandos (también los del dictador y los de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange) bajo una inmensa cruz de 150 metros de altura.

Los presos trabajaban en condiciones infrahumanas y muchos de ellos contrajeron graves enfermedades respiratorias de las que nunca más volvieron a recuperarse. Desde el año 1942, cuando Franco cayó en la cuenta de que además de albañiles profesionales iba a necesitar mano de obra barata, algo así como un ejército de esclavos, fueron destinados a los diferentes campos de trabajo presos procedentes de todos los rincones de España, como los que conformaron la Compañía del Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores Penados número 95. A estos reclusos se les identificaba perfectamente porque llevaban un gorro a rayas azules y blancas con una “P” en la parte frontal que les clasificaba como presos sometidos a trabajos forzosos. Nada de obreros contratados, como dice el prior. Reos, condenados, penados.

Sánchez-Albornoz asegura que tuvo la suerte de ser destinado a tareas de oficina, lo que le permitió llevar “una vida algo menos dura” que la del resto de sus compañeros que picaban piedra en las canteras. No obstante, compartió las penurias del barracón como un preso político más.

En Cuelgamuros nadie lo tenía fácil para sobrevivir. En el destacamento penal del monasterio, en cuya oficina trabajaba el joven Sánchez-Albornoz, convivían alrededor de 118 internos. “En el campamento encargado de horadar la cripta había algunos menos, unos sesenta hombres. Estos tenían a su cargo uno de los trabajos más pesados y peligrosos: volar la piedra y acarrear los escombros”, asegura. Trabajar allí era como jugar a una funesta lotería. En cualquier momento podía estallar un cartucho de explosivo, haciendo saltar a todos por los aires. El más numeroso de los tres campos era el destinado a la construcción de la carretera, la explanada y los accesos: unos 300 internos. Entre los meses de marzo y agosto de 1948 habitaron en Cuelgamuros entre 500 y 600 presos sometidos a régimen disciplinario de penosos trabajos forzados. Saber con exactitud cuántos españoles pasaron por allí entre 1940 y 1958, cuando finalizaron las obras, es otra cuestión; muchos cumplieron condena y fueron puestos en libertad; otros fueron trasladados a otros campos; algunos enfermaron, otros murieron.

Las instalaciones del complejo eran austeras, espartanas. Los presos se amontonaban en sórdidos barracones de apenas cincuenta metros de largo. Se dormía en literas de madera, incómodos jergones de paja que le dejaban a uno los huesos molidos. En un barracón anexo estaba el comedor, donde se repartía el rancho diario. El protocolo de seguridad se cumplía a rajatabla. Cada tres horas los funcionarios hacían recuento de presos para ver si estaban todos y prevenir posibles fugas. Los vigilantes eran como sombras que no se despegaban de los reclusos ni por un momento. Siempre encima de ellos, siempre echándoles el aliento en el cogote. Incluso de madrugada realizaban una ronda nocturna para controlar que estaban todos en sus camas, según Sánchez-Albornoz. La vigilancia en Cuelgamuros era una gran obsesión y llegaba a convertirse en asfixiante para los internos. Solo ese dato demuestra que la versión que da hoy el prior del Valle no se sostiene.

Por la mañana tocaban a diana, como en cualquier campo de concentración, lo cual vuelve a demostrar que aquello no era una obra al uso, sino un recinto carcelario. Solo había una ducha de la que manaba el agua fría y lacerante de la sierra madrileña y un retrete para todo el destacamento. El frío que calaba los huesos y el reuma eran fieles compañeros de los presos de Cuelgamuros. Según la versión de Sánchez-Albornoz, como desayuno les daban la achicoria de cada día que sabía a mil demonios (el café en aquel lugar era un producto de lujo). Luego al tajo de nuevo. A trabajar las horas que ordenaran los capataces para levantar el mausoleo megalómano del Generalísimo. El dictador se había empeñado en ver concluida cuanto antes su gran obra faraónica para la posteridad. No obstante, a Franco se le veía poco por allí. No le debía gustar demasiado asomarse a la que sería su última morada.

Esclavismo y corrupción

Nicolás Sánchez-Albornoz recuerda que pasaba la mayor parte del tiempo en la oficina rellenando impresos oficiales. Los jefes del campo de concentración enviaban informes constantemente a la Dirección General de Prisiones para que no se pasara nada por alto. La sala era un torbellino de papeleo. La maquinaria burocrática fascista echando humo y a pleno rendimiento. La mayoría de los dosieres que salían de allí eran los tediosos partes de recuento de presos que los vigilantes elaboraban cada tres horas. Si aquello era una obra civil, como mantiene el prior Cantera, ¿qué sentido tenía observar tantas medidas de seguridad?

A diferencia del trabajo en el despacho, las tareas en los diferentes destacamentos de la obra resultaban realmente duras. Los presos, cada vez más fatigados, apenas tenían tiempo para el descanso. Los trabajos de construcción del monasterio consistían en poner ladrillos, colocar maderos y tablones, volar piedras con explosivos y acarrear sacos de escombros sin parar. Era habitual ver a los castigados presos republicanos levantando pesadas moles y talegas repletas de pedruscos.

El régimen cuasiesclavista y la corrupción endémica imperaban en el lugar, según Sánchez-Albornoz. La Dirección General de Prisiones cobraba a la empresa Molán, la constructora del monasterio, 10 pesetas y 50 céntimos diarios por cada preso que le proporcionaba en régimen de alquiler. De ese dinero, el Estado asignaba cinco pesetas a la alimentación de los reclusos. El resto, otras cinco pesetas, era beneficio limpio para el Gobierno de Franco. Un negocio redondo. “Se puede decir que el Estado alquilaba los presos a las compañías encargadas de construir el Valle de los Caídos; el precio era barato: 10 pesetas y 50 céntimos por persona, sin duda un jornal bastante más bajo que el que las empresas hubieran tenido que abonar a trabajadores libres, limpios de condena”, asegura Nicolás Sánchez-Albornoz. De nuevo, la versión del prior Cantera de que todos cobraban un buen sueldo queda en entredicho.

Del dinero recaudado por la Dirección General, solo 50 céntimos se ingresaban supuestamente en la cartilla de ahorro de cada preso, que cuando era puesto en libertad recibía la cantidad correspondiente acumulada durante los años de condena. Cincuenta céntimos por día multiplicados por unos 300 días trabajados al año (los domingos no eran laborables en el Valle y algunos festivos tampoco), suponían unas 150 pesetas por año. Ese era el jornal tan extraordinario y jugoso con el que, según dice ahora el prior Cantera, se retribuía a los presos políticos de Cuelgamuros.

A la explotación inhumana en los tres campos de trabajo del Valle de los Caídos se unía la corrupción galopante, pese a que los historiadores franquistas se empeñan en tratar de demostrar que durante los años de la dictadura esa palabra no existía en el diccionario. Las 5 pesetas diarias asignadas a la alimentación de cada uno de los presos servían para llenar los bolsillos de algunos aprovechados. Cada día el Gobierno de Franco enviaba camiones cargados con lotes de comida para que los presos pudieran alimentarse y seguir trabajando a pleno rendimiento. Sin embargo, cuando llegaban los vehículos sucedía algo muy curioso que no pasaba desapercibido al joven Nicolás Sánchez-Albornoz, según cuenta él mismo en sus memorias. El joven escribiente pudo comprobar con sus propios ojos toda la corrupción contenida en aquellos documentos oficiales y albaranes. Efectivamente los camiones descargaban una parte de la comida destinada a los presos, pero no toda, ya que algunos contenedores regresaban a Madrid bien cargados. ¿Qué significaba eso? Que el jefe del destacamento de turno había firmado un recibo de entrega por la totalidad de la comida que supuestamente había llegado a Cuelgamuros cuando en realidad una porción importante de los alimentos retornaba de nuevo a la ciudad. “¿Qué sucedía con aquella comida? ¿Para qué se utilizaba? Estaba claro: para revender parte de esos alimentos en el estraperlo, en el mercado negro de la época”, relata Sánchez-Albornoz.

“Es decir, que sisar la comida a los presos era un buen negocio. Y otra cosa que se comentaba ya en aquellos años es que esta práctica también se llevaba a cabo en los cuarteles del Ejército, porque a los soldados no les daban la ración total de comida establecida”, cuenta el superviviente de Cuelgamuros. “Llegaban tantos kilos de garbanzos y de aceite y había que distribuirlos entre un número de presos y días para que al final del período el resultado fuese cero. Pero eso no guardaba ninguna relación con la realidad de la alimentación en el campo, es decir, la oficina, la jefatura del destacamento estaba engañando a la Dirección General de Prisiones. Esto no quiere decir que los funcionarios de Cuelgamuros fueran inocentes. Si podían hacer trampas, seguramente era porque los de arriba les dejaban hacer”, afirma Sánchez-Albornoz. En resumen: de aquellas 10,50 pesetas que recibía el Estado por el alquiler del preso, una vez descontadas las 5 pesetas para sufragar la alimentación y los 50 céntimos de la cartilla de ahorro, quedaban otras 5 que nunca se llegó a saber a dónde iban a parar.

El estraperlo, el contrabando, la picaresca y las corruptelas formaban parte del tenebroso paisaje de los años 40 en España, un país arruinado por la guerra, el hambre y el analfabetismo. La trama parecía perfectamente planificada por los de arriba, por los jerarcas del franquismo, pero evidentemente los funcionarios, cómo no, entraban en el juego. Ellos también sacaban su parte del pastel en esa cadena engrasada de la corrupción franquista. “Lo sé porque yo lo he visto”, insiste el superviviente del Valle de los Caídos. “Todo esto me consta a mí que se hacía porque yo lo veía en los partes que se tenían que enviar a la Dirección General de Prisiones. La documentación que debía justificar la entrada y salida de alimentos sencillamente se inventaba; esos partes los tenía que fabricar yo por orden de los jefes sin tener que pasar por el almacén ni por la cocina. Todo era un juego teórico”, explica el historiador.

La sisa de alimentos revela que la corrupción era algo generalizado en todo el sistema penitenciario de los campos de concentración de Franco. Grandes fortunas se amasaron durante esos años, como la que consigue acumular José Banús ‒el empresario que más tarde construirá el famoso Puerto Banús‒, San Román y otras oligarquías económicas franquistas que levantaron auténticos emporios a la sombra de Franco. Hoy, en plena democracia, esas mismas sagas familiares perpetuadas a través de los tiempos continúan manejando los hilos del poder financiero en España, sin que nadie les haya pedido explicación alguna sobre su complicidad con el régimen. De modo que junto a la severa represión política, tras las rocas de Cuelgamuros se esconde toda una trama corrupta conjuntamente organizada entre empresarios afines al régimen y altos cargos del Estado. El periodista Rafael Torres, autor de Los esclavos de Franco, ha cifrado en 20.000 el número de presos republicanos que fueron puestos a trabajar como mano de obra barata en la construcción del gran sueño del dictador.

Cada uno de los presos políticos soportó la agonía de picar piedra en interminables jornadas laborales. El horario de trabajo era inflexible, sin concesiones. El alquiler de presos se hacía por turnos de ocho horas pero había días que las empresas exprimían aún más a los reclusos con horas extraordinarias. Ese tiempo adicional se pagaba “bajo mano” a los obreros y con jornales miserables, pero al menos el complemento servía para que algunos presos pudieran aliviar la escasez de comida comprando bocadillos, un poco de vino y tabaco. En Cuelgamuros los presos sobrevivían en buena medida gracias a esas horas extra que de vez en cuando se hacían cuando lo exigía el capataz.

La gestión sanitaria también dejaba mucho que desear, ya que solo había un médico para los tres campos de trabajo, según cuenta Sánchez-Albornoz. Si algún preso resultaba herido mientras picaba piedra en la cantera, lo metían en un camión y lo llevaban a la prisión. Si alguien cometía una falta o indisciplina se le ponía a disposición del cuartelillo de la Guardia Civil, que poseía jurisdicción en los tres destacamentos. Los funcionarios no se manchaban las manos, no estaban a cargo de la represión ni de la imposición de castigos; eran los agentes de la Benemérita los que se encargaban de dar su merecido a los rojos republicanos. Una paliza y de ahí al centro penitenciario.

Nadie sabe con exactitud el número de personas que fallecieron en el Valle de los Caídos durante los primeros años de su construcción, sin duda los más duros. Circula una cifra estimativa que incluso ha reconocido la Fundación Francisco Franco: 14 muertos por accidentes en la cripta. Sin embargo, a ese dato corto e impreciso a todas luces, habría que añadir otro más importante del que no se suele hablar: las muertes indirectas, es decir, aquellas que se producirán tiempo después como consecuencia de las deplorables condiciones de vida que los presos soportaron durante sus años de estancia en el Valle. Así, las explosiones de dinamita que a diario se realizaban en las obras de la cripta levantaban una espesa humareda que los presos respiraban constantemente. Un veneno letal para los pulmones. Ninguno de los obreros era provisto de mascarillas, como sí suelen tener los mineros, ni tampoco de cascos de protección. En el mejor de los casos se les proporciona una boina para el sol. Finalmente, a fuerza de respirar toda esa polvareda tóxica los trabajadores terminaron contrayendo la temida silicosis. Los historiadores sospechan que la mortalidad en los años duros de la construcción del mausoleo debió ser elevada a causa de enfermedades respiratorias graves. Se sabe que muchos de los presos que estuvieron excavando en la cripta, tras ser puestos en libertad y ya en sus casas, murieron a edades tempranas como consecuencia de afecciones cardiopulmonares.

No obstante, el Cuelgamuros de los primeros años del franquismo no es el lugar más infernal que se puede encontrar en la desgarrada España de posguerra. Los hay mucho peores. Como las obras de construcción del Canal del Guadalquivir, donde llegan a trabajar hasta 5.000 presos políticos empleados en trabajos durísimos. O las terribles obras del ferrocarril Madrid-Burgos. O los famosos pantanos de Franco, donde los presos las pasaban canutas. Bajo el cemento de esos embalses se cree que puede haber más de un cadáver sepultado, como también lo hay en el Valle de los Caídos. Ese lugar de terror que poco tiene que ver con el balneario de paz y prosperidad que pretende pintarnos el singular prior Cantera.

Un superviviente del Valle de los Caídos desmonta las mentiras del prior Cantera

EL COMUNERO DESCONOCIDO, JUAN DE ZAPATA

Juan de Zapata fue un capitán comunero durante la revuelta de las Comunidades de Castilla, nació en Madrid y fue regidor de esta villa.

Al producirse el estallido de la revuelta de las Comunidades de Castilla, en verano de 1520 se unió, acaudillando a unos 500 comuneros madrileños (400 infantes y 50 jinetes), al capitán Juan de Padilla procedente de Toledo, con el fin de auxiliar a los comuneros segovianos que en ese momento estaban siendo asediados por las tropas realistas, al mando del alcalde Ronquillo, que viéndose superado en número, abandona el sitio al que estaba sometiendo al Alcázar.

Posteriormente, entró en Medina del Campo nada más ser incendiada por los fieles al rey Carlos I y participó junto a los capitanes de Toledo, Juan de Padilla, y de Segovia, Juan Bravo, en la expulsión de Tordesillas del marqués de Denia y en las posteriores conversaciones que mantuvieron los comuneros en esta misma villa con la reina Juana de Castilla con el fin de proclamarla como tal en detrimento de su hijo, pero sin obtener éxito alguno a causa de las reticencias mostradas por la reina madre.

Estuvo presente en la fatídica retirada de las tropas comuneras de Torrelobatón, que se dirigían a Toro buscando una mejor defensa, sin lograr su objetivo, pues las tropas imperiales les dieron alcance en la localidad de Villalar, sufriendo una definitiva derrota el 23 de abril de 1521.

El 28 de octubre de 1522 fue exceptuado del perdón real y, aunque conservó la vida, su residencia y escudo fueron arrasados, como arrasado fue el castillo de madera construido en lo que hoy es la madrileña Puerta del Sol.

Algunos investigadores, como Joseph Pérez, le consideran autor y responsable de la propaganda generada por el movimiento a favor de la insurrección.

Crónica probable de una manifestación diferente. Domingo Sanz

Cuando aún está viva la foto de la Plaza de Colón que tan cara le puede salir a más de uno de los líderes de la derecha que decidieron posar con Abascal, recibimos el impacto de una convocatoria en las antípodas de aquella, transversal por territorial, pero también distinta a las que construyen el mapa de protestas civiles que proliferan en nuestro planeta, porque no es normal que quienes pueblan las manifestaciones políticas en una ciudad residan en otras ubicadas a 600 kilómetros de distancia, o más. Y son reincidentes, pues ya estuvieron en Bruselas

No hay que despreciar el hecho de que la manifestación se haya convocado con todas las urnas a fecha fija, lo que conduce al distanciamiento entre partidos políticos. En circunstancias normales es probable que Podemos hubiera participado por lo de dejar en libertad a los “políticos presos”, una preferencia que, no lo olvidemos, hemos oído en boca de líderes socialistas cuando tampoco se dedicaban a las listas electorales.

Un detalle también relevante procede de los medios de ámbito estatal, con muchos lectores en Madrid, ciudad anfitriona y, por tanto, única beneficiaria del gasto privado que acompañaría a tan inusual cantidad de visitantes extras. Pues bien, mientras a las 9 de la mañana del sábado 16 miles de madrileños hacían planes para ese día, ni InfoLibre, ni El Diario, ni El Mundo, ni ABC, ni OK Diario, ofrecían en sus pantallas la menor noticia titulada con la manifestación, al menos en las diez primeras pantallas que iban apareciendo tras otros tantos clics en el cursor de desplazamiento vertical.

El País fue el único que la eligió en portada, aunque con un titular que no animaba, precisamente, a acercarse al Paseo del Prado ni por curiosidad: “Más de 500 policías velarán por la seguridad en la marcha independentista de Madrid”.

En El Confidencial aparecía al tercer clic del cursor con un título informativo: “El secesionismo llega esta tarde a Madrid con el objetivo de reunir a 50.000 personas”. Zarzalejos se merece, esta vez, el premio a la profesionalidad.

La Razón, también al tercer clic, pero aprovechando para repetir un mantra habitual: “Falsa unidad secesionista en la marcha contra el Estado”.

En Público la noticia solo aparecía al cuarto clic, por lo que no se puede pensar que quisieran capitalizar el protagonismo de Patricia López, la periodista de ese digital que se encargó de presentar a los líderes que hablaron al final de la movida.

En ocasiones, los pequeños detalles redondean el argumento. Me consta que el viernes había madrileños que, aún interesados por la política, no sabían si la manifestación sería por la mañana o por la tarde del sábado.

Hubo más cosas dignas de comentario.

De los 500 autocares que viajaron a Madrid, 390 procedían de Catalunya. Solo sus ocupantes suman más personas de las que informaron los contadores de manifestantes de la Policía Nacional. Según algunos medios, hay fotos, varios autocares fueron detenidos por la Guardia Civil y registrados sus maleteros, quizás en busca de explosivos resbaladizos marca Fairy para consolar a Enric Millo, que se ha quedado sin puesto en las listas digitadas por Casado.

Durante la jornada los medios informaron que “Casado y Rivera cargan contra el silencio de Sánchez ante la manifestación independentista de Madrid”, acusando el del PP a los secesionistas de venir a Madrid a exigir a Sánchez un “pago al contado”, y el de Ciudadanos a Sánchez de estar callado “por miedo a que le quiten las llaves de Moncloa”. Parece que Rivera da por perdidas las elecciones generales, pues esas llaves ya se las entregó el socialista a las urnas. A recuperar el 28 de abril.

Busco con lupa y no consigo encontrar, en La Razón tampoco, la noticia relevante que cuentan desde Catalunya, y es que al señor Bosch le ha parecido muy bien que los independentistas se manifiesten en Madrid, por lo que significa de encuentro entre dos sociedades a las que se quiere enfrentar por una simple frontera. Se trata del presidente de Sociedad Civil Catalana, entidad que convoca manifestaciones españolistas a las que siempre acuden PP, Ciudadanos y PSOE. ¿Dónde hay más división de la que se traduce en ineficacia, señor Marhuenda, entre los secesionistas o en el bloque del 155?

Pero quien se ha llevado el premio de los excesos verbales esta vez ha sido Maroto, del PP, con su ya famoso twit: “Esto está pasando ahora mismo en Madrid. Carmena en Madrid y Sánchez en La Moncloa lo permiten. ¡Con Pablo Casado esto no volverá a suceder NUNCA!”. Atención, que está negando un derecho constitucional en un texto escrito, no en una frase enardecida en un mitin ni en una respuesta nerviosa a la pregunta provocadora de algún periodista que no se llame Montesinos, Claver, u otros parecidos.

También está pidiendo a gritos un pensamiento la frase de la pancarta que una veintena de ultraderechistas paseaban por el recorrido de la manifestación poco antes de que comenzara: “Matar a España tiene un precio”, decía. Y solo cabe pensar que, o ya están dando por muerta a España y el precio habría sido el juicio, o se trata, por fin, de una primera propuesta negociadora. Solo falta que alguien ponga “el precio”, pues los independentistas se sentarían a hablar de inmediato. De hecho, lo correcto es saber primero el coste de cualquier decisión y después poner las urnas para decidir con conocimiento de causa.

Para terminar con las reacciones de unos y otros, adversarios todos de esos turistas demandantes del derecho a decidir, no faltó una nota desde La Moncloa manifestando que “la misma democracia” que protege la libertad de quienes se han manifestado es la que “juzga a quienes se saltan sus normas”. Esta manera de simplificar la política me recuerda aquella película emocionante, “Un mundo perfecto”, de Clint Eastwood, y como va fracasando todo el entramado, hasta el desastre final.

Especularemos en libertad porque, de todas formas, las sorpresas se sucederán sin descanso. Y más teniendo en cuenta que Sánchez acaba de asegurar que con el PSOE jamás habrá independencia de Catalunya, así de importante se debe sentir. Como no ofrezca lo de sacar a Felipe VI de La Zarzuela y montar una República Federal en España, y siempre que el 28 A lo gane por goleada, no creo que pueda poner condiciones que no conduzcan a un fracaso que, como mínimo, le obligará a negarse a sí mismo. De nuevo.

Mientras, los catalanes siguen a lo suyo. Podría ocurrir que la manifestación de Madrid solo haya sido el aperitivo de otra acción igual de pacífica, también masiva pero mucho más organizada y bien blindada por la fiesta de la democracia. Si sale adelante la idea de enviar apoderados desde Catalunya a todos los colegios electorales para defender las papeletas de voto de las listas independentistas en las europeas del 26 de mayo, los resultados podrían sorprender. Puigdemont y el resto de exiliados no paran de moverse por Europa, el parlamento que deberá renovarse con esas elecciones.

https://iniciativadebate.net/2019/03/17/cronica-probable-de-una-manifestacion-diferente/

Te trataré como a una reina

Bajo el influjo violeta del día 8 de marzo y tal vez porque ambas somos mujeres, déjeme que le cuente una historia.

“Te trataré como a una reina, le dijo, si te vienes conmigo. Y ella imaginó un castillo en el aire sobre mullidas nubes, lejos del cotidiano barro que pisaban sus pies, que comenzó a ver más dignos de alfombras persas que de esteras de cuerda. Mientras, él, forjaba los barrotes de una cárcel de plata con el techo de cristal, para ella.

Qué engañoso espejismo cegó sus ojos, los de ella, qué engañoso egoísmo cegó sus ojos, los de él.

Y un día, casi sin darse cuenta, sus alas, las de ella, ya no pudieron volar, chocaron contra el cielo de cristal de su castillo de plata. Y un día, casi sin darnos cuenta, sus cadenas, las de él, habían amarrado demasiado fuerte la frágil garganta de su reina”.
¡Porque no queremos ser reinas con palacios, sino personas con derechos!

¡Por una igualdad real!

TERESA SANTOS BERNARDOS

LA CAZA DE BRUJAS

El macartismo, es un término que se utiliza en referencia a acusaciones de deslealtad, subversión o traición a la patria, sin el debido respeto a un proceso legal justo donde se respeten los derechos del acusado.

Se origina en un episodio de la historia de Estados Unidos que se desarrolló entre 1950 y 1956 durante el cual el senador Joseph McCarthy (1908-1957) desencadenó un extendido proceso de declaraciones, acusaciones infundadas, denuncias, interrogatorios, procesos irregulares y listas negras contra personas sospechosas de ser comunistas. Los sectores que se opusieron a los métodos irregulares e indiscriminados de McCarthy denunciaron el proceso como una «caza de brujas».

Así se inició lo que sus oponentes denominaron «caza de brujas». Gente de los medios de comunicación, del gobierno y algunos militares fueron acusados por McCarthy de sospechosos de espionaje soviético o de simpatizantes del comunismo. Apoyándose en unas fuerzas de entusiastas anticomunistas, alimentándose de la delación, adquirió un poder considerable. Los métodos eran inconcebibles para una supuesta democracia. Olvidando el principio jurídico de la presunción de inocencia, ante cualquier denuncia el Comité del Senado, presidido por McCarthy, aplicaba la presunción de culpabilidad y era el acusado quien tenía que desmentir y probar su no pertenencia o simpatía por el Partido Comunista. Quienes reconocían su culpa, podían lavarla delatando a sus compañeros. Su actividad destinada a desmantelar eventuales infiltraciones de agentes comunistas en la administración pública se extendió pronto a los laboratorios de investigación y a Hollywood. Los empleados públicos debían hacer frente a un control de lealtad que costó la carrera a varios de ellos.

Algunas voces comenzaron a elevarse contra el macartismo y sus excesos. Por ejemplo, en 1953 se representó la obra Las brujas de Salem de Arthur Miller, un alegato eficaz para estigmatizar la política de su tiempo. Uno de los blancos de la inquisición política fue el mundo del cine porque, entre otras razones, los interrogatorios a directores y actores famosos proporcionaron a los miembros del Comité una extraordinaria publicidad.

Escritores (Bertolt Brecht, que escapó a Europa tras declarar su inocencia) y gente perteneciente al mundo del cine fueron algunos de los más afectados por este fenómeno, que creó las llamadas listas negras, o de escritores y guionistas para los cuales existía una ley no escrita que les impedía publicar nada en cualquier medio de comunicación, so pena de que dicho medio fuera acusado de trabajar a sueldo de los comunistas.

Hubo, sin embargo, una cierta resistencia, que se plasmó en la actividad de numerosas personas, incluyendo relevantes personajes del cine. Convocados a declarar 41 sospechosos, 19 de ellos se negaron a comparecer, entre otros el escritor Alvah Bessie, el guionista Dalton Trumbo y el director Edward Dmytryk. En apoyo de los que fueron motejados de «testigos inamistosos» se movilizó el denominado Comité de la Primera Enmienda, que integró a cerca de 500 profesionales del cine. En esa circunstancia defendieron la libertad figuras famosas, como Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Gregory Peck, Katharine Hepburn, Kirk Douglas, Burt Lancaster, Gene Kelly, John Huston, Orson Welles, Thomas Mann y Frank Sinatra o periodistas como Edward R. Murrow , que afirmaban que lo que en teoría era una actividad para proteger al estado no era sino una sistemática destrucción de los derechos civiles. Entre las protestas, la más significativa fue la de los llamados Diez de Hollywood, los cuales se negaron a declarar sobre sus afiliaciones políticas, siendo citados por el Congreso, instalados automáticamente en la lista negra y condenados a penas de cárcel por «desacato al Congreso».​ Entre los que colaboraron con el Comité y denunciaron a otros cineastas, pronunciando además discursos patrióticos de tono anticomunista, comparecieron Gary Cooper, Ronald Reagan y Robert Taylor.

Pero esta ola represiva no solo se ciñó a las personas más relevantes de la sociedad norteamericana, sino que abarcó a cualquier personas de militancia o simpatías comunistas (como fueron la mayoría de voluntarios en las Brigadas Internacionales que lucharon en España defendiendo la democracia española frente al fascismo) fueron encarceladas y expulsadas de su trabajo, pasando a ser brutalmente silenciadas y marginadas en su propia sociedad.

Esta represión fue incluso más lesiva pues la sufrieron miles de personas desconocidas, es decir, la represión de gente normal y corriente, que no tenían la prominencia de los directores y guionistas de Hollywood. Entre estas personas la represión fue brutal.

Esta saña persecutoria como queda dicho unas líneas más arriba se cebó en los  miembros del Partido Comunista, y además como miles de ellos, habían acudido en ayuda de la República Española alistándose en las Brigadas Internacionales, su represión fue doblemente cruel. Más tarde, al volver a EEUU, los miembros de la Brigadas Internacionales fueron marginados y más tarde, perseguidos, en una represión que incluyó la cárcel en muchos casos, y la imposibilidad de encontrar trabajo. Fueron personas vetadas, además de marginadas, y muchas de ellas tuvieron que cambiar su nombre. La Guerra Fría, que más que fría fue caliente dentro de EEUU, supuso una persecución brutal hacia cualquier voz crítica con un sistema capitalista que dejo al descubierto su verdadero rostro, de una dureza que en muchas dimensiones superaba a una dictadura. Aunque por cierto esta labor represora y opresiva de la administración norteamericana continúa hoy en día por otras vías y otros métodos, quizá más sofisticados, pero igual de implacables.

Las técnicas de McCarthy se basaban en gran medida en lanzar incriminaciones falsas sobre los acusados (que nunca eran comprobadas), o incluir a determinadas asociaciones en su lista de organizaciones pro-comunistas (sin tener nada que ver). En ese sentido, y de ahí el nombre, se parecía bastante a la caza de brujas medieval, donde también las acusadas carecían de la posibilidad de demostrar su inocencia.

Inocentes perseguidos por simples sospechas, acusaciones infundadas, interrogatorios vergonzantes, ​ pérdida del trabajo y negación del pasaporte a los sospechosos de comunismo, o encarcelamiento de cualquier sospechoso, siendo todos ellos distintos mecanismos de control social y de represión con los que Estados Unidos bordeó peligrosamente el terrorismo de estado, acercándose al totalitarismo con los citados métodos fascistas.

Marcial Tardón.