Los últimos momentos de Juan Carlos como monarca dejaron en evidencia el pacto de silencio existente entre los medios y la Casa Real para tapar los aquelarres del rey emérito, que se hizo insostenible ante las informaciones de la cacería en Botsuana, su relación con la empresaria alemana Corinna o la imputación de Urdangarin y la infanta Cristina en el caso Nóos.
Tras la abdicación obligada del rey Juan Carlos I en favor de su hijo Felipe en 2014, el actual monarca se marcó como principal objetivo recuperar la credibilidad y la imagen perdida con una monarquía “honesta, integra y transparente”. Como primer gesto, desde la Zarzuela se anunció que se auditarían sus cuentas anualmente y se prohibiría a la familia real trabajar en el sector privado, en un claro guiño a la situación de la infanta Cristina y su marido. Así, conocíamos que el convite de la coronación de Felipe VI tuvo un coste aproximado de 66.000 euros.
Sin embargo, a punto de cumplir los cuatro años de reinado los avances en materia de transparencia han sido mínimos, teniendo en cuenta que en el último tramo de Juan Carlos I la Casa Real ya aceptó hacer públicas sus atribuciones. La ley presentada en 2013 por el Ejecutivo de Rajoy no obligaba a la monarquía a la transparencia estando enfocada solamente a “las administraciones públicas”. Con la intención de esclarecer los gastos que genera en su actividad diaria la monarquía a los españoles, el diputado de Izquierda Unida Miguel Ángel Bustamante presentaba la semana pasada una batería de preguntas al Gobierno coincidiendo con la conmemoración del aniversario de la II República.
“Hemos presentado una pregunta para que publiquen su patrimonio, como nos obligan a los diputados, dado que la familia real española es una de las más opacas de Europa. La fortuna de Juan Carlos se estima que está en 1.800 millones de euros, cuando la asignación por parte de los Presupuestos Generales del Estado durante su reinado suma 320 millones de euros. Tampoco sabemos las partidas indirectas que van a parar a la Casa Real, como las que tienen que ver con la seguridad, el patrimonio, los viajes oficiales. “No hay transparencia real sobre los gastos que nos supone mantener a la monarquía”, concluye el diputado de IU por Sevilla.
“Es la segunda vez que presentamos las preguntas relacionadas con la Casa Real. El año pasado el Gobierno solo nos contestó —negativamente— a la cuestión de si tenían pensado convocar un referéndum entre monarquía o república”, puntualiza a este diario. Cuestiones como la visita del heredero saudí a España, con la consiguiente venta de corbetas por parte de Navantia que serán utilizadas en la guerra de Yemen, también han sido incluidas en el registro del Congreso de los Diputados. Para Bustamante, Felipe VI demuestra su ratificación al apoyo y amistad que tenía el rey emérito con Arabia Saudí, “un país que tiene una visión del islam extremista que nutre a los grupos yihadistas que cometen atentados como el de las Ramblas”.
A principios de abril conocíamos gracias al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 que la Casa Real contará con 8 millones de euros para el presente ejercicio, segundo año consecutivo en el que sube su asignación. En las cuentas que publica anualmente la monarquía se desglosan en grandes bloques el destino de lo presupuestado, en 2017 cerca de la mitad de los costes fueron a parar a gastos de personal, un 36% en gastos corrientes de bienes y servicios o un 8’56% a las asignaciones de los miembros de la familia real.
“La Casa Real no ofrece información más allá de la reflejada en la ley, este afán divulgativo y de transparencia que nos vendieron acaba donde estipula la ley y no dan más información. La Ley de Transparencia es ambigua, con poca profundidad de miras y no especifica cómo se deben redactar las cuentas de la Casa Real ni permite la reutilización posterior de los datos como marca la ley. Desde la Zarzuela separan sus gastos en grandes bloques, como mobiliario o familia real, y no detalla el destino final de ese dinero. Esto contrasta con la transparencia de otras monarquías que específican hasta el gasto que realizan en whisky”, detalla Manuel Álvarez, responsable del área de comunicación de Prnoticias.
De acuerdo a las informaciones de La Sexta o La Marea, el coste para los españoles de la monarquía asciende a 50 millones de euros si sumamos las cantidades aportadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores para los viajes de los reyes, las recepciones oficiales o la conservación del Patrimonio Nacional a cargo del presupuesto del Ministerio de la Presidencia (La Casa Real no ha contestado a las reiteradas peticiones de este diario acerca de la transparencia).
“Hubo un esfuerzo casi obligado por las circunstancias de dotar de mayor transparencia a la Casa con la publicación del presupuesto, los cambios en la web y el estilo de comunicación. Todo aquel esfuerzo inicial ha decaído y se aprecia en que no sepamos dónde van los reyes de vacaciones, pero a la vez hacen esfuerzos que la gente se toma a broma como entrar en la vida diaria de los reyes viéndoles tomar una sopa”, destaca Luis Arroyo -especialista en comunicación corporativa, política e institucional-.
La dificultad de Felipe VI por establecer un relato
En un reinado caracterizado por la baja intensidad de las apariciones de los reyes, desde la dirección de comunicación de la Zarzuela optaron por la idea de una familia idílica alejada de los escándalos y rupturas dentro de la dinastía. De esta forma, Felipe VI decidió retirar de los actos institucionales a las infantas Elena y Cristina marcando una ruptura clara con la etapa de su padre como monarca. A partir de entonces, las apariciones en la prensa rondarían en torno a los reyes y sus hijas Leonor y Sofía. También se reducirían a mínimos la presencia de los reyes eméritos, como consecuencia de sus desplantes y confrontaciones públicas.
Sin embargo, en uno de los pocos actos que compartían protagonismo los reyes eméritos con los actuales han tirado por la borda el esfuerzo por parecer una familia modélica. “El conflicto en público entre la reina Letizia y Doña Sofía ha dinamitado la estrategia de comunicación de la Casa Real y evidencia cómo las imágenes de febrero de una familia unida no son más que pura propaganda. Es una crisis de comunicación porque había actos programados por el 80 aniversario del rey y la reina emérita dónde se nos iba a mostrar la unidad de la familia, pero esa intención de que aparecieran juntos de cara a la sociedad ha provocado el conflicto de nuevo. Además, se produce en un momento en el que Felipe VI ha tratado de obtener legitimidad ante la sociedad posicionándose en el conflicto catalán”, apunta Manuel Álvarez.
El discurso en octubre de 2017 del rey Felipe VI en el punto álgido de la crisis entre el Estado y Catalunya fue alabado y criticado a partes iguales. En opinión de Javier del Rey, profesor de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y experto en comunicación política, ese posicionamiento responde a un intento claro de encontrar un relato similar al que tenía Juan Carlos I en torno al 23-F: “La Casa Real está falta de ideas para establecer un marco y un mito que sí tenía su padre. La narrativa bien podría ser la persona que asegure el encaje razonable de Cataluña en España, de ahí la reunión con empresarios catalanes intentando mediar y arbitrar en el conflicto. Puede explorar esa vía poniéndose de lado de la gente y de las demandas razonables de los catalanes y no de un determinado gobierno”.
Para otros expertos, en cambio, el posicionamiento ha ido más allá de lo que se presupone a la figura del rey. “La reina de Inglaterra no ha dicho una palabra sobre el brexit y en el tema catalán Felipe VI ha tenido una función que correspondía al Gobierno y que no estaba haciendo, que era arbitrar. Las circunstancias en las que arbitre tienen que ser muy muy excepcionales, como el golpe de Estado del 23-F”, defiende Luis Arroyo, quien considera que el esfuerzo por reflotar la figura del rey y la monarquía sigue siendo una asignatura pendiente.
“En realidad, la intervención del rey solo ha reforzado a los monárquicos convencidos que sentían el independentismo como una afrenta personal, provocando mayor rechazo entre quienes no comulgan con la monarquía”, concluye Manuel Álvarez.
Escrito por rpssg 
