La Junta de Castilla y León gastó a lo largo del ejercicio 2015 un total de 6.101.932,69 euros en ‘bufandas’ entre un reducido grupo de empleados públicos de confianza. Estas gratificaciones extraordinarias (completamente legales, aunque en muchos casos de difícil justificación) han vuelto a beneficiar especialmente jefes de servicio y los chóferes oficiales de algunos consejeros, para los que estas compensaciones suponen un auténtico sobresueldo.
El dato oficial de este reparto (último que se ha hecho público), un año más, ha sido facilitado por la viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María de Diego, como respuesta a una solicitud de documentación solicitada por el procurador socialista Pedro González Reglero, ya que el rastreo de unos datos que, en teoría, debieran exponerse públicamente en los tablones de anuncios de cada consejería, en la práctica resulta una tarea imposible.
La exposición pública de estas gratificaciones supondría en la práctica constatar que estas gratificaciones que, como su nombre indica, debieran tener un carácter extraordinario, acaba beneficiando casi siempre a las mismas personas y además con un carácter periódico. Así se pone de manifiesto al analizar algunos de los datos referidos, por ejemplo, a los chóferes.
En el caso del conductor del coche oficial del Consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, los cobros de estas gratificaciones al margen de su sueldo oficial en 2015 se produjeron en los meses de febrero, abril, septiembre y octubre. Todos ellos por una cantidad similar: entre 4.200 y 4.230 euros. En total, 16.835 euros al margen de su sueldo oficial.
Además, en el caso de la Consejería de Presidencia, en 2015, también repartió 95.709,54 euros por trabajos extraordinarios durante la jornada electoral celebrada en mayo entre otro grupo de empleados públicos. En este reparto también figura el nombre del conductor oficial del consejero, que también ‘pilló’, una gratificación de 160,78 euros.
Otro de los chóferes beneficiados por este reparto de ‘bufandas’ es el de la Consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, que a lo largo de 2015 y al margen de su remuneración oficial, recibió la nada despreciable cantidad 17.540 euros a razón de una media de 1.460 euros mensuales.
La Junta de Castilla y León, desde un principio, se ha resistido con uñas y dientes a facilitar esta información que debiera ser de manejo público alegando siempre la Ley de Protección de Datos personales de los funcionarios y empleados públicos que aparecen en los distintos repartos.
Sindicatos de la función pública consideran que el pago de estas ‘bufandas’ no está justificado ya que “la Administración tiene capacidad suficiente como para organizar la jornada ordinaria de trabajo de forma que no sea necesario abonar estas bufandas”. “La Junta, como mucho, debería compensar con descansos este tipo de trabajos extraordinarios fuera de la jornada laboral”, apuntan.
Para el procurador socialista Pedro González estas gratificaciones vuelven a poner de manifiesto que se trata de pagos mantenidos en el tiempo que benefician casi siempre a las mismas personas por lo que difícilmente pueden considerarse como retribuciones “extraordinarias”.
En 2017 la inflación creció casi cinco veces más que las pensiones y un 20% más que el sueldo de los funcionarios. Más de doce millones de personas han visto reducida su capacidad adquisitiva. La situación se repetirá en 2018.
En 2017 la inflación creció casi cinco veces más que las pensiones y un 20% más que el sueldo de los funcionarios. Más de doce millones de personas han visto reducida su capacidad adquisitiva. La situación se repetirá en 2018.
El Gobierno y el IPC condenan a funcionarios y pensionistas a tener menos dinero
Por Jorge Otero
El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha cerrado el año 2017 en el 1,2%, la tasa de inflación más baja del año. Pero ese dato no puede ocultar una cruda realidad para 12 millones de personas: funcionarios y pensionistas han visto cómo perdían poder adquisitivo de forma alarmante a lo largo del año que está a punto de concluir. Los primeros han perdido en este 2017 dos décimas de poder de compra tras ver cómo sus sueldos sólo crecían un 1%. Peor les ha ido a los pensionistas: las pensiones sólo subieron un 0,25%, cinco veces menos que la inflación.
La situación empeora si se tiene en cuenta la media anual de la inflación. En 2017 fue del 1,98%, ocho veces más que el incremento de las pensiones y el doble que el aumento del salario de los funcionarios. Afortunadamente para el Gobierno, el dato que se usa como referencia es el de la inflación de diciembre: aunque no puede sacar pecho, al menos puede maquillar el enorme desfase que existe entre el IPC y el ingreso de una gran parte de la población. Sin embargo, el Ejecutivo del PP retuerce los datos a conveniencia: en 2016 la inflación media fue negativa, el -0,2%, y el Gobierno se agarró a ese dato para justificar que los pensionistas no habían perdido poder adquisitivo cuando en realidad sí lo habían hecho.
Los pensionistas llevan años con las pensiones prácticamente congeladas —desde el 1 de enero de 2014 las pensiones han aumentado sólo un 0,25% cada año— y por segundo año consecutivo pierden bastante poder adquisitivo, una tendencia que, según muchos expertos, se va a mantener durante muchos años. En 2014 y 2015 los pensionistas no perdieron poder de compra gracias a que la inflación fue negativa en 2014 (-1%) y a que se quedó en el 0% en 2015. Pero ya en 2016 la inflación llegó al 1,6%, más de seis veces más que el incremento de las pensiones y en 2017 ha vuelto a ocurrir lo mismo.
Los funcionarios también pierden poder adquisitivo por segundo año consecutivo: en 2016 su sueldo sólo creció un 1% y ya perdieron seis décimas de capacidad de compra.
Esta situación se repetirá en 2018. Las previsiones de las mayoría de los analistas apuntan a que en el año que está a punto de comenzar, la inflación se situará entre el 1% y el 1,5%. El Gobierno ya ha anunciado que sólo subirá las pensiones un 0,25% —será el quinto año consecutivo—, con lo cual condena a los pensionistas a tener menos dinero en sus bolsillos. Valga un ejemplo: en los últimos cuatro meses el recibo de la luz aumentó diez euros al mes; con la subida del 0,25% la pensión mínima de jubilación para los menores de 65 años con cónyuge a cargo subirá desde 737,5 euros al mes por catorce pagas hasta 739,5 euros —apenas dos euros—, y las de los menores de 65 años sin cónyuge ascenderá a 598 euros, frente a los 596,5 euros al mes.
Tampoco les ha ido mejor al resto de los trabajadores. La subida salarial en convenio fue en 2017 del 1,43%, dos puntos por encima de la inflación interanual de diciembre, pero si se atiende a la inflación media, entonces la mayor parte de los trabajadores también han perdido capacidad adquisitiva, casi medio punto.
Sólo los 500.000 trabajadores que en España cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) han ganado con la situación: en 2017 el SMI subió un 8% y el año que viene lo hará un 4%. Pero son sólo una minoría, la mayoría sigue perdiendo con la inflación.
Como cada año, el Gobierno anuncia mediante el BOE la disposición por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas. En esta disposición, entre otras cosas, se anuncian los peajes y retribuciones que las empresas pueden contabilizar y que podrán repercutir en la factura de todos los consumidores a lo largo del año.
El documento recoge una serie de cuotas destinadas a fines especiales en las que se reconoce una retribución en conformidad al Real Decreto Ley 13/2014 del 3 de octubre. Esta misma ley, que autorizaba el pago de 1.351 millones de euros a Escal UGS, la empresa de Florentino Pérez que gestionaba el polémico Proyecto Castor, había sido declarada nula cinco días antes por el Tribunal Constitucional.
En concreto, el BOE reconoce un importe de 80.664.725€ a los titulares del derecho de cobro con cargo al sistema gasista. Esta cantidad acabará repercutiendo sobre los consumidores finales a modo de un incremento en las facturas debida al incremento en los peajes. Enagas, la empresa encargada del transporte de la energía y actualmente a cargo de las instalaciones del Castor, realizó una cesión de derechos de cobro con tres entidades financieras de la indemnización que se debía pagar a Escal. Los importes recogidos en las facturas de los consumidores irán directos para cubrir esos derechos de cobro sobre la indemnización.
La sentencia del Constitucional ha declarado nula, por unanimidad, la indemnización que se le pagó a la empresa de Florentino Pérez mediante un Real Decreto de urgencia. El pago fue abonado en el tiempo récord de 30 días. El Constitucional argumentó que no había motivos para realizar el pago mediante un decreto de urgencia y, por lo tanto, lo declaró nulo. Los artículos del RD 2.2, 4, 5 y 6 han sido declarados nulos, entre los que se encuentran el que realiza el cálculo de la retribución que tienen que cobrar las empresas comercializadoras de electricidad para recuperar el dinero que le pagó a la empresa gestora del Castor.
Para Mónica Guiteras, del Observatorí del Deute en la Globalització(ODG), ese pago se debería bloquear hasta que no se resuelva cuáles son las consecuencias del fallo del Constitucional. “El artículo 5 del RD es el que calcula los derechos de cobro de Enagas con cargo al sistema gasista, o sea que marca cómo se han calculado esos 80 millones que se van a pagar a costa del consumidor”, explica Guiteras a El Salto, “por lo que si apruebas algo con un mecanismo que el Constitucional dice que es nulo, deberían paralizar ese pago”.
Otra cosa que ha levantado sospechas entre las organizaciones sociales que, como el ODG, han denunciado las continuas sombras que existen en el caso Castor, ha sido la rapidez con la que se han aprobado estos pagos dada la situación de la sentencia del Constitucional. “La Disposición se acaba de publicar en el BOE, pero está aprobada desde el día 22 de diciembre, justo un día más tarde de que el Constitucional declarar nulo el RD”, lamenta Guiteras.
Cuando se aprobó el Decreto por urgencia, Enagas tuvo que hacer frente a la indemnización a la empresa de Florentino Pérez, para lo que recurrió a una cesión de derecho de cobro con varias entidades que abonaron la cantidad a Escal UGS. La indemnización fue directa a pagar a los bonistas de Escal UGS, entre los que se encontraba el Banco Europeo de Inversiones, que había prestado 300 millones de euros a la empresa de Florentino. Por lo que, según Guiteras, “los 80 millones de euros nos los cargarán en nuestras facturas y acabarán en los tres bancos que le concedieron el préstamo de urgencia, y que ahora debería ser anulado, Caixabank, Bankia y Banco Santander”.
EL COSTE ANUAL SUPERA LOS 100 MILLONES DE EUROS
Además, la Disposición también contempla otros 15,7 millones de euros en concepto de mantenimiento de la instalación del Proyecto Castor, ahora abandonada, como ya publicó El Salto. Esta cantidad también será cargada en la factura final de los consumidores.
A estas dos cantidades, se le suma otros 6,5 millones de euros en pago a la empresa Escal en concepto de déficit tarifario de 2014, otro de los gastos que muchas organizaciones sociales y partidos políticos ponen en entredicho. La suma de las tres cantidades arroja que el coste del Proyecto Castor en 2018 costará a los consumidores más de 102 millones de euros.
Cuatro de cada diez jóvenes en España están en riesgo de pobreza y la mitad de los que trabajan tienen contratos temporales y precarios ante la “pasividad” de nuestros gobernantes.
El Observatorio hace un seguimiento periódico de las condiciones sociolaborales y los procesos de transición a la vida adulta de los jóvenes mediante el análisis de elementos significativos como el empleo y la vivienda.
Con los datos del primer semestre de 2017, el estudio señala que la temporalidad afecta al 48,9% de la juventud ocupada y que el 92,4% de las nuevas contrataciones de menores de 30 años fueron de carácter temporal.
Para hacer frente a la entrada de una vivienda en régimen de propiedad, una persona joven debería cobrar más de cuatro veces su salario anual y para alquilar un piso, el 85,4% de su sueldo.
El Observatorio destaca que en este semestre se repite la pauta que viene reproduciéndose desde finales de 2008, que es “el retraso continuo del momento de abandonar el hogar familiar por parte de la población joven para poder comenzar un proyecto de vida independiente”.
Así, solo el 19,4% de las personas de 16 a 29 años está emancipada y el 37,6% está en riesgo de pobreza o de exclusión social.
Según el vicepresidente del Consejo de la Juventud de España (CJE), Víctor Reloba, estos datos “ponen sobre la mesa tanto la gravedad de la situación de vulneración que viven las personas jóvenes en nuestro país, como la pasividad e incapacidad de nuestros dirigentes para atajarla”.
Con este nuevo informe, el Consejo de la Juventud alerta y denuncia las condiciones laborales y sociales que sufre el colectivo joven, unas condiciones que se traducen en la imposibilidad de desarrollar un proyecto de vida propio e independiente del “colchón familiar” debido, por una parte, a la precariedad que caracteriza sus relaciones laborales, y por otra, a la dificultad para acceder a una vivienda, ya sea en propiedad o en régimen de alquiler.
Recuerda que la tasa de paro de las personas menores de 30 años alcanza el 29,7% y que el 92,4% de las nuevas contrataciones realizadas a jóvenes de 16 a 29 años fueron de carácter temporal, los contratos indefinidos solo fueron el 7,6%, lo que provoca que un 48,9% de la juventud que trabaja es temporal.
Además, casi la mitad de los jóvenes, el 47,7 %, desempeña trabajos por cuenta ajena de menor cualificación a la que realmente posee.
Las imágenes con su rostro y su cuerpo increpando a soldados israelíes armados hasta los dientes dieron vuelta al mundo. La joven activista palestina Ahed Tamimi de 16 años se convirtió rápidamente en el símbolo de la resistencia a la ocupación israelí en Cisjordania, tras su encarcelamiento la semana pasada. En todos los idiomas y en todo el mundo se extendió la campaña pidiendo por su libertad inmediata.
El recrudecimiento de la represión del Ejército de Israel sobre los palestinos aumentó en las últimas semanas, desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Una verdadera provocación para el pueblo palestino que considera a Jerusalén Este como su capital.
Ahed vive con su familia en Nabi Saleh, a 20 kilómetros de Ramallah, en la Cisjordania ocupada, cerca del asentamiento de Halamish, donde son frecuentes los roces con los colonos judíos, que ocupan cada día más territorio.
A pesar de que los asentamientos de colonos en Cisjordania son considerados ilegales por los organismos internacionales, Israel ha seguido aumentando el presupuesto para apoyar la ocupación y ha anunciado la construcción de nuevos asentamientos. Este mismo viernes el gobierno de Netanyahu asignó más de 11 millones de dólares a los asentamientos en Cisjordania para gastos de seguridad. Esa es la forma de en la que los colonos judíos pueden vivir siendo ocupantes en una tierra que no les pertenece: rodeados de soldados fuertemente armados que reprimen, persiguen, detienen y asesinan a los palestinos que luchan contra esa ocupación. Este es el caso de Nabi Saleh, el pueblo donde Ahed vive con su familia.
A Ahed se la llevaron detenida en medio de la noche, mediante una violenta redada, horas después de que se viralizara un video en el que se la ve gritando, abofeteando y pateando a un soldado israelí. En el video la joven discute con los soldados porque le habían disparado a su primo Mohammad, de 15 años, según contó su padre.
Luego del arresto -también apresaron a la madre y a la prima de Ahed-, el ministro de Educación y principal socio de la coalición de gobierno, Naftali Benet, dijo que las jóvenes «deberían acabar sus vidas en prisión», según publicó el diario israelí Haaretz.
Desde el ejército israelí confirmaron que sobre Ahed pesan las acusaciones de «agredir a un soldado» y este martes el tribunal militar le extendió el arresto a cuatro días.
Campaña internacional
Rápidamente, la mecha se encendió. Y miles de personas alrededor del mundo empezaron a redoblar sus esfuerzo par para pedir su liberación inmediata, sobre todo en las redes sociales.
El Comité de para Asuntos de los Presos Palestinos informó que el número de palestinos detenidos por las fuerzas de seguridad israelíes desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, declarase Jerusalén como capital de Israel, el 6 de diciembre pasado, se elevó a 610, entre ellos 170 menores.
Desde entonces, hubo un aumento de movilizaciones y acciones de resistencia en los territorios ocupados de Cisjordania y otras partes de la región.
«Ella quiere que nos vean como luchadores, no como víctimas, Ahed dice que hace lo que cualquier niño palestino, pero ella es filmada», contó su padre en una entrevista.
La fuerza de las redes sociales hicieron el resto. Desde hace días están inundadas de mensajes que piden la liberación de madre, hija y prima, bajo la etiqueta #FreeTamimiWomen, pero también aparecen los hashtags #FreeAhedTamimi y #LibertadAhedTamimi. Hoy su causa sigue sumando solidaridad.
En un reciente video de Médicos sin Fronteras, en el que cuenta brevemente su vida, Ahed concluye que «si la ocupación en Palestina continúa entonces quisiera ser abogada para defender a mis familiares si son detenidos, pero si mi país finalmente queda libre de la ocupación entonces me encantaría ser futbolista». Con ese solo ejemplo Ahed deja claro el flagelo que significa para la población palestina la política colonialista del Estado de Israel que ocupa permanente los territorios en Cisjordania, mientras que somete a la población de la Franja de Gaza a vivir en condiciones miserables y con todo tipo de restricciones, en una suerte de prisión a cielo abierto.
Ahed Tamimi ya se ha convertido en un símbolo de la resistencia de su pueblo, y ha generado una ola de solidaridad internacional con la causa palestina.
En estas fechas que los medios de comunicación nos transmiten que la “navidad” es un tiempo de paz, amor y fantasía. Nos quieren dar la impresión que todo está bien. Las compras navideñas están auspiciadas por la máxima de “si no compras no eres feliz”. De aquí parte este artículo.
En el Estado español cientos de miles de hombres y mujeres, siguen en el mejor de los casos cobrando 400 euros al mes y en el peor de los casos, sobreviviendo con pequeños trabajillos en negro, ayudas de amigos, contando los céntimos para comprar el pan, sin poner la calefacción porque no pueden pagarla y frustrados por no poder realizar regalos.
El sistema capitalista predica el consumismo y arroja al ostracismo a todos aquellos que no pueden responder a la llamada consumista. Así, la pobreza de buena parte de la sociedad española es asimilada por muchos como un trauma psicológico, una tristeza interna y una gran impotencia por no poder participar de la “fiesta” del consumo navideño y poder regalar cosas a sus seres queridos.
En el fondo sus seres queridos ya tienen su mejor regalo, su amor, su cariño y pese a la precariedad, poder estar juntos. Pero el capitalismo, todos los días, a todas horas, nos bombardea con su publicidad asfixiante, haciéndonos sentir mal, para que la rueda del consumismo siga dando vueltas y pase por encima de mujeres y hombres de distintas edades que han sido marginadas del mercado laboral, por su edad o por su condición y solo les queda sobrevivir.
En estas navidades los telediarios no se cansan de mostrarnos Papas Noel en hospitales, con niños con cáncer, que es una imagen muy comercial. Pero, ¿qué sucede con todas las personas adultas, sobre todo ancianos, que pasan días enteros en Urgencias o en la camilla de un pasillo? ¿Y qué de los familiares que sufren con desesperación el sufrimiento de sus familiares, infra atendidos por los recortes criminales y que cuando por fin les suben a una habitación, pareciera que nos ha tocado el gordo de la lotería?
Porque en esta realidad de la sanidad pública también se pasan las navidades. Cada mes van cerrando más plantas de camas en los hospitales y en cuanto estas un poco mejor, te dan el alta, por la falta de camas. Los sucesivos recortes hacen que haya muy pocos trabajadores para atender a decenas de miles de personas, que sufren más por la soledad en estas fechas en las que te imponen “ser feliz”. Como sufren familias enteras que ven a sus mayores en las últimas y se preguntan con amargura, ¿cómo vamos a sobrevivir sin la miserable pensión del abuelo/a? Y, mientras sucede todo esto, el sistema nos dice que hay que estar contentos y felices.
Frente este bombardeo de «felicidad y consumismo” debemos denunciar la hipocresía de este sistema capitalista, que nos engaña con la «felicidad» del consumismo barato. La felicidad no se compra.
Este supuesto sentimiento “navideño” con el que nos bombardean los medios es una falacia. Porque la felicidad sólo es verdaderamente factible mediante la fraternidad y solidaridad entre la clase trabajadora, la cual puede crear un verdadero sentimiento de ayuda y cariño, que además es el sentimiento más revolucionario que existe. En la unión y fraternidad de la clase trabajadora, incluyendo lógicamente a los parados, que sobreviven día a día, a hombres y mujeres marginados por su edad, su formación, su género o su etnia, está el “secreto” de la felicidad: la lucha por la revolución que cambie al mundo de base.
La reforma del sistema de pensiones, cuyas bases puso Zapatero y completó su sucesor Rajoy hace un lustro, avanza inexorable conforme a los calendarios marcados.
Año nuevo y condiciones aún más duras para la jubilación. La reforma del sistema de pensiones, cuyas bases puso Zapatero y completó su sucesor Rajoy hace un lustro, avanza inexorable conforme a los calendarios marcados y, con la llegada de 2018, incorpora novedades que suponen otra vuelta de tuerca. Son sustancialmente dos que, en muy pocas palabras, suponen trabajar más y cobrar menos. A partir del 1 de enero, la edad ordinaria de retiro aumentará hasta 65 años y seis meses –un mes más que hasta ahora–, pero podrán seguir jubilándose a los 65 quienes hayan cotizado al menos durante 36 años y seis meses, tres meses más que en la actualidad. En ambos casos se computarán para hacer el cálculo de la pensión los últimos 21 años cotizados; esto es, uno más que en 2017.
Y todo esto sucede mientras los partidos políticos, volcados en el debate sobre el ‘procés’ catalán, muestran su absoluta incapacidad para diseñar en el seno del Pacto de Toledo un nuevo marco que garantice la viabilidad del sistema, muy débil como evidencia el brutal déficit de la Seguridad Social: 18.000 millones de euros el año pasado, un agujero que este ejercicio acabará en niveles muy parecidos. Eso, sin contar con que a la denominada ‘hucha de las pensiones’ solo le queda para otra paga.
■ LA EDAD OFICIAL Y LA REAL. ¿Hasta qué edad habrá que seguir trabajando?
La acumulación de mensajes políticos y técnicos absolutamente contradictorios sobre la fortaleza del sistema de pensiones español es caldo de cultivo de debates, cada vez más frecuentes, sobre hasta dónde se estirará la edad de jubilación. Se sabe que en 2027 será a los 67 años, aunque podrán seguir retirándose a los 65 quienes para entonces hayan cotizado al menos 38 años y 6 meses.
¿Y luego? Hay expertos y países que plantean rebasar los 70 años, como Dinamarca, Italia y Países Bajos. Pero, al margen del debate, lo cierto es que en España la edad real de retiro ni siquiera llega a los 64 porque los sucesivos y progresivos recortes han llevado a muchos trabajadores a salir antes de tiempo del mercado laboral por miedo a que las cosas vayan a peor. Además, las posibilidades de jubilarse de forma anticipada, aunque supongan penalizaciones, presionan a la baja la edad media del retiro.
Resulta paradójico, porque la intención de la reforma era disponer de más población activa que financie las pensiones y, en paralelo, rebajar la factura: si una persona trabaja hasta los 67, aporta dos años más a la caja común y, encima, consume dos años menos de pensión. Y la realidad es que los ingresos menguan, entre otras cosas, por el peso de tantas prejubilaciones, motivadas en parte por el miedo. Aunque también es cierto que el gasto final en pensiones no se ve incrementado para la Seguridad Social, por las penalizaciones impuestas.
■ DOS O CUATRO AÑOS. ¿Hay cambios en los atajos para retirarse antes?
De forma paralela a los dos grandes cambios de 2018 –el aumento de la edad de retiro y de los años que se computarán para calcular la pensión–, también cambiarán las condiciones para jubilarse antes. Si es de forma voluntaria, será a los 63 años y seis meses, siempre que se hayan cotizado 35 años; y por cada trimestre de adelanto respecto a la edad oficial, la penalización será progresiva e irá desde el 2% de la base reguladora si se han cotizado menos de 38,5 años hasta el 1,625% de rebasarse los 44,5 años de afiliación.
Otro caso es el de la jubilación forzosa por causa de despido, en la que hay que restar cuatro años, esto es, hasta los 61 años y seis meses. Serán necesarios 33 años cotizados y la penalización va desde el 1,875% por trimestre adelantado para los de menos de 38,5 años cotizados, hasta el 1,5% para quienes lleven más de 44,5 años.
■ POR QUINTO AÑO, EL 0,25. Un poder adquisitivo que no se recuperará
El 1 de enero, las pensiones subirán un 0,25%, el mismo incremento que en los cuatro años precedentes y que es el mínimo fijado por la ley mientras persista la crisis del sistema. Un aumento irrisorio a la vista de la marcha de la inflación, que en noviembre cerró en el 1,7%, y que apenas llegará a los 2,5 euros mensuales para la mayoría de los jubilados.
Lo peor está por llegar. Los expertos vaticinan que los recortes incorporados, en forma de aumentos del tiempo cotizado y de mayor periodos de cómputo a la hora de calcular las pensiones, se van a traducir en una rebaja del 40% para las nuevas prestaciones por retiro a mediados de siglo. No resulta una quimera; ni tampoco lo es vaticinar que la pensión media llegue a ser más baja que la del año precedente, algo inédito en la historia;ni siquiera apuntar que en el futuro más de la mitad de las prestaciones estén en niveles mínimos.
Y no lo es porque el análisis de lo ocurrido en los últimos diez años permite ver que mientras en 2007 la cuantía media de la pensión de jubilación crecía casi al 6%, el pasado año apenas rebasaba el 2%. Y desde que en 2013 comenzara la aplicación de la última reforma del sistema, ya se ve que la prestación nueva de retiro fue en 2016 inferior a la de 2015.
■ LA VERDADERA AMENAZA. Paro y precariedad, los dos ‘jinetes del Apocalipsis’
Siendo cierto que los recortes amenazan uno de los pilares del Estado del Bienestar, el factor más preocupante es la suma de dos ‘jinetes del Apocalipsis’: el altísimo desempleo, sobre todo entre los jóvenes, lo que debilita la acumulación de derechos de pensión; y el abuso de los contratos temporales, que en España son el doble que en países de características similares. Esto es, el paro y la precariedad generarán, dentro de unas décadas, pensiones de miseria, lo que da cuerpo a la alarma de quienes dibujan un escenario de viejos pobres.
Son dos circunstancias que ponen en sordina el mantra oficial de que todos los problemas se resolverán en cuanto España alcance los 20 millones de cotizantes a la Seguridad Social. Ahora hay 18,4 millones y el objetivo parece alcanzable, pero ¿es sostenible una fórmula en la que quienes entran en el mercado apenas cobran 1.000 euros y con semejante cifra deben pagar a quienes se jubilan con pensiones muy superiores?
■ DIFERENCIA CON PAÍSES SIMILARES. Pocos incentivos para combinar pensión y trabajo
Una de las fórmulas para incentivar la permanencia en el mercado laboral es la posibilidad de cobrar la mitad de la pensión y seguir trabajando y cotizar de manera reducida, una fórmula que el Gobierno ha prometido mejorar para que se pueda cobrar la pensión completa. Desde la aprobación –el pasado octubre– de la nueva ley de reforma de los autónomos, este colectivo ya puede compatibilizar el trabajo con el 100% la prestación. Pero a juicio de la OCDE, que agrupa a los Estados más desarrollados, en España existen «desincentivos severos» para combinar un trabajo con el cobro de una pensión, mientras que «en la mayoría de los países no hay mayores restricciones» a poder hacerlo.
■ DESDE 2019. El ‘factor de sostenibilidad’ lo complicará todo aún más
El año que arranca será el último ‘normal’. A partir del 1 de enero de 2019 entrará en vigor el ‘factor de sostenibilidad’. Se traducirá en que las prestaciones de jubilación que se concedan a partir de ese momento deberán aplicar un recorte directamente proporcional al crecimiento de la esperanza de vida de los últimos cinco años. Esa mayor esperanza se calculará con los trabajadores mayores de 67 años que han sido pensionistas, y la estimación será realizada por la propia Seguridad Social. A modo de ejemplo, si los pensionistas mayores de 67 pasan en un lustro de vivir 20 a 20,5 años, ese 2,5% de crecimiento se recortará en la cuantía de la pensión resultante. La rebaja se hará de forma paulatina –0,5% cada año del siguiente quinquenio– y quedará incorporada para siempre. Así, si a un trabajador que se jubile el 1 de enero de 2019 le iban a corresponder 1.000 euros al mes, en realidad cobrará 995; y para otro que se retire en enero de 2023, la cifra bajará hasta 975. Los expertos calculan que el recorte real a partir de 2019 será del 0,45%, por lo que, salvo el improbable caso de que caiga la esperanza de vida, en 2050 únicamente este factor supondría un recorte del 15%.
Los datos demográficos cada vez asustan más
La OCDE, el club de los países más ricos del mundo, ha lanzado en las últimas semanas dos advertencias sobre el sistema español de pensiones, que ve demasiado generoso para el potencial real del país. Y en ambos casos, en el mismo sentido. Primero puso en duda que España vaya a ser capaz de pagar pensiones «decentes» a sus jubilados. Y después ofreció unas cifras que asustan. En 2050, el país tendrá 76 mayores de 65 años por cada cien habitantes entre los 20 y los 64 años. Supone más que duplicar el ratio actual, de 30 jubilados por cada cien personas en edad de trabajar. Y colocará a España como el segundo país más envejecido del mundo, tras Japón y por delante de los otros cuatro grandes de la UE: Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia.
Aunque todavía queda un año, la ‘amenaza’ de este factor ya será palpable en 2018. En los últimos meses se espera un aluvión de retiros adelantados por parte de trabajadores temerosos de que sus pensiones sufran todavía más, ya que al tratarse de personas que empezaron a trabajar muy pronto y por tanto tienen largas carreras de cotización, las penalizaciones que suponen ese adelanto pueden ser inferiores a los recortes que conllevan las reformas.
■ NUEVA REGULACIÓN. Los planes de pensiones siguen lejos de Europa
Una de las pocas decisiones adoptadas hasta ahora para encarar el preocupante futuro de las pensiones ha sido la tomada recientemente por el Ejecutivo central para regular a la baja las comisiones que cobran a los más jóvenes los fondos privados por gestionarlos. Pero en España es una fórmula que no acaba de cuajar como complemento de las pensiones públicas. Así, a finales de septiembre, el patrimonio acumulado era ‘solo’ de 109.000 millones, una cifra importante pero muy alejada de los usos y costumbres de nuestro entorno europeo ya que solo representa el 9,6% del PIB.
Pocas son las veces en las que la Familia Real decide y puede reunirse. Con motivo de estas fechas tan especiales, este pasado 25 de diciembre los Reyes eméritos, Don Juan Carlos y Doña Sofía quisieron organizar un almuerzo navideño. Los monarcas invitaron a comer a los Reyes actuales, Felipe y Letizia, además de a sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Pero no fueron los únicos, porque la Infanta Elena y sus dos hijos, Froilán y Victoria Federica, tampoco faltaron.
Pero Don Juan Carlos también quiso contar con la presencia de sus dos hermanas, la infanta Margarita, que llegó con su marido, Carlos Zurita, y sus dos hijos, Alfonso y María, que el próximo año se convertirá en madre por primera vez, además de doña Pilar, que lo hacía acompañada de sus cinco hijos y de sus muchas de sus nueras y sus nietos.
Pero el Rey también quiso invitar a esta comida de Navidad a algunos de sus primos, llegando a reunirse casi un centenar de miembros de la familia Borbón.
Todos, menos Cristina
Una vez más, la ausencia más notable del día fue la de la Infanta Cristina. La hija pequeña de los Reyes no acudió a este almuerzo, al que dejó de ir hace ya un par de años, aunque las puertas de la residencia oficial ya las tenga abiertas. Todo apunta a que Cristina pasó este día en compañía de su marido, Inaki Urdangarin, sus hijos y su familia política, en Vitoria.
La comida tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela y consistió en un bufé libre, en el que cada uno podía servirse lo que quisiese. Aunque fuese un día festivo y gran parte del personal de Palacio estuviese celebrando este día con sus respectivas familias, sí trabajó parte del servicio, que hizo lo posible para que los invitados se sintieran como en su propia casa.
Estos días y hasta comienzos de año, los actuales Reyes podrán disfrutar de unos días de descanso con sus hijas, en los que aprovecharon para hacer planes personales en familia y que seguramente no trascenderán públicamente.
El nombramiento de Francisco Javier Romero, una persona ajena al cuerpo de inspectores como nuevo Jefe del Área de Inspección de la Dirección Provincial de Educación de Segovia, ha levantado ampollas entre los partidos de la oposición autonómica. Tanto Podemos como el PSoe han registrado preguntas en las Cortes para que el Gobierno del PP de explicaciones sobre este nombramiento que, según sostienen “se salta la ley”.
Según la legislación vigente, el nombramiento del Jefe de Inspección debe realizarse entre miembros del Cuerpo de Inspectores de Educación, requisito que no cumple el recientemente nombrado, señala Podemos en un comunicado en el que recuerda que la situación que se da en Segovia es claramente anómala: Existen actualmente nueve inspectores de educación, seis de los cuales están en situación de inspectores «accidentales», es decir, que no han aprobado sus respectivas oposiciones al cuerpo de inspectores “por lo que no están legitimados para desempeñar esta función”.
“La legislación es clara al respecto y establece que, la labor de inspección debe ser realizada por funcionarios públicos del Cuerpo de Inspectores. Aún más llamativo resulta que la administración se salte la ley para nombrar Jefe de Inspección a un «accidental» y no a un miembro de dicho cuerpo”, recuerda la formación morada.
Por todas estas razones, el grupo parlamentario Podemos Castilla y León y también el PSOE piden a la Junta que justifique las razones de excepcionalidad para el mantenimiento de tan elevado número de inspectores «accidentales», algunos de larga trayectoria, que no han superado las oposiciones de inspección habiendo, además, formado parte de tribunales para la selección de otros inspectores «accidentales».
“Consideramos que este tipo de actuaciones en los procesos selectivos vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad”, afirma Podemos.
Finalmente, Liborio Ruíz acatará la sentencia, asumirá los cargos y procederá al pago de la sanción económica. Tras ver que no podremos defendernos a través de las vías de la justicia, el grupo responde como mejor lo sabe hacer, a través de la música, con el último single titulado ‘’Nos Persiguen’’, una canción en protesta por los hechos ocurridos.
Desde Rokavieja, queremos mostrar nuestra más profunda decepción por la resolución en los Juzgados de Murcia en la que se ratifica la sanción impuesta sobre uno de los integrantes de la banda, Liborio Ruíz, quien finalmente ha sido sancionado por utilizar, tal y como nosotros entendemos, su derecho a la libertad de expresión.
Los hechos por los que Liborio Ruíz fue sancionado se produjeron durante la celebración de un concierto en el municipio de Yecla (Murcia) el pasado 16 de septiembre de 2016. Durante el transcurso del mismo, la banda observó cómo varios Agentes de la Policía Local de Yecla interrumpieron en el público para detener a uno de los asistentes por motivos que en ese preciso momento la banda desconocía por completo. Tras observar la desproporcionada fuerza con la que los agentes realizaban su trabajo (fueron 4 los agentes que intervinieron realizando una actuación no acorde, creemos, con lo que estaba sucediendo), e imaginando que la edad de la persona que estaba siendo inmovilizada apenas podía superar los 18 años, dos de los miembros del grupo pronunciaron, respectivamente y en este orden, las frases ‘’A ver si podéis con él’’ y ‘’Mucha policía, poca diversión’’, una consigna que lleva pululando por los escenarios y entre la juventud española desde que en 1983 la banda originaria de Santurce, Eskorbuto, la incluyese como título del que fue su primer álbum. Tras esa escena, a pesar del desconocimiento de lo que había pasado, el grupo prosiguió con su actuación con total normalidad.
Un mes más tarde de aquellos hechos, Liborio Ruíz recibió una nota con una sanción en la que las autoridades ponían en su boca ambas frases anteriormente mencionadas y en la que se alegaba que la intención del demandado fue provocar a las masas en contra de la policía e impedir la actuación policial. Como se ha mencionado anteriormente, en ningún caso el motivo de aquellas frases fue alentar al público a impedir el trabajo de la policía, sino que fueron pronunciadas sin premeditación y como una forma de opinión ante la escena que se estaba desarrollando en mitad de su concierto. Ante estos hechos, el grupo decidió tratar de revocar esa sanción en instancias superiores de justicia, amparándose en su derecho a la libertad de expresión en cuanto entendían que los hechos fueron erróneamente interpretados por los agentes de la autoridad, quienes entendieron que las frases fueron pronunciadas con el fin de alterar el orden público cuando la banda solamente quería expresar su disconformidad con la actuación policial.
El pasado 19 de diciembre de 2017, el abogado de Liborio Ruíz recibió la resolución del Juez en la que el mismo ratifica y apoya la sanción interpuesta por la Policía Local de Yecla, en la que finalmente se condena al demandado por los cargos de alteración del orden público con una sanción de 375 euros. Desde Rokavieja queremos mostrar nuestro más profundo rechazo a esta sentencia en cuanto a que entendemos que los hechos no se produjeron tal y como en la sanción se relatan, y reiteramos que el propósito de aquellas frases fue la de denunciar un hecho completamente innecesario durante el transcurso de nuestro concierto, y no el alterar el orden público o alentar a las masas a atacar a la policía (situaciones que no llegaron a producirse en aquella noche del 16 de septiembre de 2016). Creemos que la justicia no ha estado acertada con esta resolución, y tememos que en el futuro más artistas y bandas de música puedan verse en la situación de ver recortada su libertad de expresión.
Finalmente, Liborio Ruíz acatará la sentencia, asumirá los cargos y procederá al pago de la sanción económica. Tras ver que no podremos defendernos a través de las vías de la justicia, el grupo responde como mejor lo sabe hacer, a través de la música, con el último single titulado ‘’Nos Persiguen’’, una canción en protesta por los hechos ocurridos.
Escrito por APR_Segovia 
En 2017 la inflación creció casi cinco veces más que las pensiones y un 20% más que el sueldo de los funcionarios. Más de doce millones de personas han visto reducida su capacidad adquisitiva. La situación se repetirá en 2018. 
Pocas son las veces en las que la Familia Real decide y puede reunirse. Con motivo de estas fechas tan especiales, este pasado 25 de diciembre los Reyes eméritos, Don Juan Carlos y Doña Sofía quisieron organizar un almuerzo navideño. Los monarcas invitaron a comer a los Reyes actuales, Felipe y Letizia, además de a sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Pero no fueron los únicos, porque la Infanta Elena y sus dos hijos, Froilán y Victoria Federica, tampoco faltaron.
Colectivo Republicano Antonio Machado 