Negacionismo, infopandemia y covid19. José María Manzano Callejo

26/08/2021
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La negación como mecanismo psicológico de defensa inconsciente fue descubierto por Sigmund Freud. Los mecanismos de defensa son estrategias de nuestro psiquismo para mantener el equilibro del mismo frente a la angustia que provocan determinados conflictos intrapsíquicos y también de la realidad, que podrían afectar peligrosamente a nuestro YO.

El mecanismo de negación es un mecanismo de defensa que consiste en enfrentarse a los conflictos, negando su existencia. Se rechazan aquellos aspectos de la realidad que se consideran desagradables o intolerables, intentando controlar la angustia que provoca esa situación, negándose a reconocer algunos aspectos dolorosos, y que son evidentes para los demás. Se le considera uno de los mecanismos de defensa menos eficientes. Este mecanismo de defensa es el que subyace como explicación al fenómeno del negacionismo en el Covid19.

Por tanto, el negacionismo de la Covid19 es la creencia que esta enfermedad infecciosa y la pandemia que ha provocado desde 2019 no son reales, o al menos no es tan grave como refieren las autoridades sanitarias.

Los negacionistas siguen erre que erre con la negación del virus y de la enfermedad y se proclaman en “voceros” en contra de la única, hasta ahora arma contra la pandemia, la vacunación.

Así, por ejemplo, medios de comunicación como Discovery Salud, que incluso se venden en algunas clínicas, y otros medios de comunicación similares digitales, tienen un largo historial de negación de enfermedades desde el sida hasta el cáncer. Políticos como Bolsonaro o Macri, hablaron en su momento de una “pequeña gripe”. Movimientos organizados negacionistas del Covid19, como el de Esteban Caval, que difunde como hay médicos, biólogos y otros científicos que intentan demostrar que la pandemia es una estafa global para vender vacunas peligrosas que pueden modificar nuestro ADN que llevaran a consecuencias desconocidas. Recientes divulgaciones escandalosas como las de Josep Palmés, agricultor divulgador de teorías pseudocientíficas junto con Miguel Bosé en la localidad leridana de Balaguer, que han tenido gran difusión mediática, abonan este peligroso movimiento contra la salud pública.

Poco después del primer brote de esta enfermedad surgieron las teorías de conspiración y desinformación con respecto al origen, prevención y tratamiento de dicha pandemia. Todas estas acciones naturalmente se propagaron como la pólvora por todas las redes sociales, así como por medios estatales en algunos países.

En 2015, la revista Nature Medicine publicó un estudio de un grupo internacional de investigadores, incluido Shi Zhengli, que en 2019 identificó el virus SARS-Cov-2 en Wuhan, sobre la creación de un posible virus patógeno para humanos. Esta publicación en 2019 generó numerosas especulaciones sobre que el virus SARS-CoV-2 podía ser una variante de dicho virus creado por humanos.

En 2020 la citada revista Nature Medicine publicó un artículo en contra de la teoría de la conspiración de que el virus se creó artificialmente en un laboratorio. Los datos genéticos demostraban de forma irrefutable que el virus no se deriva de una plantilla de virus utilizada anteriormente, demostrándose que la estructura molecular general del virus no deriva de una plantilla utilizada anteriormente, la estructura molecular de este coronavirus era distinta de los coronavirus existentes y sí muy parecidos a la de los virus de los murciélagos.

Otro dato de sumo interés es la publicación en febrero de 2020 del Financial Times en la que el mayor experto en este virus Trevor Bedford refería que no había evidencia de manipulación por ingeniería genética, ya que las mutaciones de este virus del Covid19 son completamente compatibles con la evolución natural del  mismo y este autor defiende la teoría basada en el análisis genético, de que el virus fue trasmitido por un murciélago a un mamífero entre 20 y 70 años antes, animal intermediario no identificado aún, quien lo pasó al primer huésped humano en la ciudad de Wuhan. Pues bien, a pesar de informaciones científicas como estas, se siguen escuchando voces a favor de la teoría conspiranoica.

En abril de 2021, la Real academia Española de la Lengua aceptó el término “covidiota”, tomado del anglicismo “covidiot”, término surgido en las redes sociales de internet, para referirse de forma peyorativa, a personas que niegan la existencia del virus, o también para quienes no cumplen con las normas establecidas por las autoridades sociales para hacer frente a la pandemia.

https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/negacionismo-infopandemia-covid19-psicologia-vacunas/20210818131907190408.html


Luz o pan, alarma constitucional. Domingo Sanz

19/08/2021

Ayer tuvimos pan, hoy solo podemos luz, se dijeron entre ellos, un día más, los dos.

Una realidad alarmante, quizás para millones.

Quizás por situaciones como esa, el 12 de agosto le preguntaron a Teresa Ribera en la SER y, como estoy harto de que la Constitución sirva de muletilla, un día en boca de la oposición y otro en la del gobierno, decidí buscar luz, o algo parecido, entre los 169 artículos de esa ley.

Pero antes llegó el día siguiente, y la prensa de papel estaba llena de noticias sobre lo mismo, incluidas referencias a la entrevista de Ribera, aunque no he leído ninguna que se hiciera eco de la mención constitucional.

Leí en una portada a las asociaciones empresariales afirmando que “el elevado precio de la luz pondrá en aprietos a muchas empresas” y en la editorial que “España tiene los precios más elevados de la factura eléctrica de toda la UE”, dato al que es obligado añadir que en PIB per cápita ocupamos el puesto 14 de los 27 de la UE, algo gravísimo teniendo en cuenta lo de nuestra luz, pero además dramático, pues también somos el tercer país más desigual.

También decían que “la UE ha tenido que recordar al Gobierno español que sí dispone de mecanismos legales que pueden atemperar esos precios”. Y que lo de la rebaja temporal del IVA no ha sido suficiente.

En páginas interiores titulaba que “el Gobierno abre la puerta a una empresa pública para gestionar la hidroeléctricas” pero El Diario, de Escolar, advierte que “Casado se burla del plan del Gobierno para crear una eléctrica pública obviando que la mayoría de países la tienen”.

Por si usted quiere vender el coche eléctrico que ha comprado, pues ya sabe que no tendrá dinero para recargarlo, leí en otra página que “el precio de la gasolina vuelve a subir en su mes de agosto más caro desde 2013”.

Los de las páginas de sucesos no iban a ser menos, y G. Esteban informaba de un “detenido por amenazar a su compañero de piso por el consumo de luz” tras una discusión por dejar la luz encendida. ¿Le suena? Pues peligro.

Y, por fin, los humoristas. “Tueldús”, en la última página, dibujó a uno encendiendo un ventilador y, detrás de él otro le pregunta: “Cuando enchufas algo, ¿te dan energía o te la quitan?”. Elija usted la respuesta que menos gracia le haga.

En el de “PEPE” aparece el clásico prepotente marca de la casa, ocupando tres cuartas partes de la viñeta, mientras le dice al también habitual pequeño y asustado que “El problema es que los pobres queréis tener aire acondicionado por encima de vuestras posibilidades”.

Pido la cuenta y le pregunto al dueño del bar y del periódico leído y aquí contado, el Última Hora de Mallorca. Me dice que pagaban 1.400 y ahora son 2.200 € lo que les cuesta cada mes el recibo de la luz.

De regreso a casa me pongo a revisar los 169 artículos de la Constitución. No me puedo quitar a Ribera de la cabeza.

No encuentro la palabra “luz” porque, como el aire que respiramos, supongo que dieron por descontada. En cambio, los artículos 38, 47 y 51 sí que hablan de la planificación económica del gobierno en el marco de la economía de mercado, del derecho a disfrutar de una vivienda digna en la que las del sol, la luna y las estrellas no serían las únicas luces disponibles, y de la obligación del gobierno de regular el comercio interior.

Es evidente que esos artículos no se cumplen en los términos previstos en la Constitución, por lo que el Gobierno tiene trabajo por delante para mejorar mucho en lo que se refiere al “comercio” de la luz artificial.

No obstante, conviene recordarles, a la ministra y al Gobierno, que también hay otros artículos en la Constitución, tan en vano mencionada.

Por ejemplo, el artículo 76 dice que “el Congreso y el Senado podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público”. Resulta que en enero de 2017 UP exigió la creación de una comisión de investigación sobre el precio de la luz, que subía, pero ahora, que sube mucho más, el Gobierno en el que la misma UP tiene ministros se niega a crear una comisión sobre el mismo problema. Parece una actitud muy poco inteligente pues, aunque quien la pida ahora sea el mismo PP que la negó en 2017, esa comisión parlamentaria siempre investigaría a las grandes eléctricas. Y resulta mucho más difícil de aceptar por su electorado si quien impide esa investigación es un gobierno de coalición progresista.

Y también podría el Gobierno aplicar un 116 que, como únicamente suspendería, temporalmente, la libertad de los dueños de las grandes eléctricas para poner unos precios que obligan a millones a elegir entre luz y pan, no es probable que, dentro de un año, aparezca un Tribunal Constitucional con el mandato caducado diciéndole al Gobierno y al Congreso que mejor hubieran declarado es el Estado de Excepción. Pero si tienen miedo a esos jueces, que apliquen directamente el 55.

¿No le parece, señor Sánchez, que esta pandemia de abuso de posición dominante se merece, al menos, una respuesta urgente y a la misma misma altura que contra cualquier otro virus?

No he leído que la Constitución se lo prohíba.


Bajar la factura de la luz: ¿tocar los impuestos o algo más?

21/06/2021

Bajar el IVA o suspender de manera temporal el impuesto a la generación eléctrica como ya se hizo a finales de 2018. Son las dos principales medidas que está barajando el Gobierno para rebajar la subida de la luz. El precio de la electricidad no para de subir y puede provocar que la factura de la luz de junio sea la más cara de la historia en España.

Esta situación provoca el incumplimiento del artículo 3.2. del acuerdo firmado por PSOE y Unidas Podemos en 2019 para formar gobierno. En él, se recogía explícitamente la obligación de una “reforma del mercado eléctrico” y la “bajada de la factura” para los consumidores con el objetivo de hacer “el sistema más justo socialmente”.

Dentro de este punto se incluía la realización de los cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico “para acabar con la sobrerretribución (conocida como “beneficios caídos del cielo”) que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías”. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado esta semana que el Ejecutivo está “estudiando” aprobar por decreto este mecanismo, que supondría una reducción de los ingresos de las grandes compañías de unos 1.000 millones de euros anuales.

De manera paralela, la reducción o suspensión de algunos impuestos también está sobre la mesa. El propio Garzón se ha mostrado partidario de una “reducción posible, hipotética, del 21% al 10%” de IVA. La medida ha sido bien acogida desde la organización de consumidores Facua, que lleva proponiendo esta bajada desde hace años: “Si tomamos los datos del usuario medio en los últimos seis meses, una persona se podría ahorrar cada año algo más de 81 euros, que es un ahorro significativo”, explica el secretario general de la organización, Rubén Sánchez. Por el contrario, no cree que suspender de manera temporal el impuesto a la generación eléctrica sea una buena medida, ya que “representa en la factura poco más de lo que cuesta un café”.

Para Laura Feijoo, del departamento técnico de Ecooo Rvolución Solar, retocar el IVA debe ser parte “de una remodelación integral del sistema fiscal por uno con mayor carácter progresivo”. Por ello, pide que la medida se acompañe de otras muchas con el objetivo de que no se interprete por parte de la ciudadanía “que el problema de que el recibo de la luz es caro en España es por culpa de los impuestos”. En el caso del el impuesto a la generación eléctrica, Feijoo opina que su supresión debería acompañarse de “mecanismos que obligaran a las compañías a repercutirlo en el importe a pagar por el consumidor”.

El profesor y director de Economics for Energy Pedro Linares explica que, “evidentemente, bajar los impuestos abarata la factura, pero lo hace a costa de una pérdida de recaudación”. Un problema que, según Rubén Sánchez, se podría solucionar a través del aumento de los impuestos directos a grandes rentas y a empresas con grandes beneficios. A pesar de ello, el profesor Linares defiende que la reducción o eliminación de determinados tributos es injusta socialmente: “Los bajas para todos y quien más se beneficia es quien más consume. Para mucha gente, la factura es un tema menor en su presupuesto”, sostiene.

Álvaro del Río conoce bien el sistema desde dentro, ya que fue director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) entre 1983 y 1989. Opina que es “trágico” que la acción del Ministerio de Transición Ecológica sea reducir los ingresos del Estado mientras se apoyan los beneficios “abusivos” de las grandes empresas “ante la subida artificial de tarifas por la muy previsible manipulación oligopolista del mercado”. 

Tampoco cree que esta medida sea la solución el catedrático de Economía Aplicada de la UCM y autor de El oligopolio que domina el sistema eléctrico (Akal), Enrique Palazuelos. Aunque defiende que eliminar de manera temporal el impuesto a la generación eléctrica “es un buen remedio a corto plazo”, no ve aconsejable “improvisar sobre la marcha” con otros impuestos como el IVA:  “Reduciría bastante la previsión de los ingresos estatales y focalizaría el problema hacia donde no está la solución”, asegura. Para evitar esquilmar las arcas públicas, Álvaro del Río tiene claras las contramedidas: “Si se considera bajar el IVA, los impuestos sobre los salarios –disparatados en altos cargos– y los beneficios, debieran ser mucho mayores”, propone.

Los impuestos a nuestro alrededor

La carga impositiva en la factura de la luz es dispar en los Estados de nuestro entorno. “Países grandes como Italia o Reino Unido tienen tipos reducidos, pero lo más habitual es tener el tipo estándar como Alemania, Holanda o los países nórdicos”, explica el especialista en mercados energéticos y actual director general de Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana, Pedro Fresco. En el caso francés, por su parte, se aplica un IVA reducido a la parte fijo y el IVA estándar a la parte variable, una opción que Fresco considera “interesante” porque “no va contra las políticas de eficiencia energética pero, a la vez, convierte el suministro eléctrico en algo de baja fiscalidad”. 

Finalmente, Portugal adoptó el modelo francés hace dos años para los hogares con poca potencia contratada, llegando a conseguir que la Unión Europea le permita tener un IVA reducido para los primeros kWh consumidos y, una vez superado el límite, se aplica tasa estándar. En el acuerdo entre UP y PSOE se establece una modificación de la factura eléctrica para que “el coste a pagar por las personas consumidoras por los primeros Kw/h sea inferior a los siguientes, incentivando la eficiencia energética”. Según Rubén Sánchez, esta es una cuestión en la que también hay que “apretar”.

Más allá de la bajada de impuestos en la factura de la luz

Pero, sin tocar los impuestos, ¿es posible abaratar la factura de la luz con el marco regulatorio actual? Asume el profesor Pedro Linares que la reforma del sistema eléctrico “es complicada”, aunque defiende que desde el Ejecutivo se han ido tomando algunas medidas en esa dirección, los cuales no parecen haber dado sus frutos en el corto plazo. Cree, no obstante, que una de las formas a medio plazo de abaratar la generación es aumentar la cuota de renovables en el mix, cuyo precio es mucho menos volátil. Una opinión que también apoya Pedro Fresco: “Lo que tenemos que hacer es doblar esfuerzos en la instalación de energías renovables […]. A más renovable, electricidad más barata”.

Laura Feijoo apuesta por la “pedagogía” hacia la ciudadanía: “Una de las formas más eficientes y rápidas para bajar la factura de la luz es comprobar si nuestro término de potencia está bien contratado”, explica. Consciente de que el problema no puede dejarse únicamente de la mano del consumidor, cree que el Gobierno ya ha comenzado a dar pasos “con bastante valentía” en temas como la eliminación de los beneficios caídos del cielo” o la implementación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), “que pretende sacar de la factura de la luz el coste de las primas a las energías renovables que asumirán principalmente las grandes compañías petroleras”. Todo ello, según Feijoo, debe acompañarse del “control, análisis e investigación de las grandes compañías del oligopolio que en un sistema eléctrico como el español pueden tener capacidad de manipulación de los precios”.

El bono social es una prioridad para Facua. Piden que suponga un descuento de al menos el 50% en las facturas de luz, gas y agua para aquellas familias que sean consideradas vulnerables. Para las familias cuyos ingresos no superen un salario mínimo, Facua pide que sean consideradas en riesgo de exclusión social y que el descuento llegue al 70%, el cual se verá incrementado en función del número de hijos, dependientes, con discapacidad o mayores de 65 años que formen parte de la unidad familiar.

En el corto plazo, el catedrático Enrique Palazuelos no cree que el Gobierno disponga de más opciones que retocar los tributos y acabar con la sobrerretribución, es decir, con los beneficios caídos del cielo. En el medio plazo, apunta hacia tres principales problemas estructurales: “El pésimo funcionamiento del mercado mayorista-marginalista; las sobrerretribuciones que siguen recibiendo los peajes […] y los problemas derivados de cómo han decidido la CNMC y el Gobierno reajustar su pago entre los consumidores”. Ante ello, en el plazo máximo de un año, defiende que el Ministerio de Transición Ecológica debería negocia estos cambios con las empresas del  oligopolio “instándoles a reconocer el derecho de los poderes públicos a llevar a cabo reformas profundas en un sector estratégico”.


Décadas sin respuesta del Estado español a miles de denuncias de desaparición forzada y apropiación de niños y niñas.

19/03/2021

En el Estado español, cientos de madres están buscando a sus hijos perdidos hace décadas. Aseguran que sus bebés fueron robados al nacer para ser dados o vendidos en adopción. Durante el franquismo, algunos bebés les fueron quitados a opositores políticos, madres solteras o familias pobres y entregados a familias consideradas capaces de darles un crianza “preferible”. En algunos sitios, los casos de robo y tráfico de menores fueron reportados hasta después de la muerte de Franco y la transición democrática. A mediados de junio el Tribunal Supremo español dejó abierta la puerta a la investigación de los casos de bebés robados en España desde la dictadura franquista hasta avanzada la democracia.

INFORME DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

El Parlamento tiene una oportunidad histórica de aprobar una Ley sobre bebés robados que permita la búsqueda e identificación de niños y niñas, y garantice verdad, justicia y reparación.

Durante más de 50 años, desde finales de la Guerra Civil hasta los 90, miles de personas pudieron ser objeto de desaparición forzada, o de sustracción y sustitución de sus identidades. Se vulneró, también, el derecho a la protección de la vida familiar, el derecho a la identidad, a la nacionalidad, al nombre, y a las relaciones familiares sin injerencias ilícitas. Son los conocidos como “bebés robados”. La respuesta por parte del Estado ha ido desde la autoría o complicidad en los primeros años, hasta la actual atención desinteresada, inadecuada e insuficiente a los miles de procesos de búsqueda iniciados por personas que no conocen su identidad ni la de su familia biológica; o por madres y padres, hermanos o hermanas, que desconocen la suerte y paradero de sus hijos o hijas, o familiares.

Las sustracciones ilegales denunciadas se habrían producido primero en cárceles, y luego en hospitales, maternidades, casas  cuna, centros de beneficencia, en algunos casos directamente gestionados por congregaciones religiosas, que carecían de una adecuada supervisión por parte del Estado. Amnistía Internacional ha constatado cómo bebés llegaron a ser entregados a familias de México o Chile, siendo registrados como hijos e hijas biológicos. La ideología de género franquista que puso el foco en el control de las mujeres, su sexualidad y su maternidad, impuso la creación de leyes, algunas vigentes hasta finales de los 90, que permitieron amparar la sustracción ilegal de bebés. Estas son algunas de las principales conclusiones del informe, ‘Tiempo de verdad y de justicia’. Vulneraciones de derechos humanos en los casos de «bebés robados», presentado hoy por Amnistía Internacional.

«Durante la investigación, hemos documentado casos en los que hay indicios de que se den los tres elementos que establece el derecho internacional para considerar que podemos hablar de desaparición forzada: primero, la sustracción del bebé; segundo, con la participación, o con la tolerancia o aquiescencia del Estado; y, tercero, la negativa por parte de las autoridades para revelar la suerte o el paradero de la persona desaparecida», explica Daniel Canales, investigador del informe.

Décadas sin respuesta

«Lo que busco es un bebé muerto, como no lo encuentro, lo busco vivo», son palabras de Marga Calvo que busca a su hijo nacido en julio de 1975.

Siempre que hay sospecha de que puede darse un caso de desaparición forzada, el Estado tiene la obligación absoluta de investigar estos delitos, que no prescriben hasta que se esclarezca la suerte y paradero de las personas desaparecidas, y se les garantiza la posibilidad real y legal de restablecer su verdadera identidad.

Sin embargo, Amnistía Internacional ha podido constatar que los procesos de búsqueda continúan encontrando obstáculos, y resultan ser en su mayoría, infructuosos. Aunque en los últimos años se han puesto en marcha algunos recursos para abordar este tema, como el Servicio de Afectados del Ministerio de Justicia, no cuenta con los medios suficientes, no hacen acompañamiento a las víctimas, apenas siguen los casos, y no proporcionan apoyo psicológico, ni orientación jurídica.

«Pese a los esfuerzos realizados, la mayoría de las investigaciones emprendidas por la Fiscalía fueron cerradas sin haber podido proporcionar certeza ni avances significativos en la búsqueda de verdad, justicia y reparación de las víctimas. Desde 2011 hasta enero de 2021, se emprendieron 2.138 diligencias, de éstas solo una, que se inició en Barcelona en febrero de 2020, permanece todavía abierta. Del total de estas diligencias, 526 llegaron a ser judicializadas. Sin embargo, múltiples juzgados aplicaron la prescripción de los hechos, negando con ello el carácter continuo de la desaparición forzada y cerrando los casos sin una mínima actividad de investigación para esclarecer los hechos», señaló Daniel Canales.

El peso de los procesos de búsqueda sigue recayendo en las propias familias y en las personas en búsqueda de su identidad, que se encuentran con que ni el Estado, ni la Iglesia (que archiva documentos relacionados con adopciones anteriores a la Ley de Adopción de 1987les facilitan el acceso a información relevante que podría contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Durante la investigación, Amnistía Internacional ha identificado algunos elementos comunes en estos casos. Es recurrente encontrar que las mujeres que denuncian la sustracción de sus hijos/as eran de origen humilde, madres jóvenes, e incluso madres solteras, en un contexto en el que se negaba a la mujer capacidad de decisión sobre su vida, su maternidad y sus hijos. Las denuncias por estos hechos alegan circunstancias que se repiten con frecuencia: se informaba de la muerte del bebé, que en muchos casos no se podía ver, y/o de cuyo entierro se encargaba el hospital. En los procesos de búsqueda se une la falta de información, o la documentación errónea o falsa, y un acompañamiento inexistente o escaso por parte de las autoridades a quienes emprenden la búsqueda.

Ideología contra la mujer
A lo largo de la investigación, hemos podido constatar una ideología de género franquista que explica y da contexto a los hechos denunciados como sustracciones ilegales de bebés. Comienza en la posguerra, con una represión que incide de forma particular en la mujer represaliada, y continúa durante el franquismo, a través del control sobre la mujer, cuya única función es ser madre, y a la que se priva de autonomía y capacidad de decisión, también respecto de su propia maternidad.

«Más allá de esta ideología franquista, desde el fin de la Guerra Civil se aprobaron leyes, muchas de ellas vigentes hasta finales de los 90, que sometían y limitaban los derechos de las mujeres, regulaban el registro de los y las menores, y permitieron que la adopción fuera un negocio entre particulares hasta 1987. También hasta 1963 se publicaron numerosos informes médicos que pretendían demostrar que la mortalidad infantil era mayor cuando la madre era pobre, trabajadora, o madre soltera. Un entramado legal e ideológico en el que pudieron ampararse estas violaciones de derechos humanos», relató Daniel Canales.

La desconfianza hacia las madres, el discurso de que quienes no superan la muerte de su bebé pueden terminar locas, se ha prolongado en el tiempo, y sigue teniendo especial impacto en las mujeres que todavía hoy buscan a sus hijos e hijas: no se las cree, se las considera locas, e incluso se les achaca haberse arrepentido de haber entregado a sus bebés en adopción.

Ruth Puertas, presuntamente le sustrajeron su bebé en 1993, se trata del último caso documentado por la organización. A lo largo de años de búsqueda solo ha encontrado falta de información, falta de respuestas, y un cuestionamiento constante a su testimonio. «Yo quiero verdad, quiero que se sepa que no estamos locas», contaba Ruth a Amnistía Internacional.

No es un tema del pasado
Para Amnistía Internacional, no se trata de una violación de derechos humanos del pasado, sus efectos no han cesado y persisten hoy. Si algo ha podido constatar Amnistía Internacional a lo largo de esta investigación es el profundo dolor que soportan las familias y personas inmersas en estos procesos de búsqueda, incrementado por la falta de respuestas y la impunidad. Este sufrimiento moral y psicológico puede llegar a alcanzar el umbral de la tortura y otros malos tratos, tal y como han señalado mecanismos internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas.
Momento histórico
El Estado español debe adoptar medidas con un enfoque global para dar respuesta a estos procesos de búsqueda en su totalidad, y proporcionar de forma proactiva  acompañamiento a las víctimas. Esto requiere que todas las autoridades implicadas garanticen mecanismos adecuados de acceso a la información, rendición de cuentas, así como apoyo jurídico y psicológico.

«En estos momentos estamos ante una oportunidad histórica para impulsar el esclarecimiento efectivo de estas violaciones de derechos humanos. Esperamos que el Parlamento apruebe una Ley sobre bebés robados destinada a la búsqueda e identificación de niños y niñas; que el Ejecutivo garantice una asistencia integral, tanto jurídica como psicosocial para las víctimas y se reconozca públicamente el impacto que este tipo de violencia ha tenido específicamente contra las mujeres; y que desde tribunales y fiscalía se impulsen investigaciones exhaustivas e independientes para esclarecer los hechos», manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Información de contexto
La investigación de Amnistía Internacional se ha llevado a cabo en Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y País Vasco por concentrar más del 80 por cien de las diligencias de investigación emprendidas por las Fiscalía General del Estado desde 2011.

Amnistía Internacional


¿POR QUÉ RAZÓN CUESTIONAR A LA MONARQUÍA ESPAÑOLA “ES MÁS LETAL QUE EL CORONAVIRUS? Sexo, mentiras y cientos de millones

04/05/2020

La aseveración que titula este artículo, no corresponde, al menos directamente, al autor de este trabajo, Esteban Rosador. Quien dijo que cuestionar a la Monarquía era “más letal que el coronavirus” fue nada menos que el ex ministro del interior del gobierno de Rajoy, el inefable Fernández Díaz. Lo que sí explica al autor de este artículo son las razones que prueban que el inefable Fernández tenia mucha razón.

 

POR ESTEBAN ROSADOR
La Monarquía fue una de las cargas que impuso la élite político militar franquista para permitir la transición hacia un régimen democrático. No fue la única carga, evidentemente, pero sí la más emblemática. Con el proclamado rey de España se traspasaba, sin solución de continuidad, la legitimidad en la Jefatura del Estado del dictador a la naciente democracia surgida de la Constitución del 78.

No es asunto baladí ocultar tan aciago origen, sobre todo teniendo en cuenta que se sabía entonces que los españoles estaban mayoritariamente en contra de la monarquía.

Tras lograr la aquiescencia de los dirigentes de las principales fuerzas políticas que supuestamente representaban a la oposición democrática, la maquinaria mediática se puso inmediatamente en marcha para embaucar a la plebe.

El objetivo era doble; por un lado,

– exhibir a la familia real como un modelo de comportamiento cívico y moral que, milagrosamente, había renunciado a todos los hábitos corruptos del régimen franquista en los que el rey se había educado desde su infancia;

– y por otro, presentar la institución monárquica como la única capaz de unir en torno a ella a todos los españoles, independientemente de su clase social o territorio de nacimiento.

Durante un tiempo toda la maquinaria del engaño pareció funcionar, bien engrasada por corifeos mediáticos que propagaban amañados elogios y alabanzas. Pero a todo cerdo le llega su san Martín y las noticias de fugaces amoríos, que inicialmente parecían intrascendentes, se convirtieron pronto en un reguero de mentiras y amantes, aderezado con turbios asuntos de comisiones y regalos cuyo importe ya se cuenta por cientos de millones de euros. Acabamos de tener conocimiento del último capítulo, de 1,7 millones de euros, a través del sumario que un fiscal suizo está elaborando. Y todo parece indicar que vendrán más revelaciones. La imagen de familia modélica ya ha caído estrepitosamente y no tiene visos de recuperarse.

Queda aún la supuesta imagen de la Monarquía como garante de la indisolubilidad de la nación española, un encargo directo de Franco a su sucesor, y que es visto por la derecha política como irrenunciable. El tiempo se ha encargado también de derrumbar este frágil castillo de naipes. La incapacidad de la clase política española, particularmente la derecha, de resolver el conflicto territorial ha llevado a un uso partidista de la Monarquía en este conflicto que ha hecho saltar su supuesta neutralidad y capacidad de arbitraje.

El momento decisivo fue el mensaje del actual rey el 3 de octubre de 2019 interviniendo en el conflicto catalán. Desde ese momento, la Monarquía perdió toda posibilidad de ser vista como un actor neutral en ese conflicto. Los resultados que se obtienen en los escasos sondeos que se conocen sobre la Monarquía en España confirman que la inmensa mayoría de catalanes y vascos valoran muy negativamente al actual rey Felipe ( y en otras comunidades como Galicia, Navarra y Valencia, las notas obtenidas son también negativas).

El problema para la Monarquía se agranda pues los resultados en los sondeos confirman que el sentimiento republicano ya empata con el monárquico a nivel del estado, con el agravante de que la valoración de la monarquía cae de nuevo en picado cuando la edad de los consultados disminuyeEl tiempo parece correr en su contra.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, la estrategia seguida por los defensores del llamado Régimen del 78, una vez desechado el rey Juan Carlos y rápidamente sustituido por su heredero varón Felipe, se reduce básicamente a aguantar sin más. Esperan y confían en tiempos mejores. ¿Cuál es la razón de esta estrategia tan simple?

La Monarquía es la clave de bóveda del actual sistema político español. Si esta cae, caerían también los privilegios de la iglesia católica, la ley de amnistía que blinda a los criminales de la dictadura franquista, y el sistema constitucional de autonomías que debería dar lugar a un sistema federal más acorde con la realidad plurinacional de este país.

Eso lo tenía claro Fernández Díaz cuando, hace unos días, decía: Cuestionar la Monarquía es más letal para España que el coronavirus. Letal para su idea de España, claro.

Y eso lo tenían claro los redactores de la actual Constitución, que blindaron su reforma para imposibilitar el rechazo a la institución monárquica, incluso pasando por encima de una posible voluntad mayoritaria del pueblo. El cambio requiere una mayoría de dos tercios en las Cortes, su disolución, convocatoria de nuevas elecciones, y celebración de un nuevo referendo constitucional para instaurar una república.

Es comprensible que el rey y sus seguidores áulicos se sientan tranquilos. Pero quizás no deberían estarlo tanto. El PSOE, que hasta ahora ha sido sostén eficaz de la monarquía, puede comprobar que sus militantes y votantes ya son mayoritariamente republicanos según todos los sondeos conocidos últimamente. Y los partidos de la derecha deberían reflexionar sobre la utilidad de una monarquía aborrecida por catalanes, vascos, gallegos, valencianos, toda la izquierda y por la mayoría de los nuevos jóvenes votantes. Tener rey ya no es la solución, es cada vez más el problema.

http://canarias-semanal.org/art/27508/por-que-razon-cuestionar-a-la-monarquia-espanola-es-mas-letal-que-el-coronavirus


Capitalismo de casino: Albertis, Atlantia y ACS. Agencia Mp3. LQS. Abril 2020

29/04/2020

Abertis reclama alargar la concesión de peajes

Capitalismo de casino: mientras reclaman a “papá” estado ayuda por el descenso de trafico en los peajes de autopista, las empresas accionistas se reparten un dividendo de 875 millones de euros.

La corporación Abertis ha iniciado contactos para poder alargar sus contratos de peajes, como el de la AP-7, y poder compensar la caída del tráfico a causa del confinamiento y las restricciones a la movilidad.
Así lo ha avanzado el diario ‘Ara’ (1), que apunta que la compañía ha empezado a hablar con el Gobierno para que sus concesiones se amplíen durante el mismo tiempo que dure el estado de alarma.

Al mismo tiempo que se hace esta reclamación, las empresas accionistas de Albertis, la italiana Atlantia y la española ACS han hecho valer su condición de accionistas casi únicos de Abertis para votar en la junta general de la concesionaria la propuesta de reparto de dividendo por un importe de 875 millones de euros (2).

La maniobra de Abertis llega después de que en las medidas aprobadas por el ejecutivo para hacer frente a la crisis del coronavirus se estableciera el derecho a compensación para las empresas que se han visto obligadas a cerrar. Al ser considerada un servicio esencial, Abertis no ha podido hacerlo y, por lo tanto, ahora busca poder compensar las pérdidas. Si la compañía consigue hacer valer su reclamación, haría que se alarguen sus contratos en los peajes de la AP-7 (Tarragona-la Jonquera), la AP-2 (Barcelona-Zaragoza) y la C-32 (Barcelona-Palafolls) y no acabarían el 1 de septiembre del próximo año, como está previsto, sino más adelante.

Los datos sobre la liberación de peajes hasta ahora siguen siendo positivos, consiguen incrementar el tráfico por autopistas y reducirlo por las carreteras nacionales (3).

– Ilustración de Acacio Puig

Capitalismo de casino: Albertis, Atlantia y ACS


25 DE ABRIL LIBERACIÓN DE ITALIA DEL FASCISMO Y REVOLUCIÓN DE LOS CLAVELES

25/04/2020

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En  Italia el 25 de abril se celebra este día como el día de la liberación y se considera el día en el que nació la Italia como la conocemos hoy. Los partisanos son celebrados como ciudadanos de diversas clases sociales y políticas que se unieron en pro del país, para liberar el país del fascismo, pero en la lucha destacaron principalmente las organizaciones sindicales y los partidos de izquierda. De hecho se habla de más de 300 mil personas que formaron parte de los partisanos (entre ellas unas 35 mil mujeres).

La fiesta se celebra con manifestaciones que recorren las principales vías de las ciudades italianas. De todas formas, en general los antiguos Partisanos, o sus hijos y nietos, se sienten orgullosos de la lucha que llevaron en su lucha contra el fascismo, a ellos se une mucha gente, entre los que destacan muchos jóvenes, lo celebran entonando canciones como el himno nacional u otras famosas canciones de los Partisanos como Bella Ciao o Soffia il Vento.

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La Revolución de los Claveles (en portugues Revolução dos Cravos o, mucho más frecuentemente, O 25 de Abril) es el nombre dado a un levantamiento militar ocurrido el25 de abril de 1974 en Portugal, que provocó la caída del Gobierno de ese país, que no convocaba elecciones democráticas desde 1925. El fin de este Gobierno, conocido como Estado Nuevo, restauró la democracia en Portugal casi cincuenta años después, y permitió que todas las provincias portuguesas no europeas (excepto Madeira y Macao) lograran su independencia antes de concluir 1975. Tras una larga guerra en lo que hoy son Angola y Mozambique, Portugal se convirtió en un Estado democrático y de derecho.


Villalar, 1521: así fue la derrota de los comuneros

23/04/2020

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El 23 de abril de 1521 se disputó en Villalar la batalla que decidiría la suerte de la revuelta de las comunidades contra el gobierno del rey Carlos I iniciada un año antes. Así fue la derrota de los comuneros.

Tras tomar la plaza de Torrelobatón (Valladolid) en febrero de 1521, las fuerzas comuneras, con Juan de Padilla al frente, se habían hecho fuertes en ella, resguardadas en su castillo. Por su parte, el ejército realista, comandado por el condestable Íñigo Fernández de Velasco, se acantonó en la cercana Peñaflor de Hornija, reforzado con las huestes del almirante Fadrique Enríquez y otros señores nobiliarios.

Aunque las primeras medidas de Carlos I y sus consejeros flamencos generaron descontento entre la nobleza castellana, más aún tras la marcha del monarca a Alemania para convertirse en emperador germánico, este estamento optó mayoritariamente por la causa realista frente a las comunidades a medida que avanzó el conflicto civil.

En la madrugada del 23 de abril, el ejército comunero abandonó sus posiciones en Torrelobatón camino de Toro (Zamora), ciudad fiel a su causa. El día en que habría de disputarse la batalla definitiva de la contienda, la lluvia hizo su aparición para complicar la marcha de Padilla y sus hombres, que avanzaban según el curso del río Hornija.

Tras pasar Villasexmir, San Salvador y Gallegos, las tropas de la Santa Junta se vieron alcanzadas por los realistas a la altura de Vega de Valdetronco (Valladolid). Allí ordenó Padilla que se dispusieran sus fuerzas para afrontar el combate, pero las difíciles condiciones meteorológicas complicaron la comunicación entre las unidades del capitán comunero, cuya vanguardia pasó de largo por esta localidad y obligó al resto del contingente a avanzar hasta Villalar, donde finalmente se desarrollaría el combate. LA BATALLA

Dada su inferioridad numérica, el ejército de las comunidades buscó refugio en el interior de la localidad, donde su trama urbana podía mitigar este lastre, y colocó las piezas de artillería en las calles, aunque muchos de los combatientes optaron por retirarse a sus lugares de origen o pueblos cercanos en lugar de pelear.

Antes de que Padilla y los suyos pudieran distribuir completamente sus fuerzas, la caballería al servicio del rey lanzó un rápido ataque que acabó con la resistencia comunera antes incluso de que llegara en apoyo de los jinetes la caballería del condestable Fernández de Velasco.

Los cabecillas de la revuelta comunera –Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado– fueron capturados durante la batalla y condenados a muerte, sentencia que se ejecutó al día siguiente. Tras ser decapitados en la plaza de Villalar, sus cabezas quedaron expuestas en sendas picotas como advertencia a los enemigos de Carlos I.

Los soldados comuneros que pudieron huir se dirigieron mayoritariamente hacia a Toro, perseguidos por las mesnadas del conde de Haro. Una parte de estos supervivientes se exiliaron a Portugal por la frontera de Fermoselle (Zamora), mientras que el resto del ejército de la Santa Junta se reunió con el obispo de Zamora Antonio de Acuña y María Pacheco, esposa de Padilla, en Toledo, donde reforzaron la resistencia de la ciudad varios meses más, hasta su capitulación en febrero de 1522.

La batalla se saldó finalmente con la muerte de entre 500 y 1.000 soldados comuneros y la captura de otros 6.000 prisioneros. En recuerdo de aquella derrota, la localidad que la albergó se llama hoy en día Villalar de los Comuneros y cada 23 de abril –Día de Castilla y León en conmemoración de este hecho– desde los años de la Transición recibe miles de visitantes que recuerdan la batalla acontecida y se contagian de su espíritu para darle un habitual toque reivindicativo que se une al carácter festivo de la efeméride, con la excepción de este 2020, en que el Estado de Alarma por la pandemia del COVID-19 ha impedido su celebración.

https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20200423/48686183594/villalar-1521-asi-fue-la-derrota-de-los-comuneros.html


Sobre la sentencia de Junqueras: ha pasado lo que tenía que pasar

20/12/2019

Junqueras pide no distraerse con escenarios alternativos a un acuerdo con la CUP

Para evitar confusiones, sigamos el orden que se tiene que seguir.

1. Oriol Junqueras estaba en posesión de todos sus derechos constitucionales en el momento en que fueron convocadas las elecciones al Parlamento Europeo. Estaba en prisión provisional, pero no existía ninguna sentencia firme que le privara del ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo.

2. Oriol Junqueras fue proclamado candidato por la Junta Electoral Central (JEC) dentro de la lista correspondiente, certificándose de esta manera que reunía los requisitos legalmente exigidos para ello.

3. Celebradas las elecciones el 26 de mayo, la JEC procedió a la proclamación provisional de Oriol Junqueras como candidato electo, sin que se interpusiera ningún recurso contra la misma.

4. El 13 de junio, tras el recuento general, la JEC procedió a la proclamación definitiva, ordenando su publicación en el BOE.

Es obvio que si un ciudadano concurre a unas elecciones porque puede hacerlo y es elegido, posteriormente no puede impedírsele acudir a la sede de la JEC para prometer o jurar la Constitución, privándosele de esta manera del escaño obtenido mediante el voto de los ciudadanos. No es admisible que se permita a un ciudadano participar como candidato en unas elecciones y que no se le permita ocupar el escaño para el que ha sido elegido.

Esto tan obvio es lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha venido a reconocer en la sentencia conocida este jueves. Oriol Junqueras es miembro del Parlamento Europeo desde el 13 de junio, cuando se hizo la proclamación definitiva por la JEC. Desde ese día tenía que haber cesado la prisión provisional, de tal manera que pudiera acudir a la sesión constitutiva del Parlamento Europeo. Para continuar procediendo penalmente contra él, el Supremo tendría que haber solicitado el suplicatorio al Parlamento Europeo y haber esperado la respuesta de este.

El TJUE sanciona el comportamiento fraudulento del Tribunal Supremo de permitir a Oriol Junqueras participar en unas elecciones, pero no aceptar el resultado de las mismas. Oriol Junqueras es diputado europeo desde el 13 de junio, haya jurado o prometido la Constitución o no. Desde entonces debería estar en libertad y poder participar en las sesiones del Parlamento Europeo. Sobre esto no existe duda.

Lo que queda por decidir es si el Tribunal Supremo pudo dictar la sentencia que dictó el 14 de octubre condenando a Oriol Junqueras por delito de sedición. Esta era la cuestión que suscitaba en las dos últimas líneas de sus Conclusiones el Abogado General.

Porque el Supremo cometió un segundo fraude al elevar la cuestión prejudicial al TJUE y no esperar la respuesta de este para dictar sentencia. Temiendo que el TJUE decidiera que Oriol Junqueras era miembro del Parlamento Europeo y que el Tribunal Supremo tenía que ponerlo en libertad y solicitar el suplicatorio para poder continuar procediendo penalmente contra él, no esperó la respuesta y dictó sentencia el 14 de octubre, es decir, el mismo día en que se celebró la vista sobre la cuestión prejudicial en el TJUE.

Con esta conducta el TS corría el riesgo de que el TJUE acabara diciendo que Oriol Junqueras era diputado europeo y portador por tanto de la inmunidad propia de quien ostenta esa condición y que, en consecuencia, el TS no podía dictar sentencia contra él sin solicitar previamente el suplicatorio al Parlamento. El tribunal corría el riesgo de que la sentencia acabara siendo nula de pleno derecho por haber sido dictada contra quien el Supremo no podía dictarla en ese momento.

Sobre este segundo fraude la sentencia del TJUE conocida este jueves no dice nada, pero tendrá que acabar diciendo algo, porque la defensa de Oriol Junqueras solicitará sin duda la nulidad al TS y, dependiendo de la respuesta de este, volverá al TJUE.

Esto se va a empezar a analizar en los cinco días que el TS ha dado de plazo a las partes para que se pronuncien sobre las consecuencias que se deben extraer de la sentencia del TJUE conocida este jueves.

Atentos.

https://www.eldiario.es/contracorriente/pasado-pasar-junqueras_6_975762419.html


La falacia del copago en autovías.David Bollero

13/08/2019

La técnica del globo sonda continúa siendo un recurso al que recurren los gobernantes cuando no se quieren pillar los dedos. El último ejemplo es la ocurrencia del copago en las autovías del Estado cuya circulación por ellas hasta ahora financiábamos con nuestros impuestos. Parece ser que ya no basta con la sangría fiscal a que es sometida la clase obrera para cubrir los elevados costes de mantenimiento. El quid de la cuestión es ¿se está gestionando correctamente lo que se recauda y, además, se recauda lo que se debiera? Y la respuesta es no en ambos casos.

La gran falacia del copago, se aplique a lo que se aplique, es el mantra de que «los servicios públicos hay que pagarlos». El problema es que ya los pagamos, especialmente la clase trabajadora que proporcionalmente paga mucho más que el empresariado y las grandes fortunas. Pagar, aunque sea simbólicamente, por circular por una autovía, es en realidad pagar dos veces. No es la primera vez que el ministro de Fomento José Luis Ábalos desliza esta posibilidad, tras admitir que los kilómetros de autovía crecen año a año mientras el presupuesto para su mantenimiento disminuye.

Impulsar el copago en las autovías es más rápido, sencillo y provoca menos dolores de cabeza que acometer una reforma fiscal más justa. No ha pasado un solo gobierno por La Moncloa  que le meta mano en el bolsillo a las empresas, a las grandes fortunas, a la Iglesia…  en lugar de hacerlo a quienes ganan menos de 1.000 euros al mes. Ninguno. Los primeros tienen a su alcance todo tipo de vericuetos legales para eludir el pago de impuestos. La clase trabajadora no. En consecuencia, se recauda mucho menos de lo que se debiera y termina por exprimirse aún más la hucha de quienes menos tienen.

Por si esto no bastara, lo que se recauda se despilfarra, teniendo que acudir a fondo perdido al rescate de las ineptitudes de quienes contruyeron autopistas privadas o rescatando bancos que acumulan sentencias en contra por haber estafado a sus clientes con cláusulas abusivas. Para quien no llega a fin de mes, sería una buena noticia que en lugar de escuchar de nuevo el globo sonda del copago en autovías oyera el de recuperar los rescates del Estado. Sin embargo, esas son noticias que nunca llegan, como tampoco el de atajar los agujeros negros de las SICAV, quitar las subvenciones a los grandes terratenientes de la nobleza o acometer una reforma fiscal justa.

https://blogs.publico.es/david-bollero/2019/08/13/copago-autovias/