Comunicado del Comité pro-Consulta de Segovia 19 DE JUNIO: DÍA DE LA INFAMIA

18/06/2018

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El día 19 de junio de 2014 figurará en la historia de nuestro país como el día de la Infamia.
Nos impusieron a Felipe VI sin consultarnos. Ahora, cuando se cumple cuatro años de ese
fraude, de esa estafa, insistimos en que esta monarquía fue impuesta por el dictador Franco y
fue Juan Carlos I quien juró los Principios Fundamentales del Movimiento franquista. En
2014 se le designó Rey Emérito para blindar su persona ante las posibles acciones judiciales
por los numerosos casos de corrupción con los que se le relaciona, todo ello en medio de un
verdadero estado de excepción en el que las concentraciones y manifestaciones republicanas,
a pesar de ser prohibidas por el Gobierno, sacaron a la calle a docenas de miles de
republicanos.
Felipe VI no es el rey de todos los españoles. No puede serlo. Por sus orígenes, la monarquía
actual es la clave de bóveda de un sistema oligárquico que se gestó en los años de la
Transición (1975-1978) cuando la clase política franquista pactó con la izquierda “oficial”
una salida de la dictadura que dejaba intacto el aparato del Estado y mantenía el poder
económico y político de la oligarquía.
Felipe VI no tiene ninguna legitimidad democrática. Si fuera tan demócrata como afirman sus
aduladores/a, el nuevo rey no dudaría en someterse al plebiscito popular y se convocaría al
pueblo a que se expresara libremente sobre la monarquía o la república.
Los acontecimientos acaecidos en Cataluña evidencian, con más fuerza la herencia del
franquismo en la monarquía y su constitución. Con ella de la mano se han pisoteado derechos
democráticos fundamentales como la libertad de expresión, opinión, reunión, manifestación…
El estado ha hecho uso de la represión y violencia contra ciudadanos/as indefensos/as para
amordazar y acallar la voz de un pueblo; han encarcelado a personas por hacer uso de
aquellos derechos fundamentales. En su nombre se ha aplicado su artículo 155, brutal
atentado antidemocrático que elimina de un plumazo la representación política del pueblo de
Cataluña y se condena a parte de la misma a la condición de presos políticos.
La monarquía, su Constitución y sus leyes han sido incapaces de poner fin a las penurias y
sufrimientos de millones de españoles y afrontar los problemas políticos democráticamente y
las demandas populares. ¿Acaso su constitución y sus leyes han paliado la pobreza y
desigualdad crecientes? ¿Han acabado con el paro, la precariedad y los salarios de hambre?
¿Han evitado el exilio forzoso de centenares de miles de nuestros/as jóvenes? ¿Acaso han
solucionado el problema de la vivienda? ¿O atajado la vergonzosa corrupción que gangrena el
cuerpo político de la nación?
La proclamación de Felipe VI fue simplemente una operación de imagen, para lavar la cara a
una institución absolutamente deteriorada por los casos de corrupción que le afectaban y los
oscuros negocios de la familia real. La oligarquía pretende ahora organizar con el apoyo
unánime de los partidos del régimen una segunda transición que le permita seguir disfrutando
del poder y para ello nada mejor que algunos cambios cosméticos en la Constitución de 1978.
Debemos oponernos con fuerza a esta maniobra y denunciarla, que busca mantener un sistema
corrupto por naturaleza y un modelo económico que condena a la mayoría de la población al
paro, la miseria y la desesperación.
Después de siete años de brutales y sistemáticos ataques contra los derechos laborales,
políticos y sociales, es una noticia satisfactoria que haya caído el Gobierno de Rajoy. Pero no
debemos olvidar que ha sido fruto de un acuerdo parlamentario en el que han participado
fuerzas políticas que hasta ahora han sostenido los ataques del PP con su apoyo explícito o su
pasividad, fuerzas que comparten con ese partido la idea de negar el derecho a participar a
los ciudadanos en las decisiones que les afectan, defensoras a ultranza de un statu quo
político y jurídico que perpetúa la dominación de un puñado de grandes empresarios y
financieros.
Queda por acabar con la herencia política del PP y cerrar el paso al populismo fascista que la
reacción propone como alternativa. La derogación de las reformas laborales y de las
pensiones, de la Ley Mordaza, de las reformas del Código Penal, de la Ley de Bases del
Régimen Local, de la ley hipotecaria; la vuelta a manos públicas de lo privatizado, etc., son
medidas que no pueden esperar. Queda por ver la actitud de fuerzas, que hasta ahora han sido
los pilares del Estado Monárquico, frente a estas y otras medidas de urgencia perentoria.
Nosotros apoyaremos aquellos pasos del nuevo gobierno que vayan en la dirección de poner
coto a la degradación democrática que sufrimos, pero tenemos claro que solo la ruptura con el
régimen monárquico, que en su día no se hizo, y la proclamación de una República Popular y
Federal pueden permitir la verdadera democracia que nuestro pueblo anhela y dar solución a
los principales problemas que nos aquejan.
Frente al rey de la oligarquía, forjemos la UNIDAD POPULAR que nos permita proclamar la
III REPÚBLICA en España. En pos de estos objetivos es que se están creando comités pro-
Consulta en toda España, como el de Segovia, que se han marcado como trabajo inmediato la
organización de una consulta ¿Monarquía o República? Hacemos un llamamiento a los
ciudadanos de Segovia a participar con nosotros, a crear comités pro-consulta en sus pueblos,
barrios o institutos.
¡¡¡DERECHO A DECIDIR YA!!! ¡¡¡VIVA LA III REPÚBLICA!!!
Segovia, a 17 de junio de 2018
comiteconsultasg@gmail.com

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La absolución en el caso Ginés y el Bloque supone un atropello contra el pueblo de Coslada.

28/05/2018

 

photoA lo largo de las últimas décadas se han dado muchos casos demostrativos de la íntima relación entre las instituciones políticas del Estado y el sistema judicial, que contradicen la cacareada división de poderes.

 Casos como la exclusión del juez Garzón de la  instrucción de los procesos por corrupción del PP,  la aplicación  de la ley mordaza, la represión contra sindicalistas, cantantes y artistas, etc, comparados con la interminable instrucción de los casos de corrupción en los que están implicados desde cargos públicos hasta miembros de la Casa Real,  prueban que existen dos varas de medir al aplicar la justicia en España.

Sólo así puede entenderse la reciente absolución de Ginés Jiménez Buendía y los policías del caso Bloque inculpados por delitos de extorsión, amenazas, cohecho, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas, en definitiva, por formar  un grupo mafioso a la cabeza de la  policía municipal de Coslada y dentro del mismo cuerpo. Un grupo que campó a sus anchas durante años, tuvo atemorizados a los vecinos que debían proteger y actuó con la completa impunidad que les otorgaba el ser “agentes de la autoridad”.

 La sentencia no entra a valorar los hechos y se ampara en aspectos exclusivamente formales. Y es que la única razón aportada para la sentencia absolutoria, son los defectos de forma provocados por la propia dilación de los responsables de los policías implicados que tardaron más de diez años en denunciar su actuación.

Todo ello con el consentimiento del primer juez de la causa según dice el propio auto. En definitiva,  mil triquiñuelas jurídicas  para conducir el proceso judicial y conseguir la absolución de Ginés y su banda cuya actuación es aún más grave al prevalerse de su condición de servidores públicos.

Esta sentencia ha dejado al pueblo de Coslada  con una sensación de indefensión  y desamparo total  ante la falta de imparcialidad de la justicia  del estado monárquico. Y también ha dejado al desnudo el carácter de clase de una justica real, al servicio de quienes detentan el poder en este país. Una vez más queda claro que el estado con su judicatura y sus policías no es el estado ideal sino el real instrumento de dominación de una minoría sobre el resto del pueblo y de las clases trabajadoras.

Callar ahora, mirar para otro lado cuando se ha pisoteado de forma tan evidente la obligación de protección de los ciudadanos que compromete a la judicatura, y se ignoran todas las evidencias que prueban la actuación  intolerable de este grupo, alegando defectos formales achacables a quienes forman parte de las instituciones obligadas a defender los derechos de los ciudadanos, es dar por bueno una forma de actuar que condena a la mayoría trabajadora a soportar la arbitrariedad como norma de actuación de los poderes públicos, algo contrario a la democracia.

Los republicanos ante este flagrante atropello jurídico llamamos a arreciar en la lucha y en la organización para acabar con la impunidad de aquellos que deberían dar ejemplo de respeto de la justicia y de la equidad. Llamamos a la unidad para luchar por la III República  que haga realidad una verdadera justicia popular, única garantía para controlar y asegurar la imparcialidad y legalidad en la actuación de los servidores públicos.

AGRUPACIÓN REPUBLICANA DE COSLADA (ARCO).


POR UNA LEY DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO

28/05/2018

El Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del franquismo, constituido por más de 80 organizaciones de todo el Estado, pretende impulsar acciones necesarias para lograr acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo. Instituciones internacionales como la ONU y sus grupos de trabajo y las organizaciones de derechos humanos, continúan reclamado al Estado Español su obligación de investigar, perseguir y sancionar los delitos contra la humanidad cometidos por el franquismo.

En el encuentro estatal celebrado en mayo de 2016, los colectivos integrantes del Encuentro decidimos reclamar a las formaciones políticas que se comprometan a desarrollar una LEY DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO que:

  • Establezca la condena del franquismo como régimen criminal, que condene lo que supuso su atentado y el golpe de estado a la II República española, que condene la guerra, la dictadura franquista y la represión continuada contra los derechos humanos.
  • Reconozca y garantice a las Víctimas del franquismo, del nazismo y de la transición política española los derechos a la Verdad, la Justicia y la Reparación en los términos exigidos en los tratados y acuerdos internacionales firmados por el Estado español y organismos internacionales.
  • Que declare la nulidad de pleno derecho de todas las acciones legales de carácter represivo del régimen franquista, así como de toda aquella legislación que garantice la impunidad de los crímenes franquistas
  • Que se eliminen definitivamente todas las formas de exaltación del franquismo; calles, monumentos y honores.

Porque sólo por decisiones políticas, relacionadas con la forma en que se desarrolló la transición a la democracia, no se reconoce a las víctimas del franquismo los derechos a la verdad, la justicia y la reparación en igualdad de condiciones con otros colectivos de víctimas de la violencia, que sí han sido plenamente reconocidos y reparados mediante una legislación específica a su favor. Por eso te proponemos que te adhieras a la iniciativa de exigir al Estado español y a todas las organizaciones democráticas, la elaboración de una Ley Integral de Víctimas del franquismo.

Las organizaciones, asociaciones de la sociedad civil e instituciones pueden adherirse a la iniciativa de una Ley Integral de Víctimas del franquismo escribiendo desde su dirección de correo electrónico OFICIAL a leyvictimasfranquismo@gmail.com, mientras que los ciudadan@s que pretendan adherirse a la misma deberán hacerlo accediendo a la siguiente dirección web: https://victimasfranquismo.org/

Ya basta de 80 años de impunidad, de no reconocimiento de las víctimas y de negarles el derecho a la Verdad, la Justicia y la Reparación. Porque sin memoria histórica no hay democracia.

Por una ley de víctimas del franquismo


CONSTITUIDO EN SEGOVIA EL COMITÉ PRO-CONSULTA: ¿MONARQUÍA O REPÚBLICA?

24/05/2018

En enero del presente, el Espacio Republicano de Madrid lanzaba un llamamiento en el que hace un emplazamiento a organizar a nivel estatal una consulta sobre el modelo de estado y a crear Comités pro-Consulta Republicana en toda España. Se han hecho eco de ello organizaciones de toda la geografía nacional y creados comités en distintos ciudades, pueblos y barrios.

En Segovia, también. El pasado lunes, 21 de mayo, y tras una primera toma de contacto el día 7 de mayo, se constituyó el Comité pro-Consulta ¿Monarquía o República?, conformado por varias organizaciones y personas a título individual. Dicho Comité ha hecho suyos el citado llamamiento y el manifiesto del 19 de junio de 2016 con los 9 puntos como programa común de acción para avanzar hacia la República, y ha trazado un plan de trabajo hasta el verano, que busca ir a los barrios, a los vecinos, a los centros de trabajo y estudio, etc.

Y es que nos dicen una y otra vez que la crisis ha pasado, pero desde su inicio se han perdido 2.600.000 puestos de trabajo a jornada completa. Más del 90% de los contratos firmados son temporales. Los salarios no paran de reducirse, hasta el punto de que la pobreza laboral entre los jóvenes trabajadores ronda el 20%. El 47% de los trabajadores cobran menos de 1000 euros, y el 31% menos del Salario Mínimo (736 €-14 pagas). Los desahucios de familias con vivienda en alquiler suponen ya el 61% del total. Se degrada y privatiza la sanidad y educación públicas. Las políticas y recortes neoliberales han empujado a la mujer trabajadora al hogar, para que se haga cargo de los cuidados. Al mismo tiempo el Estado ha dado decenas de miles de euros a bancos y autopistas, concede beneficios fiscales a las grandes empresas y restringe derechos laborales y sociales y libertades básicas como la libertad de expresión.

Las leyes que se aprueban, con la Constitución a la cabeza, promueven y consolidan esta situación: reformas laborales, reformas de las pensiones, artículo 135 de la Constitución, Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, Ley Mordaza, reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, subida del IVA, etc.

Son SUS leyes. Son ellos quienes las han hecho y quienes las aplican y utilizan (o se la saltan) en su propio provecho e interés, y en contra de las clases populares, de los pueblos. Ellos cambiaron la constitución en 15 días en beneficio de la usurera banca y en perjuicio de los servicios públicos y los ciudadanos; ellos impidieron la aprobación de una ley de dación en pago; ellos aprobaron las reformas laborales que no han eliminado el paro y han condenado a cada vez más trabajadores a salarios de hambre; la reforma de las pensiones que obliga a nuestros mayores a trabajar más tiempo y cobrar menos; ellos hacen leyes fiscales que obligan a pagar más impuestos al currito de a pie, y menos a los ricos y grandes empresas. Y ellos siempre apelan a ellas, a la legalidad, a la Constitución, cuando cometen sus tropelías antipopulares y antidemocráticas. Ellos, los partidos del régimen y esa minoría social parasitaria, corrupta, explotadora y especuladora.

¡Y nunca se nos consulta a los ciudadanos! Nos tratan como a idiotas. No se nos consultó sobre el artículo 135 de la Constitución; no se nos consultó sobre la sucesión de Felipe VI, etc.

Conscientes de todo esto, un grupo de ciudadanos y organizaciones políticas y sociales, queremos poner en marcha una iniciativa para exigir que se consulte a los ciudadanos sobre las distintas cosas que afectan a sus vidas (pensiones, trabajo,…), y el modelo de Estado, el modelo de sociedad, es indudablemente una de ellas. Queremos dejar de ser sujetos pasivos, que votan cada cuatro años y a los que no se les permite opinar sobre las leyes y decisiones políticas que les afectan. En este proyecto personas y organizaciones de toda España nos hemos puesto manos a la obra.

Por todo ello hemos creado el Comité pro-Consulta de Segovia, que está abierto a todos los ciudadanos de Segovia que quieran participar en esta noble, digna y necesaria tarea democrática.

Queremos, en torno a esta campaña, aunar voluntades y esfuerzos entre las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda, y entre los trabajadores, estudiantes y resto de sectores populares, para ir sentando las bases organizativas de la conformación de un verdadero bloque de unidad popular, donde el ciudadano sea un agente político activo, que dé pasos en la dirección de un proceso constituyente republicano al tiempo que hacemos frente, juntos, unidos, a las agresiones que en los ámbitos laboral, social, económico y político está llevando a cabo el bloque monárquico, capitaneado por el PP y los otros partidos del Régimen, PSOE y Ciudadanos.

Queremos también poner en valor el modelo republicano, laico, democrático, popular y federal, que establecerá las premisas, condiciones y medidas legales y políticas al servicio de los trabajadores y de las clases populares: derogación de las reformas laborales, de la reforma de las pensiones, desarrollo de los derechos laborales, de la democracia y de las libertades públicas, individuales y colectivas, etc.; y que posibilitará enfrentar y resolver los principales problemas del país, que la monarquía parlamentaria no solo es incapaz de solucionar sino que los ha creado y agudizado.

Segovia, 23 de mayo de 2018

Coordinadora del Comité pro-Consulta de Segovia

comiteconsultasg@gmail.com


COMUNICADO DEL COLECTIVO REPUBLICANO “ANTONIO MACHADO”, FEDERACION REPUBLICANOS Y PCE (M-L) ANTE LA VISITA DE MARIANO RAJOY A SEGOVIA

13/05/2018

FOTORAJOY

Segovia, a 12 de mayo de 2018

El próximo lunes día 14, se realizará en el Alcázar la entrega por parte de M. Rajoy de las cruces de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio que concede el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, a 14 personalidades y entidades españolas e internacionales, y de la que Felipe VI es el Gran Maestre.

Viendo la lista de galardonados, no podemos dejar de sentir vergüenza e indignación ante tal ataque a la dignidad de la verdadera cultura española. Leamos atentamente esa relación: Irina Bokova, Valentín Fuster Carulla, Rebeca Grynspan, Alicia Koplowitz Romero De Juseu, Carmen Laffón De La Escosura, Soledad Lorenzo García, Hermann Parzinger, Renzo Piano, Gil Carlos Rodríguez Iglesias, Marianne Thyssen, Gustavo Torner de la Fuente y José Joaquín de Ysasi-Ysasmendi Adaro. Como se ve, todo un elenco de personas relacionadas con el mundo de los negocios y la empresa.

Pero siendo este un grave problema no es el mayor de todos. El mayor atentado de todos es que Felipe VI representa una institución antidemocrática que nadie ha elegido, y que las élites nombraron a espaldas de la mayoría social. Siempre y especialmente desde aquel nefasto día que sucedió en el trono, tras la abdicación exprés, a su padre Juan Carlos I, las organizaciones que suscribimos este comunicado hemos luchado para que se abra un proceso constituyente que devuelva la soberanía al pueblo y una República que siente las bases de un verdadero y real cambio. Pero ello no se conquistará sin el esfuerzo y el trabajo colectivo a través del pueblo encuadrado en sus organizaciones y que agrupe a todos los sectores perjudicados por este estado corrupción y latrocinio al cual nos están sometiendo. Porque lo que verdaderamente asusta a los personajes que nos visitarán es un pueblo organizado y preparado, ese es su temor y ese debe ser nuestro trabajo inmediato, pues sin organización, no hay victoria posible, un pueblo dividido, desorganizado, sin partidos o sindicatos de referencia es presa fácil del poder.

Por eso y a pesar de todas las dificultades queremos manifestar que es posible dar la vuelta a este estado de podredumbre en el cual nos vemos inmersos, por ello manifestamos nuestro compromiso con la lucha conscientes de que nadie nos va a regalar nada, que para que nazca algo nuevo es condición indispensable que lo viejo muera.

Por ello, conscientes del momento histórico en que nos encontramos y sabiendo que el futuro seguirá siendo de lucha, las organizaciones que suscribimos este comunicado insistimos que sin unidad, organización política y social y objetivos claros no podremos conseguir los anhelos comunes que todos ansiamos, que no son otros que terminar con una monarquía heredera del fascismo y que protege y ampara a los poderes económicos y sociales (de lo que aquellos son un botón de muestra) que están ahogando a la inmensa mayoría del pueblo español.

¡Viva la República!


RESOLUCIÓN FINAL DE LA XII ASAMBLEA GENERAL DE CEAS SAHARA, SEGOVIA, 7 Y 8 DE ABRIL DE 2018

09/04/2018

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Reunida la Asamblea General de CEAS – Sáhara en Segovia, los días 7 y 8 de abril de 2018, compuesta por las Asociaciones de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Saharaui del Estado español EMITE EL SIGUIENTE COMUNICADO:

 

  1. Queremos, en primer lugar, expresar nuestra tristeza y dolor ante el fallecimiento de Bujari Ahmed, representante del Frente POLISARIO ante las Naciones Unidas, eterno luchador, excepcional persona, y maestro para todas las generaciones futuras de saharauis. Siempre estarás en nuestros corazones.

 

  1. De igual forma, expresar nuestra máxima inquietud ante el grave deterioro del estado de salud de los presos políticos saharauis tras más de 30 días en huelga de hambre.

CEAS-Sáhara muestra su enorme indignación ante el desprecio a los derechos humanos que muestran las autoridades marroquíes de ocupación y hace un llamamiento a la MINURSO, Misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, presente en el territorio ocupado por Marruecos, y al Enviado Personal del Secretario General de las Naciones Unidas para el Sahara Occidental, Horst Kohler, para que velen por el estricto cumplimiento de la legalidad internacional en relación al tratamiento de las personas presas y el cumplimiento de sus derechos humanos.

  1. La Asamblea de CEAS-Sáhara reitera su profundo afecto y solidaridad con el Pueblo Saharaui, pueblo hermano al que siempre acompañaremos hasta el día de la LIBERTAD e INDEPENDENCIA, de la mano del Frente POLISARIO, único y legítimo representante del Pueblo Saharaui.

 

  1. La Asamblea de CEAS-Sáhara recuerda que el Estado español, en su calidad de potencia administradora, continúa siendo responsable legal y político de la situación del Pueblo Saharaui. Mientras el Pueblo Saharaui no pueda decidir libremente su futuro, España seguirá siendo responsable moral y jurídicamente del sufrimiento y de la violación permanente de los derechos humanos en el Sahara Occidental.

 

  1. La Asamblea de CEAS-Sáhara lanza un LLAMAMIENTO URGENTE a todas las empresas españolas que continúan colaborando con  la ocupación  marroquí en la ilegal explotación económica en los territorios ocupados del Sáhara Occidental para que respeten el derecho internacional y pongan fin al saqueo de sus recursos naturales, asegurando el CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE E INFORMADO del Pueblo del Sáhara Occidental en relación a toda exploración, desarrollo o utilización de sus recursos naturales.

 

  1. ACUERDOS ADOPTADOS:

 

  • Denunciar la violación sistemática y a gran escala de los derechos humanos del Pueblo Saharaui y reafirmar nuestro compromiso con el derecho inalienable, permanente e incondicional del Pueblo Saharaui a la libre determinación y a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales.

 

Con motivo del 20º Aniversario de la Declaración sobre las y los defensores de los derechos humanos queremos poner en valor el trabajo de los defensores saharauis de los derechos humanos, y en especial el papel de las mujeres saharauis defensoras de los derechos humanos, que luchan diariamente por la defensa de sus derechos, su tierra y sus recursos naturales.

 

  • Reiterar nuestro compromiso con la descolonización del Sáhara Occidental, proceso que solo puede culminarse mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación que asegure la expresión libre y auténtica de la voluntad del Pueblo Saharaui, en aplicación de las decisiones pertinentes de la Unión Africana (UA) y de las resoluciones de las Naciones Unidas.

 

  • Exigir al Estado español que asuma su responsabilidad histórica, política y jurídica, y en su calidad de Potencia administradora del Sahara Occidental, miembro del Grupo de Países Amigos del Secretario General de la ONU, y miembro actual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mantenga una postura honesta y activa con el fin de cumplir con su responsabilidad para poner fin al proceso de descolonización del Pueblo saharaui.

 

  • Reclamar a la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el REFERÉNDUM en el Sahara Occidental) que incluya entre sus competencias la vigilancia y el respeto de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, y el desmantelamiento y desminado del “Muro de la Vergüenza”, muro defensivo construido por Marruecos y que blinda la ocupación y separa el territorio y a las familias saharauis.

 

  • Reclamar el cumplimiento íntegro del veredicto del Alto Tribunal de Justicia de la UE, emitido el pasado 21 de diciembre de 2016, que considera el Sáhara Occidental como un “tercero” que no está bajo la soberanía de Marruecos, confirmando, de esta forma, la doctrina de la ONU a favor de la autodeterminación del Pueblo Saharaui.

Y exigir el cumplimiento de la Sentencia del Alto Tribunal de Justicia de la UNIÓN EUROPEA publicada el 27 de febrero de 2018 que establece que “el territorio del Sáhara Occidental NO forma parte del territorio del Reino de Marruecos” y que por tanto el Acuerdo de Pesca celebrado entre la UE y Marruecos “no es aplicable al Sáhara Occidental ni a las aguas adyacentes a éste”.

La UE debe habilitar todas las medidas legislativas, administrativas o de otra índole necesarias para evitar toda actividad económica o de otro tipo que afecte negativamente a los intereses del Pueblo Saharaui, negociando para ello con su único y legítimo representante, el Frente POLISARIO, y habilitar vías de reparación y restitución para el Pueblo Saharaui.

  • Apelando a nuestra responsabilidad común en relación con la situación de la población saharaui refugiada, “NUESTROS REFUGIAD@S”, solicitar al Gobierno del Estado Español, a las Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos, el incremento de las ayudas en materia de cooperación y acción humanitaria, con perspectiva de género, en  los campamentos de población refugiada de Tinduf (Argelia).

 

  • Instar al Gobierno de España al reconocimiento efectivo del Frente POLISARIO, como único y legítimo representante del Pueblo saharaui, tal como lo considera la ONU, con el objeto de facilitar sus iniciativas políticas y humanitarias en nuestro país, orientadas a responder a las necesidades del Pueblo saharaui.

 

El Pueblo Saharaui NUNCA CAMINARÁ SOLO.

¡LIBERTAD PRESOS POLÍTICOS SAHARAUIS!

Segovia, 8 de Abril de 2018


COMUNICADO SOBRE LA REFORMA DE LA LEY AMNISTÍA DEL 77

27/03/2018

 

images    Ante la insólita votación del PSOE en el Congreso en contra de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Bildu y apoyada por los  Grupos de Podemos, Esquerra Republicana,  PNV, En Comú Podem, En Marea, Compromís, PDC y Nueva Canaria,  de modificación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía (*), promovida por la CeAqua, debatida en el Congreso de los Diputados el pasado martes, 20 de Marzo de 2018, nos vemos en la necesidad de emitir el siguiente:
COMUNICADO

El conjunto del movimiento memorialista y de víctimas del franquismo perteneciente al ENCUENTRO ESTATAL DE COLECTIVOS DE MEMORIA HISTÓRICA Y DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO que agrupa a más de noventa colectivos de todo el Estado y del extranjero, rechaza enérgicamente no sólo el sentido del voto del PSOE en contra de la modificación de la citada Ley de Amnistía que podría abrir la posibilidad de enjuiciar los crímenes imprescriptibles de la DICTADURA FRANQUISTA, sino también los falaces argumentos empleados para justificar el rechazo a la mencionada proposición de Ley.

El enjuiciamiento de una ley no puede hacerse sólo por las circunstancias concurrentes en el momento de su promulgación sino también y sobre todo por su grado de cumplimiento y sus consecuencias. En el ejército, en la judicatura y en la administración los elementos franquistas pusieron desde un primer momento todos los obstáculos que estaban en su mano para impedir su aplicación en todo su alcance posible. De ahí que aún permanezcan miles de demócratas españoles asesinados por los fascistas enterrados en fosas comunes, y que aún sean decenas de miles los hombres y mujeres a los que a través del robo de niños, persistente hasta bien entrada la democracia, se les arrebató su identidad sin que el Estado haga nada para restaurar dicha injusticia y que no hayan sido anuladas las sentencias carentes de garantías de los tribunales militares y del Tribunal de Orden Público. Han sido las rémoras de los franquistas amparadas por los gobiernos del PP y toleradas por los del PSOE las que adulteraron la ley amnistía y la convirtieron en una ley de punto final. Con toda seguridad la votación del PSOE responde a la necesidad de encubrir su pusilánime actuación en este tiempo.

 

Utilizar la figura de Marcos Ana para retomar retóricamente la estrategia política de 1956 de “reconciliación nacional”, deseo que en posteriores etapas el poeta no volvió a manifestar (sí lo hizo con la necesidad de verdad, justicia y reparación para las víctimas) ante la persistencia de unas instituciones franquistas y postfranquistas que no contribuyeron en absoluto a hacer realidad ese deseo, es un acto impropio de una formación política que conoce el pasado y respeta a sus propios militantes afectados por las múltiples formas de represión ejercidas por aquella criminalidad y, también, por respeto al resto de los demócratas antifranquistas represaliados.
Pero es que, además de esa nefasta manipulación del poeta, utilizar el deseo de las masas que en su anhelo de justicia gritaban en 1977 “Libertad, amnistía, estatuto de autonomía” para justificar en dicho clamor la actual negación de la justicia en base a que
– aquello se coreaba para “imponer la cancelación total de las responsabilidades contraídas en uno y en otro campo”.
– y para “clausurar definitivamente la Guerra Civil y las dos Españas que tantas veces habían helado el corazón de los españolitos”; es todo un ejercicio de infantilismo narrativo, cuando no de una estricta manipulación interesada de la historia que en su relato olvida siempre los 40 años de una dictadura totalitaria que violó diariamente los derechos humanos del conjunto de la población de España.

Y más grave aún que, para justificar un voto injustificable, traten de menoscabar con florida retórica la honorabilidad de aquellos partidos de hoy sensibles con el sufrimiento acumulado de cientos de miles, millones, de familias que siguen esperando justicia, a los que acusan de “empeñarse en denostar el sistema constitucional del 78”, intentando así proteger y consolidar el mito de una modélica transición que de modélica sólo tuvo el calificativo fabricado en la mente de quienes, como el PSOE, protagonizaron aquel histórico desamparo de unas víctimas que esperaban mucho más de la democracia y de dicho partido.

No comprendemos que, sin reprocharse a sí mismos su contribución activa a la dilación, al paso del tiempo, se pregunten ahora “¿a qué sujetos en concreto podría hoy llevarse a los tribunales después de más de cuarenta años desde la entrada en vigor de la ley, y respecto de hechos delictivos que se remontan a la guerra civil y, en todo caso, a una primera etapa de la posguerra, fundamentalmente?” Si hace 40 años se hubieran hecho esa misma pregunta, hoy no existirían 2.400 fosas comunes sin exhumar, ni los cientos de miles de casos de impunidad que contribuyeron a encubrir. Queda de manifiesto su participación en el desamparo de las víctimas del franquismo.

Pero siendo grave todo lo anterior, lo más deplorable del argumentario empleado es la descabellada referencia que hacen a la “seguridad jurídica“. Reconoce el PSOE que la Ley de Amnistía, tal como se redactó, fue uno de los pilares del “pacto de la transición“, pero lo que no dice es que no lo fue por sus efectos reparadores en las víctimas de la dictadura, sino por (y esto sí lo dice en su argumentario) los “actos derivados de la Ley de Amnistía (que) tendrían que ser revisados” en caso de modificarse. En otras palabras, están reconociendo y aceptando que todo el peso de los daños criminales de la dictadura descansa sobre el sufrimiento colectivo de sus víctimas.

Tampoco aceptamos esa persistencia en referirse al articulado de la Constitución que, en cuanto a la irretroactividad de la ley (art. 9.3), tiene muy en cuenta la maniobra jurídica que representó la Ley de Amnistía. Las piezas del reloj, encajan. En presencia de disposiciones semejantes, Nüremberg no hubiera tenido lugar.

Por tanto, nos oponemos rotundamente a la interpretación del concepto de “seguridad jurídica” si éste sirve para consolidar la impunidad de una dictadura totalitaria por encima de la construcción de un orden jurídico que proteja a sus víctimas. No es ni justa ni democrática cualquier medida de amparo y protección de la criminalidad de una dictadura totalitaria que, además, imposibilite el amparo y protección del daño que ha infligido a sus víctimas.

Lamentamos la nueva oportunidad desaprovechada por el PSOE para romper con ese reciente pasado de protección de los crímenes de la dictadura franquista y alinearse con la necesidad de amparo de sus víctimas, hecho reconocido por numerosos organismos internacionales de justicia y DDHH.

 

(*) NOTA: El Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del franquismo, de conformidad con los acuerdos programáticos adoptados en la asamblea de asociaciones celebrada el 10 de junio de 2017, reclama del Parlamento español que apruebe una ley de declare la NULIDAD en su integridad de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía para:

 

  1. Posibilitar la investigación judicial de todos los crímenes del franquismo.

 

  1. Expulsar del ordenamiento jurídico español la legislación franquista. Mantener vigente la ley de amnistía implica reconocer la legalidad franquista, y por lo tanto, que los antifranquistas que se beneficiaron de la ley de amnistía sigan siendo considerados delincuentes por el ordenamiento jurídico español.

 

En Madrid a 26 de marzo de 2018.

 

COMISIÓN COORDINADORA DEL ENCUENTRO ESTATAL DE COLECTIVOS DE MEMORIA HISTÓRICA Y DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO